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Etiqueta: Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Asociación para el Desarrollo de la Ecología presenta queja por actuar superficial del MINAE

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una queja formal al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, por lo que consideran una gestión deficiente y poco rigurosa del viceministro Jorge Mario Rodríguez Zúñiga. Esto debido a un oficio que envió Rodríguez al representante de la asociación Marco Vinicio Levy, en donde según la organización, la respuesta oficial a sus denuncias sobre la situación en el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y el proyecto conocido como DIVINE fue superficial, carente de análisis técnico y con un tono intimidatorio.

En un oficio enviado al ministro, la Asociación cuestiona que el viceministro minimice las preocupaciones ambientales sin realizar una evaluación exhaustiva, además de rechazar una auditoría operativa en ACLAC y ofrecer una interpretación “sesgada” de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la protección de áreas boscosas. La organización también critica la falta de compromiso institucional con los principios preventivo y precautorio de la normativa ambiental nacional e internacional.

Ante este panorama, solicitaron la intervención directa del ministro Tattenbach, pidiendo una revisión técnica de los puntos denunciados, la realización de una auditoría en el área protegida y acciones correctivas frente a lo que describen como un patrón de displicencia administrativa. La Asociación insiste en que es necesario restaurar la confianza en la gestión ambiental pública mediante mayor transparencia y rigor profesional.

Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Comunidades continúan luchando contra rotondas en Ruta 32

La Asociación De Desarrollo Para La Ecología envió a Anna Janniel Matarrita McCalla alcaldesa de la Municipalidad de Limón, el oficio AEL-0087-2025 con fecha 5 de marzo de 2025, solicitando su intervención como mediadora ante el Poder Ejecutivo para que se haga una exhaustiva revisión del proyecto de ampliación de la Ruta 32.

La petición se debe a que el proyecto reemplaza los pasos a desnivel por rotondas, lo cual representa posibles riesgos, de accidentes, especialmente de vehículos pesados, a los cuales se les dificulta maniobrar en las rotondas, según expertos en infraestructura y representantes de la comunidad, lo cual, afectaría flujo eficiente del tránsito, y a las comunidades limonenses y a quienes transiten la zona.

Esta petición se reitera en el oficio AEL-00254-2025 del 16 de junio, debido a que no se obtuvo respuesta por parte de la alcaldía de Limón, externando la preocupación por la seguridad y el bienestar de la comunidad limonense y del Caribe, ya que los congestionamientos ocasionados afectarían el flujo del comercio y el turismo de la zona, lo cual genera una gran preocupación, por lo que se hace un llamado a las autoridades a velar por los intereses de la comunidad.

Imagen: https://www.limonhoy.com/

Organización exige medidas urgentes al ministro de Ambiente ante daños ambientales en el Refugio Gandoca-Manzanillo y el ACLAC

El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.

Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.

Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:

  1. Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.

  2. Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.

  3. Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.

  4. Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.

  5. Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
  6. Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
  7. Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.

  8. Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.

La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.

La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.

Foto: Semanario Universidad.

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

 

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Asociación ecologista exige reformas inmediatas a reglamentos de aviación agrícola

Limón, 14 de mayo de 2025 (SURCOS) – La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una réplica formal a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, manifestando su preocupación por la insuficiencia de las medidas actuales para regular las actividades de aviación agrícola en el país.

Mediante el oficio AEL-00218-2025, la organización ecologista señala que el Decreto No. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS y la propuesta de reglamento para aplicaciones terrestres de agroquímicos no abordan adecuadamente los riesgos asociados con la aspersión aérea de sustancias químicas en plantaciones agrícolas.

La Asociación indica que la normativa actual carece de regulaciones específicas sobre la toxicidad de los productos utilizados y que la fiscalización de las recetas profesionales exigidas por el Artículo 9 del decreto es inconsistente, con sanciones poco efectivas para quienes incumplen las disposiciones.

«En los cantones bananeros, es una realidad comprobable que madres y niños, al trasladarse en bicicleta hacia escuelas, son frecuentemente rociados por agroquímicos», menciona el documento, destacando que estas personas evitan denunciar por temor a represalias de las empresas agroindustriales.

Entre las principales deficiencias señaladas está la ausencia de barreras de protección -vegetativas o artificiales- en escuelas, centros de salud y comunidades cercanas a las plantaciones donde se realizan fumigaciones aéreas, además de la permisividad para que las empresas determinen la composición de mezclas de agroquímicos sin controles rigurosos.

La organización solicita al Ministerio de Salud adoptar como referencia las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consideradas estándares integrales para la prevención de riesgos y protección de la salud pública.

Adicionalmente, la Asociación ha solicitado un informe técnico detallado que demuestre, mediante comparación punto por punto, que el decreto actual supera o iguala las guías de la FAO para la aviación agrícola, especialmente en lo referente a controles de toxicidad, implementación de barreras protectoras, distancias de aplicación y mecanismos de fiscalización.

