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Etiqueta: América Latina

Charla: “Sobre el rol de las Pymes”

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 17 de abril se llevó a cabo la charla sobre el rol de las pymes, contó con la participación de:

  • Marjorie Hernandez.

Tuvo el objetivo de visibilizar el papel de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en América Latina en términos de la cohesión social, ya que contribuye significativamente a la generación de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad productiva de las economías locales.

Adjuntamos el link del video que se compartió en las redes de la Red Nacional de Autosostenimiento:

IDELA: Extractivismo en América Latina

El curso “Ambiente y ecosistema culturales desde América Latina de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del IDELA invita a participar a una clase abierta: “Del extractivismo en América Latina” con Emiliano Teran Mantovani, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y Máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Hoy a las 5:00 pm hora de Centroamérica en la página del IDELA:

https://www.facebook.com/IDELAoficial

Ciclogénesis económica en América Latina

Germán Gorraiz López- Analista

La conjunción de una nueva crisis del petróleo que podría elevar los precios hasta los 80 $ el barril con la excesiva fortaleza del Dólar podría provocar una ciclogénesis económica de resultados imprevisibles. Así, los principales países desarrollados cuentan con reservas estratégicas de petróleo que destinan exclusivamente para uso en situaciones críticas para garantizar el consumo interno durante un par de meses, inventarios que habrían sufrido una caída por debajo de la media de los últimos meses y aunado con un aumento de la demanda energética mundial ( en Febrero según la AIE el consumo mundial superará a la producción en 2,3 millones de barriles), provocará que el precio del crudo escale hasta los 80 $/ barril y la subida desbocada de los precios.

Una inflación descontrolada conlleva la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracción del consumo interno y la desincentivación del ahorro y búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas, lo que podría provocar en un futuro mediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos y la posterior estanflación. Por estanflación se entiende la suma de una inflación desbocada y un escenario de recesión económica (una economía entra en recesión técnica después de dos trimestres de caídas consecutivas del PIB nacional según el FMI) y es un término acuñado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod que utilizó la palabra “stagflation” en un discurso ante el parlamento británico.

Se trata de una de las más peligrosas combinaciones para la economía ya que ambos elementos distorsionan el mercado y la terapia de choque para combatir el estancamiento económico tiene como efecto secundario el incremento de la inflación. Así, para incentivar el consumo y salir de la recesión se requieren terapias basadas en la expansión fiscal y monetaria, medidas que a su vez generan más inflación lo que al final deviene en un círculo explosivo pues conlleva incrementos del precio del dinero por parte de los Bancos Centrales que provocarán la asfixia económica de incontables países con una Deuda Pública estratosférica.

Respecto a América Latina y el Caribe, la contracción de la demanda mundial de materias estaría ya provocando el estrangulamiento de sus exportaciones y la depreciación generalizada de sus monedas debido a la fortaleza del dólar, lo que se traducirá en aumentos de los costes de producción, pérdida de competitividad, tasas de inflación desbocadas e incrementos espectaculares de la Deuda Exterior. Así, según la ex-Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, fenómeno que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80) agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza y un severo retroceso de las libertades democráticas.

¿Riesgo de crash bursátil en Wall Street?

La posibilidad real de un nuevo crash bursátil estaría pasando desapercibida para la mayoría de Agencias de Calificación debido a la desconexión con la realidad que les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, con lo que se cumpliría la famosa frase del iconoclasta John Kenneth Galbraiht. “Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”. Así, el “efecto mariposa del coronavirus” trasladado a sistemas complejos como la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista (pandemia coronavirus) provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien, dando lugar a un nuevo estallido o crash bursátil.

Debido al “efecto Trump” los inversores de EEUU estaban instalados en la euforia tras superar el techo ionosférico de los 29.000 puntos en el Dow Jones, (rememorando el boom bursátil de los años 20, preludio del crack bursátil de 1.929), por lo que son incapaces de percibir el vértigo de la altura pero la psicosis existente debido al COVID-19 y sus efectos colaterales en la economía mundial ( reducción de 1 punto en el PIB mundial), provocará que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones y la revalorización de la Deuda soberana con el bono norteamericano a 10 años rozando el 1,5 % de rentabilidad. Asimismo, la subida de la inflación en EEUU (1,5 % en enero) acelerará la subida de tipos de interés del dólar haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial, derivando en una psicosis vendedora que terminará por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil.

