El próximo jueves 22 de mayo a las 8:30 am, continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del expediente 24.414 para la privatización del ICE.
¡Es urgente la presencia en barras para hacer presión contra esta amenaza!
¡El ICE no se vende, el ICE se defiende
El sector papero costarricense ha sido víctima de una serie de acontecimientos que, desde distintos frentes, han incrementado su ya maltrecha economía a lo largo de los últimos meses.
El pasado lunes 24 de marzo, tres representantes del sector papero nacional dieron declaraciones ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, denunciando pérdidas de hasta ¢15.000 millones a causa de políticas nacionales relativas al sector agrícola que —según indican— benefician al producto importado, el cual ha generado ganancias de hasta ¢4.500 millones a costa del producto nacional.
Los comparecientes hicieron referencia al decreto ejecutivo Nº 43853-MAG-MEIC-COMEX, aprobado en 2023, el cual facilita la importación de la llamada “papa industrial”, la cual es utilizada para la producción de alimentos procesados, como papas fritas o tostadas.
Debido al desabasto de papa en los meses recientes, que se debió en parte a la falta de estímulo en la producción por los bajos precios del tubérculo durante finales del 2023 e inicios del 2024 y la extensa temporada de lluvias de finales del 2024, el Ministerio de Agricultura levantó también la restricción para el ingreso de papa para consumo fresco, con el objeto de mantener la oferta al consumidor.
Sin embargo, esta medida tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, la papa importada compite deslealmente con el producto nacional y segundo, esta importación representa una puerta más, abierta al ingreso de nuevas plagas o enfermedades para el cultivo de la papa, que podrían aún no estar presentes en nuestro país.
El Dr. Arturo Brenes Angulo, investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) explica que el sector se vería seriamente afectado por el bajo precio con el que ingresaría la papa importada.
Por consecuencia, según lo establecido en decreto, la papa importada pasaría de tener un arancel para la nación más favorecida equivalente a un 45% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a un impuesto 14% de DAI (sin tomar en cuenta, en ambos escenarios, el impuesto del 1% por Valor Aduanero Mercancías Importadas).
Debido además a que los precios de la mayoría de las hortalizas nacionales son regulados por intermediarios, estos ofrecerían menos por un tubérculo nacional que es producido sin las subvenciones con que cuenta el sector papero en Estados Unidos, afectando aún más los pobres ingresos de nuestros productores, que cada vez tienen el panorama más difícil debido a los altos costos de las semillas e insumos para la agricultura.
De acuerdo a Brenes, las papas que usualmente se importan son tratadas previamente, en las bodegas donde se almacenan, con productos que evitan su brotación y se mantienen a bajas temperaturas para conservar su calidad. Cuando son exportadas, se mantiene la cadena de frío dentro de los contenedores en los cuales se envían. Al llegar a nuestros puertos, usualmente se rompe la cadena de frío, lo que provoca que la papa se brote y se deshidrate, afectando incluso su sabor.
El Dr. Brenes puntualizó que existe la posibilidad de que las papas importadas puedan venir infectadas con la enfermedad conocida como Zebra chip, provocada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum. Esta enfermedad se ha extendido en varios países de América Latina y aún no existe evidencia de que se encuentre en el país, por lo que debe evitarse su llegada.
Hasta ahora, se ha logrado evitar la entrada de muchas enfermedades del cultivo gracias a las medidas fitosanitarias vigentes. Es necesario recordar que la N° 7664, la Ley de Protección Fitosanitaria, resalta en el Artículo 45 la importancia de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) “asegure” que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas o la protección de los vegetales”. Sin embargo, esta misma ley facilita que los requisitos sean establecidos a través de decretos ejecutivos, lo que permite que se generen cambios en las normativas de importación.
Discusión en plenario
El pasado 21 de abril la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez usó su intervención de control político en el plenario para hacer referencia al levantamiento de las restricciones fitosanitarias para la importación de papa y cebolla.
Ramírez denunció que las consecuencias favorecen de forma desleal a cierto grupo de importadores, los sugeridos por el Gobierno y el Banco Central, afectaciones a los productores nacionales y la falta de beneficios reales para los consumidores. La congresista también hizo referencia a las enfermedades que podrían traer estas importaciones y a la competencia que supondría con la papa de mesa producida en el país.
Puede escuchar la intervención completa en el siguiente enlace:
Pronunciamiento de la Corporación Hortícola Nacional
Dentro de este mismo marco, la Corporación Hortícola Nacional se pronunció en contra de las acciones del SFE, aludiendo al peligro que sufre el productor nacional desde frentes como la competencia desleal, las enfermedades que traerán los productos y las consecuencias que vendrían con las importaciones ilegales. La organización, se manifestó siempre a favor de la defensa de los productores nacionales.
También aprovecharon para resaltar la importancia de que el SFE vele por la seguridad de los productos, proponiendo que la institución revise las lavanderías en Cartago y Zarcero, presuntos puntos de comercio ilegal en Costa Rica
Comunicado
A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.
Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.
Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.
– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm
– Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.
El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).
Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.
SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.
Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.
Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.
Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.
Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.
El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.
Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.
La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.
Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.
Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.
Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED
Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.
Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.
Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.
Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.
Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.
Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.
Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.
El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.
Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.
Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.
Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.
El pasado 1º de mayo se eligió el Directorio Legislativo, para la Cuarta Legislatura, que va desde ese primero de mayo hasta el 30 de abril del año próximo.
