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Etiqueta: autonomía institucional

83 aniversario de la fundación de la CCSS

Manuel Hernández

El Seguro Social y la Caja se crearon en la ley N* 17 de 1/11/1941.

El artículo 1 de esa ley estableció que “bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo “se creó esa institución, que le compete la administración del Seguro social.

Pero, ¿quién se podría imaginar que 8 décadas después, a pesar de la reforma constitucional de 1943, y con todo y la promulgación de la Constitución de 1949, la Caja volvería, en una arbitraria regresión del tiempo, a estar sometida, de nuevo, a la vigilancia del Poder Ejecutivo?

No es una ficción científica o literaria, es una cáustica realidad institucional y política.

Un disruptivo regreso al siglo pasado, al inicio de la segunda guerra mundial.

Por un lado, la Ley Marco de Empleo Público, y por otro lado, las actuaciones del actual Gobierno, constituyen intromisiones políticas que erosionan la autonomía de gobierno de la CCSS, cuya vulneración es necesaria para profundizar el proceso de privatización de la seguridad social.

El Dr. Calderón Guardia en el discurso que dio el 16 de mayo de 1942, cuando envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional, para introducir a la Constitución el Capítulo de las Garantías Sociales, afirmó:

“(…) Falta, pues, completar la obra dando a la Caja Costarricense de Seguro Social las condiciones de autonomía, para que pueda llenar su cometido a plenitud, sin que sea vea entorpecido por intereses políticos susceptibles de poner en peligro su estabilidad.”.

Lo dijo el doctor hace 82 años, y hoy más que nunca, sus palabras resuenan en su ultrajada tumba del Cementerio General.

No creería mi amadísimo abuelo, quien fue un impenitente mariachi, combatiente del 48, que se haya retrocedido tanto, y que no hayamos tenido las hormonas para defender esa conquista social.

El mayor desafío que tenemos es recuperar la autonomía que fue hurtada.

¿Qué futuro podríamos tener sin la Caja?

Como dice Zizek:

Porque hoy el mayor riesgo es no hacer nada y dejar que la historia siga su curso”.

Las verdaderas causas de la alerta de racionamiento del ICE

Ing. Salvador López Alfaro
Exdirector del Centro Nacional de Energía, del ICE
Consultor en Mercados Eléctricos
Mayo 2024

Para empezar, diremos que dar una alerta de racionamiento en un país, es publicar la vulnerabilidad de un sistema eléctrico, a la variabilidad climática. Es una decisión muy delicada que compromete la económica del país y conmueve la confianza de los inversionistas en la solidez del Sistema Eléctrico Nacional.

Para entender las causas de porque llegamos a este punto, tenemos que entender que el ICE, como Institución técnica encargada de atender la demanda y la Operación del Sistema y Mercado Eléctrico, ha ido perdiendo gradualmente la autonomía, que fue la esencia de su éxito en décadas anteriores. Esto se ha dado por la intervención paulatina de los gobiernos, desde la creación de las presidencias ejecutivas en las instituciones autónomas en el año 1973. Esta legislación dio a los gobiernos de turno acceso a intervenir en la administración de las instituciones autónomas, cuya autonomía está establecida en la Constitución de la Republica.

Este proceso ha sido gradual y sostenido, pero que se ha agravado con la entrada de la Administración Chaves Robles, que además de destituir a todos los miembros de la Junta Directiva del ICE, para tener un control total, ha realizado un proceso de acelerado de intervención en las funciones técnicas nacionales, que como planificador y como operador del Sistema Eléctrico Nacional tenía que cumplir bajo los principios de independencia, neutralidad y transparencia.

Una de las acciones que lo demuestran fue la orden al ICE por el Gobierno, de rebajar las tarifas eléctricas, para cumplir promesas de campaña y desconociendo las necesidades y los procesos de la Institución.

Alineado con esta orden del Gobierno, la Administración Superior del ICE propone retirar plantas térmicas del Sistema, según declaraciones del presidente ejecutivo del ICE, en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, donde indicó que, con el fin de reducir tarifas eléctricas, se iban a retirar 226 MW de plantas térmicas, con el argumento que tenían tres años de no usarse. No se había comprendido que los tres años de usarlas muy poco, se debían a dos años de pandemia, traslapados con tres años del “fenómeno de la niña” o años con superávit de lluvia.