Dicho estallido tendrá como efectos colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras, la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.

 

Imagen principal: https://blog.r4.com/

Enviado por el autor.

Invitación: Recuperación transformadora con sustentabilidad e igualdad de género: esfuerzos en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres y la Fundación Friedrich Ebert (FES-Brasil), le invitan a la actividad: “Recuperación transformadora con sustentabilidad e igualdad de género: esfuerzos en América Latina”, a realizarse este miércoles 17 de marzo 2021 de 9:00 a.m. – 10:00 a.m. hora de Costa Rica.

La actividad se realizará en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021, y tiene como objetivo discutir rutas para una recuperación transformadora con sustentabilidad ambiental e igualdad de género, a partir de experiencias de Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

Puede acceder al evento en el siguiente enlace:
https://bit.ly/RecuperacionTransformadora

El evento será en portugués y español con traducción simultánea.

Panorama Social de América Latina

SURCOS comparte este documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina, 2020 fue publicado a inicio de 2021. Reproducimos parte de la introducción del documento y le invitamos a descargarlo para su lectura completa en el enlace al final del texto.

En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, “se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis” (CEPAL, 2020h, pág. 13). De lo que no cabe duda es de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región (CEPAL, 2020h).

A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. El primer caso en la región se detectó en el Brasil el 25 de febrero de 2020 y, tras la notificación de casos en todos los continentes a escala comunitaria, el 11 de marzo la OMS declaró que el brote de COVID-19 podía considerarse una pandemia. Si bien esta se encuentra en constante evolución, los datos disponibles indican que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por el coronavirus, en términos tanto de número de casos como de muertes. Si bien, en 2020, en la región vivía solo el 8,4% de la población mundial, a diciembre de ese año, se concentraban en ella el 18,6% de los contagios acumulados de COVID-19 y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en diversos frentes para controlar la pandemia. La propagación del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales se ven agravados por los problemas estructurales de la región: principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados y asentamientos urbanos marginados en expansión carentes de acceso a servicios básicos. También presenta grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis climática.

El COVID-19 llega a una región marcada por una matriz de desigualdad social, cuyos ejes estructurantes —el estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros— generan escenarios de exclusión y discriminación múltiple y simultánea que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta enfermedad. En el ámbito de la salud, estas desigualdades se expresan en la cobertura, el acceso efectivo y los resultados de los servicios de salud, así como en las condiciones basales de salud de las personas y las comunidades (CEPAL/OPS, 2020). Sin embargo, las desigualdades se ven frecuentemente invisibilizadas por problemas relacionados con la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, solo el Brasil y Colombia informan sobre casos confirmados y defunciones por COVID-19 entre las personas afrodescendientes2. Visibilizar y considerar la desigualdad en la respuesta a la pandemia es clave. En el contexto actual, y desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, el deterioro de las condiciones económicas de los hogares, con el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria (FAO/CEPAL, 2020), podría forjar un círculo vicioso de pobreza y mal estado de salud en el caso de amplios sectores de la población, lo que repercutirá en las sociedades a largo plazo. En particular, en tiempos de crisis, los déficits de protección social pueden afectar de manera catastrófica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con impactos críticos en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de capacidades humanas. A pesar de que no son los más afectados por la enfermedad en términos de salud, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes serán quizás una de las principales víctimas de esta crisis, por las consecuencias que tendrán en ellos el cierre temporal de los establecimientos educacionales y la crisis económica y social que afecta a sus hogares.

Los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad observados en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus. Pese a los avances alcanzados en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los estratos de ingreso medio entre los años 2002 y 2014, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento, y crecía el descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año (CEPAL, 2020a). En América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5% (véase el gráfico 1). Asimismo, la reducción del coeficiente de Gini se había ralentizado, de un promedio del 1,1% anual en el período 2002-2014 a uno del 0,5% anual en el período 2014-2019. Además, desde fines de 2019, la ciudadanía de varios países había expresado su malestar, descontento e insatisfacción con el sistema político y sus actores en grandes manifestaciones de protesta en las que se exigía mayor justicia social.

