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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Las incongruencias del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Fumero Paniagua

PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.

En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.

En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se establece “El Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.

En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se establece “Los agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).

SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.

En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”

En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”

En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.

En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”

Y en el Artículo 38 “Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”

De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.

Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?

Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.

Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).

TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).

El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.

De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.

De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.

Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.

Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?

Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?

Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.

Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).

1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.

UNDECA y FRENASS en Comisión de Asuntos Sociales: Figura de la presidencia ejecutiva debe desaparecer en la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Este martes los señores Luis Chavarría Vega y Deivis Ovares Morales, representantes de UNDECA y FRENASS respectivamente, junto con la representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, comparecieron en audiencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

Durante la comparecencia, los representantes expusieron su posición respecto a la propuesta de Reforma del Artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, N.º 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas, conocida como la Ley para Restituir la Autonomía Constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los actores subrayaron la importancia de devolver la plena autonomía a la CCSS, argumentando que esto solo sería posible mediante la despolitización de su junta directiva y la eliminación definitiva de la presidencia ejecutiva e injerencia gubernamental en sus decisiones. En sus intervenciones, enfatizaron la necesidad de fortalecer la independencia de la institución para garantizar un sistema de seguridad social eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía y fuera del alcance de intereses privatizadores.

El debate en torno a esta reforma se mantiene abierto en la Asamblea Legislativa y la Comisión de Asuntos Sociales convocó de nuevo a los representantes para el próximo martes 25 de febrero.

UNDECA y FRENASS han reiterado su compromiso con la defensa de la autonomía de la CCSS, en aras de asegurar su correcto funcionamiento y la protección de los derechos de las personas aseguradas.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Tenemos un gobierno-fallido… pero aún puede, al menos, intentar hacer algo”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El doctor Óscar Aguilar Bulgarelli hizo un llamado al presidente Chaves para que, en poco más de un año que le queda de mandato, intente hacer algo para que deje de ser un gobierno fallido.

Compartimos un resumen de las ideas del historiador y analista y le invitamos a escuchar sus palabras en el video adjunto.

“En el último show presidencial del pasado miércoles el presidente de la República rechazó la invitación que le hizo don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, para que ellos dos junto con ministros y funcionarios del Poder Judicial, con el presidente del Poder Judicial, se sienten a buscar la manera de mejorar las condiciones para combatir el narcotráfico y la violencia.

La respuesta del presidente fue desabrida, don Rodrigo Chávez dijo que no iba a esa reunión porque eso era hablar paja, que eso eran habladas y que lo más que podía hacer era darle a don Rodrigo Arias el rojo por la hablada que se estaba pegando. Esos fueron los términos del presidente de la República, qué lamentable, qué lamentable porque están tratando un tema fundamental, y, además, dijo que podían dar por terminadas cualquier relación de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo en el tema de la violencia y del narcotráfico, que no contaran con él, así lo dijo textualmente.

Ay costarricenses, nunca habíamos llegado a tal grado de un gobierno fallido, y vea don Rodrigo Chávez, yo sé que usted no sabe lo que es un gobierno fallido, pero voy a tratar de definirlo facilito: Un gobierno fallido se caracteriza en primer lugar por la corrupción política y usted es un signo inmenso de esa corrupción; se caracteriza por la ineficiencia policial, ¿hay que demostrárselo o simplemente leemos los periódicos todos los días?; resulta que es fallido por los altos niveles de criminalidad, ¿lo vuelvo a mandar a las páginas de sucesos de los periódicos?; se caracteriza un gobierno fallido por la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana.

Usted don Rodrigo Chávez encabeza un gobierno absolutamente fallido y empezando porque no hay autoridad, usted puede ser gritón, puede presentarse los miércoles e insultarnos a todos y mandar a sus troles a que insulten y nos denigren a todos los que le decimos que este es un gobierno fallido, que le ha fallado al pueblo de Costa Rica, pero especialmente le ha fallado porque hay vacío de autoridad, ¿y sabe qué es eso?, es que está vacante, que el poder está vacante, que está acéfalo, o sea que no tiene cabeza, porque hay una ausencia del gobernante, así de fácil y eso nos puede llevar a la anarquía.

Don Rodrigo, usted es un peligro para el país, sí ya es hora que alguien se lo diga con todo respeto, sin gritar como hace usted, sin insultar, sin agredir, al contrario, con respeto, con consideración, recordando que usted es el presidente de la república y su investidura merece ser respetada por usted y por todos.