Otra medida aplicada, fue la solicitud a la ARESEP de no aplicar los aumentos de tarifas por los gastos de combustibles e importación de energía de la región, durante el año 2023. Esta es la tarifa que se denomina Costo Variable de Generación (CVG) y cuya aplicación se hace trimestralmente con aumentos anticipados por estimaciones hechas por el ICE y revisadas por la ARESEP. El ICE solicitó que se aplicara anualmente, hasta el año vencido, por lo cual la próxima correspondería hasta el año 2025, donde se aplicarán los gastos de CVG de los años 2023 y 2024, que hoy en día suman más 100.000 millones de colones.

Esta modificación de la normativa provoca que los gastos por combustibles e importación se recuperen dos años después de que se gastó y no cuando se está ejecutando el gasto, lo cual no da señales de precio real de la energía oportunamente.

Esto está teniendo un impacto muy fuerte en un año de El Niño, en el cual no tenemos señales de precios a la demanda para que se reduzca el consumo, lo cual contribuye a afrontar los periodos de mayor escasez de recursos de generación y estimular el consumo, cuando las tarifas son más bajas por la abundancia de recursos renovables en el invierno.

En estos momentos que enfrentamos una alerta de racionamiento, las tarifas deben ser mecanismos para desincentivar el consumo y no para estimularlo.

Todas estas señales que se dieron por parte del Ejecutivo y los Jerarcas de la Institución, que demostraban un desconocimiento de las competencias técnicas que tiene encargada la Institución, con el fin de atender la demanda y operar de manera segura el Sistema Eléctrico Nacional.

Estas decisiones mostraron finalmente, una subestimación del impacto del año de El Niño, del rol de la generación térmica de respaldo del SEN y de la importancia de las señales de precio a la demanda, para enfrentar un periodo del “fenómeno del niño” severo, pronosticado por el Instituto Meteorológico Nacional.

Esta subestimación de factores claves de la operación del Mercado Eléctrico Nacional, nos sirven para entender por qué se dio un tratamiento ordinario a las señales de déficit de desabastecimiento que advirtió el Planeamiento Operativo 2023 y 2024, también reflejaron la subestimación y desconocimiento de los efectos del “Fenómeno del Niño” y de la necesidad del respaldo de potencia térmica en el Sistema Eléctrico Nacional.

El Planeamiento Operativo identificó déficits de generación muy importantes para el año 2024, derivado de un incremento mucho más acelerado de lo esperado de la demanda, desde año 2023. Esto sumado al bajo nivel del embalse Arenal al final del año 2023, obligaba a medidas extraordinarias para cubrir los déficits encontrados para el año 2024 y evitar racionamientos.

Una de estas medidas extraordinarias, fue la recomendación de alquilar plantas térmicas para incrementar la potencia de respaldo para el año 2024.

Estas contrataciones se iniciaron en septiembre de 2023, pero se asumieron como una medida interna del ICE y no como una emergencia nacional, que permitiera garantizar la contratación oportuna de las plantas térmicas, para evitar un racionamiento. Esta requería de mecanismos agiles y seguros para contar con el respaldo para evitar el racionamiento, por las graves consecuencias que tiene para el país, no solo por el costo directo, sino por los costos en reputación y credibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, fundamentales en la atracción de inversiones.

El proceso ordinario empleado para el alquiler de plantas térmicas, del cual dependía evitar un racionamiento, creó condiciones para incumplimientos que se pueden considerar frecuentes en contrataciones ordinarias, como atrasos en tiempos de entrega, consecuencias que no se podían permitir en este caso.

Los retardos en la entrada de estas plantas de alquiler fueron los responsables del abatimiento anticipado de los embalses de seguridad de Cachi, Reventazón y Pirrís. Esto nos llevó muy cerca de perder la potencia de estas plantas para atender la demanda, al momento que se dio la alerta.

