Desde la coordinación del Departamento de Participación Ciudadana, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Fundación Konrad Adenauer-Costa Rica este miércoles se realizó el conversatorio sobre seguridad alimentaria.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
Si desea conocer más de lo abordado en el conversatorio sobre el tema de seguridad alimentaria, puede verificar en el Facebook de @participacioncr y @CIAgronomos o en el siguiente video de YouTube:
Compartido con SURCOS por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
El martes 27 de setiembre de 2022 fue presentado en la Sala de Videoconferencias del edificio nuevo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Libro: “Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico y Prospectivo”, que plantea una visión país para los próximos 30 años.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica-EPPS-UNA, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, asumieron el compromiso de analizar la actualidad del país, con miras a liderar y facilitar un acercamiento desde un abordaje teórico y metodológico a partir de algunas variables estratégicas de futuro; emanadas de las diferentes temáticas abordadas en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional- entre los años 2017 y 2021 por personas académicas de la Universidad Nacional, de profesionales de otras instituciones, el aporte de personas de diversos sectores y de otras consideradas expertas.
El evento contó con la participación de: Sylvia Arredondo Guevara, Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, Gloria Navas Montero, Diputada, Vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa, Roberto Piedra Lascares, Procurador de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República, Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia de la Universidad Nacional, Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva y Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética, ambos, del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, Efraín Mejía Vindas, Vicepresidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, Waizaan Hin Herrera, Secretaria de Correspondencia y Relaciones Institucionales del Frente Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica, Carlos Felipe García, Diputado del Partido Unidad Social Cristiana-PUSC y Daniel Vargas Quirós, Diputado del Partido Progreso Social Democrático-PPSD. Asimismo, estuvieron presentes el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, escritor y director del Editorial Progreso y los coordinadores de los capítulos de libro: Daniel Cavallini Espinoza, Oscar Mario Araya Herrera y Beatriz Pérez Sánchez. Autores de algunos capítulos estuvieron presentes: José Joaquín Chaverri Sievert, Jazmín Pereira Ortega, Beatriz Pérez Sánchez, Marta Elena Hernández Barrantes, Bressia Benel Yáñez, Óscar Chavarría Torres, Gerardo Chavarría Vega, Francisco Javier Flores Zúñiga y José Rodrigo Rojas Morales.
La investigación, producción, edición y publicación de este libro, es el resultado de un esfuerzo interdisciplinario, interinstitucional, académico y científico, que busca aportar al país y a sus instituciones un análisis serio, académico y científico. Este escrito, se constituye un valioso y oportuno instrumento para la toma de decisiones para el bienestar del país.
La master Sylvia Arredondo Guevara, Académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Directora del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y Coordinadora General del Ideario Costa Rica-Diálogo Nacional, compartió con el auditorio que desde el año 1943 a la fecha se han realizado seis Idearios Costarricenses, no obstante, este sexto Ideario realizado entre el 2017 y el 2021, significó un aporte innovador desde el punto de vista metodológico y de abordaje, ya que se sustentó en un modelo de indagación-acción y de construcción colectiva, dado que, por primera vez en un Ideario se ejecuta una estrategia multisectorial y multinivel, que generó el diálogo abierto, la participación ciudadana, la transparencia, el posicionamiento y la promoción de las acciones realizadas, así como la difusión del producto de las deliberaciones, comentarios, análisis, reflexiones, críticas y propuestas recogidas en más de 600 actividades generadas por los grupos de trabajo, que elaboraron los 19 temas integrados en el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional.
Arredondo, señaló que para elaborar los 7 capítulos del libro: “Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico y Prospectivo”, se utilizó una metodología que comprendió tres etapas interactivas entre éstas y las personas participantes:
La primera refirió al diálogo recogidas de las preocupaciones de la ciudadanía en su cotidianidad, de aquellos retos y desafíos que están presentes en cada una de las temáticas y áreas.
La segunda etapa, fue constituida por las propuestas que se generaron del diálogo e interacción generado en cada una de las temáticas y áreas de trabajo, el resultado de las acciones emprendidas, valoración del contexto social, las preguntas, sus respuestas y el proceso de discusión como fruto de la reflexión, del pensamiento, del consenso y del disenso surgido en los distintos espacios.
La tercera fase, comprendió la sistematización como resultado de un análisis de las propuestas de los espacios de diálogo y su articulación en términos de: acciones de incidencia en política pública; soluciones en el corto, mediano y largo plazo; sugerencias y recomendaciones de mejora y formulación de programas y proyectos.
La académica resaltó, que en la investigación se evidencia que el Estado Costarricense no ha logrado atender adecuadamente los problemas del desarrollo del aparato productivo, la creciente desigualdad en la distribución y concentración de la riqueza, la generación de nuevas oportunidades de empleo formal y mejor remunerado, el desarrollo de inversiones en nuevas actividades productivas, que generen empleo, emprendimientos y acceso a bienes y servicios, que contribuya a reducir las asimetrías y desigualdades estructurales entre la Gran Área Metropolitana y el resto de las comunidades, regiones y territorios del país, con el riesgo que se agudicen en la actual coyuntura: “Lo expuesto en el libro busca contribuir con la búsqueda e implementaciones de acciones públicas que, desde el Estado, en toda su institucionalidad, se pueden discutir y mejorar para encontrar las soluciones necesarias a la crisis actual y la que se avecina los próximos años”, mencionó Arredondo.
