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Etiqueta: autonomía universitaria

Guanacasteca asume Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la UNA

Por Dra. Ana Yury Navarrete
Académica
Universidad Nacional

La Doctora Sylvia Arredondo Guevara, destacada académica oriunda de Guanacaste, comunicadora, investigadora y defensora de la educación pública, asumió oficialmente este 11 de diciembre la Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), uno de los máximos órganos de gobernanza institucional encargados de orientar las decisiones estratégicas de la universidad.

Su nombramiento constituye un hito para Guanacaste y para el país, al visibilizar el liderazgo femenino en la academia, el empoderamiento de las mujeres en la investigación y la extensión universitaria, y el compromiso institucional con las cero tolerancias hacia la violencia de género: “ El nuevo Estatuto Orgánico de la UNA en proceso de construcción, debe también reforzar un enfoque de derechos, inclusión y equidad, asegurando que todas las personas tengan acceso real y justo a la educación superior, y que la UNA sea un espacio seguro, respetuoso y libre de toda forma de violencia o discriminación”.

La trayectoria de la Dra. Arredondo se ha caracterizado por impulsar espacios seguros, inclusivos y equitativos para las mujeres dentro y fuera de la universidad. Para Arredondo, desde la Presidencia del Consejo Universitario se estará ejerciendo con mayor rigor un papel vigilante y responsable sobre la gestión institucional, una vigilancia que busca fortalecer los procesos académicos, administrativos y estudiantiles, que impacte la acción sustantiva, siempre orientados al mejoramiento continuo y a la excelencia.: “Vigilamos para construir, no para dividir; para orientar, no para obstaculizar”.

Durante la sesión de designación, la acompañaron representantes de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quienes destacaron su capacidad de diálogo, su visión humanista y su firme defensa de los derechos estudiantiles: “ La UNA debe ampliar y diversificar las formas en que estudiantes, académicos y personal administrativo influyen en las decisiones institucionales, mediante consultas informadas, procesos digitales y espacios permanentes de diálogo, indicó Doña Sylvia: “Nuestro Estatuto debe impulsar la excelencia académica, mediante la actualización de políticas de docencia, investigación, extensión, producción y acreditación interna. La UNA del siglo XXI requiere programas flexibles, interdisciplinarios y socialmente pertinentes”

Su presencia refuerza el compromiso absoluto con la defensa de la autonomía universitaria: “La autonomía no es un privilegio sectorial: es un pilar constitucional que garantiza la libertad académica, la producción de conocimiento independiente y la capacidad de la universidad para servir al país con rigor y pensamiento crítico. Defenderla requiere coherencia, firmeza y transparencia. La autonomía es un pilar que desde la UNA seguiremos defendiendo”, señaló Arredondo, quien destacó la importancia de una gobernanza participativa, moderna, eficiente y transparente, donde el estudiantado se reconoce como aliado fundamental en la transformación universitaria: “Es momento de revisar estructuras, clarificar competencias y eliminar duplicidades para asegurar una toma de decisiones ágil, participativa y con rendición de cuentas efectiva”.

Para la presidenta suplente del Consejo Universitario otro aspecto indispensable y pertinente de darle prioridad en la UNA es la transformación digital institucional, definir y poner en funcionamiento un marco normativo para la educación multimodal, la protección de datos, la infraestructura tecnológica y el uso ético de herramientas como la Inteligencia Artificial

La Dra. Arredondo asume este cargo con una agenda orientada a la excelencia académica, el fortalecimiento de la investigación regional, la extensión crítica con impacto social y la construcción de una Universidad Nacional libre de discriminación, prejuicios, inclusiva y comprometida con el bienestar integral de las comunidades: “Pero junto con estos compromisos internos, es imprescindible reconocer que es nuestra responsabilidad la defensa de los valores democráticos que sostienen la existencia misma de la universidad pública. Es nuestra obligación garantizar nuestro compromiso para que Costa Rica sea ejemplo de estabilidad, paz y educación pública de calidad”.

