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Etiqueta: asesinatos

Nicaragua: el ascenso de la insignificancia y la OEA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

 

Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.

Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.

En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.

Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.

Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.

 

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La respuesta subversiva del movimiento popular a los asesinatos de líderes y lideresas sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La tragedia colombiana al reproducirse el genocidio de la Unión Patriótica (UP), ahora en cabeza del asesinato de los líderes sociales, hombres y mujeres de arraigo popular, nos coloca en la advertencia del poeta Ilhan Berk, “como si la muerte fuere un asunto cotidiano”.

Pareciere que el número de víctimas que atiborra estadísticas, tanto oficiales, de investigadores, ong´s, medios de comunicación, se convirtiere en un propósito; valiendo destacar que las escalofriantes cifras reseñadas de asesinatos de tal a tal fecha, o de los últimos meses o en lo corrido del año etc., reflejare insolidaridad e indolencia, como si el tiempo de vida fuere un fugaz relámpago y viento para miles de dedicados y abnegados activistas de derechos humanos, defensores del derecho de la naturaleza y de los animales, dirigentes naturales nacidos de las propias entrañas del pueblo, a quienes en cualquier parte del mundo elevarían en los estrados de héroes y en Colombia representan un guarismo más de la larga lista de un martirologio de quienes optaron por la noble causa de la defensa de la vida, del ecosistema, de la reivindicación de la tierra despojada, de los derechos humanos de la dignidad y soberanía de la nación.

Se suceden las denuncias y las expresiones de artículos en periódicos y publicaciones similares. Existe verdadera conmoción social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando las manifestaciones de rechazo y de advertencias al estadio gubernamental colombiano por parte de organismos como Las Naciones Unidas, para que cese la matanza, se identifique a los responsables intelectuales y se condene a los culpables, mas no existe una respuesta contundente, ni de fondo.

Al paso de cada día prosigue sesgándose vidas en forma sistemática, continúa, selectiva; denotándose que el verbo asesinar, como acción de matar a una persona bajo circunstancias agravantes, cobarde y con alevosía, no obtiene respuesta eficaz de un Estado fallido, signado en una constante de Terrorismo de Estado, adonde confluye de manera inevitable, la dantesca permanencia de un conflicto armado interno en ascendencia, que pudo tener un respiro de civilizada concertación, con la entrega de las armas por parte de la antigua insurgencia de las farc, pero que el bloque de poder oligárquico y pro imperio torció a un lado con la práctica de la deslealtad, vulnerando los principios del cumplimiento de lo acordado y atravesando, cual talanquera, la oportunidad de una salida política civilizada al conflicto económico, político, militar, ecológico, de más de medio siglo de angustias padecidas por la población.

LA PERMANENCIA DEL PARAMILITARISMO

Falso que exista una especie de neo paramilitarismo en Colombia. El fenómeno paramilitar como instrumento de creación contrainsurgente, continúa siendo el mismo desde que fue creado por el bloque de poder oligárquico y que se mantiene con la hegemonía de derecha instaurada desde el “triunfo” electoral presidencial de la derecha que ungió al señor Iván Duque y que abre el periodo de continuismo presidencial neoliberal y militarista bajo el distintivo de Uribe III.

En referencia histórica mediata, el paramilitarismo, que constituyó “la sexta división” del ejército colombiano, además de cumplir la “lavada de cara” de las fuerzas armadas estatales y depositar el trabajo sucio en esa horrenda división de trabajo contrainsurgente, ante el rechazo mundial de unas fuerzas armadas incursas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cumplió un fase de desinstitucionalización y acude ante un estadio de “posconflicto”, que no se dio, a una permanencia en el escenario del persistente conflicto armado interno.