La Coordinadora General del Ideario-Diálogo Nacional, afirmó que el libro es el resultado de un proceso de construcción social, con mecanismos participativos de la sociedad civil mediante el diálogo: “el cual reconoce que en la cotidianidad de la población costarricense coexisten diversas interpretaciones de la realidad, que es concebida como subjetiva y múltiple, es decir, que tiene diferentes abordajes y explicaciones, por lo tanto, no se pretende concluir en una verdad absoluta y única. Por ello, este estudio prospectivo de creación de escenarios, se pone al alcance de todas las personas e instituciones que deseen aportar ideas en torno a la mejora de Costa Rica”.
La Licda. Gloria Navas Montero, Diputada, Vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa, señaló que la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50 establece la aspiración de la sociedad costarricense de avanzar por la senda del crecimiento económico con equidad y sostenibilidad, lo que nos ha permitido alcanzar mayores niveles de desarrollo humano: “En los últimos años el deterioro de los indicadores económicos, sociales y los desequilibrios presupuestarios, agravados en 2020 por la pandemia, han generado impactos sobre las capacidades del Estado, para dar respuesta a los problemas estructurales del mercado de trabajo y al deterioro de los índices de desarrollo humano (niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica), sobre todo en los territorios fuera del Gran Área Metropolitana”.
Para Navas esta situación hace urgente definir medidas de corto y mediano plazo, para evitar mayores impactos negativos y generar un proceso de recuperación de las diferentes actividades de forma multidimensional, por ello, dijo que: “el libro que se presenta hoy al país, recoge las reflexiones y el análisis de los principales problemas del país, brinda aportes para incentivar un análisis prospectivo de los escenarios de la Costa Rica de los próximos 30-40 y de esta forma contribuir a replantear la realidad nacional”.
Para la Vicepresidenta del Directorio Legislativo, el libro aporta elementos para crear incidencia en políticas públicas, normativas y facilitar la comunicación como vehículo, para la participación de la ciudadanía, en aras del fortalecimiento democrático, así como plantear una hoja de ruta, generar propuestas, sugerencias y modificaciones a proyectos de Ley de la República, para la formulación de nuevas políticas públicas: “Deseo felicitar a los autores y editores de este Libro: “Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico y Prospectivo”; porque este aporte científico y académico se convierte en una acción estratégica necesaria e ineludible, que permite DEJAR HUELLA, para construir y fortalecer de manera abierta, transparente, inclusiva y desde la diversidad; las expresiones propias de la ciudadanía, en relación con su papel de protagonista en la construcción de los valores, que cimentan el bienestar, la solidaridad, la vida económica, social, educativa, cultural, ambiental, espiritual y política de Costa Rica”, concluyó la Diputada.
El master Roberto Piedra Lascares, Procurador de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República, expresó que la Procuraduría de la Ética Pública se hace presente, en virtud de que su institución se enfrenta a los temas de corrupción que están desangrando a la ciudadanía costarricense y al Estado: “ la procuraduría es un órgano de control externo que tiene tres funciones principales que son: prevenir, detectar y erradicar, de ahí, que el documento presentado en esta oportunidad plantea la importancia de abordar esta situación de transparencia y la lucha contra la corrupción”.
Piedra, acotó que la corrupción en Costa Rica va creciendo y los mecanismos de contención y prevención están siendo insuficientes, de manera tal que, desde la llegada de Don José Armando López, Procurador General, a dirigir la Procuraduría de la Ética, se ha hecho un esfuerzo por colaborar en todas las actividades de prevención y esfuerzos para paliar este flagelo que deteriora a la sociedad, en este sentido, la reflexión que plantea el libro permitirá acogerlo y sacar el máximo provecho.
El master Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia de la Universidad Nacional-UNA, mencionó que en un mundo globalizado y complejo como el de hoy, se hace necesario que las personas, las organizaciones, las redes y los sistemas en general conozcan y utilicen una herramienta vital para la construcción del futuro: el pensamiento prospectivo y la prospectiva estratégica, por lo que en Costa Rica se debe considerar esta iniciativa del libro que se pone a disposición, la cual brinda un marco de referencia para pensar en una serie de temas que deben verse de manera articulada y no como temas disimiles.
El Vicerrector, dijo que a la luz del panorama de los estudios sobre el futuro a nivel global, se constata el atraso relativo de la región y se apunta la necesidad de nutrir capacidades planificadoras y prospectivas para estar en posición de moldear el futuro: “y es aquí en donde las universidades públicas podemos colaborar ya que se cuentan con los especialistas que pueden aportar en la temática, ya que tenemos la capacidad de construir escenarios alternativos de futuro, hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles, promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo, establecer valores y reglas de decisión, para alcanzar el futuro deseado y proporcionar impulsos para la acción».
Para Hidalgo, la Prospectiva es la disciplina que se esfuerza en anticipar lo que sucederá, para aclarar la acción del presente a la luz de futuros escenarios posibles; y el Planeamiento Estratégico es el ejercicio que permite determinar las acciones a realizar, para alcanzar el futuro deseado considerando factores externos como internos.