Para descalificarlo se ha afirmado que es un Directorio de Oposición Política. Pero ¿qué se esperaba?, si el gobierno no tiene mayoría de diputados propios, y los 8 diputados, que tiene, carecen de capacidad de negociación, lo que no les ha permitido, que al menos por “cortesía”, le dieran la posibilidad de que un diputado afín al gobierno presidiera la Asamblea Legislativa. Además, en este último año el presidente Chaves ha arreciado violentamente su discurso contra los poderes públicos y, especialmente, contra la Asamblea Legislativa y contra todos los diputados que no son afines al gobierno, o que no se someten a sus dictados y órdenes como trata de hacerlo, y los ha tratado como la escoria política nacional y como delincuentes.
En los dos gobiernos anteriores, del Partido Acción Ciudadana, con no más de 13 diputados electos, se le dio la posibilidad de que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Hubo en ese sentido gobiernos respetuosos de la independencia de los Poderes públicos y capacidad de negociación para lograr esa presidencia legislativa. Fueron presidentes legislativos del Partido Acción Ciudadana, Henry Mora Jiménez del 2014 al 2015 y Carolina Hidalgo Herrera, del 2018 al 2019.
Las elecciones nacionales, las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes de la República, y los diputados del Poder Legislativo, son dos mundos aparte, son dos escenarios diferentes, son dos procesos en los cuales el pueblo electoral, los electores, los ciudadanos, el SOBERANO, como encarnación del PUEBLO, se divide en su votación y en sus resultados.
Por un lado, se elige al presidente y por otro a los diputados. La práctica histórica nos enseña que al elegir a los diputados NO SIEMPRE los votantes que le dan la mayoría al presidente, se la dan también con mayoría de diputados. Al contrario, dan PODER LEGISLATIVO a los otros partidos para que desde la Asamblea Legislativa CONTROLEN al presidente y a sus funcionarios de gobierno. Ese CONTROL POLITICO es un instrumento del equilibrio democrático que surge del mismo proceso electoral y de la existencia misma del Estado de Derecho en la constitución de sus Poderes Públicos, con funciones propias, exclusivas e indelegables.
Un presidente tiene que saber lidiar con esta situación si desea que su gobierno resulte airoso en sus proyectos y acciones políticas. Para ello, el presidente DEBE TENER capacidad enorme de negociación, de tolerancia política y de convencimiento para trazar líneas nacionales que puedan ser avaladas por los diputados de “oposición”, como “visión país”, en el que todos están interesados. Para eso surgió la figura del ministro de la Presidencia, para colaborar en la cogestión del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se escoge para ministro de la Presidencia a personas de extrema confianza del presidente, al punto que cuando el ministro de la Presidencia habla o se pronuncia, se entiende que habla o se pronuncia el presidente de la República. Un ministro de la Presidencia sin esa fuerza y relación es como un cuadro colgado en una pared. Es un puesto que equivale a un Jefe de Gabinete o un primer ministro, como se nombra en otros países.
El Ministerio de la Presidencia se estableció en 1961, empezando en 1962 con Mario Quirós Sasso, como su primer ministro, en el gobierno de Francisco Orlich. Las funciones que se le dieron fueron de coordinar las labores interinstitucionales e interministeriales, ser interlocutor entre el presidente y los Poderes públicos, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. De allí el error político garrafal que ha manifestado el presidente Rodrigo Chaves de amenazar y de chantajear a la Asamblea Legislativa de no nombrar ministro de la Presidencia si se elegía, especialmente al frente de la misma, al diputado Rodrigo Arias Sánchez, sobre todo cuando durante los meses de mayo, junio y julio se está en Sesiones Extraordinarias, que son las que trabajan contra la presentación de Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo.
Quienes critican que el Directorio es de oposición no entienden la realidad del electorado que eligió una Asamblea Legislativa para que ejerciera control ciudadano y político sobre la gestión pública y gubernativa.
Esto ha sido así siempre en los procesos electorales. Una breve revisión histórica así lo comprueba.
En la experiencia histórica que ha tenido Costa Rica, durante el período de la Segunda República, 1948-2025, hubo años, 1948-1969, en que no se permitió participar a costarricenses con partidos propios. Sin haberles eliminado su condición de electores, se les prohibió votar por ellos mismos, por los candidatos que ellos querían. Así sucedió por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno, de julio de 1948, y por el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política, que se aprobó el 7 de noviembre de 1949, que puso fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, a Partido Vanguardia Popular y a otros partidos, cuando aparecieran miembros de ese partido en algún trámite de inscripción de partidos, lo que permitía que por ello se impugnara su inscripción. Los excluidos, los proscritos sin partido, se veían obligados a votar por la opción política que consideraran más democrática o menos conservadora de lo que se ofrecía a los votantes. Así, por ejemplo, la izquierda comunista en las elecciones de 1953 llamó a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1958 por Mario Echandi y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber contra José Joaquín Trejos. Esta es la Historia Política nacional, sin edulcorantes. ¿Por qué ponerse, por parte de algunas personas de izquierda, más papistas que el Papa cuando no encuentran o no tienen un partido por el qué votar? ¡Si lo tienen, a votar por él!
Lo que se define en esta decisión, en el momento actual de Costa Rica, es lo que se juega en el proceso electoral próximo, inmediato. MAS democracia o MENOS democracia, MAS Estado de Derecho o MENOS estado de Derecho. ¡Cuidado!, MAS libertades y derechos ciudadanos o MENOS libertades y derechos ciudadanos. ¡CUIDADO MAYOR!: la entronización de un gobierno más autoritario, avanzando hacia un gobierno dictatorial, tiránico, de tipo fascista…
En el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, hubo dos elecciones. La que se hizo para integrar la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el año 1949, y la elección de diputados en 1949, para darle una Asamblea Legislativa, debidamente integrada a Otilio Ulate, a quien se le reconoció la Presidencia de la República, anulada en marzo de 1948, que empezó a ejercer el 9 de noviembre de 1949. Esto por cuanto la Asamblea Legislativa electa en 1948 fue anulada.