La inteligencia militar y la dictadura mediática los denominó como bandas criminales “bacrim” en un juego de multiplicaciones de expresiones armadas persistentes; que han funcionado como la aceitada maquinaria para la permanencia de formas delincuenciales del narcotráfico, rearmamento de ejércitos privados locales regionales con intereses en la permanencia del estatus quo de propiedad sobre tierras usurpadas debido a una reforma agraria sangrienta de moche de cabezas y motosierra; aplicada en interés del latifundismo, la ganadería extensiva terrateniente, la agroindustria extractiva y el poder político-económico local que representa el monopolio del narcotráfico, la minería ilegal y el usufructo de esos extremos por parte de un comportamiento non sancta de las Fuerzas Armadas estatales en el escenario de ese conflicto. Todo ello aparejado de forma con causal con el fortalecimiento hegemónico de la derecha, políticamente hablando, y gráficamente entronizado en el poder local y regional de los directorios políticos, en consonancia con el utilitarismo de un poder electoral corrupto, que ha logrado el domino de un modelo neoliberal, de privatización a ultranza, en el reinado del capitalismo salvaje de estos tiempos.

Resulta de presentación indisoluble que en la medida en que persista el conflicto armado interno, por la existencia y permanencia de enfrentamientos de fuerzas rebeldes irregulares contra el Estado, en Colombia, el paramilitarismo subsiste. Y subsiste puesto que es el paramento, cual adorno o atavío en el accionar sobre encubierto de las fuerzas armadas estatales. En ello está el meollo del asunto y saber popular de adonde llega el agua al molino.

LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS VICTIMAS

La marca con hierro candente cual tinta indeleble, que reposa sobre el Estado colombiano, de ser un narco-estado funcional, por una economía subterránea de persistencia parasitaria financiera; parece que no ofendiere el honor de una república ni la dignidad personal de sus gobernantes. La respuesta ante los asesinatos selectivos y consecuenciales de líderes sociales, enfoca a denigrar de los líderes sacrificados, enunciando como causa de esos crímenes, ora que obedecen a líos de faldas, ora a rencillas personales, ora a comportamiento antisocial en el entorno de los negocios turbios de la economía ilegal. La injusta denominación y por ende anticipada injusta condena alentada por los medios de intoxicación masiva presentan el antecedente que en los casos más emblemáticos de denuncias de asesinatos de líderes sociales, ya los organismos de inteligencia del Estado los estaban investigando. Los asesinatos de líderes más destacados, que acaparan la atención por el impacto social causado, ahora resultan que en despliegue publicitario la Fiscalía General, en concordancia con el Ministerio de Defensa, los coloca en el intervalo de la duda de tener relación con organizaciones delincuenciales imperantes en sus regiones. Tamaña felonía, por desvió de la función estatal, es inconcebible. Con el san Benito de la Fiscalía, en su ya manoseada práctica, de guardarse la información “para más adelante” procede a la condena por presunción de los lideres asesinados. Esto indigna y por ende configura una respuesta de masas contundente, en el panorama nacional, que, dadas las circunstancias del momento, redundará en una campaña de movilización, de denuncia, de desenmascaramiento y de imposición popular, al logro que las medidas de fondo para erradicación y cese del fenómeno paramilitar vigente en Colombia, de una vez por todas.

SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA SUBVERSIVA ANTE LA OLA DE ASESINATOS

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares de potencia extranjera, capturados “en caliente” por el accionar beligerante insurgente; traído a colación ante el fracaso del fin del conflicto.

Acudo a los estudios de dos sociólogos sobre el tema: Miguel de Unamuno, con su obra “La Rebelión de Las Masas” y el francés Gustav Le bon con sus aportes de fenomenología política; transcribiendo apartes de anterior ensayo de mi autoría sobre la caracterización de lo subversivo en el escenario de la protesta de masas.

En su turno impositivo, el militarismo desplaza al Ministerio del Interior, concibiendo una normativa tendiente a reglamentar las manifestaciones de protesta social en Colombia; en las cuales los manifestantes participantes no podrán llevar gorras, sombreros, ni cachuchas, ni gafas negras que oculten el rostro, ni botellas de agua; tampoco sombrillas, ni celulares que permitan la comunicación…; ni pasamontañas; ni el bastón de mando popular-palo artesanal bellamente adornado por los campesinos catatumberos y las guardias indígenas- prohibiendo quizás también el que en acto de espontaneidad se quiten la camisa y se la enrollen en la cabeza, para cubrírsela de lo que sea; acto subversivo al que le aplicarán la mínima de la tarjeta amarilla de la garrotera sobre viniente; a ello agregado el que las mantas o pasacalles no podrán ser sostenidas con varas, potencialmente objetos contundentes contra las fuerzas policivas. Medidas todas innocuas, cual extraño mundo de Subuso, solo dignas de tenerse en cuanta ante el estatuto legal de la imposición de la judicialización de la protesta social en Colombia; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ellas los actores en el escenario natural de las protestas.