Es importante también reconocer los retos específicos que enfrentan los países del Caribe. Antes de la llegada de la pandemia, estos países presentaban un alto nivel de endeudamiento público debido a su necesidad de financiamiento para recuperar y reconstruir su estructura productiva frente a los recurrentes desastres climáticos, lo que limita su capacidad fiscal de respuesta a la pandemia (CEPAL, 2020d). Asimismo, las repercusiones de la pandemia en el sector del turismo, relacionadas con el empleo, los ingresos de los hogares y los ingresos gubernamentales, son mayores en el Caribe, donde el sector emplea a unos 2,4 millones de personas y representa el 15,5% del PIB. A esto se suma la gran dependencia de estos países de alimentos y otros bienes importados, que pone en riesgo sus cadenas de suministro (CEPAL/OPS, 2020).

En 2020, las proyecciones relativas a los indicadores económicos y sociales de América Latina y el Caribe muestran un escenario muy complejo, ligado a factores tanto internos como externos. Para frenar la propagación del coronavirus, evitar el desborde de los sistemas de salud y reducir las pérdidas humanas, los gobiernos han adoptado medidas de cuarentena y distanciamiento físico. En muchos casos se ha recurrido al confinamiento de la población en sus hogares como forma de minimizar los contactos, especialmente aquellos que pudieran producirse a escasa distancia o en ambientes cerrados, lo que se ha demostrado que incrementa las probabilidades de contraer el virus (CEPAL, 2020b). Por lo tanto, sectores enteros de la economía han visto su actividad mermada o temporalmente reducida a cero, según la rigidez de las medidas adoptadas. Por otra parte, se produjo una fuerte caída de la demanda de los productos de exportación de la región, originada en la adopción de medidas similares en el resto del mundo. A consecuencia de ello, la CEPAL (2020a) ha estimado que el PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe caerá un 7,7%, y la tasa de desocupación aumentará 2,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2020a). Esta fuerte recesión económica supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida, así como sustanciales aumentos de la desocupación, la pobreza y las desigualdades. A continuación, se discuten tres temas que es necesario abordar para entender el desarrollo de la pandemia en la región: los factores de riesgo ligados a la urbanización y metropolización, y sus efectos en la salud y la educación. Posteriormente, se presentan los hallazgos principales de esta edición del Panorama Social de América Latina con respecto a la pobreza y la desigualdad, el mercado de trabajo, la protección social, el gasto social, la economía del cuidado y el malestar social. Finalmente, se concluye con los mensajes principales de política pública de este informe.

 

Compartido con SURCOS por German Masís.

Contagio viral, contagio económico. Riesgos políticos en América Latina

Pierre Salama

SURCOS comparte este documento publicado por la Asociación Latinoamericana de Sociología y CLACSO. El autor hace un análisis en cuatro capítulos: 1. ¿Adiós a la hiperglobalización? 2. ¿Por qué los países de América Latina sufren un estancamiento económico de largo plazo?  3. Del SARS-COV-2 a un virus social en América Latina. 4. Contagio viral, riesgos políticos en América Latina. Compartimos la introducción e invitamos a descargar el documento completo en el enlace que está al final.

La pandemia está en marcha en América Latina, tal vez haya terminado para cuando leas esto. Espero. En el momento de redactar el presente libro –entre marzo y junio de 2020–, parece que está lejos de haber terminado y que su punto álgido no se ha alcanzado todavía en Perú, México y Brasil, que ya están gravemente afectados. Uno podría preguntarse por qué no esperar antes de escribir este libro, y algunos de mis amigos me han hecho esta pregunta. Es un poco peligroso comenzar este análisis cuando la Historia aún no está escrita.