El grupo militar triunfante en la guerra civil de 1948 actuó como
Ejército de Liberación Nacional, lo que motivó en 1951, que José Figueres Ferrer y su grupo constituyeran, con ese nombre, el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de ese año, para seguir participando en las elecciones en el juego electoral democrático, pudiendo quedarse como grupo militar dominante por más años en el Gobierno y en el Poder. Desde entonces existe el Partido Liberación Nacional, siendo el más viejo de los actuales partidos de este período republicano.
De los sucesos de 1948 sobrevivieron solapadamente los grupos que fueron derrotados, excepto los comunistas que sí estaban bien identificados y debidamente proscritos.
De las fuerzas que se movieron con el figuerismo, en su lucha armada, los seguidores de Ulate y los seguidores de Mario Echandi Jiménez, se fueron distanciando del figuerismo y le ofrecieron resistencia electoral, junto a los calderonistas que empezaron a manifestarse electoralmente a partir de 1953.
Durante los procesos electorales de 1949, 1953 y 1958 la Asamblea Legislativa eligió 45 diputados. A partir de 1962 se estableció la cantidad de 57 diputados.
En la trayectoria parlamentaria no siempre el partido político que ganaba la presidencia de la República ganaba la mayoría de diputados.
En los procesos electorales de 1953 y 1958 Liberación Nacional dominó mayoritariamente la Asamblea Legislativa con 20 diputados en las dos ocasiones.
En las elecciones de 1953 participaron a nivel presidencial dos partidos, Liberación Nacional que impuso el primer gobierno constitucional de José Figueres. Su opositor fue Fernando Castro Cervantes, que movilizó, con el partido Demócrata, a seguidores de Ulate, de Mario Echandi que le inhabilitaron su participación electoral, a calderonistas, y a comunistas, opositores de Figueres. Los republicanos y comunistas no pudieron participar.
En esta elección de 1953 Liberación Nacional obtuvo 30 diputados de 45.
En 1958, con la candidatura de Mario Echandi, su partido Unión Nacional, derrotó a Liberación Nacional. También participó el partido Republicano que recogía el calderonismo sobreviviente del 48. En esta ocasión el figuerismo había tenido una ruptura, una separación, que llevó a Jorge Rossi Chavarría a separarse de Liberación Nacional, y participar con partido propio, que incluyó a Miguel Brenes Gutiérrez, como segundo vicepresidente, persona de confianza de las fuerzas calderonistas y comunistas antes de 1948.
El grupo de Echandi incluyó a Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato a diputado, lo que facilitó su regreso del exilio forzado que tenía en México. El partido Liberación Nacional ganó la mayoría de los diputados, 20, de 45 diputados, el echandismo sacó 10 diputados, el partido calderonista 11 diputados y 4 diputados fueron electos por otros dos partidos. Así Echandi gobernó con una Asamblea Legislativa sin mayoría parlamentaria, y con un partido, Liberación Nacional, que prácticamente duplicaba los otros diputados. En esas condiciones Mario Echandi gobernó, vetando leyes que no le parecían y la Asamblea Legislativa resellándoselas, como era el camino constitucional establecido y respetado. Para la posteridad histórica, Mario Echandi elegantemente recogió en un libro todos sus Vetos presidenciales.
A partir de las elecciones de 1962 la cantidad de diputados que se elige es de 57, siendo la mayoría parlamentaria de 29 diputados.
De todas las 18 Asambleas Legislativas electas desde 1953 hasta el 2022, Liberación Nacional ha tenido 14 veces la mayoría de los diputados desde 17 hasta 33 diputados electos. La Coalición Unidad que eligió a Rodrigo Carazo tuvo la mayoría legislativa con 27 diputados en 1978 y fue la segunda fracción más grandes en 1982 con 18 diputados. La Unidad Social Cristiana tuvo la mayoría legislativa en 1998, con 27 diputados siendo la segunda Liberación Nacional, con 23, y en el 2002 la Unidad Social Cristiana logró 19 diputados, Liberación Nacional 17 y Acción Ciudadana, que surgía en ese momento, tuvo 14 diputados.
No se ha superado la cifra de 33 diputados para un partido político en la Asamblea Legislativa. El presidente Rodrigo Chaves, en su campaña abiertamente contra todos los partidos políticos existentes, y contra los que están en la Asamblea Legislativa, en sus tribunas políticas y beligerantes de los miércoles, ante cualquier micrófono y medio de comunicación que se le presente, como el pasado 5 de mayo, en la Asamblea Legislativa, ha venido insistiendo que SU MOVIMIENTO DE JAGUARES, debe sacar 40 diputados en el 2026.
En su perorata del 5 de mayo bajó la cifra a 38 diputados, que es el límite de la mayoría calificada de los 38 diputados importante para hacer grandes reformas institucionales.
En las elecciones del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 Liberación Nacional mantuvo la mayoría de los diputados en 25, 24, 18, 17 y 19 correspondientemente.
En las elecciones del 2010 Acción Ciudadana obtuvo 11 diputados, el Movimiento Libertario 11 diputados y la Unidad Social Cristiana 6 diputados. En la elección de 2014 Acción Ciudadana, que era partido gobernante, obtuvo 13 diputados y en el 2018, que también fue partido gobernante, tuvo 10 diputados y la Unidad Social Cristiana tuvo 9 diputados.
En la elección del 2022, el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia obtuvo 9 diputados, al igual que la Unidad Social Cristiana. Los otros partidos obtuvieron 6 diputados cada uno.
En 1962, con Francisco Orlich, Liberación Nacional ganó la presidencia y la mayoría de 29 diputados, de los 57 que constituían la Asamblea, como es hasta hoy su integración parlamentaria. El resto se lo repartieron tres partidos, entre ellos el Republicano Nacional con 18 diputados.