Cambie, le queda un año escaso, pase de un gobierno fallido a un gobierno que lo intente por lo menos. Hay tantas cosas: la educación, la cultura, la economía, tantas y tantas cosas… la vivienda. Tantas cosas reclaman de un gobierno que, en vez de pensar en pelearse con la Asamblea Legislativa y los Poderes, piense en el pueblo que le dio el voto, ya no lo engañe más, ni con jaguares, ni con gatos que ni uñas tiene”.

Privatizar los sistemas eléctricos: un pésimo negocio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo y científico social
Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario

Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.

En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:

  1. Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
  2. Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
  3. Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.

Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.

El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.

En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.

Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.

Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.

En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.

En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.

Referencias

Centroamérica 360º (2023). ¿Quiénes pagan la factura eléctrica más cara en Centroamérica? Centroamérica 360º Disponible en: https://www.centroamerica360.com/economia/quienes-pagan-la-factura-electrica-mas-cara-en-centroamerica/

ElDiario.es (2022). Alemania nacionaliza la eléctrica Uniper por 8.500 millones. ElDiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/alemania-nacionaliza-electrica-uniper-8-500-millones_1_9556221.html

Gordón, I. (2022). Mesa única del diálogo acuerda ocho puntos para negociar con el Gobierno. La Estrella de Panamá. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mesa-unica-dialogo-acuerda-ocho-puntos-negociar-gobierno-IKLE474084

Guillén, S. (2024). La ruta del apagón y la privatización del ICE. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/opinion/la-ruta-del-apagon-y-la-privatizacion-del-ice/

Rojas, M. (2022). Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2021. Ciudad de México: CEPAL.

Sánchez, D. (2023). Colonenses se cansan de las fluctuaciones y protestan en Ensa. Critica. Disponible en: https://www.critica.com.pa/nacional/colonenses-se-cansan-de-las-fluctuaciones-y-protestan-en-ensa-451655

Diputada Vanessa Castro impulsa ley para la conservación de arboretos en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La diputada socialcristiana Vanessa Castro presentó a la corriente legislativa el expediente 24.804, titulado “Ley de conservación de arboretos para la biodiversidad y educación ambiental”. Esta iniciativa tiene como propósito principal la protección de especies arbóreas amenazadas en el país, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Costa Rica. Además, busca desarrollar espacios educativos y de sensibilización ambiental a través de los arboretos, los cuales estarán abiertos a ciudadanos de todas las edades y niveles educativos, promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad.

Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta es fomentar el turismo científico y educativo, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico sostenible de diversas comunidades del país. Para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los arboretos, la responsabilidad recaerá en las municipalidades y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello, se creará un Fondo Verde, cuya función será financiar exclusivamente la creación, administración y mantenimiento de estos espacios. Dicho fondo será gestionado por el SINAC y recibirá aportes del Estado, donaciones nacionales e internacionales, así como contribuciones provenientes de alianzas público-privadas.

Asimismo, el proyecto de ley plantea la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas que colaboren con la creación y mantenimiento de los arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios de cooperación. Estos beneficios incluirán deducciones tributarias sobre el impuesto sobre la renta y exenciones parciales del impuesto de bienes inmuebles, con el propósito de incentivar la participación del sector privado en la conservación ambiental.

La propuesta legislativa contó con el aporte de expertos en la materia, como el profesor Franklin Sandí Murillo, docente de biología en la Universidad de Costa Rica (UCR); la doctora Magda Cecilia Sandí, coordinadora de la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO; y el consultor peruano en ecología y conservación Héctor Alexis Luque Machaca. Con este proyecto, Costa Rica reafirma su compromiso con la conservación ambiental y la educación, apostando por la integración de la ciencia, la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.

Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa Castro.

El objetivo político más importante de la campaña electoral será cómo integrar la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los fuegos electorales ya iniciaron. El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida. Todos los partidos políticos interesados en participar en el proceso electoral nacional hacia las elecciones del primer domingo de febrero del 2026 deben estar en proceso de inscripción este mes. Ahí se cierra la lista.

