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Etiqueta: ATTBPDC

Pronunciamiento de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras sobre jornadas 4×3

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la representación sociolaboral más numerosa e importante del país. Dada su naturaleza asociativa y las responsabilidades que le han sido encomendadas por ley, este órgano colegiado ha defendido de manera decidida los intereses de las personas trabajadoras, promoviendo iniciativas de política pública tendientes a mejorar sus condiciones de vida y, consecuentemente, oponiéndose de manera contundente a aquellas iniciativas que pretendan afectar negativamente el bienestar del trabajador costarricense.

Por ello, la Asamblea se ve en la imperiosa necesidad de manifestar su enérgica oposición al proyecto de ley No. 24.290, establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados, conocido popularmente como “jornadas 4×3”.

Numerosas instancias técnicas y políticas se han pronunciado negativamente con relación a este proyecto, subrayando los nefastos impactos que acarrea para la economía de las personas trabajadoras, su salud mental, su vida familiar, sus posibilidades de superación personal mediante el estudio, su tiempo para la recreación, la posibilidad de atender emergencias o contingencias, entre otros.

Algunos de los principales impactos negativos que se identifican en esta iniciativa son la afectación a la salud y el bienestar, debido a que jornadas más largas conllevan mayor fatiga, estrés, riesgos de accidentes laborales y enfermedades asociadas al trabajo. Merma en los ingresos, el proyecto desconoce el carácter del tiempo extraordinario laborado, se pretende disminuir el reconocimiento económico del tiempo extraordinario perjudica la economía de la persona trabajadora, y el beneficio recae exclusivamente en las empresas.

El proyecto de ley manifiesta efectos negativos en la productividad, sugiriendo que jornadas excesivamente largas pueden tener el efecto contrario, disminuyen la concentración y la eficiencia. La extensión de las jornadas laborales acarrea una serie de impactos negativos en el derecho a la vida familiar, el descanso y la recreación. No solo limita el tiempo diario que la persona trabajadora puede destinar a convivir con su familia, sino también las posibilidades de destinar tiempo a su superación personal.

Este tipo de iniciativa perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras que puedan ser sometidas a estas jornadas tan extensas, desconociendo que las mujeres cargan además con una desproporcionada carga de trabajo doméstico no remunerado.

Se ha pretendido convencer a las fuerzas opositoras a esta iniciativa de que las personas trabajadoras podrán acogerse “voluntariamente” a las jornadas extendidas. Sin embargo, este argumento desconoce la asimetría de poder que existe entre la persona trabajadora y su empleador, y que existen innumerables maneras en que la empresa puede presionar al trabajador para que se vea obligado a acogerse a este tipo de jornada.

La aprobación de las jornadas extraordinarias 4-3 impactan negativamente el dinamismo del mercado de trabajo, pues labores que podrían estar siendo desempeñadas por personas desempleadas durante un turno extra, son desempeñadas por los trabajadores ya contratados.

En conclusión, este proyecto de ley acarrea un amplio conjunto de efectos negativos para las personas trabajadoras y solamente beneficia a las empresas. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras exhorta a los diputados y diputadas a suspender el trámite de este proyecto y abrir espacios de diálogo social con las organizaciones sociolaborales y empresariales que permitan elaborar y consensuar propuestas que satisfagan las expectativas y demandas de las empresas, pero sin desmejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Imagen: UCR.

Asamblea del Banco Popular define nuevo directorio 2025-2026

El sábado 19 de julio de 2025 se celebró la LXXVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Durante la jornada se conocieron los informes anuales del Directorio de la Asamblea, la Junta Directiva Nacional y la SUGEF, en un espacio de análisis, transparencia y toma de decisiones.

En la sesión también se eligió el nuevo directorio nacional 2025–2026, conformado por: Vivian Rodríguez Araya (Presidencia, liderazgo cooperativo), María Yorgina Alvarado Díaz (Secretaría, liderazgo sindical), Orietta María Zúñiga Vargas (Vocalía I, liderazgo comunalismo) y Karen Vargas Soto (Vocalía II, liderazgo solidarismo).