Las múltiples formas de violencia que aquejan al pueblo colombiano se expresan por actores en la protesta callejera. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el terrorismo de estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y paraestatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contrainsurgencia a uno de supuesta legalidad. Son las medidas militaristas de guerra con que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia.

Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana aplica practicas militares. Ejemplo el Escuadrón de la Muerte ESMAD.

Sí corresponde enunciar que la virulenta reacción de los manifestantes contra los efectivos policiales desnuda consecuencialmente los niveles de rechazo, indignación ante la perplejidad por tan fatal acumulado histórico de impunidad que con o sin estatuto militar especial ha imperado en Colombia.

LO SUBVERSIVO. En Colombia están estigmatizadas ciertas expresiones del acontecer político. Como con marca de hierro incandescente, la dictadura mediática sataniza a lo rebelde, lo insurgente, la beligerancia, lo subversivo, las formas de lucha política y de masas.

LO SUBVERSIVO COMO PENSAR

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista) en su interior y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista. Es decir, el individuo se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Logra la reivindicación de individuo como ser social. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. Asume un reto de ciudadanía. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

LO SUBVERSIVO COMO PRÁCTICA

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva. Ese accionar social es accionar de la ciudadanía, que no concibe estar de espalda a la realidad. En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Corresponde al empoderamiento de ciudadanía. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo. Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…).

La valiente exsenadora Piedad Córdoba-en su momento- ante el conflicto estudiantil llamó a la juventud universitaria colombiana, a la subversión. A su vez, el Papa Francisco I, lanza también desde Brasil ese llamado subversivo.

Ante el ejercicio de una oposición radical se conocerán los diagnósticos más avanzados de la rebelión sociopolítica. La acción de las masas en contraposición a las normas e igualmente respuesta al comportamiento por el estado de cosas inconstitucionales.

Comencemos por ubicarnos en el doblez hombre-masa. En el papel del individuo que ingresa al torrente de la masa. Opera en él una mutación de interacción, que hace no sea el mismo. El dicho popular “a donde va Vicente, a donde va la gente…”, es gráfico de ese momento. Independiente de la motivación interna que lleva al protestante, al manifestante, al inconformista, a los indignados; una vez en la coparticipación masiva se generan variantes en su cualificación individual. Opera una variante en la personalidad del hombre medio o promedio. Esto funciona a toda forma activa y pudiéremos afirmar, inconsciente.

La ley de masas enunciada por Le bon, informa el fenómeno de las masas como de una colectividad amorfa. Es forma colectiva de comportamiento. No es forma de comportamiento de los individuos, cuando se comportan en instantes o momentos colectivos. Motiva un alma colectiva; por donde el individuo y su propia identidad, se confunden. En esos momentos afloran los acuerdos atávicos, a lo pasado originario, a los prejuicios. Gobiernan los impulsos, los instintos. ¡Resaltan los imaginarios! Por ello la violencia que se genera es acción directa de las masas. Por lo mismo se predica que las masas participantes, sin importar el número de quienes las engrosan, califican como minorías esencialmente cualificadas. Importa precisar cuándo se pasa de lo espontáneo a lo organizativo de masas. Diferenciar de la aglomeración y el bullicio, a la protesta dirigida, conducida, organizada. Claro que ello es posible e implica el juego de la responsabilidad política de los dirigentes. Diferente a la responsabilidad punitiva. Algo diferente es controlar y evitar que la acción desvié en saqueo o en la responsabilidad individual por el saqueo, en que degeneró la acción.

De manera que cuando se difunde la noticia que el canta-autor Caetano Veloso a sus 71 años, desfiló con los indignados brasileros con la cara encubierta, nos manda a los indignados e indignadas colombianas a seguir su ejemplo.

No va a permitir el movimiento popular y de masas la entronización de otro genocidio estilo UP. ¡A la Calle! o ¡A la carga! que es también mandato gaitanista de la Colombia Humana.

