Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato
Consejo Universitario aprobó un criterio institucional que advierte sobre los impactos económicos, políticos, ambientales y de derechos humanos del acuerdo comercial.
La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA aportó un análisis sobre las obligaciones internacionales de Costa Rica, la protección de los territorios y la ausencia de mecanismos de debida diligencia y participación ciudadana.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó de forma vehemente el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel, expediente legislativo N.° 25.542, y solicitó a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato. La posición quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado en el artículo 5, inciso 5.3, de la sesión ordinaria N.° 55-2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.
El pronunciamiento institucional es resultado de un análisis multidimensional que incorporó criterios de distintas instancias académicas y técnicas de la Universidad Nacional: la Asesoría Jurídica, la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), la Escuela de Sociología, el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) y la Escuela de Filosofía.
A partir de estos aportes, el Consejo Universitario concluyó que el tratado no puede valorarse exclusivamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que debe considerar sus implicaciones para la soberanía nacional, la política exterior, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento del derecho internacional.
Un tratado que trasciende lo comercial
Entre los principales cuestionamientos recogidos en el acuerdo universitario se encuentra la existencia de importantes asimetrías entre ambos países en las condiciones negociadas.
El análisis señala que, mientras Israel liberaliza inmediatamente el 90,7 % de sus líneas arancelarias, Costa Rica lo hace en un 82,2 %. Sin embargo, las principales exclusiones y protecciones israelíes se concentran precisamente en el sector agrícola y los alimentos frescos, áreas en las que Costa Rica tiene capacidades productivas y potencial exportador.
El acuerdo también cuestiona que el intercambio comercial entre ambos países representa apenas alrededor del 0,2 % del comercio total costarricense, lo que pone en duda los beneficios económicos que justificarían su aprobación.
Asimismo, se advierte sobre posibles efectos en la recaudación fiscal, el empleo, la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la falta de garantías suficientes para proteger los intereses productivos del país.
Otro aspecto señalado es la inclusión de disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos, que requieren mayores garantías para proteger los derechos fundamentales, la privacidad y las libertades democráticas.
Los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales de Costa Rica
Uno de los aportes específicos al análisis institucional fue el criterio de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales (SIA 0290-26) del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).
La Clínica señaló que el tratado carece de mecanismos específicos para evaluar, prevenir y dar seguimiento a sus posibles impactos sobre los derechos humanos, los territorios y el ambiente. También advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial, trazabilidad de los productos provenientes de territorios ocupados y participación de las comunidades y la sociedad civil en el seguimiento del acuerdo.
A partir de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y ambiente, la Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su forma actual y planteó la necesidad de incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de participación y transparencia, debida diligencia y seguimiento permanente.
Coincidencias entre los criterios académicos y el acuerdo institucional
Varios de los planteamientos de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales coinciden con las consideraciones finalmente incorporadas en el acuerdo del Consejo Universitario. Entre las principales coincidencias se encuentra, en primer lugar, la ausencia de garantías específicas en materia de derechos humanos y ambiente. El acuerdo institucional señala la falta de disposiciones sobre derechos humanos, trabajo decente, género, protección ambiental, participación y denuncia ciudadana, mientras que la Clínica profundizó en la ausencia de mecanismos para prevenir y atender posibles afectaciones.
El acuerdo institucional también recoge otros cuestionamientos provenientes de las instancias consultadas, relacionados con la política exterior costarricense, las asimetrías comerciales, la protección de la producción agrícola nacional, la desgravación de armas y sustancias peligrosas, y las implicaciones políticas de establecer un acuerdo comercial con Israel en el contexto internacional actual.
El Consejo Universitario también recordó el acuerdo UNA-SCU-ACUE-303-2025, mediante el cual la Universidad Nacional condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino e hizo un llamado a detener las acciones militares en la Franja de Gaza.
En el nuevo pronunciamiento, la UNA advierte que la aprobación del tratado podría interpretarse como un respaldo político al Estado de Israel y como una forma de normalización de sus actuaciones frente al pueblo palestino.
El acuerdo señala que Costa Rica debe mantener coherencia con los principios históricos de su política exterior: la defensa de la paz, el desarme, la soberanía nacional, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.
