Por MSc. Rodrigo Campos Hernández
Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.
La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.
En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.
Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.
En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.
En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.
Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.
La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.
A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.
En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.
Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.
La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.
En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.
Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:
¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?
Referencias:
Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.