Finalmente, no son aceptables las justificaciones que da la Administración del ICE en el sentido de que el fenómeno del niño es responsable de estos racionamientos o el cambio climático. El ICE contaba con la información de un crecimiento mayor de la demanda y las informaciones de un niño severo para los años 2023 y 2024, por parte de los grupos de pronostico del ICE y las propias del instituto Meteorológico Nacional. El niño es un fenómeno recurrente, que se ha tenido en cuenta en operación del Sistema durante todos los años que lleva funcionando el Sistema Eléctrico Nacional y aun los escenarios más severos se consideran en el planeamiento operativo.

Esta es una actividad ordinaria del Operador del Sistema, la cual se cumplió correctamente, detectando los riesgos de déficit para el año 2024 y solicitando incrementar la capacidad térmica de respaldo. El no llegar a tiempo con estos recursos, fue el resultado de la mala gestión que hizo la Administración Superior del ICE de los procesos de alquiler de las plantas térmicas requeridas, al no darle el carácter de emergencia nacional a este riesgo de déficit de generación.

Todo lo señalado nos lleva a concluir que las causas de llegar a esta alerta de racionamiento se encuentran en el acelerado debilitamiento la autonomía de una institución de carácter técnico como es el ICE, en la presente Administración, que ha nombrado una Administración Superior inexperta, que ha impulsado acciones operativas erráticas y equivocadas, como: subestimar los efectos del “fenómeno del niño”, la falta de comprensión del rol de la generación térmica como respaldo del Sistema Eléctrico Nacional y finalmente esto ha llevado a no responder adecuadamente la señal clara de déficit de energía para el año 2024 del Planeamiento Operativo, que requería una declaratoria de emergencia nacional para el alquiler acelerado de plantas térmicas, para incrementar el respaldo necesario para la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

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Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Foro: 80 años de autonomía y sostenibilidad financiera de la CCSS

UNDECA en el marco del Día del Trabajador de la CCSS y 80 años de autonomía de la CCSS, invita al foro: “80 años de Autonomía y sostenibilidad financiera de la CCSS”. Este se llevará a cabo el día miércoles 18 de octubre, en el Auditorio Hospital México, a la 1:00p.m. Se contará con la participación de:

  • Luis Chavarría Vega Secretario General UNDECA Coordinador BUSSCO
  • Martha E. Rodríguez González representante, trabajadores Junta Directiva CCSS
  • Álvaro Ramos Chaves Expresidente CCSS

Salidas de jerarcas confirman alta inestabilidad en gobierno

Carlos Carranza – UNA.

Por medio de un comunicado de Casa Presidencial se informó este martes 4 de julio 2023, que la ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Jéssica Martínez Porras, y el viceministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Roy Jiménez Céspedes, no continúan en sus puestos tras haber presentado la renuncia.

Con estas nuevas salidas se confirma la alta inestabilidad de la administración Chaves Robles, pues ya son 28 las personas que en 14 meses de gobierno han dejado los puestos de jerarquía al que fueron nombradas por el mandatario.

Desde el Programa de Análisis de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), se indica que esta situación en el Estado costarricense es un elemento atípico, ya que, en los últimos 30 años, este ha sido el gobierno con más renuncias en diferentes partes.

Para el politólogo y coordinador del programa, Carlos Carranza, se resaltan varios elementos que se conjugan en esta situación:

  1. El no ser un partido con bases, con organización propia, sino que es propio de un momento determinado, hace que no contara con los cuadros suficientes para ejercer la autoridad correspondiente.
  2. El tipo de gobierno que ha desarrollado el presidente Chaves Robles, es de carácter centralista con grado de autoritarismo, donde el presidente decide cuál es la línea sin que haya un mensaje claro y oportuno.
  3. Como se ha demostrado en ciertos momentos para tomar posiciones, no existe una información racional, pensada, adecuada, sino que depende de los criterios correspondientes.
  4. El presidente, tras una línea muy dura, trata de establecer los criterios sobre los cuales deberían regirse las instituciones, lo cual pierde sentido, si entendemos que en la Constitución hay una serie de instituciones que tienen autonomía, como por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social o las universidades.
  5. Es muy claro o transparente, que las denuncias en su mayor parte han sido con diferencias con el presidente de la República, lo cual nos dice que no hay una estabilidad política adecuada, porque para desarrollar gobierno, desarrollar capacidades, se requiere un esfuerzo de primer nivel de parte de los que tienen la autoridad.

