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Etiqueta: análisis político

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

Óscar Aguilar Bulgarelli anuncia su voto y llama a reconstruir la paz y la concordia

El historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli compartió públicamente las reflexiones que lo llevaron a definir su voto de cara a las próximas elecciones nacionales, en un mensaje dirigido a la ciudadanía en general y, en particular, a quienes se sienten indecisos.

Aguilar inicia su intervención subrayando que el país necesita recuperar la paz, la concordia y el respeto, advirtiendo que el odio y la confrontación no permiten construir soluciones duraderas. A su juicio, Costa Rica enfrenta el reto de reconstruir la patria, una tarea que exige diálogo, serenidad y un reencuentro con los valores que hicieron del país un referente regional.

Tras señalar que ha revisado los programas de gobierno y las trayectorias de diversas candidaturas, el historiador rechaza la idea de que “no hay por quién votar”. Por el contrario, enumera a varias personas que, desde su perspectiva, cuentan con preparación, trayectoria y compromiso democrático, y afirma que cualquiera de ellas podría merecer el respaldo ciudadano. Sin embargo, plantea que en el contexto actual resulta clave respaldar a quien tenga la capacidad de enfrentar electoralmente al chavismo, al que responsabiliza de una campaña basada en el insulto y la confrontación.

En ese marco, Aguilar Bulgarelli anuncia que ha decidido dar su voto a Álvaro Ramos, a quien describe como una persona con coraje, carácter y solvencia ética para asumir los retos del país. Aclara, no obstante, que su mensaje no busca imponer una decisión, sino invitar a la ciudadanía a votar con libertad y responsabilidad, poniendo por delante el interés nacional.

El historiador dedica también un llamado de atención especial a la elección de diputaciones, exhortando a la población a revisar con cuidado las papeletas legislativas y a evitar que la Asamblea Legislativa se llene de personas cuestionadas judicialmente. En ese sentido, reconoce el trabajo realizado por la fracción del Frente Amplio, a la que atribuye haber postulado personas estudiosas y decentes en sus listas.

Finalmente, Aguilar Bulgarelli reitera que sí hay opciones democráticas y que el principal deber ciudadano es acudir a las urnas, elegir con conciencia y contribuir a un proceso electoral que permita al país salir de la confrontación y recuperar un clima de convivencia democrática.

Los peligros del populismo

Jairo Isaías Garro Chavarría
Historiador, miembro de la Asociación Costarricense de Profesionales en Historia

Cada periodo electoral supone una invitación particular al análisis y la reflexión. Los cuatro años en los que transcurre una administración política representan la apertura de un escenario en el que se desenvuelven actores y conflictos que van modelando a las fuerzas que luego se disputan la llegada al Ejecutivo.

En 2014, la discusión giraba en torno a la continuidad o no del modelo bipartidista en el que se había inmerso Costa Rica desde aproximadamente 1978. El 2018 abrió espacios para considerar la forma en que aumentaba el peso de grupos religiosos neopentecostales al interno de la política nacional, respondiendo a una dinámica que empezaba a visibilizarse con mayor fuerza a nivel regional. En 2022, podía visualizarse cómo se acentuaba cada vez más el rol de los discursos anti-establishment, caracterizados por ser confrontativos, con la aparición de figuras mesiánicas que asumían un cargo presidencial frente a otras organizaciones o grupos vistos como tradicionales.

Pero, en la previa a las elecciones que tendrán lugar el próximo 1 de febrero, ¿qué rol podría jugar el nuevo auge que han recibido los populismos en los últimos años a nivel no solo local, sino regional? ¿Describe este fenómeno la actual coyuntura electoral?

Primeramente, es necesario conceptualizar qué entendemos cuando hablamos de populismo y algunos aspectos clave para considerar en su discusión. Desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el populismo no es ni una ideología política, ni un régimen específico. Este refiere a una lógica sobre la que se impulsa una forma particular de hacer política, la cual construye una idea relativamente homogénea de «nosotros» (entendido como “el pueblo”) frente a un antagonista o enemigo común que es quien está detrás del status quo.

Su historia, particularmente en América Latina, pasa por tres fases: un periodo inicial, marcado por las administraciones de Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina; luego otra en la década de los noventa con Fernando Collor de Mello en Brasil nuevamente, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem para el caso argentino; y, por último, aquellas expresiones que han tenido lugar en el siglo XXI.