En tiempos recientes, el país presencia tensiones, discursos polarizantes y dinámicas políticas que, desde distintos espacios públicos, pueden erosionar la convivencia, incentivar el desprecio hacia las instituciones y abrir puertas a la violencia y al odio, en este contexto, según Arredondo, el Consejo Universitario de la UNA tiene el deber constitucional, histórico y moral de alzar la voz: “ Cuando estas señales aparecen, incluso si proceden de autoridades del propio Gobierno, el Consejo Universitario de la UNA no puede guardar silencio, porque no hablamos desde la confrontación política. Hablamos desde la responsabilidad histórica”.

Doña Sylvia en su calidad de autoridad universitaria expresó que, la universidad pública debe ser un contrapeso ético y un espacio de luz ante toda forma de intolerancia, desinformación o ataque a la institucionalidad: “Nuestro deber es denunciar riesgos, defender la pluralidad, proteger la libertad de pensamiento y promover una cultura donde el debate se sostenga con argumentos, no con agresiones; con respeto, no con violencia; con veracidad, no con manipulación. La democracia costarricense no se debilita de un día para otro: se erosiona cuando se normaliza el irrespeto, la polarización, la mentira o la violencia simbólica”.

Arredondo, reiteró que desde la Presidencia del Consejo Universitario de la UNA se reafirma toda la disposición a trabajar con apertura, con diálogo constructivo y con un profundo sentido de servicio público: “La universidad es y debe seguir siendo un referente de libertad, pensamiento crítico, convivencia democrática y compromiso social”, indicó Arredondo.

El Rector de la UNA Dr. Jorge Herrera Murillo, señaló el desempeño de la doctora Sylvia Arredondo y sus capacidades para ayudar estratégicamente al Consejo Universitario en la necesaria comunicación, tanto, a lo interno como a lo externo de la UNA: “ Agradezco a Sylvia porque siempre ha sido garante de estar posicionando temas a nivel político, tanto, en la Asamblea Legislativa como en otras instancias, así como a nivel internacional, de forma que su gestión y experiencia será muy valiosa para este órgano como para la Universidad Nacional”. Asimismo, el Rector de la UNA expresó tanto al Máster Braulio Sánchez Ureña, presidente titular y a la Dra. Sylvia Arredondo Guevara, presidente suplente, la disposición y apertura de la Rectoría de la UNA, para generar los espacios necesarios en aras de construir Universidad”.

Enlace:

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.

Consejo Universitario reconoce aportes del magistrado Fernando Cruz Castro

María del Mar Izaguirre Cedeño
Periodista

Con este acuerdo, la UCR reitera su papel como centro de pensamiento que promueve el libre acceso a la información y al conocimiento en pro del interés público y la progresividad de los derechos. (Foto: Anel Kenjeekeva,OCI).

De manera unánime, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció al distinguido magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Fernando Cruz Castro por sus aportes en materia de libertad de expresión, promoción de la pluralidad, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la democracia del país.

Para el Órgano Colegiado, la trayectoria y el conocimiento del Dr. Cruz han sido invaluables en la construcción de un marco teórico, normativo y jurisprudencial cuyo eje central es la defensa de la democracia, el cual ha impactado al país y el ámbito universitario. Asimismo, destacó su calificada participación en diversos espacios que fomentan el debate social desde una perspectiva que busca comprender la libertad de expresión como un derecho, y como una práctica sociohistórica sujeta a principios de responsabilidad, transparencia y control democrático.

El Consejo Universitario también reconoció en Fernando Cruz su posición clara y firme respecto a la importancia de asegurar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, elementos esenciales para evitar transgresiones a la Constitución Política de la República de Costa Rica y así garantizar un intercambio de ideas libre en el país

Adicionalmente, el acuerdo insta a la Administración a institucionalizar actividades conmemorativas al Día Nacional de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que se celebra cada 1. ° de setiembre, como una forma de reforzar el compromiso de esta Casa de estudios con el pensamiento crítico e independiente.

Trayectoria

Fernando Cruz Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Criminología, en el Instituto de Criminología de la misma universidad española.

Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y presidente del Tribunal de Casación Penal

Actualmente es profesor en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica; es magistrado desde el 14 de octubre de 2004 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el 2018 hasta el año 2022.

Fuente: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejo-universitario-reconoce-aportes-del-magistrado-fernando-cruz-castro.html

El papel de los sindicatos en la construcción de la universidad pública costarricense del Siglo XXI

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos,
Conciencia digital y fundamentos de la IA,
Diplomada Internacional en Cambio Climático y
Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales
Estudiante Carrera Derecho,
Escritora. Líder Sindical,
Científica Social, Consultora Empresarial

apatriciaq@yahoo.com

La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.

En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.

Los sindicatos en la historia universitaria costarricense

El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.

Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público

En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.

Construcción de condiciones laborales y diálogo social

Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.

Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad

El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).

Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:

  1. Derechos laborales y condiciones de trabajo.

  • Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)

  • Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización

  • Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones

  • Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)

  1. Defensa de la educación superior pública

  • Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)

  • Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario

  • Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad

  • Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos

  1. Políticas internas universitarias

      • Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)

      • Defender la autonomía universitaria

      • Impulsar la transparencia en la gestión administrativa

      • Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos

  1. Bienestar y desarrollo del personal

  • Promover programas de capacitación y profesionalización.

  • Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)

  • Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.

  1. Incidencia nacional y social

  • Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público

  • Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.

  • Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.

  • Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.

  • Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.

  • Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.

  • Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional

Conclusión

Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.


Referencias

  • Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.

  • Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.

  • Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.

  • Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.

Las paradojas de una democracia sin demócratas: antecedentes – Parte 2

Esteban Rodríguez-Dobles
Docente
Historiador
Escuela de Estudios Generales UCR

Parte 1

Con este segundo artículo terminamos de establecer el contexto histórico que enmarcan los escándalos relacionados con las acciones de diferentes funcionarios y cuerpos colegiados, posteriormente abordaremos aspectos más específicos.

Para el ciudadano que no tiene tiempo de reflexiones sobre la calidad de la democracia, hoy el Estado y sus instituciones son vistos por una gran parte de personas como un estorbo y una carga económica, con funcionarios con sueldos multimillonarios, un modelo que sirve a unos pocos, con un rígido sentido burocrático, parasitario y corrupto. Esta indignación contra las instituciones públicas, este desencanto por el sistema democrático tiene sus antecedentes en una multitud de situaciones.

Las filtraciones de Wikileaks en noviembre de 2010 nos mostró el negocio militar de la guerra en Irak y Afganistán, a ello se sumaron los Panama Papers (2016) y los Pandora Papers (2021), develando los mecanismos de elusión y evasión fiscal, detallaban operaciones offshore de políticos, empresarios, celebridades y criminales. En la filtración de Pandora fueron más de 11.9 millones de archivos procedentes de 14 despachos legales especializados en servicios offshore, exponiendo a más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países. Según datos del Ministerio de Hacienda, se identificaron 120 entidades costarricenses, entre personas físicas y jurídicas; los límites de lo verdadero y lo falso perecieron estar dando paso a un ethos individualista, tiránico y revanchista.

Tomemos en cuenta además que Costa Rica experimentó una seguidilla de escándalos indignantes de corrupción en obra pública. Casos como La trocha fronteriza o Ruta nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras (2011), El Cementazo (2017), el caso Diamante (2021), empujaron al proceso electoral de 2022 a una segunda vuelta donde el cuestionado José Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), también altamente cuestionado, se enfrentaron por la presidencia de la República. El resultado era previsible, el cambio aunque incierto dejaba atrás al bipartidismo, al supuesto comunismo y al PAC, todo con el apoyo popular aunque significara un balazo en el pie, fue un cambio al fin. No todo cambio es para bien.

Es en este marco donde las acciones cometidas por funcionarios de la OEPI, el Consejo Universitario de 2024, y la administración Araya Leandro durante 2025, tienen una mayor repercusión y significado, pues han dotado de armas a los propios detractores de la universidad pública y a los enemigos de la autonomía universitaria.