En 1966, bajo el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que ganó con una coalición contra Liberación Nacional, se impuso una mayoría legislativa de Liberación Nacional de 29 diputados, y el resto se repartió entre tres partidos. De ellos, 26 de la Coalición Unidad.
En la elección de 1970, José Figueres se impuso y Liberación Nacional logró 32 diputados, la Unidad Nacional logró 22 y tres diputados más entre dos partidos. Dos de estos diputados abrían el camino de la participación de la izquierda en las elecciones, a partir de entonces, con la elección de Manuel Mora Valverde y Marcial Aguiluz Orellana.
En la elección de 1974, con Daniel Oduber, Liberación Nacional sacó 27 diputados y el resto se repartió entre siete partidos políticos, entre ellos Unidad Nacional con 16 diputados y 14 diputados repartidos entre seis partidos.
La elección de 1978 que ganó Rodrigo Carazo, con una coalición obtuvo 27 diputados, Liberación Nacional 25 y tres partidos más lograron el resto de 5 diputados. El gobierno de Carazo tuvo oposición mayoritaria legislativa.
La elección de 1982 impuso la presidencia de Luis Alberto Monge con 33 diputados. Los restantes se dividieron entre cuatro partidos, la Coalición Unidad tuvo 18 diputados.
La elección de 1986 que llevó a la primera presidencia a Oscar Arias, Liberación Nacional logró la mayoría de 29 diputados y los restantes 28 se los distribuyeron cuatro partidos.
La elección de 1990, que la ganó por primera vez la Unidad Social Cristiana con Rafael Ángel Calderón, también le dio la mayoría de 29 diputados al PUSC, y los restantes diputados se los distribuyeron cuatro partidos. Liberación obtuvo 25 diputados.
En la elección de 1994 que ganó José María Figueres Olsen, Liberación Nacional logró 28 diputados, el PUSC eligió 25 y cuatro partidos lograron 4 diputados.
En las elecciones de 1998 la presidencia la logra Miguel Ángel Rodríguez con 27 diputados, Liberación Nacional con 23 y cinco partidos logran 7 diputados.
A partir de las elecciones nacionales del 2002 surgen las segundas rondas electorales para definir la presidencia de la República. Pero, en cada una de esas elecciones se definieron desde las elecciones de febrero, en las primeras rondas, la composición de la Asamblea Legislativa.
Elecciones con segunda ronda electoral fueron la del 2002, 2014, 2018 y 2022.
La elección del 2002 la gana Abel Pacheco, con el PUSC, que logra 19 diputados, Liberación Nacional obtiene 17 diputados, y el Partido Acción Ciudadana, que participa por primera vez, logra 14 diputados. Otros 7 diputados se distribuyeron entre dos partidos.
La elección del 2006 condujo a Oscar Arias a su segunda presidencia constitucional, sin segunda ronda, en la cual Liberación Nacional logra 25 diputados, el partido Acción Ciudadana 17 diputados y seis partidos se distribuyen 15 diputados, entre ellos la Unidad Social Cristiana con 5 cinco diputados.
La elección del 2010 elige por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, a Laura Chinchilla Miranda del partido Liberación Nacional, que logra 24 diputados, el partido Acción Ciudadana 11, y 22 diputados se los distribuyeron seis partidos.
La elección del 2014, con segunda ronda, con un candidato presidencial de Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, que públicamente rehusó participar en la segunda ronda, sin poderse retirar oficialmente, llevó a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana, momento histórico en que se superaba el tradicional bipartidismo presidencial entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
Hasta este momento la historia de las elecciones presidenciales había girado entre Liberación Nacional y sus opositores históricos que culminaron en la Unidad Social Cristiana. Se iniciaba la época del tripartidismo, cuando tres partidos políticos obtenían la Presidencia de la República.
La elección del 2014 impuso una mayoría parlamentaria de Liberación Nacional de 18 diputados, 13 de Acción Ciudadana, 9 del Frente Amplio, 8 de PUSC y 9 diputados de otros 5 partidos.
La elección del 2018, en segunda ronda electoral, de nuevo lleva al partido Acción Ciudadana al gobierno. Una elección muy reñida en la cual Liberación Nacional no quedó como alternativa final de las elecciones, siéndolo el partido Restauración Nacional que postuló a Fabricio Alvarado.
Por primera vez, en su historia Liberación Nacional no llegó a gobierno ni a finalista de una segunda ronda. La Unidad Social Cristiana ya estaba ausente de estas posibilidades desde la elección del 2006.
En la elección del 2018 Liberación Nacional logró 17 diputados, el partido Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, la Unidad Social Cristiana 9 y 7 diputados se los distribuyeron 3 partidos.
La elección del 2022 quebró la tradición. Impuso un nuevo partido político, recién hecho para esa elección, Partido Progreso Social Democrático, que llevó en una segunda ronda a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia, que se le termina en mayo del 2026, y sacó del escenario electoral al partido Acción Ciudadana, que no obtuvo ni siquiera un diputado, luego de tener dos gobiernos seguidos. Con Rodrigo Chaves inauguramos el tetrapartidismo en el gobierno: cuatro partidos han ejercido el gobierno de la República.
¿Iremos en la próxima elección, de febrero del 2026, a un pentapartidismo, a otro partido nuevo en el gobierno de la República, a uno de los jaguares que impulsa el presidente Chaves? Como posibilidad esto puede darse. No hay que dormirse si no queremos que esto suceda.
El comportamiento del electorado en las últimas dos elecciones es interesante. En la del 2018 en la primera ronda hizo surgir peligrosamente como primer finalista a Fabricio Alvarado con una bandera muy anti derechos humanos, y a Carlos Alvarado por el contrario, como el abanderado defensor de los derechos humanos. La segunda ronda se definió en un esfuerzo muy apretado a favor de Carlos Alvarado, que estaba en el segundo lugar finalista.