La autoridad universitaria (UNA), señaló que los cambios que ha experimentado la práctica de la planificación en el período más reciente, se destaca la realización de ejercicios de visiones nacionales de largo plazo liderados o coordinados por Gobiernos y, a partir de diálogos con universidades, autoridades de planificación, estudios de caso, seminarios y actividades de capacitación e investigaciones, se identifican los desafíos contemporáneos de la planificación en la región, por ello: “ Quiero felicitar a las y los autores de este libro, con una mención especial a las personas académicas de la UNA, a la Master Sylvia Arredondo Guevara, Coordinadora General de Ideario, Costa Rica Bicentenaria-Dialogo Nacional y al Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, quienes dirigieron este proceso de investigación para lograr la publicación de este libro, de cual se espera que sea de gran aporte en la institucionalidad y con repercusiones en lo político, social, económico y cultural” concluyó Hidalgo Mora.
Al evento se apersonaron otros diputados de la Asamblea Legislativa, de ahí, que el señor Carlos Felipe García, Diputado del Partido Unidad Social Cristiana-PUSC, Presidente de la Comisión de Niñez y Juventud, destacó la labor del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el cual evidencia que se está logrando una vinculación real entre la ciudadanía con el primer poder de la Republica: “es un espacio de incidencia que fortalece la Democracia en la institucionalidad de un país como Costa Rica, con una visión a largo plazo en el marco de una institucionalidad solida que permita la sana convivencia, el crecimiento y el bienestar para todos y todas”.
Por su parte el señor Daniel Vargas Quirós, Diputado del Partido Progreso Social Democrático-PPSD, mencionó que en la Asamblea Legislativa no se viene a generan leyes y control político, sino que lo importante es que con sus decisiones se transforma la sociedad hacia aquella que se quiere para el bienestar: “eso es lo que se logra con cada decisión y con cada proyecto de ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa, transformar al país en una sociedad mejor”.
En este sentido, Vargas acotó que con cada proyecto aprobado se busca mejorar o corregir cosas que socialmente no son correctas para el bien del país: “A la hora de hablar de futuro, un tema que no se puede obviar es la inclusión desde el ser humano, pero también en lo territorial. Lo hablo desde mi Guanacaste, por Limón y Puntarenas, ya que tradicionalmente estas provincias no han sido receptoras del mismo incentivo en los diferentes sectores de desarrollo económico y social en este país. Los indicadores así lo demuestran, los índices de pobreza más altos, de educación rezagados y las posibilidades de ascenso social en nuestras provincias son muy diferentes si las comparamos con la meseta central”, señaló Vargas.
El Lic. Belisario Solano Solano, Presidente Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, expresó que se debe tener una actitud de desprendimiento total en beneficio de la sociedad costarricense: “ y en esto tienen una enorme responsabilidad los partidos políticos, que más allá de estructuras electorales que sirven para un fin de ciertos sectores y personas, deben seguir esforzándose para fortalecerse como agrupaciones pensantes e inteligentes, para velar por los intereses de los ciudadanos y la sociedad como un todo”.
Solano, expresó que coincide con lo expuesto por el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, en el sentido, de que hablar del futuro se convierte en la tarea más importante que deben afrontar quienes, inspirados en los mejores valores de la academia y la ciencia, deciden ayudar a la reconstrucción de la Patria, así, con mayúscula. De esta manera, felicitó a los autores y a las organizaciones que llevaron a buen término la publicación del libro sobre la Costa Rica del Futuro.
Durante el evento el Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA, hizo entrega del libro a la Vicepresidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, Diputada Gloria Navas Montero, a la señora Edith Paniagua, Directora de la Biblioteca Monseñor Sanabria de la Asamblea Legislativa y al diputado Daniel Vargas Quirós.
Por su parte el señor Master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, hizo entrega del libro al diputado Carlos Felipe García.
El Dr. Óscar Aguilar Bulgareli, historiador, escritor y director del Editorial Progreso, señaló que hablar en Costa Rica del futuro, no es ni lejanamente un tema ocioso o una elucubración académica más. Por el contrario, cuando a vista y paciencia de todos los ciudadanos el andamiaje institucional, político, social, económico y cultural se nos derrumba en medio de la indiferencia generalizada, hablar del futuro se convierte en la tarea más importante que deben afrontar quienes, inspirados en los mejores valores de la academia y la ciencia, deciden ayudar a la reconstrucción de la Patria, así, con mayúscula: “ Por eso, cuando se solicitó el auspicio de Progreso Editorial, no hubo ni la menor duda en ofrecerlo, pues el mayor interés y el más valioso logro, es la difusión de ideas frescas, nuevas y claras que, sustentadas en el valor del patrimonio intelectual nacional, aporten su pensamiento profundo en aquella titánica labor.
Los coordinadores de los capítulos hicieron un breve resumen de algunas ideas expuestas en el libro.
“La Costa Rica del Futuro: Una Construcción Estratégica Necesaria”.
Al respecto el Dr. Ángel Ortega Ortega Director de la Escuela de Planificación y Promoción social de la UNA), sintetizó que el capítulo I sobre: “La Costa Rica del Futuro: Una Construcción Estratégica Necesaria”, el país que todos y todas queremos heredar es un país económicamente sólido, altamente igualitario, equitativo, inclusivo, innovador, solidario y sostenible, con lo cual, se estaría aportando a las grandes deudas que, como sociedad, tenemos pendientes: desigualdad, pobreza, inseguridad, desempleo, entre otros.
En este sentido indicó que es fundamental: “Generar en este momento crucial de crisis, un esfuerzo colectivo e histórico, que fomente el diálogo fructífero y sereno, en el marco de la tolerancia y la cultura de paz, que nos conduzca hacia la renovación del pacto social entre los principales actores y sectores del país. Asimismo, crear las condiciones y las políticas públicas pertinentes para el desarrollo económico del país, pero también, para la distribución y redistribución de la riqueza”.