En algunos partidos políticos suenan precandidatos presidenciales. En el Partido Liberación Nacional estos candidatos tienen plazo de inscripción a pocos días para ser admitidos y poder participar en una convención abierta para escoger el candidato presidencial. Aquí hay tres bien definidos y una silueta adicional que está tratando de meterse. Ramos, Taylor y la diputada que pareciera la candidata del presidente Chaves en ese partido son los más sonados. En el Partido Unidad Social Cristiano, que está partido, que no es unitario, que tampoco es social y menos cristiano, tiene dos candidatos visibles. Uno de ellos claramente identificado con la Casa Presidencial, el diputado Bojorges, que pareciera ser el candidato del presidente Chaves en ese partido. El otro, Juan Carlos Hidalgo, el presidente del Partido que ha sido obligado a renunciar a su presidencia partidaria para poder aspirar a la candidatura presidencial. Su renuncia es un absurdo político. En ninguna parte del mundo se le exige eso a un alto dirigente de un partido político. Al contrario, cuando un partido político escoge su candidato presidencial lógico es que también dirija el partido durante el período de la campaña electoral, como lo ha hecho siempre Liberación Nacional, o al menos que forme parte del núcleo director del partido. Pero, si es presidente del Partido no tiene por qué renunciar o suspender su responsabilidad partidaria, de dirigente del partido. Es tan solo una maniobra politiquera del grupo de Bojorges, contra Juan Carlos, orientada a restarle algo de poder y de supuesta influencia que podría tener como presidente del Partido en el proceso de la convención para escoger el candidato presidencial. Es como si al diputado Bojorges, se le obligara a renunciar a su condición de diputado para evitar que, desde ese puesto, y por la visión pública que le da, pudiera influir en su campaña para la candidatura. No hay nada más estúpido en la política partidaria de la Unidad Social Cristiana y del país esto que está ocurriendo en este partido. Es una falta enorme de visión política, de sensibilidad política y una gran falta de inteligencia emocional política.

Es claro que los diputados Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado serán candidatos presidenciales de sus partidos políticos.

En las otras tiendas políticas conocidas no hay a la vista otros candidatos ni precandidatos presidenciales, por ahora posibles. Una discreta publicidad de datos curriculares de Sofía Guillén pareciera está orientando una tendencia para que en el Frente Amplio se le valore como eventual candidata presidencial.

En la Guarida del Jaguar sí hay movimiento político y electoral. El presidente no descansa de intervenir en asuntos políticos electorales. No tiene medida de su beligerancia política, que la tiene prohibida constitucionalmente, pero poco le vale esa restricción porque sabe que no hay posibilidad real de someterlo a acusaciones por este motivo. Por el contrario, sabe que cualquier crítica y acción que se haga en su contra es mera propaganda a su favor, es mayor imagen pública para sus intereses electorales.

La beligerancia política electoral que tiene el presidente no es, por ahora, a favor de algún partido en particular, porque no tiene todavía un partido con el que se identifique plenamente para la próxima campaña electoral. Eso debilita las acciones en su contra.

La beligerancia política del Presidente es directa, fuerte, intimidante, contra todos los partidos políticos en general, especialmente contra Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, a los que acusó, junto al partido Acción Ciudadana, de haber gobernado el país, desde 1953 hasta su llegada al gobierno, en el 2022, de una forma dictatorial y tiránica, al servicio de camarillas empresariales de esos partidos y de los gobiernos que ellos ejercieron, siempre gobernando contra el pueblo y los intereses populares.

La beligerancia política presidencial es abierta contra los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, como principales partidos que han gobernado, que tienen sus propias bases partidarias y de seguidores.

La beligerancia político electoral del presidente es para descalificar, ante la opinión pública y el electorado, a los diputados que integran la Asamblea Legislativa, exceptuando a los ocho que le son fieles. Para él, en toda la Asamblea Legislativa está mal representada la voluntad popular, la soberanía popular. Para él ninguno de los diputados sirve. Por ello, su beligerancia política se orienta en sus diatribas a llamar a votar por nuevos diputados, por diputados que cambien toda esa representación partidaria allí expresada en la Asamblea Legislativa, para que los partidos tradicionales y los que han tenido diputados electos no vuelvan a elegir diputados.