Según Carranza, en este punto, la recomendación de tratadistas es que un gobierno debe tratar de que su número de personas sean siempre un número que se permanezca durante toda la gestión para darle continuidad, estabilidad y el accionar correspondiente.

Por ende, estamos ante una situación que posiblemente cuando finalice la administración Chaves Robles, andaremos por un número superior a cualquier otro tipo de gobierno, dadas las circunstancias en que se desenvuelve el gobierno.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La victoria de la Autonomía de la CCSS, es la victoria de la Democracia: «Sic Semper Tyrannis»

Jiddu Rojas Jiménez

  1. El permanente ataque simbólico a la CCSS.

La Caja, nuestra CCSS, no es la «Caja de Pandora». La Caja no será perfecta, pero es perfectible. Y es el momento de volver a salir a defenderla con toda nuestra pasión y razón. 

La Caja, –más allá de la propaganda oficial–, es más que una lista fallida de pacientes en espera.

La Caja es más que esa «historia de terror» en una madrugada en Emergencias del Hospital Calderón, frente a algún burócrata desalmado, y que algunos hemos tenido.

La Caja implica miles, cientos de miles de vidas salvadas. El Suscrito incluido. La Caja es parte fundamental del Estado Social de Derecho.

La Caja y su acceso a la Salud, es la histórica diferencia entre la relativa Paz Social y el Caos, frente a la Anomia social de la Desigualdad creciente y la Polarización ciudadana.

  1. La CCSS y su contexto.

La Caja es una gran conquista obrera y popular. Pero también es un buen negocio a largo y mediano plazo, para el Empresario sensato y patriota, que valore su calidad de vida y su tranquilidad personal y familiar. Compárese sino, cuánto invierte en Seguridad personal un gran empresario en el resto de países hermanos de Centroamérica. La polarización social y el crecimiento exagerado de la desigualdad social y económica, no sólo son inmorales e inhumanas, sino que son desde el punto de vista incluso instrumental, un mal negocio para todos y todas. Incluyendo una mala inversión histórica para las clases dominantes. 

La Caja por dicha, –y eso no es una ocurrencia subjetiva, sino respaldada por números reales–, no es esa institución «quebrada» por decreto de la histeria del discurso Neoliberal del Gobierno de turno, y sus falsos datos de la propaganda oficial.

Ni es jamás, la noble universalización de sus servicios médicos, la que puede ser un obstáculo financiero real para su normal funcionamiento.

Al revés: Sus únicos y verdaderos enemigos son la Evasión y Elusión Fiscal en general, las Deudas de algunos grandes malos empresarios en particular, obviamente la corrupción de algunos aprovechados, ciertamente la parcial incapacidad de gestión burocrática, y recientemente, la decisión política de la Administración Central de no honrar su deuda para con la CCSS. Siendo ésta última doblemente inmoral cuando proviene del Gobierno, que habla de la supuesta quiebra de la institución pública más importante de nuestra República. 

 La CCSS tampoco es solamente la institución saqueada y defraudada por décadas por los políticos de turno. Es mucho más fuerte y sólida que eso, y tiene raíces históricas más profundas. 

La Caja, incluso, es más que parte del folclore romantizado sobre la inclusión social de la Segunda República. Aunque sin lugar a dudas, se fortaleció, creció y floreció con la Segunda República. 

La CCSS, institución Benemérita, fue soñada desde la noble cabeza del Benemérito de la Patria Manuel Mora Valverde, y fue construida desde el corazón y músculo político de sus compañeras y compañeros.

Ciertamente su creación formal fue firmada por el Presidente Calderón Guardia, y fue apoyada incondicionalmente por el Arzobispo de entonces Monseñor Sanabria, constituye junto al Código de Trabajo y la fundación de la Universidad de Costa Rica, pieza clave del Capítulo de la Garantías Sociales de 1943. Pero detrás de esta conquista social republicana, hubo sudor y sangre de los y las trabajadoras. Costó muertos, y merece ser defendida. 

