ANEP muestra su tristeza y preocupación por el asesinato del Ing. Eugenio Androvetto Villalobos profesional que siempre se ha desempeñado según sus colegas, con un alto nivel de integridad.
También informan que la denuncia de 209 páginas que contiene información sobre un caso de acoso laboral hacia su persona, ya fue presentada ante los abogados representantes de ANEP.
Por otro lado, también ANEP expone acerca de una investigación a fondo, para determinar si su asesinato fue en relación con la denuncia de acoso o incluso, con algún caso que demuestre lo peligroso que es ser gestor ambiental en el país en estos momentos.
Una asesora de ANEP, habla sobre la inseguridad que viven sus compañeros hoy en día, y les invita a hacer una convención colectiva.
Esto, indica Albino Vargas, para que conversen y establezcan todos los derechos de su gremio. Se impulsa de nuevo esta idea de asamblea con la unión del gremio del ANEP y de los funcionarios del Ministerio de Salud.
Para ampliar detalles le invitamos a ver el siguiente video:
Albino Vargas Barrantes en su condición de secretario general del ANEP, extiende una gran felicitación al Sindicato de Educación Costarricense (SEC) que está cumpliendo 55 años desde su creación en pro del sector educativo costarricense.
Hace referencia a que estas organizaciones tienen coincidencias en cuanto a los desafíos que atraviesa la democracia costarricense, y por tanto se espera que juntos concreten en la acción esas coincidencias.
Por su parte, el secretario general adjunto del ANEP, Walter Quesada Fernández, envía un mensaje de motivación al SEC para que sigan trabajando en defensa de la clase trabajadora y la lucha social.
El documento dirigido a la contralora de la República, Lcda. Marta Acosta Zúñiga, y firmado por el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, expone la preocupación ante las irregularidades de nombramientos en espacios de poder político de instituciones públicas. Esta organización sindical supone que entró en vigor una “segunda fase” de lo que en su momento catalogaron como un golpe de estado, siendo que dicha lectura está sustentada en las señales, acciones y decisiones desde el Poder Ejecutivo.
El ANEP señala que “entendemos que existe un manual organizativo para la Gerencia General, pero es menester informar que presuntamente el mismo no fue confeccionado y acordado por la Junta Directiva, previo o paralelamente a la creación de la Gerencia General de la Caja, lo cual resulta cuestionable, pues deviene en una práctica errónea, para usar un calificativo bastante condescendiente.”
La organización menciona el posible alineamiento del presunto cambio en el manual de organización y la necesidad de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, de tener dentro del engranaje estratégico institucional a una figura con afinidad con la agenda que promueve el Ejecutivo dentro de la institución en la actual coyuntura y de cara al cierre de sus dos últimos años.
Descrito el caso a manera de lectura sindical y en grado de presunción, ANEP le solicita a la Contraloría General de la República que se les brinde un informe, en el sentido de indicar si la institución ha promovido acciones recientes relacionadas con el manual de organización, pues este resulta ser un elemento vital de cara al escenario institucional en desarrollo y vinculado a la funcionaria Gutiérrez Brenes, que en su momento parece ser tuvo un nombramiento presuntamente ilegal.
Por último, ANEP le solicita a la Contraloría General colocar su mirada en la CCSS, ya que notan señales muy poco halagüeñas para esta institución que requieren una intensa fiscalización, pues está en desarrollo un momento muy complejo, que coloca en un predicado muy riesgoso los cimientos propios de esta institución.
Se les invita a descargar el documento para informarse con más detalle sobre lo sucedido.
El Secretario General de ANEP Albino Vargas Barrantes, reitera que esta organización no es enemiga del movimiento cooperativo, sino que lo respetan como uno de los bastiones de la democracia económica del país. Además, llama a recordar que conjuntamente se ha trabajado en el análisis y las propuestas sobre el futuro del país. Sin embargo, indica que el proceso llevado a cabo por la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social donde se ha concesionado 10 áreas de salud, que según Vargas Barrantes es un proceso en el cual pueden presentar irregularidades; entre estos el tráfico de influencias.