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es la máxima instancia del Banco Popular. Está integrada por personas delegadas de distintos sectores laborales del país y su función es velar por el bienestar social y económico de quienes conforman la base propietaria de esta entidad financiera.

Foro de diálogo nacional abordará pensiones y proyecto de jornadas 4×3 este miércoles

El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizará una sesión este miércoles 2 de julio a las 2:00 de la tarde en las oficinas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, sede San Pedro, para dialogar sobre el sistema de pensiones y el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo informó que la actividad contará con la participación de dos invitados especiales: el máster en ciencias Luis Pablo Zúñiga Morales, experto en derecho laboral y educación, y el licenciado Juan Antonio Vargas Guillén, representante de las personas trabajadoras ante CONASSIF.

La organización solicita confirmar asistencia mediante respuesta al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com o al número telefónico 86989553.

El foro forma parte de las iniciativas de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para generar espacios de discusión sobre temas laborales y de seguridad social que afectan a la población trabajadora del país.

La sesión se enfocará específicamente en analizar el estado actual del sistema de pensiones nacional y las implicaciones del proyecto de ley que propone la implementación de jornadas laborales de cuatro días por tres de descanso, una propuesta que ha generado debate en diferentes sectores de la sociedad costarricense.

14 de abril: Aniversario de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra su aniversario este 14 de abril. Esta organización está conformada por personas artesanas, comunales, cooperativistas, representantes del magisterio nacional, sindicalistas, profesionales, solidaristas, y trabajadoras y trabajadores independientes.

Quienes integran esta Asamblea laboran con compromiso para enriquecer la función que cumple el conglomerado de brindar y construir bienestar hacia las personas trabajadoras de Costa Rica.

La celebración destaca la labor de representación que realiza la Asamblea para más de 1,5 millones de personas trabajadoras costarricenses, quienes son consideradas como dueñas y dueños de la Entidad.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus diferentes divisiones (Popular Digital, Popular Seguros, Popular Valores, Popular Pensiones y Popular Fondos de Inversión) respaldan esta conmemoración como parte de su compromiso con el desarrollo.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras señala tres logros históricos

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) ha anunciado tres importantes logros que refuerzan su compromiso con los derechos laborales en Costa Rica.

En un comunicado la ATTBPDC destaca estos logros como «hitos trascendentales» que consolidan un modelo bancario con visión social y democrática.

Autonomía legislativa reforzada

El pasado miércoles 19 de marzo, el Proyecto de Ley No. 24.627 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa elimina la ratificación del Poder Ejecutivo para los representantes de la Asamblea en la Junta Directiva del Banco, devolviendo el poder decisorio a sus legítimos propietarios: las personas trabajadoras.

La ATTBPDC ha hecho un llamado a los legisladores para que respalden esta reforma en el Plenario, subrayando que «la autonomía del Banco Popular es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país».

Prórroga para los Fondos Generacionales

En una segunda victoria, se ha conseguido posponer por un año la implementación de los Fondos Generacionales. Este período adicional permitirá realizar un análisis más profundo con base en estudios técnicos y consultas a todos los sectores productivos y sociales del país.

La medida busca garantizar que cualquier reforma tenga el menor impacto negativo posible en la clase trabajadora y proteja la estabilidad del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Acuerdo de diálogo para el sistema de cuido

El tercer logro se concretó el jueves 20 de marzo, cuando la ATTBPDC alcanzó un acuerdo con la diputada Monserrat Ruiz sobre el Proyecto de Ley No. 23.719 para el fortalecimiento del sistema nacional de cuido.

Inicialmente, este proyecto contemplaba utilizar el 0.25% del aporte patronal destinado a la Banca Social del Banco Popular. Gracias al diálogo establecido, se eliminó esta deducción del proyecto, preservando los recursos para los programas sociales del Banco.

Además, se acordó crear una mesa multisectorial para desarrollar una propuesta viable que garantice la sostenibilidad del sistema nacional de cuido sin afectar a las personas trabajadoras.