  1. Defensa jurídica de la Autonomía de la CCSS.

Enhorabuena por la nueva Resolución de la Sala Constitucional, que sanciona la evidente ilegalidad del nombramiento de la nueva Junta Directiva, impuesta por el Presidente a la CCSS.

Toda la arquitectura de la institucionalidad jurídica y constitucional de la Segunda República, estaba en juego acá.

Los límites entre Administración Central, facultades del Poder Ejecutivo, Instituciones Autónomas, Descentralización y Desconcentración Administrativas, etc., estaban en jaque acá. 

Como costarricenses debemos estar muy orgullosos y orgullosas, de la eficacia y eficiencia jurídica en el control constitucional y político, de nuestra institucionalidad republicana. Se hizo justicia. 

Hoy (27 de Junio) asistimos a una verdadera victoria jurídica y política de la Democracia como sistema de frenos, pesos y contrapesos, frente al despotismo del Ejecutivo de turno. Es una victoria del sistema republicano como fundamento operativo jurídico-formal del Estado Social de Derecho. 

Defender la Autonomía Constitucional de la CCSS, también implica proteger y blindar nuestra Salud Pública, de los peligrosos manejos políticos del Ejecutivo de turno.

  1. Un urgente llamado unitario a la más amplia articulación de la lucha popular.

Hoy 27 de junio, el Estado de Derecho nos otorgó una justa victoria. Pero la movilización y la articulación de fuerzas sociales y «enjambres» ciudadanos deben ser la garantía real que acuerpe y dé materialidad a la sabia decisión constitucional. 

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho costarricenses demostraron hoy, ser baluartes estratégicos en la lucha por la Autonomía Constitucional de la CCSS. Habrá que estar vigilantes en su defensa también. 

Hoy, la Sala Constitucional puso un claro límite jurídico, a la arbitrariedad del Ejecutivo y su espuria Junta Directiva impuesta a dedo a la CCSS.

El Gobierno Populista y Neoconservador, con su agenda económica Ultra-Neoliberal y de privatización, sufrió una derrota táctica enorme, al ver frenado su estilo de Gobernanza, de corte autoritario, frente al Imperio de la Ley.

Una posible reacción irracional del Gobierno actual, sólo acelerará su creciente desprestigio democrático, y profundizará la vía autoritaria del Ejecutivo.

Llamamos a seguir resistiendo al Campo Popular en la defensa y profundización del Estado Social de Derecho como baluarte de nuestras conquistas sociales.

En defensa de la CCSS y de la Salud Pública, de la Educación Pública, de las Universidades Públicas, del Sector Agro, del BCR y de la Banca Pública, del Ambiente y del Planeta, de los Derechos Humanos, de los Derechos Laborales, de la inversión pública en Cultura, del Imperio de la Ley, por la defensa estratégica de nuestra institucionalidad y por el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Estado. Seguiremos resistiendo con creatividad, resiliencia y amor por la Patria. 

  1. Nota y testimonio cívico.

Dedicamos estas palabras peregrinas, sobre la urgente defensa de la CCSS, a los compañeros y compañeras de aquel histórico 

Comité Autónomo de Bases del Hospital San Vicente de Paul en Heredia en los albores de este siglo XXI; que incluía médicos, enfermeras, auxiliares, microbiólogos, administrativos, usuarios, vecinos, y simples asegurados. Así como a los alumnos y alumnas, profesores y profesoras de la UNA, a las fuerzas vivas de la comunidad de Heredia, y a los diversos Sindicatos del Sector Salud, que apoyaron la histórica lucha ciudadana, contra el fallido intento de privatización del Hospital San Vicente de Paul por parte de una extraña y desaparecida Fundación universitaria, y de cuyo nombre no quiero ni acordarme, y que quería «robarse» el nuevo Hospital de Heredia. Estos héroes y heroínas anónimos, –algunos ya no están físicamente con nosotros–, merecen todo nuestro respeto, y un justo reconocimiento histórico y ciudadano. No fue en balde nuestro esfuerzo y justa lucha, y así hoy tienen un moderno Hospital para Heredia y Costa Rica. Más allá de lo que las placas oficiales digan en el cemento, ustedes fueron los discretos y verdaderos héroes. (Y heroínas, porque la mayoría siempre fueron compañeras.)