Además, cuestionó el uso excesivo de recursos que fue señalado por las autoridades actuariales competentes de la propia CCSS. Además, señala lo dicho por la Contraloría General de la República, la cual acoge la denuncia del ANEP sobre este problema, y que tomará en consideración las pruebas aportadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
Sobre lo anterior, Juan Carlos Durán Castro externa su satisfacción hacia la decisión tomada por la Contraloría y que, como organización han planteado la irregularidad de la situación por un periodo extenso de tiempo. Durán Castro reitera que se debe poner en transparencia los trámites y decisiones pactadas por instituciones públicas del Estado, sobretodo para proteger a las personas trabajadoras o, para poner en evidencia a quienes han obrado deshonestamente.
Se les invita a leer el siguiente documento, el cual es la resolución de la Contraloría.
En Costa Rica, los trabajadores de las plantaciones de banano y piña enfrentan graves dificultades para recibir la atención adecuada del Instituto Nacional de Seguros (INS), según lo revela una investigación del proyecto universitario «Cumplimiento de Derechos Laborales» de la UCR. Esta investigación, dirigida por el Dr. Mauricio Castro, ha documentado que muchos empleadores no notifican los accidentes laborales al INS, impidiendo que los trabajadores accedan a la atención médica necesaria. Aunque el Código de Trabajo asigna al INS la responsabilidad de la atención en casos de riesgos laborales, el instituto ha delegado la tarea de notificar los accidentes a los empleadores, quienes tienen incentivos económicos para no reportarlos y así mantener bajas tasas de siniestralidad. Esta práctica sistemática ha llevado a múltiples litigios judiciales, sobrecargando el sistema judicial sin resolver el problema de fondo. A pesar de las protestas de sindicatos y el esfuerzo de la comunidad universitaria, el INS se ha mostrado renuente a ajustar sus políticas, perpetuando una injusticia que vulnera el derecho humano a la salud de los trabajadores. Ante esta situación, los sindicatos han iniciado acciones legales contra el INS, buscando modificar la normativa para permitir que los propios trabajadores puedan reportar accidentes y recibir atención médica, desafiando así la inercia institucional que perpetúa esta violación de derechos laborales fundamentales.
Sobre esto, la demanda presentada por el ANEP, SITRAP, COSIBACR, FENTRAGH ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del INS se originó a partir de las afectaciones a la salud, y por la atención médica a los trabajadores agrícolas. Y es que, tanto el INS como los patronos empresarios incurren en una práctica sistemática, que lleva años y que constituye una flagrante violación a las obligaciones laborales y al derecho humano de salud. Se espera que con esta demanda se tenga éxito y cambie la normativa para el sector privado.
Para reflexionar a profundidad sobre la información, se les invita a descargar el archivo PDF.
Luego de dos años de negociación la seccional ANEP Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Libera logró la firma de una histórica convención colectiva de trabajo.
Esta es la primera convención colectiva de trabajo lograda por la seccional ANEP.
Esto se logró gracias al esfuerzo de muchas personas. Aunque aún faltan algunos detalles por finalizar de parte del Ministerio de Trabajo, la convención colectiva debe respetarse a partir de 28 de junio del 2024.
En esta mañana del miércoles 10 de julio, en las afueras del Banco Central de Costa Rica, ANEP entregó una carta dirigida al presidente del Banco Central de Costa Rica, Don Roger Madrigal López, a la honorable Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y a la señora Laura Suárez Zamora, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión de entidades del sistema financiero (CONASSIF).
En la carta ANEP pide que se separe inmediatamente a Rocío Aguilar Montoya de los cargos importantes que ostenta, esto por las grandes fallas que ha tenido y el gran dolor causado en su gestión de supervisión financiera, donde la intervención que ya tenía en casos tan notorios y divulgados como el caso de ALDESA y el caso Coopeservidores, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo el hueco fiscal.
Por último, se mencionó que ya no genera o nunca ha generado la debida confianza en el sistema financiero de Costa Rica.