El documento concluye exigiendo que la prevención sea el principio rector en la gestión de este problema de salud pública, calificando como intolerable la exposición continua de comunidades vulnerables a agroquímicos.

SURCOS comparte mediante este enlace la carta del Ministerio de Salud a la que se refiere la nota de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.

Asociación reitera denuncia contra ministro de Ambiente por presuntos delitos ambientales

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) envió el pasado 7 de mayo un oficio al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reiterando su denuncia formal contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntos delitos ambientales.

En el documento AEL-00209-2025, la organización aclara y enfatiza los puntos expuestos en una denuncia previa (AEL-00201-2025) del 3 de mayo, señalando que la respuesta recibida por parte de la Fiscalía General fue inadecuada al remitir el caso a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, instancia que, según indican, carece de potestad para investigar a un miembro de los supremos poderes.

La asociación manifiesta que el ministro Tattenbach Capra emitió la Directriz 09-2023, que habría permitido desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas como humedales, bosques, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, causando daños al Sitio Ramsar 783, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Adicionalmente, la AEL denuncia el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), cuestionando su idoneidad para el cargo por ser especialista en Turismo Sostenible y no reunir, según su criterio, las condiciones necesarias para el manejo de Áreas Silvestres Protegidas.

En el oficio, la asociación refiere la existencia de un expediente penal (23-000041-0611-PE) que, señalan, permanece inactivo. También hacen mención a un insumo (DFOE-DEC-01-00004-2024) dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La organización solicita la intervención directa del fiscal general para detener lo que describen como «desmanes del ministro» y expresan preocupación por una posible situación de crimen organizado en la gestión de recursos naturales. El documento fue remitido también a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía de la República.

Puede consultar los siguientes documentos como referencia del caso:

Directriz No.09-2023-ACLAC (2)

SINAC-SE-DE-0046-2025-

RESOLUCION_DFOE-DEC-5250(20012)-2024

Ambientalista solicita intervención urgente para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a altas autoridades del país para proteger el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y el Sitio Ramsar 783, ubicados en el Caribe Sur de Costa Rica.

En el documento AEL-00201-2025, con fecha del 3 de mayo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirige un llamado a la procuradora general de la República, la contralora general de la República, la fiscal de la República y el fiscal general de la República.

Incumplimiento de sentencia constitucional

La solicitud señala que existe un incumplimiento de la sentencia 2019-12745 de la Sala Constitucional, que ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Procuraduría General de la República delimitar y reincorporar 188 hectáreas de bosque al refugio en un plazo de 12 meses. Según indica el documento, este mandato no se ha cumplido a más de cinco años de emitido.

Cuestionamientos a informes técnicos

El escrito cuestiona la credibilidad de los informes técnicos del SINAC y el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). Menciona específicamente que en mayo de 2024, el SINAC desacreditó un estudio previo que identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, reduciendo esta área en 91,7 hectáreas «sin justificación técnica sólida», según lo cuestionado por la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría.

Situación del Sitio Ramsar 783

La denuncia señala que la administración del REGAMA ha centrado su narrativa en la recuperación de 188 hectáreas de bosque, «ignorando la integridad del Sitio Ramsar 783». Según el documento, este humedal de importancia internacional sufre drenajes, cambios en los cursos de quebradas, y ausencia de delimitación de RIAS, humedales y manglares.

El texto menciona que la directriz 09-2023, emitida por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, invalidó un estudio de 2021 sobre 13 humedales en Talamanca.

Presuntas irregularidades administrativas

El documento señala presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés, mencionando específicamente el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del ACLAC y la emisión de permisos de tala cuestionados, como el 011-2024-ACLAC-SLT otorgado a Playa Manzanillo S.A.

Denuncias sobre acoso a defensores ambientales

Levy Virgo menciona en el documento que, como denunciante y defensor de los derechos humanos ambientales, ha sido «víctima de vandalismo en mi vivienda y vehículo, así como de acciones legales intimidatorias en los tribunales de Limón».

Peticiones concretas

El documento concluye con seis peticiones específicas:

  1. La recusación de funcionarias y funcionarios del SINAC involucrados en la gestión técnica del REGAMA.
  2. Un abordaje integral del Sitio Ramsar 783.
  3. El nombramiento de una fiscalía especial para investigar las presuntas redes de crimen organizado.
  4. Coordinación interinstitucional para supervisar el cumplimiento de sentencias.
  5. Protección a personas defensoras ambientales.
  6. Investigación de responsabilidades de exfuncionarias y exfuncionarios.

Esta denuncia se suma a otras acciones que el ambientalista ha realizado previamente, y que han sido publicadas en SURCOS.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita informe sobre cumplimiento ambiental en Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.

En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.

Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.

«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.

La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:

  1. Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.

  2. Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.

  3. Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.

  4. Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.

El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.