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Solicita información al AyA, Servicio Fitosanitario y Ministerio de Salud
El diputado Ariel Robles accionó ante la denuncia realizada por Frente Eco Cipreses sobre un nuevo caso de contaminación con clorotalonil del agua basada en la información revelada por Vladimir Mesén Montenegro de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago del AYA en una mesa de trabajo que ARESEP convocó para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.
El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.
Al presidente ejecutivo del AYA Alejandro Guillén Guardia el legislador le preguntó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este instituto al respecto como ente rector para proteger la salud de los usuarios y la prestación del servicio de agua potable como derecho humano?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Mientras a la ministra de Salud Mary Denisse Munive Angermüller le indagó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este ministerio al respecto como ente obligado-artículos 267 y 268 de la Ley General de Salud, Ley 5395- a garantizar la calidad del agua potable?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Finalmente, a Nelson Morera Paniagua director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le preguntó sobre: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado el SFE al respecto como ente encargado -inciso e, artículo 2 de la Ley 7664- de regular el uso y manejo de sustancias químicas en procura de proteger la salud humana y el ambiente? ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Según EcoCipreses “hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de que San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar activándose un protocolo que implica girar las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo”.
En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente a 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.
Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aunque en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