Para el Gobierno de turno y su deriva Autoritaria, Neocon y Ultra-Neoliberal, pues les recordamos la vocación profundamente democrática de las luchas sociales. Nunca será tarde para reconstruir los «puentes quemados» (sic) del necesario Diálogo Social y Ciudadano. 

La romana sentencia contra el abuso de poder reza sabiamente: «Sic Semper Tyrannis».

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¡La ciudadanía costarricense ganó!

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra el gran triunfo de la democracia costarricense con la resolución de la Sala IV a favor de la restitución de la Junta Directiva de la CCSS.

  • La Sala Constitucional, sala IV declaró con lugar cuatro recursos de amparo presentadoscontra la suspensión decretada por el Consejo de Gobierno en perjuicio de varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
  • Esta acción fue uno de los recursos de amparo, tramitado bajo el expediente 22-028375-0007-CO, presentado por el sindicato SINAE Y Afines, en conjunto con más de 10 sindicatos que conforman la «Unidad en la Acción Sindical” en donde participan varias organizaciones sindicales de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
  • Según declaraciones del dirigente Sindical Lenin Hernández, con este voto se regresa la creencia y el respeto a la institucionalidad del país.  
  • Organizaciones de la Mesa de Diálogo y organizaciones sindicales de la Unidad en la Acción Sindical, convocan a vigilia ciudadana en favor de la democracia costarricense para celebrar este gran triunfo, el próximo miércoles 28 de junio, en la Plaza de la Democracia a partir de las 6:00 pm.

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, espacio de articulación multisectorial, ante la distancia acrecentada entre los Poderes de la República y la ciudadanía, sectores sociales y productivos, felicitan y celebran el gran triunfo de organizaciones sindicales como SINAE y Afines, quienes, mediante la iniciativa de Unidad en la Acción Sindical, llenan de esperanza y orgullo a las distintas organizaciones sociales y productivas, viendo con gran optimismo, que esta acción fortalezca la institucionalidad en el país, la incidencia política de los movimiento sociales en libertad democrática y la defensa del Estado Social de Derecho.

La acción constitucional fue tramitada bajo el expediente 22-028375-0007-CO, que, por mayoría, con 5 votos a favor y solo 2 salvados, se logró resolver a favor del recurso interpuesto, lo que permitió a la Sala IV, ordenar la restitución inmediata de personas miembros de la Junta Directiva de la CCSS, que el gobierno de Rodrigo Chaves destituyó arbitrariamente en el 2022, violando la autonomía de la institución.

Por tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense, organizaciones sociales diversas y productivas de todo el país, a celebrar este logro como propio de la democracia y hacer nuestra la alegría de vivir en democracia.

Además, invitamos a esas miles de personas que marcharon hace una semana, en defensa de la Educación Pública, al sector Agrario y Agroindustrial que ha sido sumamente golpeados con las medidas de este gobierno, sobre todo a quienes sufren día a día la inseguridad ciudadana acrecentada en este país, a todas las personas invitamos a sentir orgullo de la división de poderes en Costa Rica y la importancia de nuestra institucionalidad y respeto a la autonomía de las instituciones públicas en el país, para seguir salvaguardar el sistema democrático y las garantías sociales que nos heredaron nuestros abuelos y abuelas.

Finalmente, les invitamos puedan unirse a esta celebración en favor de la democracia costarricense, el próximo miércoles 28 de junio, en La Plaza de la Democracia, a la Gran vigilia en favor de la democracia y la seguridad social en Costa Rica.

¡VIVA COSTA RICA CONTRA EL AUTORITARISMO!

¡VIVA COSTA RICA A FAVOR DE LA CCSS Y NUESTRA DEMOCRACIA!