La elección del 2022 llevó a la segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional, como primer finalista y, sorpresivamente, a Rodrigo Chaves como segundo finalista, triunfando Chaves en la segunda vuelta, con una desmovilización y abstencionismo grande en contra de Figueres y de Liberación Nacional, que fue lo que resultó electoralmente.
¿Se repetirá algo así, en el próximo proceso electoral, frente a una opción emergente, nueva, que enfrente en el leguaje beligerante del presidente Chaves a todos los partidos políticos, especialmente a los tradicionales, a todos los que han tenido diputados en el pasado y en esta Asamblea Legislativa?
Esto es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La ciudadanía activa, consciente y preocupada por el devenir de la Patria debe poner las barbas en remojo.
El nuevo Directorio legislativo es lo mejor que le ha ocurrido a la Asamblea Legislativa, para su última Legislatura.
Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez (PLN),
Vicepresidencia: Vanessa Castro (PUSC),
Primera secretaria: Carlos Felipe García (PUSC),
Segunda secretaría: Gloria Navas (independiente),
Primera prosecretaría: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático),
Segunda prosecretaría: Geison Valverde (PLN).
El oficialismo, con sus diputados independientes, intentó entrar en este Directorio. La presidenta del Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar fue electa sin ser candidata oficial del grupo de diputados que constituye el apéndice legislativo del presidente Rodrigo Chaves.
La Presidencia en la figura del diputado Rodrigo Arias Sánchez se lució en el reconocimiento que le dieron los diputados en su nombramiento. Más se distinguió, y fue el ejemplo claro de la importancia de su nombramiento, cuando tuvo que contestar, el 5 de mayo, el discurso de plaza pública, de carácter electoral, que hizo el presidente Rodrigo Chaves, atacando a los diputados y a los poderes públicos, desmintiéndole y confrontando elegantemente su perorata, que no tenía nada de “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”, como establece su obligación constitucional de hacer.
Rodrigo Arias volvió a mostrar su Señorío, su Don de gentes, su cultura y educación que le caracterizan, su capacidad discursiva respetuosa, pero firme, sin dobleces, con la frente en alto y con la energía que le da el ser el Representante más distinguido del pueblo costarricense que dirige la Asamblea Legislativa.
Rodrigo Arias se levantó orgullosamente como el gran defensor del Estado de Derecho y de las libertades y derechos amenazados por el inquilino de Zapote.
Compartido con SURCOS por el autor.
Mañana Primero de Mayo se concentran cuatro eventos en el Calendario de la Patria muy importantes.
El Primero, el 168 aniversario de la Rendición de William Walker, el filibustero estadounidense que quiso apropiarse de Centroamérica, de las cinco repúblicas y convertir a nuestros pueblos en pueblos esclavos de los Estados sureños de los Estados Unidos. Walker durante su estancia y ocupación en Nicaragua, estableció por un breve periodo la esclavitud, habiéndose declarado presidente de ese país.
La rendición de William Walker es lo que motiva la celebración del Primero de mayo como día feriado nacional. Así lo estableció el presidente Juan Rafael Mora quien dirigiera como gran estratega y conductor táctico al Ejército Nacional en esa lucha, librada en los territorios de Costa Rica y de Nicaragua. La celebración obligatoria la estableció a partir de 1858 en todo el territorio nacional.
Lamentablemente en el día feriado ni en la celebración del día Primero de mayo se usa, o se acostumbra a relacionarlo con esta fecha que da su origen de día feriado y Fiesta Nacional. La prensa y los medios de comunicación no acostumbran a recordar esta fecha, con este contenido.
Los filibusteros eran en leguaje contemporáneo mercenarios, que con ejércitos privados, se prestaban o servían a gobiernos para iniciar o desarrollar guerras con objetivos económicos y políticos.
El segundo evento es la celebración del Primero de mayo como día internacional de los trabajadores. Se originó en las luchas que se dieron a partir de 1880 en Estados Unidos y Europa, que culminaron en los sucesos y grandes huelgas de trabajadores de 1886, en la ciudad de Chicago. En Estados Unidos se acostumbraba que cada primero de mayo los trabajadores y sus empleadores, en asambleas directas, pactaban los contratos de trabajo para el siguiente año.
La Federación Americana del Trabajo, sindicato que todavía existe con sede en Washington, y la Organización de los Caballeros del Trabajo, que agrupaba trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y amplios sectores obreros, plantearon en sus Asambleas y Congresos realizados que el primero de mayo de 1886 se realizara la petición en los contratos de trabajo de la ocho horas diarias, como cláusula fundamental. Casi un millón de trabajadores se mantuvo en huelga por varis meses. En los primeros días de mayo la tensión fue muy grande y en la ciudad de Chicago se produjeron importantes disturbios, con heridos y muertos. A los principales dirigentes obreros de la huelga los capturaron, les siguieron un juicio totalmente amañado y los condenaron a muerte. En 1890 judicialmente corrigieron el juicio indicando que no habían tenido responsabilidad en aquellos incidentes, pero ya los habían matado. A esos dirigentes de les recuerda como los Mártires de Chicago. Ellos fueron August Spies, George Engel, Samuel Fielden, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons y Oscar Neebe. Su lucha fue por la jornada de ocho horas, el hacer valer la máxima «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa». Las mujeres en esas luchas pedían el mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral.