Siempre es más fácil decirlo una vez que lo sabes. Por lo que a mí respecta, soy de los que no creen que la Historia sigue un camino inevitable, siempre hay bifurcaciones económicas y/o políticas posibles y por ello prefiero situarme antes, a riesgo de equivocarme, que después. Parafraseando a Marx: “Los hombres hacen su historia libremente, pero en condiciones que no son libremente decididas por ellos”. En otras palabras, hay un margen entre el idealismo y el determinismo. La Historia que se hace es, al mismo tiempo, producto de este idealismo de los Hombres, de su voluntad y del determinismo de las leyes económicas. Ninguno de los dos puede ser ignorado excepto hundiéndose en el idealismo puro o el determinismo vulgar. Es este margen el que me interesa, es fascinante y sobre todo puede ser útil para quienes piensan que, sobre la base de un análisis profundo, podemos actuar sobre el curso de los acontecimientos o prepararnos para hacer frente a una repetición de la pandemia o a la aparición de un nuevo virus.

¿Por qué este tema, por qué la pandemia? Porque ningún economista o sociólogo había previsto que pudiera tener tal efecto en la economía y la sociedad. Ciertamente, virólogos, epidemiólogos y algunas figuras públicas habían señalado el riesgo, pero una vez más nadie, incluyéndome a mí, había pensado que una pandemia podría paralizar la economía mundial en tal medida.

La pandemia actuó como un indicador de la fragilidad de un sistema. Todas las fragilidades y las nuevas dependencias estaban punteados por la hiperglobalización. La globalización no produjo la pandemia, pero sí contribuyó a ella mediante el deterioro de la naturaleza y, como consecuencia, a la aparición de nuevos virus. Las pandemias existían antes de la globalización. Pero la globalización ha sido un vehículo muy importante para la propagación del virus y el contagio. Con la pandemia y su propagación global surgieron fragilidades y vulnerabilidades intrínsecas a la hiperglobalización.

Las consecuencias del contagio en términos de soberanía sobre ciertas producciones esenciales, como la producción de medicinas, pero también la industria automotriz, que se había vuelto imposible, no por una demanda insuficiente, sino por la imposibilidad de satisfacer la oferta… se hicieron evidentes. Lo que las movilizaciones no lograron contra la globalización desenfrenada y por una alter-mundialización, lo logró la pandemia. Es cierto que desde la crisis financiera de 2008-2009, la elección de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos y el temor a ver el ascenso de China se estaban poniendo en marcha los frenos al ascenso de la hiperglobalización.

La fragmentación de los territorios dentro de las naciones, entre los que pierden y los que ganan, con una desindustrialización más o menos pronunciada aquí y allá, la precariedad y las nuevas formas de organización del trabajo, el desempleo en algunos países y el temor a un futuro más o menos de pesadilla han legitimado las medidas proteccionistas, fomentado las deslocalizaciones todavía tímidas y permitido que la hiperglobalización se convierta de nuevo en una globalización del comercio, frenando así el ascenso del poder de China, especialmente en las nuevas tecnologías. Revelando la fragilidad del sistema, pero también las consecuencias socioeconómicas y los peligros para la democracia en los Estados Unidos y algunos países europeos, la pandemia también revela la extrema fragilidad de las economías latinoamericanas y la fortaleza de sus sistemas políticos.

El virus del SARS-CoV-2 actuó sobre un “cuerpo ya enfermo” en América Latina. ¿Ya estaba enfermo? La respuesta es, desafortunadamente, positiva. Desde finales del decenio de 1980, la famosa “década perdida” de América Latina, la tasa media de crecimiento del PIB per cápita ha sido más que modesta, por lo general inferior al 1%. Si bien muchas economías asiáticas han experimentado su “milagro” económico con la ayuda de un Estado en desarrollo en los últimos cuarenta años, en América Latina se estaba arraigando una tendencia de estancamiento económico, que contrastaba con los años de fuerte crecimiento que abarcan desde la [segunda] posguerra hasta el decenio de 1970. Se podría pensar que el bajo crecimiento sería una forma de decrecimiento beneficiosa para el medio ambiente, pero se estaría olvidando que con un crecimiento del 1% se necesitan unos 70 años para que el ingreso per cápita se duplique, y que, incluso con un crecimiento tan moderado, el daño a la naturaleza y a la humanidad, como resultado, ha sido considerable. Esto significa que, a tal ritmo, la movilidad social se hace casi imposible. Un individuo que nace pobre solo puede ser desarraigado de esta condición si se convierte en un excelente futbolista, en un muy buen cantante, en un político que no duda en coquetear con la corrupción, en un miembro de la mafia, pero también debe ser excelente para no caer bajo las balas de los oponentes o de la policía, ya que la esperanza de vida es generalmente corta. Por cierto, hay otras posibilidades para salir de la pobreza, principalmente un esfuerzo sustancial en materia de educación y salud, cuyos efectos positivos se sentirán a largo, corto y mediano plazo, la redistribución de la riqueza y/o lograr una tasa de crecimiento alta y sostenible. Esto último no ha sido posible pues las causas estructurales dificultan el crecimiento. La redistribución de los ingresos a favor de los pobres, y en detrimento no tanto de los ricos sino de una fracción de las clases medias, es posible. Esto fue realizado en los primeros diez años de la década del 2000, por unos pocos gobiernos progresistas. Sin embargo, esta política se encontró con obstáculos políticos, y después de la ola de izquierda siguió una ola de derecha en muchos países. Poco antes de la aparición del virus, surgieron importantes movimientos sociales que anunciaron el regreso del progresismo en varios países de América Latina.