La ATTBPDC, que representa a más de 1.5 millones de trabajadores costarricenses, continuará informando sobre estos avances que, según señalan, «no son solo nuestros, son de todas las personas trabajadoras de Costa Rica».

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras rechaza proyectos de ley que amenazan la banca social

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), junto con los sectores productivos y sociales de Costa Rica, rechazan enfáticamente proyectos de ley que proponen modificar el destino de los fondos provenientes del 0.25% del aporte patronal, los cuales pertenecen a las personas trabajadoras y gestionada por nuestra institución financiera.

Para ser más precisos, la población trabajadora aporta un 1% de su salario, mientras que los patronos realizan una contribución adicional del 0.50%. De este monto, el 1.25% se destina a la pensión complementaria de cada trabajadora y trabajador. El 0.25% restante, queda depositado en el Banco Popular con el objetivo de fondear la proyectos que son iniciativa de organizaciones laborales y sociales y productivas, a través de nuestra Banca Social, lo que nos permite seguir siendo un actor clave en el bienestar de las familias costarricenses.

Este esquema es fundamental para la sostenibilidad de nuestra Banca Social, que financia proyectos de gran relevancia para nuestra comunidad, tales como la vivienda social, fondos de avales, BP Bienestar, entre otros programas. Estas iniciativas son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de Costa Rica, asegurando acceso a soluciones financieras justas y accesibles para la población trabajadora y sus familias.

Sin embargo, es preocupante e inaceptable que legisladores no reconozcan la importancia y el impacto positivo del 0.25% y estén promoviendo proyectos de ley que intentan destinarlo a otros fines. En particular, los proyectos de ley propuestos por Monserrat Ruiz Guevara, diputada de Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Eliécer Feinzaig, diputado del partido Liberal Progresista (PLP), que buscan despojar de estos recursos a población trabajadora generando un desequilibrio financiero en la única institución financiera que por ley tiene como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los trabajadores y trabajadoras, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito, protegiendo proyectos productivos y sociales, lo que históricamente ha significado un fortalecimiento de la Banca Social del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

A lo largo de más de 50 años de gestión, el Banco Popular y de Desarrollo de Comunal ha demostrado un firme compromiso con la eficiencia y efectividad en la administración de estos recursos, siempre en beneficio de todos los sectores productivos y sociales del país. Modificar el destino de estos fondos sería un retroceso en nuestro objetivo fundamental de promover el bienestar social y económico de Costa Rica.

El Banco Popular y Desarrollo Comunal, hoy más que nunca, sigue siendo la opción más sólida y responsable para la población trabajadora de Costa Rica, y debe continuar siendo un aliado estratégico en el desarrollo económico y social del país.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia grave impacto de reforma de Fondos Generacionales

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia el grave impacto de la reforma de Fondos Generacionales y llama al posicionamiento de todos los sectores sociales, laborales y productivos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, con cuatro años de trabajo acumulado en la defensa de los derechos laborales, sociales y productivos del país, alerta sobre la amenaza que representa la reforma de Fondos Generacionales para la seguridad social de las y los trabajadores costarricenses.

Esta posición responde a las advertencias realizadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), que ha señalado los graves riesgos de esta reforma y su impacto negativo en la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a su labor de análisis y denuncia, la Mesa Nacional de Diálogo se suma con firmeza a este llamado de alerta y refuerza la exigencia de una revisión urgente de esta medida.

La reforma, aprobada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pone en grave riesgo el futuro de las pensiones y la estabilidad económica de miles de personas trabajadoras, al exponer sus ahorros a mayor vulnerabilidad financiera sin garantizar una mejora real en sus condiciones de retiro.

Denunciamos que esta medida se ha aprobado sin la debida transparencia, sin estudios técnicos claros y sin la consulta real a los sectores sociales y laborales afectados. Ante este atropello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales, laborales y productivos del país: sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general a unir fuerzas y rechazar este retroceso en materia de derechos laborales y seguridad social.