 

Enviado por el autor.

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Carta urgente sobre Nicaragua, de Ernesto Cardenal y CUDJ Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de prensa

Carta urgente sobre Nicaragua de Ernesto Cardenal y CUDJ Nicaragua

Desde la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) junto al poeta Ernesto Cardenal, le enviamos una carta la mañana del martes 19 de junio al expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, denunciando la grave crisis socio-política que ocurre en Nicaragua.

A dos meses del inicio de la masacre en Nicaragua bajo el gobierno Ortega-Murillo, más voces exigen urgentemente el cese a la represión y la búsqueda de la justicia para todas las familias víctimas de la violencia en este país. El gobierno de Ortega-Murillo no puede seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos ha traicionado.

Buscamos el apoyo por parte de actores de la comunidad internacional y otros organismos para que condenen la continua violación de derechos humanos en Nicaragua y promuevan acciones internacionales que respalden la ruta pacífica de democratización del país presentada por la ciudadanía nicaragüense.

Vídeo: https://www.facebook.com/CudjNicaragua/videos/392547041224389/

#SOSNicaragua

 

Atentamente,

Padre y Poeta Ernesto Cardenal y Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta:

Carta de Ernesto Cardenal y CUDJ Nicaragua para Jose (Pepe) Mujica – 19 de Junio de 2018

 

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia es un espacio de consenso y articulación de universidades, que surgió a partir de las manifestaciones de Abril por la necesidad de un cambio radical en la organización y representación legítima de los universitarios en sus recintos; actualmente la integran estudiantes organizados de UNAN-Managua, UNI, UAM, UNAN-León, Thomas More y UCA. La CUDJ Nicaragua ha logrado también articular acciones conjuntas con organizaciones de sociedad civil, barrios organizados, movimiento campesino y grupos feministas, para fortalecer estrategias de participación ciudadana a nivel local y regional.

Protejamos a las personas defensoras de la naturaleza

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • En el Día Internacional del Ambiente las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente No 19.610
  • Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida

 

FECON, 5 de junio 2018. Ser ecologistas o defensores de Derechos Humanos es quizá una de las ocupaciones más peligrosas del mundo, según el informe de Global Witness (2-2-2018): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.

Costa Rica no escapa a ésta alarmante realidad. Para Henry Picado integrante de FECON: «es preocupante el aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judialización y hasta asesinatos. Muy tristemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes«.

La impunidad de los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -en su quinto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que nos dedicamos a la protección de la naturaleza es urgente que se haga una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594. Ya dictaminada en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Reforma que propone:

  • que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;
  • la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;
  • serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.

Hoy 5 de junio Día Internacional del Ambiente proponemos que se proteja a quienes protegen. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida.

Dictamen-14945-

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS titulada Organizaciones ecologistas apoyan proteccion del Jaguar en Tortuguero.

Enviado por Henry Picado Cerdas, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza.

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Declaración del V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • “El M4 existe porque resiste”

 

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.

¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:

¡Del Perú a Canadá la minería no va!

Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero

 

Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).

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Alto a la violencia y a la impunidad en México

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento Colegio de Periodistas

 

La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.

La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.

Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.

Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.

Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.

Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.

Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.

Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.

México lo merece.

Alto a la violencia y a la impunidad en Mexico2

*Imagen tomada Colper: Colegio de Periodistas de Costa Rica

Enviado por Colegio de Periodistas.

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Ambientalistas en peligro

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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Tiempos de fuego sobre Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Algo no va a aguantar más en Venezuela. Es una sensación que se percibe en el aire, las conversaciones, la manera de chocar de la calle, los transportes públicos, las personas, la tensión en las colas que están en todas partes y son perenes, resisten al sol y la lluvia. Como si se estuviera viendo en cámara lenta el impacto que está por venir, una olla a presión a punto de desbordar.