Las huelgas de 1886 lograron la jornada de ocho horas que se impuso, en términos generales, para el 80% de los trabajadores de los Estados Unidos. En 1888 la Federación Americana del Trabajo volvió a convocar para que el primero de mayo de 1890 se volvieran a realizar huelgas y manifestaciones para lograr la jornada de ocho horas de manera obligatoria en todos los Estados Unidos. Con este motivo dos congresos obreros socialistas, que se realizaron en París en 1889, acordaron sumarse a estas luchas, de manera internacional, a partir de 1890, y el Congreso reunido en la Sala Petrelle, acordó declarar el Día Primero de Mayo, como un día que debía celebrarse a partir de esa fecha de manera perpetua, para que cada primero de mayo, de cada año, los trabajadores se movilizaran demandando esta jornadas, hasta que así se aprobara definitivamente y para que, cada primero de mayo, se hiciera un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido y se hiciera un planteamiento de luchas sociales y obreras para el año venidero. Así se estableció esta fecha, que en Costa Rica, con ese contenido se empezó a celebrar desde 1913. En el desfile de ese año, el discurso realizado por Joaquín García Monge ligó la fecha de la rendición de Walker con la de las luchas de los trabajadores.
La jornada de ocho horas de trabajo se empezó a a luchar en esa década. Desde 1918 se intensificó. A inicios de 1920, en febrero, se logró ganar para el sector público y se mantuvo un estado de huelgas y protestas que hicieron que en diciembre de 1920, el gobierno estableciera la jornada de trabajo en el país en ocho horas diarias, con cuarenta y ocho horas semanales.
En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que hoy forma parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, a la que años después se integró Costa Rica. El Primer Convenio de Trabajo aprobado por la OIT fue el del establecimiento de la jornada de ocho horas diarias. Hoy la OIT, fortaleciendo los derechos de los trabajadores ha aprobado jornadas de seis horas diarias, sin disminución del salario, para trabajadores de algunos países europeos que han rebajado la jornada diaria y semanal de trabajo, como conquistas sociales de los trabajadores, avaladas por sus gobiernos.
En Costa Rica desde inicios de este siglo ha habido tendencias y presiones en la Asamblea Legislativa para elevar la jornada de trabajo a doce horas diarias, por cuatro días consecutivos, manteniendo la jornada de 48 horas a la semana. En este momento el proyecto de Ley de esta jornada de trabajo esclavista se encuentra en trámite legislativo, por impulso del actual gobierno y presidencia de Rodrigo Chaves Robles.
La manifestación convocada para mañana debe servir para presionar a los diputados para que no aprueben esta jornada de trabajo.
El tercer evento, asociado a esta fecha, es la elección del Directorio Legislativo, del grupo de diputados que debe dirigir la Asamblea Legislativa en su última Legislatura, período de tiempo que va desde el primero de mayo del 2025 al 30 de abril del 2026. La elección cobra relevancia porque el presidente Rodrigo Chaves Robles ha venido atacando despiadadamente a la Asamblea Legislativa, como institución y como Poder de la República, y a sus integrantes, los diputados, como lo peor del ambiente político institucional, y pintando a algunos diputados, entre ellos al presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, como un malhechor o delincuente. A ellos se refiere con los peores adjetivos, con insultos y ofensas a sus cargos y a sus dignidades personales.
El presidente Chaves ha hecho de su enfrentamiento con la Asamblea Legislativa una invasión y una intromisión a la autonomía, independencia y soberanía que la Asamblea debe tener. Ha hecho de su enfrentamiento un problema biliar, hepático, personal, de lucha de rufián callejero, sin ningún respeto ni decoro. Ha amenazado a la Asamblea Legislativa, a sus diputados de que no deben reelegir al presidente Rodrigo Arias Sánchez, como presidente legislativo, advirtiendo que si lo hacen no nombrará ministro de la Presidencia, y que romperá vínculos institucionales con el Poder Legislativo. Está llamando a los diputados a votar contra Rodrigo Arias Sánchez, a apoyar a cualquier otro diputado que se le enfrente. Esta semana postuló a uno de los diputados de lo que se conoce como la fracción oficialistas, que son ocho diputados rebeldes del Partido Progreso Social Demócrata, que llevó a la presidencia de la República a Rodrigo Chaves Robles.
El presidente Chaves logró penetrar las estructuras de los partidos “no oficialistas” impulsando tendencias divisionistas frente a la candidatura de Rodrigo Arias Sánchez. Así en la Unidad Social Cristiana en un momento logró desarrollar la tendencia feminista, también en el partido Nueva República, que postularon mujeres, manteniendo la tesis de que una mujer es la que debe dirigir la Asamblea Legislativa. La candidata de la Unidad Social Cristina se retiró de su postulación, pero se mantiene dividido el partido por los burros, caballos y yeguas de Troya que logró introducir en esos partidos.
Impulsó el presidente Chaves la tesis de que hay que renovar la presidencia legislativa, como parte de un mecanismo democráticos. Sin embargo, en el grupo “oficialista” de diputados sostienen la tesis de que es necesaria la jefatura por cuarto año consecutivo para la diputada mentirosa Pilar Cisneros. Igual ha sucedido con el partido Nueva República, en que su principal diputado y dirigente, también aspirante presidencial, Fabricio Alvarado, de nuevo asumirá la jefatura de su fracción de diputados. Pareciera que el diputado Eli Feinzaig también repetirá su jefatura de fracción y de candidatura a la Presidencia. Estos personajes objetan, como necesidad de cambio en la dirección, que Rodrigo Arias Sánchez repita la jefatura presidencial de la Asamblea Legislativa, pero ellos defienden su relección continúa. ¡Vaya farsa e hipocresía!