¿Por qué este crecimiento es tan lento? Por varias razones ligadas a la historia, que hemos descrito como las ocho plagas de América Latina (Salama, 2020b) y de las que es tan difícil deshacerse: desigualdades de ingresos y riqueza que están entre las más importantes del mundo, una informalidad del trabajo absolutamente considerable, una restricción externa particularmente alta en algunos países que provoca un crecimiento irregular del tipo stop and go, una apertura a los movimientos de capital mucho más importante que la del comercio de bienes, una llamada desindustrialización temprana unida a una repartición de las exportaciones, un nivel de violencia considerable.

Cada una de estas heridas tiene su propia responsabilidad particular, que difiere de un país a otro. El resultado es que el virus actúa sobre un cuerpo enfermo, con poca capacidad de reacción enérgica y produciendo un impresionante número de muertes.

¿Un número impresionante de muertes? Sí, pero tenemos que ir más lejos. La llamada pandemia COVID-19 alcanza a toda la población de los conglomerados –los lugares donde la pandemia se propaga– donde emerge. Primero, aparecen los grupos. Algunas regiones se salvan, otras no o a duras penas, sin saber por qué, salvo que no se tomaron a tiempo medidas preventivas (medidas de barrera, uso de la máscara, pruebas, encuestas) para frenar su propagación, la mayoría de las veces por falta de medios y errores de apreciación. Dentro de estos grupos opera una diferenciación social. Todos se ven ciertamente afectados, pero los de las categorías sociales más pobres y modestas son los más afectados por varias razones. Los pobres están mucho más necesitados. Viven en barrios marginales, más o menos consolidados, donde la densidad demográfica es muy alta. La promiscuidad hace casi imposible practicar “gestos de barrera”. El acceso al agua es, a veces, dificultoso y el frecuente lavado de manos para eliminar el virus se hace difícil. Los pobres suelen tener poco o ningún acceso a los hospitales públicos, o lo tienen demasiado tarde, y ningún acceso a los hospitales privados que están mejor provistos de respiradores. Y cuando es posible, el gasto sanitario público y privado, en promedio mucho más bajo que en los países avanzados, genera una baja eficiencia en la detención del virus, especialmente en los hospitales públicos. Por último, en el caso de los pobres y los grupos de bajos ingresos, la elección suele ser entre permanecer confinados y sin ingresos, arriesgándose a contraer el virus, o seguir trabajando de manera informal, con pocos ingresos y una alta probabilidad de contraer el virus. La pandemia provoca una disminución de la producción, un aumento del desempleo, una mayor desigualdad de los ingresos y un aumento de la pobreza.

Las perspectivas de un rebote siguen siendo poco claras, especialmente porque la capacidad de un rebote fuerte es débil debido a un cuerpo que se ha enfermado, como veremos. Algunos gobiernos tratan de hacer lo imposible, para aliviar las consecuencias sociales de la pandemia, otros actúan más o menos coherentemente y otros, peor aún, subestiman incoherentemente la pandemia y militan cínicamente por la apertura de empresas y la reanudación del trabajo, incluso antes de que la pandemia hubiera alcanzado su punto máximo cuando aún se podían adoptar las precauciones mínimas (uso de una máscara, distanciamiento social). Una crisis así no es neutral.