Algunos hechos lo indican: los asesinatos de los chavistas Ricardo Durán, jefe de prensa del Gobierno del Distrito capital; de César Ver, diputado suplente del Consejo Legislativo del estado Táchira, y de Marcos Tulio Carrillo, alcalde de La Ceiba; la desaparición de dirigentes campesinos, la imagen del colectivo atropellando y matando a dos policías, los rumores de saqueos que se agudizan, la denuncia de la preparación de un Golpe de Estado para el 15 de mayo, el llamado hecho el 1 de mayo por Nicolás Maduro a una rebelión en caso de perderse el Gobierno. Y el cotidiano: vivir en Venezuela es resistir desde hace ya dos años a la escasez generalizada, la presión para ver dónde y a qué precios conseguir alimentos, medicamentos, productos de higiene, agua.

Se trata de los efectos de la guerra no convencional desatada sobre la revolución bolivariana, que opera con, al menos, cuatro frentes en simultáneo. En lo comunicacional las acciones son nacionales -todo paralelismo con el grupo Clarín es válido- y fuertemente internacionales: desde la BBC, a El País, pasando por La Nación. Se trata de deslegitimar al Gobierno, en particular a Nicolás Maduro, construir una matriz que convenza que existe una crisis humanitaria en Venezuela para legitimar una intervención extranjera. En lo geopolítico la estrategia es de tenaza: abrir conflictos desde Guayana Esequiba, Colombia y Estados Unidos, con apoyo de ONG financiadas por la Usaid y la NED, y ataques de organismos como la OEA. En lo económico el plan es desabastecer, aumentar los precios, destruir el poder adquisitivo -un 97% menos en 3 años- crear colas, redes de reventa, desgaste popular. El último plano, el violento, contempla tanto la infiltración de paramilitares para disputar los territorios populares, las acciones de calle incendiarias como asedios e intentos de saqueos -convocados abiertamente por dirigentes de la oposición-, así como el incremento de homicidios y robos para asfixiar el día a día.

El objetivo es recuperar el Gobierno y de ahí el poder. Todas las vías son posibles: insurreccional, golpista con un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, electoral. Esta última opción, descartada por una parte de la oposición durante un tiempo, volvió a emerger luego de los resultados de diciembre pasado que dieron una victoria legislativa a la derecha. El llamado a referéndum revocatorio, que ya comenzó con la recolección de firmas, es la continuidad de esa línea. Los números parecen indicar que lograrán convocar al referéndum, que requiere reunir firmas equivalentes al 20% del registro electoral (3.959.560) Para lograr la revocación, necesitarían tener más votos de los obtenidos por Nicolás Maduro en el 2013, es decir más de 7.587.532. Otra cuestión es central: en caso de darse el referéndum antes del 10 de enero, y de perder el presidente, deberán darse elecciones para elegir al nuevo mandatario. En caso de darse después de esa fecha, asumiría a la cabeza del Gobierno el vicepresidente, quien terminaría el mandato, hasta el 2018. Los tiempos queman.

Se trata de un plan de guerra elaborado desde los Estados Unidos, como lo demuestra el documento “Operación Venezuela Freedom 2”, perteneciente al Comando Sur, firmado por el almirante Kurt Tidd. Ahí quedan expuestas las conclusiones sobre la primera fase de las operaciones y los puntos a seguir para terminar con el chavismo en el Gobierno. El lapso es de seis meses, y lo legal/electoral aparece en realidad como pantalla, no como plan real. Quienes dirigen los tiempos de la desestabilización son los Estados Unidos, que necesitan recuperar el control directo sobre el circuito de materias primas, en particular el petróleo.

Lo que se vive en Venezuela es el impacto de las nuevas metodologías imperialistas, aplicadas por ejemplo en Libia y Siria. Se trata de crear caos, romper el vínculo entre el pueblo y su Gobierno, construir un escenario de ingobernabilidad para negociar con quienes logren controlar poder: el nuevo Gobierno, bandas paramilitares, quienes estén dispuestos, una vez más, a entregar sin mediaciones las riquezas nacionales.

La excepción venezolana

La actualidad Venezuela se enmarca en la etapa política de contraofensiva continental. Es parte del Golpe en marcha en Brasil contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores, de la revancha encabezada por Macri en Argentina. El imperialismo busca recuperar terreno, las clases dominantes latinoamericanas necesitan reconfigurar los gobiernos en una etapa de crisis del capitalismo. En ese contexto la revolución cobra un sentido particular: es el punto del continente a partir del cual se propagó la integración del siglo XXI -Alba, Unasur, Celac, PetroCaribe-, se impulsó una alternativa regional que consiguió lo que no se había logrado en décadas, siglos, incluso nunca.