Ortega puntualizó que hay que continuar apostando a la educación, la salud, el desarrollo económico, la preservación del ambiente y la redistribución de la riqueza, como elementos indispensables para lograr el país que todos queremos, romper con el cortoplacismo de los procesos de planificación y pensar en un proyecto país que trascienda los periodos de gobierno, a partir de un escenario de largo plazo – el documento apuesta a uno.
El director de la Unidad Académica de la UNA agregó que es urgente, desarrollar una gestión pública de calidad y moderna, enfocada a la generación de valor y al bienestar con equidad de todas las personas ciudadanas, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, como componentes clave de la estrategia de desarrollo.
Participación Ciudadana y Gobernabilidad del Siglo XXI
El master Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, mencionó que el capítulo II: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DEL SIGLO XXI, intenta interpretar el concepto de democracia, la democracia como participativa o representativa y que existe un sesgo, un muro que las divide cuando la realidad de las dinámicas actuales, la organización, el surgimiento de redes y la circulación de la información, parece indicar que la única manera que sobreviva la democracia representativa es haciéndola realmente participativa.
Chavarría, dijo que, para construir una verdadera participación ciudadana, es necesario ponerse de acuerdo como sociedad de que se va a entender esa participación ciudadana.
Escuchar las necesidades, articular las metodologías adecuadas, para llegar a consensos y acuerdos entre los actores fundamentales y a partir de ahí se definen rutas de acción: “La construcción de democracia no puede ser un ente abstracto aparte de la realidad cultural del país donde se aplica esa participación ciudadana y que esa construcción dependerá de los espacios y de la voluntad que tenga la ciudadanía de ejecutarla”.
El director de Participación Ciudadana del Poder Legislativo, señaló entre otras cosas, la urgencia de trabajar en el fortalecimiento de las vice alcaldías municipales, impulsar la Ley Marco sobre Participación Ciudadana, Política Pública, Diálogo Social y Participación efectiva, implementar modelos de participación ciudadana desde la propia ciudadanía y con la cooperación del Estado Abierto, avanzar en la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en las actuaciones administrativas y gubernamentales, para poder responder a las demandas de la población: “Debemos definir prioridades y estrategias que fomenten políticas de cooperación en materia de gobernabilidad democrática que fortalezca la institucionalidad pública, así como generar redes gubernamentales para planificar de manera conjunta y articulada los procesos participativos, coordinar sus recursos y socializar conocimientos y experiencias, concluyó Chavarría Herrera.
Ética, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: Una Reflexión desde la Ética de la Comunicación Social
Según el master Efraín Cavallini Acuña, presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER, el capítulo III sobre: Ética, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: Una Reflexión desde la Ética de la Comunicación Social, busca abrir un diálogo plural con los insumos de los diversos contextos donde se ha debatido y reflexionado sobre esta temática.
Para el jerarca del Tribunal de Honor y Ética del COLPER, el estudio en torno a la Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, los resultados obtenidos mostraron que el país enfrenta desequilibrios importantes que podrían afectar la gobernabilidad. Aunado a esta se encuentran las consecuencias de la pandemia a nivel socioeconómico, la desinformación en medios de comunicación, así como la necesidad de mejorar la gestión, servicios básicos y del sector público para atender la ciudadanía.
Cavallini, indicó que, entre las demandas crecientes, que reclaman los ciudadanos están, el perfeccionamiento de la gestión, la mejora en los servicios básicos; en relación con la calidad. Se demandan aspectos de tiempo de respuesta, costo, calidad, competitividad e impacto. También la armonía del crecimiento y el desarrollo con el medio ambiente están presentes en la mirada del ciudadano: “ Es ineludible que hay retos claros que se enfrentan, los cuales corresponden a la formación oportuna de la ética y los valores a nivel nacional, la gestión de la riqueza por medio de la transparencia y enfrentar la corrupción mediante reglas claras, mecanismos explícitos, minimizar conductas permisivas, y que las empresas, el Estado y los gremios puedan tener claridad de su rol en la sociedad y su actuar, para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad, la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública”.
Cavallini Acuña, reafirmó que se debe incentivar el establecimiento de estrategias multisectoriales, y multiniveles, que involucren a todas las fuerzas sociales a nivel país, así como a otros actores internacionales, para combatir el fenómeno de la corrupción. Por ello, se deben forjar el destino del país bajo preceptos éticos y morales, de tal manera, que se ahuyente y se despoje el lavado de dinero, el narcotráfico, el consumo de drogas, las muertes en las carreteras, la pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana, las noticias falsas y toda forma de violencia.
“Creemos firmemente en la necesidad de aportar a la transformación del país, crear conciencia ciudadana y educar a las y los costarricenses en la construcción de una mejor vida. Es urgente replantear la figura legal en materia de comunicación social, para generar una mayor explotación de medios y canales de manera más democrática y plural, empoderando a diversos sectores sociales, que permitan la transformación y desarrollo en materia editorial, de información, formación y explotación de iniciativas de comunicación de servicio público. en democracia, libertad de expresión y luchar por ella”, concluyó Cavallini, comunicador y académico de la UNA.