La ANEP en conjunto con el Bufete Rosales & Asociados brindará asesoría a toda nuestra afiliación que está siendo afectada por el caso Coopeservidores.
Este bufete está capacitado, no solo en materia jurídica para accionar según sea conveniente, sino que además cuenta con gran sensibilidad social.
Todos aquellos afiliados y afiliadas de ANEP que se hayan visto perjudicados debido al caso de Coopeservidores y quieran formar parte del proceso, tendrán que firmar un documento, el cual se plantea presentar oficialmente al Banco Central de Costa Rica.
Rodrigo Rosales Arce, el cual es el director del Bufete Rosales & Asociado, mencionó que se busca no tornar esto en un proceso litigioso, largo y cansado. Sino que se espera que las personas puedan recuperar su dinero.
Asimismo, destacó la inacción de las autoridades encargadas de supervisar a la cooperativa y como la SUGEF conocía desde hace ocho años la situación financiera de Coopeservidores.
La ANEP también recuerda a esta afiliación afectada, la póliza colectiva de vida ANEP-INS, esto luego de que COOPESERVIDORES anunciara el cese de su contrato de la póliza de vida de sus ahorrantes, que mantenía suscrita con una aseguradora privada.
La ANEP y SITRAP continúan trabajando en conjunto para dotar a más trabajadoras y trabajadores de fincas agrícolas de las herramientas necesarias en la defensa de los derechos laborales y los derechos humanos. Por lo que, en un taller llamado “Conozcamos el Convenio 190, sobre la eliminación del acoso en el mundo del trabajo”.
En el taller participaron un total de 12 mujeres y 7 hombres de diversas fincas agrícolas. Una de las participantes compartió su opinión sobre el taller, destacando que no sólo fortalecía a las mujeres que se encontraban en la actividad sino que, también le ofrecía a los hombres ampliar su perspectiva sobre los derechos humanos y las luchas que enfrentan las mujeres. Por otro lado, un participante agradeció por las herramientas que brindó el taller y motivó a otros trabajadores a tener valentía para hacer respetar sus derechos laborales.
El Convenio 190 fue decretado por la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2019, con este se espera detener el acoso laboral por medio de dicho convenio y la Recomendación 206. El convenio protege a todas las trabajadoras independientemente de su estado contractual: pasantes, aprendices, personas en formación, trabajadores y trabajadoras, personas voluntarias y solicitantes de empleo.
El convenio tiene un fuerte enfoque en la violencia de género ya que las mujeres se ven más afectadas por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio abarca todos los sectores: público, privado, rural y urbano, y la economía formal e informal. Su alcance es el mundo del trabajo, que abarca más que sólo el lugar físico de trabajo.
Para el ANEP y SITRAP es de suma importancia que el convenio 190 sea nuevamente posicionado en el ámbito legislativo para su discusión y aprobación.
Compartimos el video que recopila lo vivido en el taller impartido por el ANEP y el SITRAP:
En una declaración de la ANEP se informa que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público la suspensión de Rocío Aguilar Montoya de sus cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y además, de su cargo en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esto, debido a su implicación en varias controversias financieras de alto perfil.
Se destaca en la declaración la preocupación por las acciones de Aguilar Montoya en casos sensibles como el de Aldesa, los rendimientos del ROP transferidos al exterior, y más recientemente, los problemas relacionados con Coopeservidores. Estas situaciones, según se indica, ponen en riesgo la confianza pública en el sistema financiero, afectando directamente a pequeños ahorradores, trabajadores pensionados y empleados del sector público.
La declaración enfatiza la gravedad de las acusaciones contra Aguilar Montoya y su impacto potencialmente perjudicial en la estabilidad y credibilidad del sistema financiero nacional. Se invita a la comunidad a estar atenta para más detalles sobre la denuncia; se solicita también expresiones de apoyo en este proceso.
Esta petición de suspensión refleja un movimiento significativo necesario por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para abordar presuntas irregularidades dentro del sistema financiero. Se subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y privados.