Y es más que eso: el proceso bolivariano fue, y sigue siendo, el que puso sobre la mesa el debate sobre el poder y la construcción de un proyecto no capitalista. Tanto en lo teórico -quedan materiales imprescindibles de Hugo Chávez- como en la práctica popular. Desde el inicio se le quitó poder a las clases dominantes -burguesía, oligarquía e imperialismo- para redistribuírselo al pueblo organizándose. No se trató de gestionar el Estado de forma progresiva para ampliar el consumo, sino de socializar la democracia, el poder y terminar con la estatalidad burguesa. Para eso varias herramientas y ensayos fueron construidos desde 1999: desde la democracia participativa y protagónica, hasta las comunas y el, por construirse, Estado comunal. En Venezuela se expropiaron tierras, fábricas, se nacionalizó el petróleo, se desplazó a los partidos políticos que habían gobernado durante treinta años. Por eso la respuesta fue tan rápidamente violenta: el Golpe de Estado del 2002, sabotaje petrolero del 2003 y referéndum contra Chávez del 2004 fueron la muestra nítida de eso.

Eso explica la dimensión de la revancha que se prepara contra el chavismo, es decir los sectores populares. Lo dijo Nicolás Maduro luego de la derrota legislativa en diciembre: lo que está en juego no es un cambio de Gobierno, sino un intento de contrarrevolución. Sabemos en el continente lo que eso significa. Las clases dominantes perdieron poder simbólico, político, económico. Buscan recuperarlo y ejercer un castigo de masas.

La violencia contrarrevolucionaria es proporcional a lo profundo de la experiencia revolucionaria. Solo aplicando tres años de guerra no convencional cada vez más aguda, se logró erosionar una parte de lo acumulado durante los 16 años de proceso. La capacidad de resistencia demostrada frente a desabastecimientos, colas de 12 horas para conseguir dos o tres productos, un mercado en negro como cáncer, asesinatos selectivos a dirigentes, ataques psicológicos a gran escala, ridiculización mediática del presidente, indican la profundidad de la revolución. El chavismo es mucho más que un gobierno, es una experiencia de participación y empoderamiento radical. Para comprenderlo hay que ir barrio adentro, campo adentro, conocer las experiencias comunales, de construcción de viviendas, observar la redención de los humildes cuando marcha el chavismo.

Debates urgentes

Existe un enemigo claro. Que desata la guerra, no se muestra -esa es su estrategia- y al que se llega por documentos, análisis, discursos, acumulación de pruebas, comparaciones históricas. Pero hay otro, vestido de rojo, de cargos gubernamentales, de responsabilidades y poder. Es evidente por su impacto en la vida cotidiana, la ineficiencia estatal que corroe el proceso, el contrabando a Colombia, que tiene nombre cuando es arrestado por corrupción. El último caso fue la denominada Operación Gorgojo, donde resultaron detenidos los responsables de la red de distribución de alimentos estatal Abastos Bicentenarios. Luego de varios años de guerra económica se descubrió entonces que una de las herramientas principales para hacerle frente estaba en realidad bajo control de sectores corruptos. Lo mismo pasó con la Ley de Precios Justos, donde por dos años el marcaje de precios finales le fue cedido por debajo de la mesa al sector privado.

El impacto de la corrupción en las bases del chavismo es profundo. Enojo, desánimo, desconfianza con sectores del Gobierno, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elementos que, en el contexto global, se acumularon y fueron parte de las causas los resultados electorales del 6 de diciembre: no fue tanto una victoria de la oposición -así lo dicen los números- como un voto castigo del chavismo a su conducción. Las consignas al día siguiente eran contundentes: depuración, limpieza. Principalmente de la mediación política central, el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como de dinámicas superestructurales de rotación de cargos, repetición de los mismos dirigentes en puestos estratégicos, sordera gubernamental, convocatoria a espacios de debate popular sin consecuencias en las tomas de decisiones. Un debate de fondo: dónde debería estar el poder en la revolución, donde (no) reside y por qué.