Su beligerancia política es por su intervención política llamando a votar por nuevos diputados de nuevos partidos, que estén dispuestos a cambiar la Constitución Política, para agilizar trámites administrativos, para eliminar controles institucionales de la gestión directa del Poder Ejecutivo, para poderle dar continuidad a las políticas que su gobierno ha impulsado y materializado. Su beligerancia política es creando la imagen de que se debe continuar con las políticas de su gobierno, para lo cual hay que dominar todo el espectro político, de los tres poderes de la República, lo que ya está diciendo con vehemencia.

La beligerancia política electoral del presidente es para descalificar y hacer perder la fe y la confianza en las instituciones políticas como son la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, las Defensorías ciudadanas. Por eso reta cuando puede, con cualquier pretexto, a los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia.

Recientemente fue muy claro y directo en su discurso. Para él se necesita una Asamblea Legislativa que pueda nombrar nuevos Magistrados, para que la Asamblea Legislativa junto con la Corte Suprema de Justicia puedan armonizar mejor la acción estatal y gubernativa. Para el presidente no hay división de poderes públicos, hay acciones conjuntas que deben ser dirigidas desde el Poder Ejecutivo. Así de claro lo dijo. Bukelización, Orteguización o Maduración del país le faltó decir. Hay que reconocer que de estos tres países El Salvador, Nicaragua y Venezuela, el que más le apasiona y le tiene enamorado es El Salvador.

Con El Salvador, se dice públicamente, firmó un Pacto Confidencial. En lo que ha corrido en noticias es un pacto de gobernabilidad centroamericana, donde Bukele impulsa un nuevo proyecto unionista, sintiéndose un Morazán moderno, del Siglo XXI y Chaves se siente su segundo al mando. Pero, es también un pacto de gobernabilidad policial, para establecer en Costa Rica un sistema policial carcelario y militar como el existente en El Salvador. Es un pacto para impulsar, como en El Salvador, procesos constantes de estados de excepción, donde se suspenden las garantías, derechos y libertades por lapsos de tres meses. En El Salvador han hecho ya 32 estados de excepción de este tipo, lo que le permite al gobernante actuar prácticamente sin ningún control sobre toda la población y sobre toda la actividad política, económica y social del país.

Lo más peligroso del Pacto confidencial es lo que no se ha dicho sobre el tráfico de droga en Centroamérica, siendo Costa Rica la principal bodega prácticamente de todo el continente y de esta región. Pareciera que se buscan nuevas rutas internacionales para el narco comercio, debido a que en Europa tienen bien controlada la llegada de la droga que se exporta, con bastante tolerancia oficial, desde el Caribe costarricense, que carece de controles importantes, y desde las costas pacíficas del país, donde el Ministerio de Seguridad ha desmantelado y descuidado intencionalmente, los controles que habían, debilitando, y casi desapareciendo, los cuerpos de seguridad y de lucha contra las drogas que estaban altamente especializados en esas zonas costeras.

En el campo político electoral el Pacto de Confidencialidad abarcó el apoyo y la presencia del bukelismo en las próximas elecciones nacionales, con dos partidos políticos aparentemente en proceso de inscripción con miembros de la familia Bukele, que pueden participar en las elecciones nacionales costarricenses. Con ello posiblemente se habló del financiamiento de esos partidos y de lo se le pueda ayudar al presidente Chaves si decide lanzarse a diputado en agosto, porque la campaña a diputado va a requerir más dinero que la campaña para un candidato presidencial, debido a que para Chaves hay que hacer girar la campaña no sobre los candidatos a presidente sino sobre los candidatos a diputados, siendo él candidato.

Esto de ser correcto va a ser un reto mucho mayor para todos los partidos políticos que quedarán obligados a presentar candidatos de altos calibres políticos y profesionales.

El objetivo político para Chaves no es quien continúe en el gobierno del 2026, si seguidor suyo o no. El objetivo político más importante de esta campaña electoral probablemente será cómo integrar la Asamblea Legislativa. La lucha es por el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se puede marcar la pauta de gobierno si se tiene una mayoría legislativa fuerte, altamente beligerante e inteligente.

Queda en deuda la posibilidad de construir una gran coalición política electoral. En 1958 contra Liberación Nacional se logró una coalición de fuerzas políticas que impulsó la candidatura de Mario Echandi Jiménez. En 1966 contra Liberación Nacional se logró una coalición de fuerzas políticas que impulsó la candidatura de José Joaquín Trejos Fernández. En 1978 contra Liberación Nacional se logró una coalición de partidos políticos y fuerzas políticas que impulsó la candidatura de Rodrigo Carazo Odio. Las tres coaliciones ganaron las elecciones. Mario Echandi Jiménez, José Joaquín Trejos Fernández y Rodrigo Carazo Odio fueron nombrados presidentes de la República.