El Solidarismo en Costa Rica: Los Retos de una Costa Rica Solidaria: Una Herramienta de Justicia Social y Reducción de la Pobreza
El Lic. Efraín Mejía Vindas, vicepresidente de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, comentó sobre el capítulo IV: “El Solidarismo en Costa Rica: Los Retos de una Costa Rica Solidaria: Una Herramienta de Justicia Social y Reducción de la Pobreza”, sobre este particular expresó que, el solidarismo costarricense es un producto propio, brinda soluciones a los problemas de los trabajadores, solventando sus necesidades y los de su familia, fomentando el ahorro y la creación de su patrimonio donde su principal naturaleza es la administración de la cesantía.
Mejía, dijo que para quienes trabajaron este tema, es un imperativo promover la declara ración de la Ley Solidarista (6970), así como a las organizaciones que se constituyen bajo su amparo (Asociaciones Solidaristas, Federaciones y Confederaciones), de orden público e interés social, en congruencia con la decisión de darle rango constitucional al Solidarismo al modificarse el artículo 64 de la Constitución Política.
Destacó el sentir de una parte importante de este movimiento para reformar la Ley 6970 (de Asociaciones Solidaristas), para que se les permita, expresamente y con las previsiones que el caso amerita, incursionar en nuevos ámbitos y ampliar los fines y las facultades de las Asociaciones Solidaristas. Asimismo, promover reformas en los planes de estudio de la educación formal, para que, el Solidarismo Costarricense, la doctrina que lo sustenta, sean considerados como objeto de enseñanza, estudio e investigación en Sistema Educativo Costarricense.
Para Mejía Vindas, desde la Academia Solidarita Alberto Martén y otros grupos de solidaristas convencidos con su labor, se realizan esfuerzos por fomentar la unidad nacional del Sector, enfatizando en sus conceptos fundamentales, que logre eliminar la visión mercantil existente en muchos espacios y llegar a erradicar la visión errónea de que las Asociaciones Solidaristas son entidades financieras, de esta manera, proteger los fundamentos que le dio origen a este movimiento desde 1947: “El socialismo costarricense ha logrado ubicarse como la organización sociolaboral más grande del país, convirtiéndose en una herramienta de Justicia social y que permite la reducción de la pobreza a partir del concepto de solidaridad y con propuestas que le permiten construir la armonía obrero personal”, señaló el directivo de la Academia Solidarista.
El Futuro del Trabajo de la Juventud Costarricense
El Futuro del Trabajo de La Juventud Costarricense (Capítulo V), fue abordado por el joven académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA, Master Daniel Cavallini Espinoza, quien acotó que la situación del desempleo juvenil en Costa Rica es preocupante: “al 2019 se cuenta con un 38% del desempleo juvenil para 104.000 (ciento cuatro mil) jóvenes desempleados y 146. 570 NINIS (Ni estudian ni trabajan)”.
El académico, expresó que esta situación genera desaceleración económica y pobreza que, junto con otros elementos como la variabilidad climática, la deuda nacional, el envejecimiento poblacional, la sobreexplotación de recursos naturales, las consecuencias de la pandemia COVID-19 y otros, propician un desequilibrio social. Ante esta situación, los elementos imperantes que se mencionan en el libro para la superación para el futuro son:
Enfrentar las causas del desempleo juvenil
Atención a las demandas laborales de la juventud
Una educación que fomente el desarrollo de habilidades blandas
El dominio de varios idiomas
La adquisición de competencias digitales para atender los avances tecnológicos y la globalización
Cavallini Espinoza señaló, que es pertinente y urgente poner en marcha una estrategia nacional contra la desigualdad social, atendiendo de manera directa los factores de cambio de mayor incidencia sobre la juventud. De ahí, promover el espíritu empresarial juvenil, tomando en cuenta a los públicos jóvenes de diversos territorios y sus condiciones sociales, de esta manera, impulsar el emprendimiento para los jóvenes: “Es un imperativo, procurar el apoyo económico de parte del Estado, para hacer frente a la demanda en educación, seguir la ruta para la igualdad social y la creación de oportunidades como la universalización de la conectividad, suficiente ancho de internet, acceso a tecnología.
Para el académico de la UNA, un elemento al que se le debe poner mayor atención, es el de los actores de los mercados de trabajo del futuro, es decir a la niñez y a la juventud de hoy, porque en estas generaciones recaerá la definición de futuro de las próximas décadas.
La Dignificación Personal, Social y Laboral de las Personas con Cáncer en Costa Rica
El master Oscar Mario Araya Herrera, Gerente del Proyecto para la Dignificación Personal, Social y Laboral de las personas con Cáncer en Costa Rica, hizo referencia al capitulo VI, indicando que la reinserción social y laboral de las personas con cáncer es un tema del que no existe una ley, no hay trabajo, no hay estadística de cuantas personas en su vida laboral estaban trabajando o volvían a su trabajo: “ ya que en el ámbito público muchos tenían la confianza de volver al trabajo, pero en las empresas privadas muchas personas son despedidas por estar yendo al hospital a cada rato a ponerse la quimio. Todo esto llevo a realizar un estudio, realizar talleres rurales y llamar a las instituciones públicas por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social con el área de fortalecimiento de la atención del cáncer, el Ministerio de salud y la Junta de protección social”.
Araya, expresó la satisfacción e importancia de la elaboración realizada y la presentación a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa de la propuesta de Ley, para la creación del programa de reinserción social y laboral para las personas con cáncer y sobrevivientes de esta patología, logrando la mayor cantidad de apoyo por parte de los Diputados para este proyecto.
