En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Benjamín Sevilla García, de la Secretaría de Juventud del ANEP, hace de conocimiento su preocupación por lo que llaman la herencia de un buen derecho. Se invita a ver el vídeo completo del comunicado de la secretaría de juventud a continuación:
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, fue absuelto del delito de instigación pública, es decir, en perjuicio de la tranquilidad pública del que el Ministerio Público le acusaba.
El licenciado Rodrigo Rosales Arce, tras la absolución del Secretario General de la ANEP, enfatizó en que desde sus inicios en el proceso, la disposición de la defensa era técnica para demostrar que el video, que era la prueba principal, fue obtenida de manera irregular, sin el consentimiento de la persona que emitió las declaraciones.
Además, explicó que el sitio era privado y el delito que se acusaba lo cometía quien se abocó a realizar tipos penales tutelados en el código penal, lo que no se acusó ni querelló como delito propiamente.
Según sus declaraciones, Albino Vargas nunca instigó a un sujeto determinado, que es lo que establece la conducta penal.
Aseguró también que, en un Estado de Derecho, lo único que procedía era la absolución del caso.
SURCOS comparte la siguiente información:
El pasado 06 de diciembre arrancó el juicio político en contra de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en el que fue acusado por instigación pública al llamar a la ciudadanía costarricense a la protesta social.
En el video que se encuentra al final de la nota, se pueden ver las declaraciones de Albino Vargas en ese juicio. Expuso la corriente ideológica sindical que sustenta y reiteró que la situación legal en la que se encuentra en este momento es impulsada por un grupo liderado por la abogada Gloria Navas, respaldada por el Ministerio Público y el Presidente Carlos Alvarado.
Adjuntamos el video:
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Publicación en: https://anep.cr/proyecto-21-336-empleo-publico-esta-herido-de-muerte/
SURCOS comparte la siguiente información:
Pese a que la empresa autobusera Solís y Mata se había negado a reinstalarlo luego de despedirlo por afiliarse al sindicato, mediante una conciliación, la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP y la empresa acordaron que el trabajador retornará a su puesto de trabajo como chofer bus y que se respetará su libertad sindical.
Para mayor información se invita a ver el siguiente video:
Por ANEP
–Ajuste debió aplicarse durante los años 2019, 2020 y 2021
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional Pensionados IVM solicitan a la gerencia de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones, ya que el último fue aplicado en el 2019.
Así se desprende del propio sitio web de la CCSS, donde se indica que el último ajuste por costo de vida a las pensiones del régimen IVM entró a regir a partir del 1º de mayo de 2019 y correspondió a un 2.01%. (https://www.ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia?pensionados-de-ivm-recibiran-mas-junta-directiva-de-la-ccss-aprobo-incremento-del-monto-mensual)
Para el actuario matemático y asesor de la ANEP en materia IVM, Rodrigo Arias López, desde hace 2 años y 6 meses los pensionados están recibiendo el mismo monto mensual por concepto de pensión, pero devaluado en casi un 3% por efecto del aumento en los precios de productos y servicios, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Como puede observarse y analizarse en el cuadro elaborado por el Asesor de ANEP en IVM, el 31 de diciembre de 2019 se debió realizar un reajuste de un 0,97% por pérdida de valor adquisitivo, pero no se realizó; lo que significa hasta 21 meses de deuda retroactiva. El 31 de diciembre de 2020 debieron realizar un reajuste adicional de un 0,89% por costo de vida, lo cual tampoco cumplió la Gerencia de Pensiones; con estos dos ajustes no realizados la deuda retroactiva acumulada con la población pensionada es de 15 meses. Al 30 de junio de 2021 debieron realizar otro reajuste de 0,76% por pérdida de valor adquisitivo; nuevamente dicho ajustes no se hizo. Todo lo anterior significa que hay una deuda con los 310 mil pensionados de IVM de aproximadamente un 3%, lo que representa unos 30 mil millones de colones, desde mayo de 2019 a la fecha.
Solicitan explicaciones
Ante este escenario, la ANEP y su seccional de Pensionados IVM solicitan a la Gerencia de Pensiones de la CCSS se informe cuándo van a cancelar a los 310 mil pensionados de IVM esa deuda acumulada por costo de vida.
Además, considerando que el artículo 28 del Reglamento de IVM establece que: “La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.” solicitan una copia de cada uno de los estudios actuariales realizados por la Dirección Actuarial de la CCSS a partir del segundo semestre del 2019 hasta el primer semestre del 2021.