Hoy el tema no es desplazar a Liberación Nacional o a la Unidad Social Cristiana de ganar la elección. El tema es desplazar y eliminar de la institucionalidad pública lo que el presidente Chaves es, significa y puede proyectar a un nuevo gobierno, e impedir que sus afanes destructivos puedan continuar.

¿Habrá capacidad para realizar una coalición política, de la manera más amplia posible, en esta dirección? Yo lo veo difícil cuando los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana ya están con sus propias candidaturas, y cuando en el seno de ambos partidos hay fuerzas que son como agua y aceite, que se rechazan unas a otras. Solo recuerdo el esfuerzo nacional de 1943 cuando a Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Partido Republicano Nacional, encabezado por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el Partido Comunista, encabezado por Manuel Mora Valverde, los tres hoy Beneméritos de la Patria, para impulsar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, las grandes Reformas Sociales de esos años, y cómo para las elecciones de 1944, se creó la Coalición del Bloque de la Victoria, del Partido Republicano y del Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, apoyada la coalición por la misma Iglesia Católica, para darle continuidad a las Reformas Sociales. Repito la pregunta: ¿Habrá capacidad para realizar una coalición política, de la manera más amplia posible, en esta dirección?

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Defensoría urge aprobación de ley que regule el acoso laboral en el país

Escrito en . Publicado en Trabajo.

En los últimos 10 años, Defensoría registra casi 600 casos en el sector público

Durante los últimos años, a través de sus Informes Anuales, informes con recomendaciones y emisión de criterios ante proyectos de ley, la Defensoría de los Habitantes da seguimiento a la situación del acoso laboral en el lugar de trabajo en el sector público.

La intervención de la Defensoría por su competencia se ha centrado, principalmente, en la ausencia de normativa interna que regule la atención, tramitación y prevención de los casos de hostigamiento laboral en instituciones del Estado.  Esta situación se agrava al constatarse la falta de conocimiento en la materia, por parte de las personas funcionarias, tanto de los derechos que cobijan a las víctimas, como de las responsabilidades y eventuales sanciones de las que puede ser sujeto la persona acosadora.

Con su intervención, la Defensoría busca principalmente, erradicar el ambiente de indefensión, afectación a la persona acosada e impunidad a la persona acosadora, a través de una normativa que promueva las acciones para la atención, tramitación, promoción y capacitación sobre el tema en las instituciones.

Asimismo, con la adopción de normativa interna, se busca que las personas a cargo de las investigaciones logren resguardar los derechos de las personas denunciantes, tanto en lo que respecta a la interposición de la denuncia, así como del proceso de la investigación y el cumplimiento de plazos y de las etapas del proceso; principalmente en evitar la revictimización de las personas afectadas.

Además de normativa interna, la Defensoría considera urgente evidenciar la necesidad de contar con una ley nacional que regule de manera integral la materia. Por lo anterior, reitera la Defensoría el llamado a la Asamblea Legislativa en la necesidad de saldar la deuda histórica que mantiene el país, estableciendo un cuerpo normativo que defina qué es el acoso laboral, cómo se puede prevenir y tener claro cómo proceder en caso de una denuncia.

Igualmente, es oportuno señalar, que a nivel internacional, Costa Rica se encuentra entre los países que tienen pendiente la aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo (Convenio 190) el cual abre la posibilidad para que en la legislación nacional se incluyan definiciones, conceptos y se adopten las medidas y políticas necesarias para garantizar una protección efectiva a las personas que están siendo víctimas de violencia y acoso en el trabajo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presentación del libro: “Una mujer que asesinó al hijo usando como arma un río”

Escrito en . Publicado en Cultura.

Este miércoles 11 de diciembre de 2024 se presentará en la Asamblea Legislativa el libro titulado “Una mujer que asesinó al hijo usando como arma un río” de la autora Isabel Gamboa.

La presentación se desarrollará en la Sala de Conferencias en el piso-3 de la Asamblea Legislativa, a las 10:00 am. Se contará con la participación de Rafaella Sánchez y la diputada de la república Kattia Cambronero como comentaristas, junto con la autora Isabel Gamboa.