Don Oscar Mario, expuso la necesidad de normalizar, estandarizar y capacitar las organizaciones que se dedican al cuidado de pacientes en hospitales y en sus hogares, para una atención integral oportuna, que le permita al paciente y su familia conocer y colaborar con el apoyo a la recuperación de la salud de la persona con cáncer y otras patologías dándoles calidad de vida, así como valorar y procesar información de manera sistemática, intercambiando información de los hospitales, ministerio de salud, según las encuestas nacionales de salud y los servicios de salud, para la comprensión de la problemática que enfrentan las personas con cáncer y sus familias, médicos y personal que atiende a los pacientes, así como las organizaciones. Apuntó (Araya) en la línea de desarrollar propuestas legislativas o de política pública para mejorar la reinserción del paciente en su entorno social y laboral: “Es un imperativo elaborar un Plan Nacional Integral para la atención y cuidado de salud, para los profesionales que abordan pacientes oncológicos en todo el país (Nacional, regional, comunal, territorial.
“Elaborar estudios sistemáticos de los pacientes que se atienden y su estado actual laboral (estadísticas) para determinar si están o no trabajando y por qué, de esta manera, analizar los logros y el alcance, con el objetivo de establecer estrategias de abordaje y solución para la reinserción personal, social y laboral de las personas con cáncer”, resaltó Araya Herrera, para quien, se debe trabajar con gran compromiso para impulsar la creación de equipos multidisciplinario con en las áreas de la Salud Ocupacional, Unidades de Cuidados Paliativo, Hospitales, Ministerio de Trabajo, ONGs, que le permita atender integralmente a pacientes con cáncer para su reincorporación laboral e incrementar la resiliencia social frente a riesgos existenciales y futuros.
Mujer y Política
Algunas ideas del capítulo VII: Mujer y Política fueron expuestas por las académicas, Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidente Tribunal Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y la MSc. Waizaan Hin Herrera, Secretaria de Correspondencia y Relaciones Institucionales Frente Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica, para quienes: “La deuda democrática no significaba sólo incorporar más mujeres en la política, sino hacerlo en condiciones de justicia e igualdad”.
Pérez Sánchez, comento que cuando se habla de desigualdad, desequilibrio, inequidad y exclusión es difícil no pensar en las mujeres históricamente, que es importante señalar que la mujer representa el 50% de la población y en el capitulo el eje principal fue incorporar la perspectiva de género, como un enfoque transversal construido desde diversas fuentes de investigación, que permitiera dimensionar el fenómeno de la violencia estructural como multidimensional y complejo, donde convergen disciplinas, quehaceres, miradas y discursos.
“La política, pareciera ser un campo de inequidad, un campo de conflicto y exclusión, ya que en la población hay casi tres millones de mujeres y son pocas las que han pasado por la familia legislativa, que han sido presidentas, vicepresidentas, números que se pueden contar con los dedos de una sola mano”, acotó Pérez, para quien, en los últimos 30 años se ha construido una legislación robusta, fuerte e importante, vinculada a nivel internacional y nacional con experiencias propias del feminismo costarricense, de los movimientos feministas, de los grupos organizados de mujeres y de los colectivos de mujeres. Aun así, las inequidades históricas son: los desequilibrios del salario, desequilibrios en el empleo y como las mujeres en su mayoría conforman comunidades en sectores vulnerables.
Para la académica y vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, (Pérez), es urgente armonizar y construir política pública, para elevar el nivel de vida de las mujeres, no solo en las economías domésticas y la actividad del cuido de terceros, si no la incorporación de las mujeres en actividades estratégicas, ciencias, tecnologías, educación y salud, puestos políticos y en cargos de toma de decisiones. Asimismo, crear múltiples oportunidades de formación en áreas de gestión, recursos humanos, administración, finanzas, hacer valer las cuotas de paridad en cargos en empresas privadas y públicas y por supuesto en las estructuras de poder. (Partidos Políticos, Gremios, Estado e Instituciones, Empresas y Foros etc.): “Se trata de abandonar una ciudadanía de segunda clase, para convertirnos en ciudadanas con autonomía económica y poder social y político”, dijo Pérez Sánchez.
Por su parte la MSc. Waizaan Hin Herrera, Secretaria de Correspondencia y Relaciones Institucionales Frente Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica, comentó que, para iniciar el proceso de construcción conceptual y metodológico, es necesaria la comprensión del fenómeno de la desigualdad política de las mujeres en Costa Rica: “ En el capítulo VII se busca centrar en el enfoque de llevar el conocimiento de la normativa que existe y protege los derechos humanos de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres desde la institucionalidad. Uno de los hallazgos mas relevantes de este esfuerzo multisectorial es la multiplicidad de organizaciones, iniciativas, proyectos y dinámicas de trabajo dirigidos por mujeres que existen en Costa Rica”.
Hin, agregó que sumado a los procesos de desigualdad social, económica, educativa, y cultural que sufren las poblaciones femeninas en Costa Rica, también se revela, que existen otras formas de discriminación e inequidad como manifestaciones de violencia política, de ahí que esta forma particular de discriminación impide el acceso legítimo de miles de mujeres para participar en procesos de elección popular, y de formar parte las estructuras de decisión política, dando su aporte al desarrollo nacional.