No habrá recuperación cuando el virus haya desaparecido como si nada hubiera pasado, como si estos momentos dolorosos pudieran ser borrados. La memoria colectiva está teñida de estos sufrimientos, los empleos han caído, los ingresos han disminuido con el cierre de muchos negocios considerados no esenciales, las deudas públicas se han incrementado más allá de lo que se consideraba razonable ayer.

Luego, será difícil rehacer el mundo, tal como era ayer. Sin embargo, es posible y muchos empresarios lo están pidiendo. Pero, como dijo Marx en el 18 Brumario… criticando a Hegel, cuando la historia se repite es “la primera vez como una gran tragedia, la segunda como una sórdida farsa”.

La búsqueda de la soberanía perdida se producirá probablemente en algunos sectores llamados estratégicos, como la salud, y menos en otros, como la industria automotriz. No será ni autarquía ni libre comercio, sino más “proteccionismo-protección”. Puede ser una soberanía regional más que nacional sobre ciertos sectores. Las fronteras entre el mercado y el Estado se moverán. El lugar del cursor entre lo privado y lo público, entre los bienes y los bienes comunes, dependerá de la evolución de la política después de esta tragedia.

El virus ya está mutando en un virus político. La historia no está escrita, pero las tendencias funcionan bajo tierra y están surgiendo los lineamientos y los comienzos de los trastornos políticos. La aparición del populismo de extrema derecha, incluso el “illberalismo”, es amenazante. Para analizar estas posibilidades, se hace necesario un retorno analítico a los populismos del siglo XXI y un análisis profundo de las iglesias evangélicas en las que se apoyan una serie de representantes electos, en especial porque están creciendo rápidamente en América Latina. La comparación con los movimientos europeos de extrema derecha en cuanto a la composición social de sus electorados o adherentes, sus creencias, su relación con los demás, con las minorías, con la política, con la importancia de la intervención estatal y la corrupción, sus tradiciones culturales y religiosas reaccionarias o incluso fundamentalistas es rica en lecciones. Con todos los matices necesarios, no todas las iglesias evangélicas son iguales, sus miembros no son “soldaditos” obedientes a las instrucciones de las autoridades religiosas. El hecho es que los evangélicos, en rápido crecimiento, pueden constituir un “ejército de sombras” favorable al advenimiento del populismo de extrema derecha o de gobiernos “antiliberales” a menos que… A menos que se elabore una profunda renovación de las propuestas progresistas, teniendo en cuenta la historia tal como se ha desarrollado en los últimos 30 años. Este es, en cierto modo, el propósito de este libro, escrito en el calor del desarrollo de la Historia por alguien que ama particularmente a América Latina, mi segunda patria.

 

Compartido con SURCOS por German Masís.

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Kioscos Ambientales
UCR

Petición: El Acuerdo de Escazú cumple tres años: un llamado a ratificarlo YA

Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).

Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente y valiosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.

Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina, mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como en Chile, Colombia y en Perú . El equipo de comunicadores de «La Pulla» en Colombia realizó un ingenioso video que desnuda con su dosis de humor las verdaderas falacias ideadas por las cámaras empresariales colombianas y sus fichas políticas.

A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.

No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.

Argentina y México recientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho.

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El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

“Eso arde”: Observación comunicante sobre las actuales movilidades humanas centroamericanas

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días las respuestas estatales regionales ante las movilidades humanas se han caracterizado por una agresiva militarización y blindaje de sus zonas fronterizas, como primer medida de un conjunto de acciones afincadas en el enfoque securitario utilizado para administrar las migraciones internacionales.

Durante el mes de enero de 2021 esa militarización fue observada tanto en fronteras centroamericanas, con lo actuado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir y disolver los colectivos provenientes fundamentalmente de Honduras, como en el sur de América Latina al “sellar” la frontera con Ecuador el gobierno peruano, como

medida para impedir el paso de grupos de venezolanos en contextos de movilidad.