Con cuatro años de incidencia y construcción de fuerza en diversos sectores, la Mesa Nacional de Diálogo tocará las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir que diputadas y diputados se pronuncien sobre esta reforma y escuchen esta alerta que atenta contra la seguridad social de las y los trabajadores del país.

Durante la reciente actividad organizada por la ATTBPDC, expertos y representantes de diversos sectores expusieron las graves implicaciones de esta reforma y la falta de claridad en los cambios que afectarán a las futuras generaciones. Esta preocupación es compartida por la Mesa Nacional de Diálogo, ya que esta medida no solo debilita la protección social, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras modificaciones que sigan deteriorando los derechos de la población trabajadora.

Ante este panorama, exigimos la apertura de un diálogo nacional inmediato, donde las voces de los trabajadores y sectores sociales sean escuchadas y respetadas. Cualquier reforma al sistema de pensiones debe garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social, no su desmantelamiento en favor de intereses financieros.

La Mesa Nacional de Diálogo no permitirá que se juegue con el futuro de la clase trabajadora y del país. Es momento de organizarnos, alzar la voz y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestra seguridad social.

Miércoles, 19 de febrero.

Para más información y acciones conjuntas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | 8400-3435

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra aniversario de la Ley de Protección al Trabajador

Hoy hace 25 años se firmó la Ley de Protección al Trabajador, sin lugar a duda un hito histórico en nuestro país. Esta normativa vino a impactar positivamente nuestro sistema de pensiones.

La construcción de esta ley fue producto de un diáfano proceso de diálogo y concertación de sectores sociales y productivos con actores políticos nacionales, que coincidieron en una conquista de grandes proporciones, cuyos beneficios son significativos para el bienestar de las personas trabajadoras una vez que asumen su jubilación.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal dio un paso al frente provisionando recursos para su implementación y hoy más que nunca la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras se mantiene alerta y en actitud responsable velando por la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestras pensiones.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular reitera su preocupación por reforma de Fondos Generacionales al ROP

  • La ATTBPDC convocó a representantes de los sectores sociales a una jornada de análisis con el propósito de informar y adoptar las medidas que se juzguen pertinentes ante las intenciones de introducir la reforma de los fondos generacionales.

  • El foro conto con la asistencia de diversos sectores sociales y productivos de Costa Rica, incluyendo sindicatos del Magisterio, CCSS, solidaristas, representantes del sector cooperativo, colegios profesionales, artesanos y dirigentes comunales, entre otros.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras costarricenses y expresa su firme oposición a la pronta implementación de la reforma del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), conocida como Fondos Generacionales.

Durante la reciente actividad organizada por la Asamblea, titulada «¿Qué deben saber las personas trabajadoras sobre esta metodología de gestión de inversiones para el ROP?», líderes de diversos sectores, expertos en la materia y representantes de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma, dejando los siguientes cuestionamientos:

  • Posibles irregularidades legales: Existen dudas sobre si el CONASSIF y la SUPEN están extralimitando sus funciones al imponer restricciones a las libertades y derechos de terceros mediante un reglamento. Esto abre la posibilidad de que los Fondos Generacionales sean ilegales.

  • Ausencia de estudios técnicos y legales: El CONASSIF ha admitido que no dispone de estudios técnicos ni legales que respalden esta metodología. A pesar de ello, ha decidido avanzar con su implementación, generando incertidumbre y riesgo para los trabajadores.

  • Falta de transparencia y legitimidad social: Las personas trabajadoras y sus organizaciones no han recibido información clara y completa sobre los riesgos y posibles consecuencias de esta reforma.

  • ¿Quién se beneficia realmente? Es crucial responder a la pregunta: ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma? La urgencia con la que se pretende implementar en abril, a pesar de las dudas razonables expresadas, genera sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de esta decisión.

En la jornada participaron como expositores: Roger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Juan Antonio Vargas Guillén, representante de la ATTBPDC ante el CONASSIF; Alejandro Solórzano Mena, experto en temas de pensiones; Melizandro Quirós Araya, consultor financiero; Vivian Rodríguez Araya, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.