La representante del Frente de Mujeres de Partidos Políticos (Hin Herrera), señaló algunos elementos que ella considera pertinente, como es la reivindicación de las limitaciones al disfrute real de los derechos humanos y políticos de las mujeres rurales e indígenas, quienes también merecen total igualdad en el trato de la ley para acudir a las instancias de protección y defensa de sus derechos. Además citó el imperativo de educar sobre los derechos políticos de las mujeres, fortalecer los mecanismos de avance de las mujeres en las instancias partidarias, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, empoderar e impulsar a las mujeres para puestos municipales, legislativos y judiciales, así como erradicar toda forma de discriminación por género de la sociedad costarricense, en apego al mandato de género-inclusivo de los ODS y fortalecer la nación como una democracia paritaria: “ Se debe fomentar una cultura política y opinión pública sobre la importancia de la mujer en el régimen municipal, para dar a conocer las dificultades por las que atraviesan las mujeres políticas en los gobiernos locales y hacer visible su papel en la historia como protagonistas del desarrollo local a lo largo de 201 años desde que se creó el régimen municipal.
Durante el acto se disfrutó de una actividad artística a cargo del joven Michael Hernández Ramírez, estudiante de la carrera de Música con Énfasis en la interpretación y enseñanza de la Guitarra de la Universidad Nacional-UNA. Se interpretaron las melodías: Sonata k208 de Domenico Scarlatti, Pampa de Jesús Bonilla y Seis por Derecho de Antonio Lauro.
Ha sido tarea del equipo de personas académicas y profesionales sistematizar y poner en clave de gobernabilidad, todas aquellas acciones que resulten de esta lectura de la realidad (Libro Perspectivas de la Costa Rica del Futuro), con la sana intención de colaborar con el gobierno de turno y con las instituciones del Estado, pero sí, enfatizando en la necesidad de trascender la demagogia por la acción y poder aportar al fortalecimiento del bienestar, la vida económica, social, educativa, cultural, ambiental, espiritual y política de Costa Rica.
Para los autores, hoy se vive un momento -crucial- que nos obliga a proyectarnos en el futuro, tomar caminos distintos, innovadores, pues vivimos en un mundo que tiene a disposición herramientas tecnológicas que se vuelven necesarias estudiarlas, aprenderlas; se vive en un país en el que el aporte de las personas depende cada vez más de su educación, de su ética, de sus habilidades subjetivas y eso representa un gran reto como ciudadanía y como país.
Autores del Libro:
Sylvia Arredondo Guevara, Ángel Ortega Ortega, Daniel Cavallini Espinoza, Alejandra Ávila Artavia, Oscar Mario Araya Herrera, Bressia Benel Yáñez, Silvia Camacho Prado, Efraín Cavallini Acuña, Juan Carlos Chavarría Herrera, Óscar Chavarría Torres, Gerardo Chavarría Vega, José Joaquín Chaverri Sievert, Juan Rafael Espinoza Esquivel, Francisco Javier Flores Zúñiga, Waizzan Li Herrera, Marta Elena Hernández Barrantes, Jorge Loaiza Cárdenas, Efraín Mejía Vindas, Juan Carlos Mora Montero, Jazmín Pereira Ortega, Beatriz Pérez Sánchez, Giovanni Rodríguez Sánchez, José Rodrigo Rojas Morales, Fabrizio Vargas Román, Álvaro Villalobos Garro.
Por: Sylvia Arredondo Guevara- Académica Escuela de Relaciones Internacionales UNA. Efraín Cavallini Acuña- Académico Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA. Leni Corea Rivera- Estudiante Escuela de Relaciones Internacionales UNA.
Fotografía: Melissa Navarro Aguilar- COLPER Gilberto Luna Montero-COLPER Minor Solís -Asamblea Legislativa
En la Asamblea Legislativa, los que no creen en los beneficios de las vacunas anti-Covid, pero por alguna razón se han vacunado (por ejemplo para subir a un avión) «juegan» de no ser antivacunas pero repitieron información tendenciosa propia del grupito antivacunas nacional, como lo hizo Fabricio Alvarado.
Pilar no se atrevió pero no olvidamos aquél «son experimentales». Lo hicieron así ante la ministra de Salud, quien al sentirse acuerpada por los diputados evangélicos y oficialistas, se olvidó de su investidura y del lugar donde estaba, para acusar al señor diputado Óscar Izquierdo de ser machista y contrario a ella por ser joven y estar haciendo las cosas bien.
Lo cierto es que esperábamos ver y oir a la jerarca del sector Salud, resaltando información científica necesaria y, más importante, mostrando una clara disposición a proteger por todos los medios a los niños, a esos seres vulnerables que tenemos el deber de defender frente a ese fatal virus. Pero no fue así; la señora ministra Chacón Madrigal obvió hablar con la vehemencia necesaria a favor de las urgentes campañas de vacunación que extrañamos, y que no dependen de unos colones más o menos, sino de aprovechar los formidables medios de propaganda que tiene la Casa Presidencial, para algo tan fundamental como lo es la guerra contra el Sars-Cov-2.
Su actitud hizo recordar aquel adagio de que «el brujo que no cree en su brujería es mal brujo».
Y es que si antes estábamos preocupados por ver cómo se había bajado la guardia frente a la pandemia, que se puede medir en las 140 personas que lamentablemente fallecen mensualmente, ahora nos dejó profundamente frustrados, pues se percibe que los criterios políticos han desbancado a los criterios científicos.
Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.
Sr. Rodrigo Chaves
Presidente de la República
San José – Costa Rica
Cc.
Natalya Díaz Q
Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.
Sra. Paulina Ramírez P
Presidenta Comisión de Hacendarios.
Sra. Nayuribe Guadamuz R
Ministra de Cultura y Juventud.
