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Etiqueta: asentamientos informales

Costa Rica construye más vivienda, pero cada vez menos hogares logran financiarla revela nuevo informe

El estudio fue elaborado por el Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionando Hábitat.

El año 2025 fue el de mayor cantidad de metros cuadrados residenciales tramitados en 13 años en Costa Rica. Sin embargo, solo el 8,3% de los hogares costarricenses vive hoy en una propiedad que paga mediante crédito hipotecario, una proporción menor a un tercio del promedio de los países de la OCDE (24,7%). Esa es la paradoja central que revela el «Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025», estudio elaborado por el Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la organización Gestionando Hábitat.

El informe, presentado en el tránsito entre 2025 y 2026, plantea un giro en la manera de entender el problema habitacional del país: ya no se trata solo de construir más viviendas, sino de resolver quién puede pagarlas, dónde se ubican y en qué condiciones se habitan.

El ingeniero Javier Chacón Hernández, director ejecutivo a. i. del CFIA, explicó que las auditorías de vivienda de interés social que realiza el Colegio permiten conocer cómo las familias utilizan las viviendas entregadas mediante declaratoria de interés social, así como las variaciones en tamaño o distribución respecto a su entrega original. Según indicó, los informes recientes reflejan que 3 de cada 5 viviendas conservan la misma área de construcción que al momento de ser entregadas, y que las ampliaciones más frecuentes ocurren en el cuarto de pilas y la cocina (64%), seguidas de los dormitorios.

Durante 2025 se tramitaron 20.414 permisos residenciales (26.212 viviendas), la segunda cifra más alta en 13 años, y se alcanzó el récord histórico en metros cuadrados proyectados, con 2.604.031 m². Pese a ese dinamismo constructivo, el crédito para vivienda prácticamente se estancó en 2026 (0,5% interanual a febrero) y los costos de construcción subieron 2,7% entre abril y junio, presionados por el alza internacional del petróleo.

El estudio modeló el acceso al crédito para una vivienda de ₡76,5 millones (tope de interés social) y encontró que el 81,4% de los hogares que hoy alquilan enfrenta algún grado de exclusión o condicionamiento para calificar a un crédito hipotecario. Los quintiles de menor ingreso no alcanzan la cuota mínima, y solo el 20% más rico del país califica con holgura en todos los escenarios analizados.

El informe documenta además que los cuatro distritos centrales de San José —los que cuentan con la mejor infraestructura pública del país— perdieron el 46% de su población entre 1963 y 2022, mientras la Gran Área Metropolitana continúa creciendo hacia la periferia, empujada por un valor del suelo que promedia US$358 por metro cuadrado y que puede representar hasta el 43% del costo total de una vivienda. En contraste, el estudio identifica potencial para repoblar el centro de San José con hasta 1.100 nuevos habitantes en inmuebles hoy subutilizados, mediante un análisis edificio por edificio.

El Registro Nacional de Asentamientos Informales, actualizado, reporta 232.600 personas y 70.692 viviendas en 572 asentamientos, un salto que los investigadores atribuyen principalmente a una mejora metodológica y no a un crecimiento real del fenómeno. Uno de cada tres de esos asentamientos (170) tiene potencial afectación por inundaciones, lo que evidencia que el país aún no cuenta con una metodología estandarizada para medir ese riesgo.

El informe adelanta también una propuesta poco explorada hasta ahora en la discusión pública: la titularización de hipotecas del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) con fondos de pensiones nacionales, por cerca de US$100 millones, como mecanismo para reactivar el financiamiento habitacional. Asimismo, se evalúa un instrumento de leasing habitacional con la banca privada y estatal, y una reforma al doble cobro del impuesto de traspaso.

El Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025 analiza el sector desde seis ángulos: entorno macroeconómico, déficit habitacional y vivienda de interés social, acceso al crédito, ciudad y suelo, asentamientos informales, y balance político-institucional.

Asentamientos informales y exclusión social: CGR revela impacto de su gestión en la Hacienda Pública

La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.