La sorpresa ante esta decisión, ante esta elección parlamentaria, en este momento tan importante para el país, la da la fracción legislativa del Frente Amplio, que ha señalado que apoyará al candidato que está ofreciendo el presidente Rodrigo Chaves Robles, que está tratando de dinamitar todo el aparato institucional y democrático del país y que arreciará con la intención de aprobar la jornada esclavista de las 12 horas diarias de trabajo. Esto, sí es así, va a ser un error político enorme en la fracción legislativa del Frente Amplio, que hasta ahora se ha desempeñado con buena imagen pública.
En esta elección legislativa no caben posiciones intermedias, ni neutras, de ir a votar los votos. Provocar en este momento una presidencia pro gobierno chavista es lo peor que le puede ocurrir al Poder Legislativo y al país, y al proceso democrático nacional. En juego están muchas cosas, que pueden caer en el ámbito parlamentario para su trámite legislativo, entre ellas el posible trámite de levantamiento de la inmunidad política al presidente de la República para que se le sigan procesos judiciales, o el apoyo legislativo para un estado de excepción, de fuerza, que está preparando el presidente Chaves, que viene amenazando con un posible fraude electoral y con una necesaria defensa de la democracia, de su democracia.
No es el momento de valorar sentimientos o resentimientos personales de Rodrigo Arias Sánchez. Si se le ha elegido tres veces para que dirija la Asamblea Legislativa hay las mismas motivaciones para que así continúe al frente. Motivaciones más fortalecidas por cuanto es quien ha dado la cara y ha puesto el pecho en defensa de la institucionalidad nacional, y la independencia legislativa y sus diputados, frente a los ataques despiadados del pachuco inquilino de Zapote.
Aquí, en esta elección, no exagero decirlo, se está decidiendo el futuro de la próxima elección, no para que la gane Liberación Nacional sino para que no la gane el partido político que Rodrigo Sánchez apoye. Eso es lo que está en juego, la primera derrota, de Rodrigo Chaves Robles en su camino a la toma de la Casa Presidencial, en el 2026, y su posibilidad de que a quien él apoye tenga también 40 diputados.
Ya Natalia Díaz, anunciando su no doble postulación, avisó que ella podría ser la ungida presidencial de Rodrigo Chaves, y que su partido podría ser el que le abra la puerta la postulación a diputado de Chaves, para lo cual de paso, anunció, que ella espera elegir 20 diputados. En las elecciones municipales dio una gran sorpresa al dominar diez alcaldías. De manera que hay que ponerle atención. NO deja de ser una buena y atractiva candidata ante el electorado. A Laura Fernández, la otra candidata cercana al presidente Chaves también la están presentando como en una pasarela a Miss Presidenta. Ya avanzan los partidos jaguares en su proceso de inscripción. El resto de los partidos están bastante dormidos, sin presencia pública, sin mensajes al electorado, sin definiciones claras.
El cuarto evento asociado al primero de mayo, es la obligatoriedad presidencial de entregar un informe a la Asamblea Legislativa, en esta fecha, sobre el “estado” de su gobierno, sobre el “estado” en que se encuentra el país. El informe presidencial debe indicar cuál es el rumbo que tiene el país, qué ha logrado, qué tiene pendiente.
El informe debe ser presentado el primero de mayo. Para su lectura se habilita la siguiente sesión parlamentaria. Por la naturaleza de este fin de semana, con el viernes atravesado, que no es de trabajo parlamentario, salvo que excepcionalmente así lo establezcan los diputados, cosa que no hicieron, corresponde ser leído en la sesión parlamentaria del próximo lunes.
No es obligatorio que el presidente lo tenga que ir a leer. Es lo que se ha usado tradicionalmente con un acto solemne y protocolario del mayor nivel, con todo el cuerpo diplomático invitado, y las altas autoridades de gobierno y eclesiásticas. Pero, como el presidente esta “agarrado” y “berrinchoso” con la Asamblea Legislativa, bien podría suceder que si nombran a Rodrigo Arias como Presidente del Poder Legislativo, y en el acto de lectura o presentación del Informe presidencial, también estarán los “enfermos” de la “metástasis cancerosa” de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala Constitucional, de la Sala Tercera de la Corte, la Contralora General de República y otros posibles “enfermos” que el presidente quisiera “curar”, o “enterrar” si pudiera hacerlo, para gobernar sin controles, el presidente para “no contagiarse” de las pestes que les menciona que tiene, puede no asistir a leer el Informe, lo que tendría que hacer el Secretario de la Asamblea lecto el primero de mayo.
El presidente también se burló y habló mal de la Asamblea y sus diputados por no haber habilitado el viernes para la presentación de su informe. En este asunto de traslado de fecha pinto a los diputados como “vagabundos”.
Esto es lo que tenemos a la vista frente al jueves Primero de Mayo próximo.
Compartido con SURCOS por el autor.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA), participó en un foro en la Asamblea Legislativa, para destacar la importancia de las redes de monitoreo geodinámicas y meteorológicas en Costa Rica, en el marco del expediente de ley 24.738, que busca garantizar financiamiento estable, mediante la reforma a la Ley Nacional de Emergencias N.8488.
En el evento participaron como panelistas: Cristina Araya, coordinadora de la la Red Sismológica Nacional (RSN), Diego Hidalgo, director del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Esteban Chaves, director de Ovsicori-UNA. Además de autoridades de la UNA y Rosaura Méndez, legisladora de la República, proponente de la iniciativa de ley.
Cabe destacar que, previó a la presentación de monitoreo para la gestión del riesgo, funcionarios de los institutos realizaron la presentación de varios equipos de primera punta, los cuales requieren de recursos económicos permanentes para su adecuado funcionamiento.