Sr. Juan Carlos Chavarría.
Departamento de Participación ciudadana.
Señores y Señoras Diputadas
Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Estimado señor Presidente:
Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.
Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.
Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.
Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.
En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.
Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.
No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.
En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.
Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:
Considerando
1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.
2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.
3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»
4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.
6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.
7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.
8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.
9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.
10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.
11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.
Por lo tanto
Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:
– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.
– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.
– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.
– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.
– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.
– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.
– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041
-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.
– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.
– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.
Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.
Sin más por el momento se despiden,
Verónica Vado
Presidenta TUCUA
ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.
adeturismoculturalalajuelense@gmail.com
Edín Solís
Presidente ACAM
Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica
edinsolismusic@gmail.com
Mari Murakami
Presidenta de AGITEP
Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional
juntadirectivaagitep@gmail.com
Esteban Monge
Presidente AIE
Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica
presidencia@aiecostarica.com
Sergio Dávila
Presidente UTM
Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines
presidencia.jd@utm.cr
Coordinadora General AECR
Artes Escénicas Costa Rica
artesescenicascostarica@gmail.com
José G. Pottinger.
Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA
Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa
artistasalajuelsenses@gmail.com
Hazel Torrez
Presidenta
Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA
Leda Segura
Presidenta CIOFF Costa Rica
Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos
leda.segura@cioffcostarica.org
Queilor Garro
Presidente AGICUP
Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.
agicupcr@gmail.com
Álvaro Brenes Arce
Presidente
Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines
Ventas@cedeeventos.com
José Luís Solís H.
Presidente
Cooperativa de Artes R.L
coopeartescr@gmail.com
José Fabio Alvarado R.
Presidente
Sindicato de de las Artes
sindicatodeartes@gmail.com
Alberto Campos B.
Secretario General
Sindicato de la industria cultural obrera
acumestizzo@gmail.com
Antonella Sudasassi Furniss.
Representante
Unión de Directoras de Cine de Costa Rica
directorascinecr@gmail.com
Yahaira Arias
Red Nacional de Teatro Comunitario
reddeteatrocomunitario@gmail.com
Mauricio Penagos V.
Director General
director@ticodecorazon.com
Carlos Soto
Presidente
Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)
direccion@embajadoresdelswing.com
Thais Elizondo Fallas
Vicepresidenta
Asociación Cultural Musical Mestizzo.
acumestizzo@gmail.com
Anneliss López
Presidenta
Producciones Folcloricas S.A
matambufolclorcr@gmail.com
Jorge Castillo
Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.
Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas
El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:
“Estimado señor
Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.
El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).
A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.
Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´
La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos.
El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años.
Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.
Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.
Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)
Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc.
¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas?
¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?
Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana”
Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente:
“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:
Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.
No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.
O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.
Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.
Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.
En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”
Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:
“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.
Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile.
Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:
En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.
¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”
Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS
Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.
6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.
Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.
Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).
Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!
Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).
Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.
Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.
ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública:
Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil;
Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.
Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.
ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.
San José, sábado 20 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
La Fracción condena apoyo dado al individuo y aplausos que recibió durante el evento.
En la actividad estuvo presente el Comisionado para la Inclusión Social, Ricardo Sossa y otras personas funcionarias públicas.
Los hechos se dieron este miércoles 17 de agosto por la noche, durante una reunión de la comisión de la Mesa Técnica Interistitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La sede fue la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas.
Durante la actividad se le dio el micrófono a Luis Eduardo Varela Rojas, quien con orgullo afirmó que “Yo fue el que lo maté”, refiriéndose al recuperador y líder indígena Jehry Rivera, asesinado entre el 23 y 24 de enero de 2020.
Al final de su declaración fue vitoreado por las personas asistentes.
En la reunión estuvieron presentes personeros de gobierno, entre los que destacaba el Comisionado para la Inclusión Social designado por el Gobierno, Ricardo Sossa, entre otros.
“Estuvieron presentes cuando el asesino de Jehry Rivera emitió unas declaraciones sumamente violentas incitando al odio” denunció el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, sobre la presencia de Sossa y otras personas funcionarias.
Robles fue enfático en que el Gobierno debe responder por la lamentable situación durante una reunión de carácter oficial porque “toda violencia que se promueva en territorios indígenas deberá ser aclarada.”
El legislador frenteamplista anunció que desde ya la fracción exigirá por las vías oficiales las explicaciones a las autoridades correspondientes y que no se detendrá hasta que en los territorios indígenas exista paz y justicia.
El Foro de Justicia Costa Rica expone en un breve audio la necesidad de que las diputados y los diputados recapaciten y aprueben la reforma reglamentaria para transparentar mediante el voto público algunas de las votaciones lesgislativas, pues este «es un derecho».
Marcia Aguiluz, en representación del Foro de Justica explica que algunos argumentos como amenazas que han recibido y por ello prefieren el voto secreto no son aceptables. Si eso ocurre «deben ser denunciadas ante los organismos competentes para identificar a quienes hacen intimidaciones, pero eso no puede justificar que las votaciones sigan siendo secretas», dijo. Principios constitucionales como la publicidad de lo que se acuerda así como la transparencia y rendición de cuentas son base para que esta reforma se apruebe.
«El país necestia esa reforma para proteger y fortalecer la institucionalidad» señaló Marcia Aguiluz. SURCOS le invita a escuchar y compartir el audio de unos dos minutos y medio.
Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial
El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.
Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.
Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.
Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.
Información relevante sobre el caso:
¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?
Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?
Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?
Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.