El voto de la Sala sobre la Caja: Una herramienta legal para movilización social y la defensa del Estado Social de Derecho

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical CCSS
Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria HSJDD
28 junio 2023

A partir del voto de la Sala Constitucional que ordena restituir a los miembros titulares de los sectores sociales en la Junta Directiva de la CCSS, nos inclinamos por la siguiente opinión:

La reflexión del fallo debe ser mesurada desde todo punto de vista y dimensionar sus alcances legales y constitucionales para exigir con movilización y protesta social bien atiempada, que todos los acuerdos tomados sin quorum estructural y que configuran el golpe de facto que hemos descrito, sean declarados nulos de forma inmediata. Sin duda hay que tomar la ofensiva en lo legal contra las personas que han sido las marionetas del populismo y mercadotecnia del Presidente, pero recordemos que según sea el actor o actriz, asi se moverán los molinos de la justicia, esto para no engañarnos a nosotros mismos ya que el fallo es solo un buen golpe al sistema, el poder real aún no esta de nuestro lado, eso toma más trabajo y tiempo.

Por otro lado, debe privar una mezcla equilibrada entre la inteligencia emocional y la inteligencia racional, ya que la conducción político- organizativa del tema CCSS, es solo una parte hiper relevante de una lucha superior y estratégica de mediano y más largo plazo, cuyo objetivo radica en el bien del Estado Social de Derecho y su recomposición con enfoque social y humano, proceso en el cual el Dios pueblo y su bienestar debe ser el centro de toda discusión y decisión.

En ese tanto el momento exige verdadero análisis sobretodo político, por tanto el fallo lo situamos en medio de una lucha interburguesa en desarrollo que ha presentado intensidad mayor reciente y con atisbos altamente peligrosos para cualquier sistema democrático.

Para intentar ubicar más el contexto, nos parece que estamos ante una disputa entre elites viejas que se niegan a morir y que recibieron un empujón de los gurúes de la Sala Constitucional y otras élites nuevas que impulsa Don Rodrigo Cháves Robles desde su narrativa populista de pura mercadotecnia y sin verdaderos avances para la gente, pero aún así debemos potenciar un buen aprovechamiento del fallo.

Este campo de batalla interburgués requiere ser analizado con sapiencia para aspirar a que los efectos e impactos de este fallo relativo a la Caja, potencien una señal que irradie más allá de cara a un proceso integral de defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad y la democracia.

Debemos aspirar con buena lucidez que las repercusiones de este fallo en las mayorías empobrecidas y desempleadas que tienen derecho a la universalidad en la salud y a una pensión digna y demás derechos humanos sean altamente satisfactorias y en tal sentido se impone a los liderazgos sindicales y sociales una inhalación obligada para que la exhalación que surja sea de mas largo aliento, ya que para vivir en un país inclusivo, tolerante, de paz y verdaderamente más humano debe imperar la disciplina de pensar en el bien común de las mayorías.

Hoy es un día de victoria para Costa Rica

En este breve video se informa acerca de la resolución de la Sala Constitucional que restituye la autonomía de la CCSS, luego de que el presidente Chaves reemplazara la junta directiva con personas afines a su pensamiento.

 

Producción: Unidos por la Caja. Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.

Imagen, Semanario Universidad.

!Que nadie se queda afuera, ni atrás!

Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social

Esta Ley Marco de Empleo Público incorpora una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.

Esta salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva a la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo es incompatible con principios constitucionales y la autonomía de la CCSS.

La Sala advierte que compete a la Caja Costarricense de Seguro Social definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.

Ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.

Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N*2011-14624)., afirmó que varios artículos son inconstitucionales, porque violentan la autonomía y “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra.”

Con fundamento en las consideraciones de la Sala Constitucional, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la CCSS, ya sean asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales y especialistas, en el campo administrativo o de la medicina, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a esta institución.

La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, comprende todos los servicios y actividades que realizan todos sus servidores, sin distingos de ninguna especie, por lo que resulta totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos, unos sujetos a la gobernanza de la propia institución y otros sometidos a las regulaciones de MIDEPLAN, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.