En la actualidad, los nuevos populismos mantienen algunos aspectos esenciales, pero también adoptan otros que los distancian de sus predecesores. Por un lado, estos se presentan bajo la forma de los llamados liderazgos de mano dura, que tienden a enfatizar problemáticas como la inseguridad, pero sin profundizar en los mecanismos sociales que la producen. Tienden a reproducir discursos que van en contra de algunas de las instituciones democráticas presentes en nuestras sociedades, señalando la existencia de una “casta política” arraigada en su manejo y gestión, que debilita la capacidad de actuar sobre los conflictos que afloran en el país. Desincentivan la inversión social como medida preventiva y atacan a espacios críticos del poder y la forma en que este se ejerce sobre el pueblo. Promueven la idea de un pasado idílico, carente de conflicto y crispación social, al cual solo se puede llegar a través de su puesta al mando. Cortan las posibilidades de diálogo e interlocución con otras instituciones, intentando reducir la cantidad de contrapesos políticos a los organismos en que se desarrollan.

Mencionados estos aspectos, los mismos pueden servir para advertir algunos de sus peligros en la sociedad actual. Una forma de frenar su avance e instalación, para el caso costarricense, radica en aceptar el diálogo como parte constitutiva de nuestro modelo político; la defensa de las instituciones y del proyecto solidario que debería caracterizar el devenir de la política electoral del país. Si entendemos al voto como un mecanismo de transformación, a través del cual nosotros como conjunto podemos actuar sobre la toma de decisiones, lograremos alcanzar muchas de las tareas aún pendientes en la Costa Rica del siglo XXI.

FECTSALUD llama a la mesura y a la unidad tras críticas técnicas a la encuesta del CIEP

El dirigente sindical Juan Carlos Durán Castro, de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Seguridad Social (FECTSALUD), compartió una serie de reflexiones en torno al reciente análisis crítico realizado por el exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica sobre la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Durán señala que los cuestionamientos metodológicos planteados desde la sana crítica estadística deben ser asumidos con responsabilidad por los sectores organizados de orientación progresista y humanista. En particular, considera que estos aportes permiten introducir calma frente a interpretaciones apresuradas y lecturas triunfalistas promovidas desde distintos espacios del espectro informativo nacional. Reconoce que los altos costos de las encuestas presenciales han llevado al uso extendido de metodologías telefónicas, pero advierte que estas introducen errores estructurales, como el alto nivel de no respuestas, que afectan la calidad y el alcance de los resultados.

Desde su perspectiva, el valor del análisis técnico no se limita a señalar yerros, sino que abre escenarios políticos que no suelen ser visibilizados. Entre ellos, destaca tres ventanas de oportunidad: el segmento de personas indecisas, el alto porcentaje de electores que decide su voto en la última semana y, especialmente, la distorsión que generan las no respuestas telefónicas, lo cual puede conducir a un sobredimensionamiento de ciertas tendencias. Estos elementos, afirma, deben ser utilizados con inteligencia política en la etapa final de la campaña y el propio día de las elecciones.

Durán subraya que estos escenarios mantienen abierta la posibilidad de una segunda ronda electoral y de alcanzar una correlación de fuerzas significativa en la Asamblea Legislativa, pero aclara que ello dependerá de una madurez política acorde con el contexto. En ese sentido, hace un llamado a superar egoísmos y a trabajar, desde ahora y después de los comicios, en la articulación de una oposición amplia, progresista y humanista, capaz de fortalecer los esfuerzos construidos desde los movimientos sociales y lo que denomina la resistencia, ampliando los márgenes de acción política frente al rumbo nacional.

Mi pronóstico

Daniel Camacho Monge

Deduzco que Laura no obtendrá el 40 por ciento, pero no es porque quiera, sino por el siguiente análisis.

Según la encuesta del CIEP-UCR el perfil de los indecisos es muy diferente al de los que votarán por Laura. De manera que ella no crecerá al ritmo que lo hizo hasta ahora. Por otro lado, observo que bastantes personas opositoras muy activas en las redes al fin se convencieron de que se estaban cocinando en su propio caldo y han decidido romper la burbuja y salir a hablar con la gente.

Si hacemos esto intensamente esta semana, lograremos pasar a segunda vuelta.

Fue lo que perseguimos cuando propusimos formar los Frentes Democráticos pero muy poca gente nos dio pelota.

Si hay segunda vuelta debemos retomar los Frentes Democráticos.

¿Por qué el enojo, cómo evaluar al gobierno y por qué sí votar?