El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.

Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.

En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.

Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.

Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.

Puede conocer algunos datos puntuales en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7e7a0dfe-fe2e-4f70-a9f6-8198c7fea75d/page/p_hksiqvx9rd?s=t4-5uemMsho

Los informes completos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Informe n.° DFOE-CIU-SGP-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011604.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011605.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00002-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011606.pdf

Fuente de la imagen: Semanario Universidad

UCR: Universitarias apoyan trabajo municipal para transformar asentamientos josefinos

  • Propuestas de las estudiantes serán consideradas en planes de mejora en las comunidades

Además de los problemas estructurales de las viviendas, las comunidades que viven en asentamientos informales deben lidiar con la inseguridad. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Un grupo de estudiantes de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) se adentraron en los asentamientos informales de El Relleno y El Tapón, para conocer sus necesidades y brindar recomendaciones a la Municipalidad de San José para su mejora y transformación.

Las universitarias se vincularon con las localidades durante un año en el marco de los cursos de su cuarto año de carrera y a partir de procesos de observación, entrevistas y focus group indagaron a los habitantes de las localidades sobre sus realidades cotidianas.

El acercamiento académico permitió constatar un claro interés de los vecinos de estas localidades por mejorar sus entornos y determinaron además, que resulta más efectivo consolidar procesos de mejora con la participación activa de las propias comunidades.

Según la estudiante Talia Goodman, su investigación determinó que aunque es más rápido autogestionar las mejoras al espacio público de forma individual, las iniciativas colectivas de los vecinos resultan más perdurables y de mejor calidad.

La joven enfatizó además que ante necesidades complejas como la consolidación de sistemas eléctricos, resulta indispensable que exista un gobierno abierto que trabaje de forma horizontal con las comunidades y que escucha sus necesidades.

Las estudiantes de último año de la carrera de sociologia se mostraron satisfechos con la oportunidad de acercarse a las comunidades y poner en práctica los conocimientos obtenidos durante su proceso de formación. Foto: Anel Kenjekeeva.

Necesidades tangibles afectan a las diversas poblaciones

La necesidad de contar con mejoras en seguridad resulta evidente en la realidad de ambas comunidades y frente a esto, los vecinos han implementado mecanismo internos que la estudiante Valeria Solano definió como “control social informal”.

Según Solano la distribución espacial de los asentimientos en alamedas y la ausencia o mal estado del tendido eléctrico favorecen situaciones de asaltos y robos, frente a los cuales, los vecinos implementan cambios de ruta, llevan focos para transitar de noche e incluso, realizan una vigilancia constante.

“Aunque estas localidades no cuentan con los control del acceso que tienen ahora los grandes condominios con agujas de seguridad y cámaras, hay una noción de comunidad cerrada, existe como una especie de muros invisible” explicó la universitaria.

La estudiante Lorraine Hanson señaló las dificultades que enfrentan los niños y niñas para jugar, pues aunque existen espacios formales de recreación como una plaza y un parque infantil, su uso se ve limitado por situaciones de riesgo como venta de droga, asaltos y balaceras.

A las situaciones sociales descritas se suma el mal estado de las instalaciones, dentro de las que se incluye la ausencia de una malla en la cancha de futbol que obliga a los infantes a ir tras la bola en una zona de alto tránsito vehicular.

Hanson afirmó que esta realidad obliga a los menores a jugar dentro de la casas o en las propias alamedas, donde tienen que lidiar con reglas y regaños por parte de los adultos que expresan su molestia ante el ruido o los daños que causan en los ranchos que utilizan como viviendas.

El docente universitario Sebastián Saborio celebró que los resultado de las investigaciones realizadas por sus estudiantes “no caen en el vacío sino que más bien, fundamentan lo que la Municipalidad de San José podría hacer en estas y otras comunidades”.

El Relleno es uno de los asentamientos en los que la Municipalidad de San José desarrolla actualmente un plan piloto de mejora y transformación que se extenderá a otras 48 comunidades vulnerables.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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