Sobre este escenario que enfrenta al mismo tiempo militarización y sobrevivencia, la circulación de noticias se ha decantado por la homogeneización para referirse a los grupos que caminan y tratan de cruzar fronteras internacionales. No en pocos casos en los medios de comunicación empresariales se han vertido conceptos criminalizantes y discriminatorios, desconociendo las causas y la heterogeneidad social y cultural de las personas que conforman estos colectivos humanos contemporáneos en America Latina.

En el caso centroamericano, es preciso visibilizar otras propuestas informativas que con cercanía, implicación y sensibilidad regional desmontan el aparataje de la comunicación que solo fluye en un solo sentido. Es necesario atender un lenguaje regional que explique con sentido lo que ocurre.

En esta dirección el jueves 28 de enero se desarrolló el conversatorio “Caravanas y otras luchas migrantes en Mesoamérica”, organizado por el proyecto regional “(in)movilidad en las Américas” con la participación de diferentes actores vinculados a los colectivos centroamericanos que se movilizan, así como representantes de medios regionales que han construido una interesante agenda noticiosa propia sobre el tema.

Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso (Honduras), ha cubierto las últimas movilidades originadas en aquel país. Su intervención en el conversatorio fue propicia para repasar el rol del periodismo en contextos de vulnerabilidad y su Importancia para conocer con certeza las causas de los procesos regionales.

Coincidimos de entrada cuando hace una distinción que no solo es semántica sino ética y política: no son caravanas las que salen de Centroamérica: son éxodos humanos forzados por las condiciones presentes en sus países de origen. Su observación en campo y su implicación con el contexto lo legitima para trazar esta consideración sobre los grupos centroamericanos que se movilizan.

Lo segundo que señala es considerar estas movilidades como expresiones de rebeldía. Se distancia así de aquellos intentos por descalificar las razones de la salida en colectivo aduciendo variables políticas y utilitarias por parte de terceros actores. También concordamos con su apreciación.

Sobre este aspecto, es importante entender que las salidas en colectivo desde la región obedecen a estrategias pensadas desde abajo para responder las lógicas del poder, la exclusión y la discriminación. En conjunto, estas tres nociones nunca serán nombradas de esa manera en los medios de comunicación empresariales.

En tercer lugar habla de un desprecio absoluto por parte de las autoridades hacia las personas en movilidad. No solo la forma violenta como disuadieron su paso en el caso de la coyuntura en frontera guatemalteca sino la actitud inhumana con la que se deshicieron de las pertenencias que quedaron desperdigadas luego de los enfrentamientos: “por la noche los militares quemaron coches de bebé, mochilas, ropa”, comentó.

En su relato, lo subjetivo es necesario para contar la verdad. Ante la violencia observada con la que fueron tratados niños, niñas, personas jóvenes, hombres y mujeres y ser testigo en primera línea, su reacción es epidérmica: “eso arde”, dice al recordar esas imágenes. Luego señala contundentemente: “somos periodistas, pero también somos humanos”.

Dados estos acontecimientos, son imprescindibles seguir dos acciones desde la región: incorporar en el entendimiento general la movilidad colectiva como estrategia desde los sectores vulnerables y precarizados y priorizar otras formas de comunicar esos procesos, lejos del estigma y la criminalización.

Es necesario por ello visibilizar esas otras formas de narrar la estrategia de respuesta de quienes se movilizan. Iniciativas que acompañan, informan y dialogan con la verdad como la misma Radio Progreso y el medio digital Contracorriente (ambas de Honduras) y Plaza Pública ( Guatemala) son algunos ejemplos de esa otra perspectiva comunicativa que debe priorizarse.

En tiempos en que la simbólica sustituye el contenido en las propuestas mediáticas globales, es preciso facultar y validar esas otras formas comunicativas que se generan desde la propia región. Es decir: pasar de la “sanderización” del relato a la profundización de las narrativas. Invito a reproducir sus contenidos, superponerlos a las maquinarias hegemónicas y empresariales que niegan la diversidad, la resistencia, la política que se crea y se construye desde lo cotidiano, desde abajo.

Imagen tomada de Página Siete.

Foto de cabecera: www.avispa.org