Esteban Chaves, director de Ovsicori-UNA, explicó que la red instrumental del observatorio está compuesta por un conjunto robusto y tecnológicamente avanzado de estaciones y laboratorios que permiten la observación en tiempo real de la actividad sísmica, volcánica y tectónica. “Esta infraestructura incluye 90 estaciones sismológicas de alta sensibilidad, con una inversión aproximada de $32.000 por unidad, lo que representa un total de $2.88 millones. Estas estaciones permiten detectar y localizar con precisión los sismos que ocurren dentro y fuera del territorio nacional, información fundamental para la toma de decisiones y la emisión de alertas tempranas “destacó Chaves.
En cuanto al monitoreo volcánico, se cuenta cinco estaciones Differential Optical Absorption Spectroscopy (Doas), para medir emisiones de gases volcánicos, con un costo estimado de $30.000 ($150 mil en total), así como siete cámaras de vigilancia volcánica de $6.000, cada una. Lo que representa un total de $42.000. Herramientas esenciales para evaluar cambios en la actividad superficial de los volcanes activos y anticipar posibles erupciones.
Chaves agregó que la red también incluye 77 estaciones Global Navigation Satellite System (Gnss), para el monitoreo de deformaciones del terreno, clave para estudiar tanto procesos volcánicos como tectónicos. Cada estación tiene un valor aproximado de $20.000, lo que suma alrededor de $1.54 millones. “Esta información es crucial para entender el movimiento de placas y la acumulación de esfuerzo en zonas de subducción y fallas activas”, subrayó el experto.
Además de estas estaciones, Ovsicori cuenta con un laboratorio de Geoquímica con una inversión cercana a los $300.000 y un laboratorio de Petrología con un valor de $250.000, los cuales permiten analizar muestras de gases, aguas termales, cenizas y rocas, que brindan información clave sobre los procesos internos de los volcanes.
Chaves expresó que toda esta infraestructura se articula mediante servidores especializados, con una inversión cercana a los $700.000, lo que permite el almacenamiento, procesamiento y distribución en tiempo real de los datos recolectados.
En conjunto, esta red representa una inversión aproximada de $5.862 millones, con el fin de respaldar la seguridad, el conocimiento científico y la resiliencia del país ante procesos naturales extremos generados en el interior de la Tierra. Es por esto, que el mantenimiento de la red instrumental completa necesita una inyección anual de ¢600 millones, utilizados solo para la operación continua, el mantenimiento y la expansión de la capacidad ya instalada.
El proyecto de ley
La iniciativa, “Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.8488, para establecer un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico”, la cual se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, el cual propone que el Ovsicori-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se financiarán de manera permanente del aporte del 0.60% (cerca de ¢2.000 millones) de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país.
En resumen, el Ovsicori percibirá un 35% (alrededor de ¢600 millones anuales) de los fondos recaudados para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos, necesarios para realizar las actividades de monitoreo en Costa Rica. En caso de existir algún remanente, estos fondos se destinarán al equipamiento y fortalecimiento de la investigación en amenazas sísmicas y volcánicas.
Chaves aseveró que más allá de las cifras, esta red instrumental es un verdadero escudo científico que protege a cada familia costarricense. Gracias a ella, hoy se pueden anticipar desastres, tomar decisiones informadas y construir una cultura de prevención. “Es un esfuerzo que trasciende lo académico y técnico: es una herramienta al servicio de la vida, de nuestras comunidades, de nuestros hijos y del futuro del país”, concluyó el científico.
Recursos permanentes
Para Araya, los fondos son esenciales para poder mantener las redes que ya tenemos instaladas, el mantenimiento de los equipos, baterías, GPS. Paneles solares no solo el mantenimiento, sino que también nos ayudaría a poder actualizar algunos equipos, mejorar la ubicación de las estaciones. Mejora la transmisión de los datos.
Gerardo Jiménez, vicerrector de Investigación de la UNA, comentó que el proyecto beneficia a un instrumento de prevención de suma importancia para salvar vidas y fortalecer el desarrollo.
Para la diputada Méndez, es urgente dotar de recursos a estas instituciones de forma permanente con montos reales, no como se había ejecutado con el transitorio del fondo nacional de emergencia. “Vimos una amplia y clara exposición de los representantes de las redes de monitoreo y cómo articulan con instituciones como el ICE y los cuerpos de primera respuesta. Es una necesidad país invertir en la mitigación de desastres naturales”, dijo Méndez.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.
En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.
En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.
La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.
Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.
En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.
El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.
Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.
En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.
En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.
Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.
Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.
La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.
Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.
En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.
En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.
El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.
En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.
Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.
Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.
De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.
El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.
En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.
El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.
Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.
La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.
El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.
El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.
Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.
El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.
La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.
Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”
Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.
La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.
En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.
En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.
En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.
Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.
Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.
Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.
Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,
En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.
En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.
En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.
La Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR) organiza el conversatorio «¿Combo 2.0? Los peligros del proyecto de ley de armonización eléctrica», programado para este jueves 24 de abril a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede Occidente en San Ramón.
El evento analizará el Proyecto de Ley 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional» y los posibles impactos que tendría para el país en caso de aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Las personas expositoras invitadas son Sergio Ortiz Pérez, trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y presidente del sindicato ACOTEL; Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía de la Sede Occidente UCR; y Mariana Porras Rozas, activista de COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica.
El conversatorio será transmitido en vivo a través del canal de YouTube «Universidad de Costa Rica Sede de Occidente». Las personas interesadas pueden acceder mediante el enlace: https://youtube.com/@universidaddecostaricasede1503
La actividad es organizada por la Sección de Historia y Geografía de la Sede Occidente, con el apoyo de varias organizaciones ambientalistas y sindicales, incluyendo COmunidades ECOlogistas La Ceiba, la Federación Ecologista (FECON) y ACOTEL.
Las organizaciones convocantes invitan a la ciudadanía con el mensaje: «El ICE no se vende, el ICE se defiende» y «Ríos para la vida, no para la muerte».