Presupuesto 2027: las cuatro normas que, según la Corte, pondrían al Poder Judicial bajo control político legislativo
Detrás de la medida cautelar dictada el 9 de noviembre por la Sala Constitucional hay una discusión de fondo sobre el equilibrio entre los poderes del Estado. La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de votar en segundo debate el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2027 (expediente 25.754) antes del 29 de noviembre. El centro de la discusión son cuatro normas de ejecución presupuestaria que, según la Corte Suprema de Justicia, pondrían al Poder Judicial bajo el control de un órgano político del Parlamento.
La resolución se dictó dentro de la consulta de constitucionalidad que la Corte presentó sobre el proyecto (expediente 26-039748-0007-CO). La solicitud la planteó la presidenta de la Corte, Patricia Vargas González, cuando el presupuesto ya había sido aprobado en primer debate el 5 de noviembre y se esperaba su votación final el martes 10.
Las normas cuestionadas
Según los argumentos de la Corte recogidos en la resolución, las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12 inciden «de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial al bloquear recursos y congelar plazas»:
- La norma 9 condiciona el desbloqueo de ₡29.843,8 millones, el 5,6 % del presupuesto institucional, a la aprobación final de una comisión legislativa de control político.
- Las normas 10 y 12 impiden traslados ordinarios entre subpartidas y restringen la cobertura de plazas vacantes esenciales.
Para la Corte, esto implica «un sometimiento del Poder Judicial a la mera voluntad de un órgano político de la Asamblea Legislativa». Sostiene además que se usan normas de ejecución anuales para modificar implícitamente regímenes estatutarios y de empleo público, y para legislar sobre temas ajenos a la materia presupuestaria, «estableciendo potestades de imperio para un órgano de un Poder hacia otro Poder».
El vicio de procedimiento
La Corte alega también un vicio en el trámite. El artículo 167 de la Constitución obliga a consultar a la Corte los proyectos de ley que se refieren a la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, y exige 38 votos, es decir, dos terceras partes, para aprobarlos si la Corte se opone. Según la presidencia de la Corte, esa consulta preceptiva se omitió y, con ella, el trámite agravado que la Constitución prevé.
Las consecuencias alegadas
De aplicarse las normas, la Corte advierte que a partir del 1 de enero de 2027 habría:
- cierre de despachos y paralización de servicios por falta de recursos;
- riesgo de despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales;
- impacto en servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, alquileres), mantenimiento informático, insumos de investigación del OIJ y protección de víctimas;
- imposibilidad de cubrir vacantes de personas juzgadoras, fiscales, defensoras e investigadoras, con el consecuente aumento de la mora judicial;
- cierre técnico de sedes regionales como las de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez;
- riesgo para agentes del OIJ que requieren chalecos antibalas.
La Corte subraya que la afectación alcanzaría a toda la población usuaria, en especial a personas vulnerables, niñez, personas adultas mayores y pueblos indígenas, y que comprometería la tutela judicial efectiva que garantizan el artículo 41 de la Constitución y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por qué la Sala intervino
La Sala explicó que, si el presupuesto se aprobara en segundo debate antes de que ella se pronuncie, la consulta perdería su sentido y pasaría a ser «un pronunciamiento extemporáneo». Para fundamentar la medida, citó su jurisprudencia sobre las medidas cautelares en los procesos de control de constitucionalidad.
La Sala también dejó constancia de «la dilación provocada por la propia Asamblea Legislativa», que no remitió a tiempo el expediente del proyecto. La Sala lo había solicitado el 26 de octubre y tuvo que reiterar la solicitud el 4 de noviembre.
La medida no impide aprobar el presupuesto dentro del plazo constitucional. El artículo 178 de la Constitución establece que el presupuesto debe aprobarse a más tardar el 30 de noviembre. Al fijar el 29 de noviembre como fecha mínima para el segundo debate, la Sala busca resolver la consulta sin afectar ese plazo. La resolución está firmada por el presidente a. i. de la Sala, Fernando Cruz Castro.