Asuntos de muchos años que, en la actual etapa, se tornaron urgentes. Siempre existieron sectores reticentes a impulsar el proceso de empoderamiento radical popular, que se vieron a sí mismos, en ministerios, puestos de dirección, oficinas con aire acondicionado en torres de muchos pisos, como portadores exclusivos del proceso. Su justificación preferida: “El pueblo no está listo”. Para quienes acordar con el sector privado, razonar en términos de porcentajes y negocios, fue más importantes que construir los cimientos de una nueva institucionalidad gobernada por los sectores populares organizados en su territorio. Que se opusieron directamente a que eso suceda, y hoy controlan grandes cuotas del Gobierno, en gobernaciones, alcaldías y ministerios, por ejemplo. Dirigentes contra los cuales Hugo Chávez descargó su último discurso, sentenciado con la consigna de “comuna o nada”. La revolución es la disputa por su sentido y accionar.

Se trata de deudas impostergables. Así como la construcción de una nueva matriz de desarrollo económico. Una consigna que puede resultar sencilla de enunciar, pero que en un país moldeado durante un siglo alrededor de la dependencia de la renta petrolera, es particularmente compleja de construir. Sobre todo, cuando el precio de venta del barril se encuentra por debajo de 40 dólares desde hace ya casi dos años. El Estado dispone de cada vez menos dinero. Por eso fue anunciada la pronta explotación del megaproyecto minero denominado Arco del Orinoco, una futura fuente de ingreso de dólares, que irá, según parece, contra el mismo Plan de la Patria -el plan de gobierno escrito por Hugo Chávez para el 2013-2019- que indica: “Tenemos la tarea histórica de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, y ello supone detener la devastadora fuerza de destrucción del modelo capitalista”. La situación apremia en la economía venezolana, y se ha priorizado acuerdos con los sectores privados, y la búsqueda de fuentes de ingreso controversiales como ésta última. Existen acompañamientos estatales a empresas de propiedad social, fábricas recuperadas, tierras agrícolas comunales, pero pequeños en relación a lo que requiere el proyecto y la etapa.

Resulta difícil elaborar pronósticos acerca de cómo se darán los próximos sucesos. Es seguro que la guerra se agudizará, y aunque algunos sectores del chavismo en el gobierno busquen acuerdos, no pareciera existir la posibilidad de frenar la decisión impostergable de la contrarrevolución. Conciliar no es una posibilidad. El país parece una olla a presión, donde todo el mundo se levanta preguntándose si hoy será el día en que pase. ¿Qué? Algo, un estallido, un Golpe, una violencia incendiaria, una intervención, una descarga popular sobre quienes arman las redes del mercado paralelo, llamados bachaqueros, y crean una batalla de humildes contra humildes. En ese contexto muchos escenarios son posibles. Por ejemplo, que se realice el referéndum revocatorio, Nicolás Maduro pierda, y sea elegido en su lugar un nuevo presidente chavista en vez de un opositor. O que tenga lugar un ciclo agudo de violencia cotidiana que desemboque en un Golpe que saque al presidente y abra un escenario de confrontación callejera. Algo no va a aguantar mucho más, eso parece seguro.

 

Fuente original http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/05/tiempos-de-fuego-sobre-venezuela/ Compartido con SURCOS Digital por Javier Solís.

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Siguen asesinatos selectivos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alerta

Después del violento desalojo a las 150 familias de Rio Lindo, Cortes, organizadas en el COPINH, ha asesinado el compañero Nelson García, de aproximadamente 30 años, en la comunidad de Peña Blanca, El Naranjo.

Nelson, uno de los lideres más activos de la lucha en Río Lindo, hoy a las 11:00 am, salió un momento del terreno donde se alojaban temporalmente, se dirigía a su casa a desayunar, cuando se estaba bajando de un vehículo frente a su casa le dispararon quitándole la vida.

Denunciamos los intentos de detención a nuestro compañero Sotero Chavarría, líder activo del COPINH, por supuestos reclamos a miembros de policías y militares que estaban en la comunidad.

¡Basta de muertes a quienes defienden la vida!

 

Tegucigalpa, 15 de marzo de 2016

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Enviado a SURCOS Digital por Marlin Óscar Ávila.