Carlos Sandoval García

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, el profesor universitario, comunicador y especialista en estudios culturales Carlos Sandoval García compartió una reflexión organizada en torno a tres preguntas clave para comprender el momento político actual: ¿por qué hay tanto enojo en la sociedad?, ¿qué balance puede hacerse del gobierno de Rodrigo Chaves? y ¿vale la pena votar?

El enojo social: razones legítimas

Sandoval parte de reconocer que el enojo presente en amplios sectores de la sociedad es válido, legítimo y justificado. Señala que existen múltiples causas concretas que alimentan ese malestar: la ausencia de oportunidades, particularmente para las personas jóvenes; los retrocesos y estancamientos en educación; las persistentes listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento de la violencia criminal; y las horas perdidas diariamente en presas.

A estos factores estructurales suma experiencias cotidianas que reflejan el deterioro de los servicios públicos, como la falta de respuesta ante una fuga de agua reportada a Acueductos y Alcantarillados. Para Sandoval, estas vivencias confirman que el enojo no surge de la nada, sino que tiene razones de fondo relacionadas con el funcionamiento del Estado y la calidad de vida.

Balance de la administración Chaves

En su segunda pregunta, el académico plantea que la administración de Rodrigo Chaves no ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país. En materia educativa, advierte que el presupuesto actual es comparable al de hace 25 años, lo que implica la pérdida de un cuarto de siglo sin una ruta clara para el sistema educativo.

En el ámbito de la seguridad social, subraya que la deuda del Estado con la CCSS continúa creciendo, con consecuencias directas tanto en las pensiones como en los servicios de salud. La violencia, lejos de disminuir, sigue manifestándose con fuerza, incluso en incautaciones de droga provenientes del país en puertos europeos. En transporte, las presas y el deterioro del servicio público persisten, mientras proyectos como el tren siguen sin materializarse.

Sandoval también cuestiona decisiones administrativas que, a su juicio, reflejan prioridades equivocadas, como la compra de vehículos de lujo en instituciones que requieren inversión en capacitación y tecnología. En síntesis, afirma que la “medicina” aplicada por este gobierno ha sido peor que la enfermedad, pues no resuelve los problemas y genera nuevos riesgos.

¿Vale la pena votar?

La tercera pregunta recibe una respuesta contundente: sí vale la pena votar. Aunque reconoce que el sistema electoral es perfectible, Sandoval destaca que posee más fortalezas que debilidades, especialmente en el contexto latinoamericano. Por ello, considera fundamental la participación ciudadana.

Recupera además una reflexión escuchada en la Feria del Agricultor: antes de decidir por quién votar, es clave preguntarse por quién no votar, descartando la continuidad, para luego evaluar opciones y tomar una decisión informada.

Como cierre, Sandoval invita a no perder de vista las fortalezas del país, entre ellas un sistema de salud que ha demostrado su capacidad de salvar vidas. Desde una experiencia personal, recuerda cómo hospitales públicos permitieron que sus hijos, nacidos prematuramente, salieran adelante. Para él, ese tipo de logros deben ser defendidos y perfeccionados mediante la participación democrática.

La reflexión concluye con un llamado claro: salir a votar, pensar críticamente el momento histórico y defender las capacidades colectivas construidas como sociedad.

Le invitamos a escuchar el video completo con la exposición de Carlos Sandoval García.

Conversatorio propone análisis de las elecciones desde una perspectiva informativa y responsable

En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, se realizará el Conversatorio “Elecciones Nacionales 2026”, un espacio de diálogo ciudadano descrito por sus organizadores como estimulante, educado, informativo y positivo, orientado a promover la reflexión y el voto responsable.

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Desamparados, ubicada detrás de la Municipalidad de Desamparados, el jueves 30 de enero, en horario de 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

El conversatorio abordará distintos temas de interés nacional relacionados con el escenario electoral, entre ellos:

  • Encuestas, perspectivas y eventualidades, a cargo de Dieter Gallop Fernández, politólogo.

  • El poder del voto responsable, presentado por Eduardo Flores, licenciado en Derecho, abogado–notario y cónsul honorario de Namibia en Costa Rica.

  • Costa Rica: el alma nacional y electoral, como eje de reflexión sobre identidad, valores y participación democrática.

La actividad es organizada por Ruta Valores, una iniciativa que promueve el diálogo cívico y la participación informada en asuntos de interés público. Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de la página de Facebook Ruta Valores o escribir al correo socialcr23@gmail.com

Este conversatorio se plantea como una oportunidad para fortalecer la cultura democrática, intercambiar puntos de vista y contribuir a un proceso electoral más consciente y participativo.