En el caso de que no se haya realizado alguno de esos estudios actuariales, la ANEP solicita el nombre completo, número de cédula y nombre del puesto de la persona que tomó la decisión de no hacerlo, para tomar las acciones pertinentes
Por último, solicitan a esa Gerencia requerir a la Dirección Actuarial de la CCSS, la elaboración de un estudio sobre la pérdida de valor que han tenido los montos de las pensiones de IVM, según año de vigencia y riesgo (invalidez, vejez y muerte).
Adjunto se encuentra la solicitud de información realizada por el ANEP
SURCOS comparte la siguiente información:
El Tribunal Contencioso Administrativo dio curso a la medida cautelar presentada por ANEP y ASDEICE que pretende suspender las modificaciones que hizo la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Adjuntamos video sobre el tema:
De cara a las próximas elecciones presidenciales, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), propone que todos los estudiantes mayores de 15 años que posean cédula de identificación de menores, puedan participar de las elecciones como miembros activos de la sociedad; vinculándolo con los procesos de educación cívica, para empezar a trabajar en su formación democrática, con miras a que en un futuro sean partícipes de los procesos de elección.
SURCOS comparte la siguiente información:
ANEP informa: «El pasado domingo 31 de octubre, en la sede del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), hermano de la ANEP, se realizó una capacitación impartida por el especialista en derecho laboral, Dr. Mauricio Castro Méndez, de la Universidad de Costa Rica (UCR), gran amigo de la ANEP.
Buscamos elevar la calidad de la defensa obrera para la afiliación anepista en plantaciones agrícolas bananeras y piñeras, en choferes de autobús, entre otros ámbitos del desarrollo de la ANEP en el sector privado. La compañera Ligia Solís Solís y el compañero Santiago Ramírez Jiménez, integrantes del equipo de personas asesoras sindicales de nuestra Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), también recibieron este brillante aporte de compañero Mauricio».
Compartido con SURCOS por Albino Vargas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), presentaron la mañana de este jueves, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) una medida cautelar solicitando suspender las modificaciones que hizo la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La acción de la ANEP y ASDEICE se da al considerar que las medidas adoptadas por la Junta Directiva de la CCSS afectan de manera colectiva a los cotizantes del régimen y afectará a los futuros pensionados.
“Las decisiones tomadas por la CCSS este año agravan la situación del IVM y lo ponen en un riesgo mayor por lo que formulamos una medida cautelar que deposita en manos del Tribunal Contencioso Administrativo una responsabilidad histórica. Le estamos pidiendo a un juez contencioso administrativo suspender las modificaciones que hizo la Junta Directiva de la CCSS al régimen del IVM”, detalló el abogado Fabián Gamboa, asesor externo de la ANEP y ASDEICE.
Gamboa manifestó que tienen a su alcance datos reales y objetivos que demuestran que el régimen de IVM está por desaparecer, afectando a los jubilados actuales y también a los potenciales jubilados, “la existencia y solidez del régimen del IVM ahora está en manos del Poder Judicial”.
Datos reveladores
Estos datos han sido estudiados, analizados e interpretados exhaustivamente por Rodrigo Arias López, Master en Matemática Actuarial, exprofesor de la UCR, exjefe del Departamento Actuarial de la CCSS y actual asesor externo de la ANEP en materia IVM, quien incluso, ha expuesto la situación y la crisis de este régimen ante diversos medios de comunicación.
Para López, los escenarios que analizan las autoridades de la Caja para IVM son insuficientes e independientemente, de cual decisión se tome, se tendría que tomar dinero este año de la reserva para pagar las pensiones y no hasta 2033 como lo indicaron anteriormente.
De acuerdo con el matemático, el Covid-19 vino a agravar aún más la situación. La reserva actual es de ₡2,3 billones, sin embargo, se necesita una reserva de ₡54 billones para honrar las pensiones futuras al 100%.
Para contextualizar la crisis financiera del IVM es importante mencionar que la reserva y el plan actual de cotización alcanzarían para pagar menos del 45% de los beneficios futuros.
En los últimos años los gastos crecieron más que los salarios y las cuotas no alcanzaron, por lo que, agravado por la pandemia, se tendrían que tomar recursos de la reserva este mismo año. Y en el año 2026, la reserva podría quedar sin recursos, si no se aplican las medidas correspondientes.
Ante este escenario la ANEP acude al Tribunal Contenciosos administrativo esperando que los jueces tomen una decisión que defienda a los asegurados y aseguradas del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.