Señala el filósofo francés Eric Sadin, que dada la acumulación de estas evidencias y decepciones producto de un sistema político global corrupto, estas cosas produjeron un ambiente propicio para un tipo de individuo que se ha convertido en un tirano, vota para castigar, de manera que vivimos en la era de la tiranía de los individuos con smartphone, una especie de totalitarismo de la multitud en la internet, apáticos con la democracia, y afines a un recambio que responda a los intereses personales y no a un proyecto colectivo sostenible, ¿estamos ante el fin de un mundo común? ¿Estamos ante el fin de un proyecto común de universidad?

Es como si existieran realidades paralelas, semejante a lo que acontece a lo interno de la UCR por parte del arayismo. ¿Pueden estas paradojas incidir en las prácticas de la vida democrática de una institución como la UCR? En el siguiente artículo continuaremos problematizando.

Imagen: Esteban Rodríguez-Dobles.

Autonomía universitaria: legado emancipador, no escudo de poder

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.

En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.

Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.

Pueden descargar el Manifiesto Liminar de Ia Reforma Universitaria deI 21 de Junio de 1918

Pueden descargar la infografía aquí.

PDFImagen

Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital

La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.

Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.

Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.

Lo de autonomía universitaria

Por Carlos Meneses Reyes

En la Universidad Nacional de Colombia, estudiamos y nos formamos, en ejercicio de la autonomía universitaria. Esto no solo abarcó la no injerencia de fuerzas represivas en ella. Esta autonomía va relacionada con la interacción de la gobernanza universitaria, que implica garantizar la toma de decisiones internas. Prima en este modelo la libertad de cátedra; siendo inherente la participación de los estudiantes. Proyecta la función de factor de investigación y aplicación del conocimiento; hoy, conforme a lo interdisciplinario, en aplicación de lo científico, lo tecnológico y la inteligencia artificial. Autonomía en lo administrativo, implica que gira en torno a las directrices estatales gubernamentales de una universidad con función social y al servicio de la sociedad. En modo alguno aplica a comportamientos de intereses económicos; de factores de comportamientos del mercado; tampoco de búsqueda de medios financieros, para funcionar o subsistir. Eso corresponde al modelo de banca financiera anglosajona rochels y, por ende, asimilado al interés sionista. Rechaza el camino de la privatización tanto de la educación pública, como de la de la Universidad Nacional. Erradica el modelo de privatización en áreas de conocimiento de la U Nacional. Implica la toma de decisiones de los sectores estudiantiles, docentes, administrativos, de trabajadores y de egresados, como comunidad universitaria, que garantice el funcionamiento interior, independiente de presiones o intereses políticos y económicos externos, incluso de burocracia estatal. Es esa participación de la comunidad universitaria la que garantiza el ejercicio de la autonomía universitaria.

El actual conflicto en la Universidad Nacional de Colombia ha sido el resultado de la aplicación de fórmulas de conteo y aplicación de malabarismos matemáticos, en la labor de designación del nuevo rector, que implicó el sacrificio del ejercicio del voto directo universal y sus efectos inmediatos. Se trata de la utilización de una práctica napoleónica. El profesor Rodolfo Múnera obtuvo el reconocimiento consecuente de la mayoría universitaria y la telaraña de inspiración anglosajona, de derecha, sionista, impuso un atornillado de la caduca Administración, proveniente de gobiernos anteriores, en la rectoría de la universidad pública de todos los colombianos.

Transcribo el texto del artículo 69 de la CP91: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas. Y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. / La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. /El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones para su desarrollo. / El estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”

Se requirió de un gobierno de inspiración popular, como el presente, para evitar que el atornillado vicerrector de administración, que representa lo anacrónico de la Universidad, fuera instituido como rector, vulnerando el deseo mayoritario de la comunidad universitaria.

Se puede resumir la situación en la U. Nacional, así: 1. No existe el acto admirativo del Consejo Superior Universitario, nombrando al nuevo rector. 2. La Dra. Dolly Montoya continúa siendo la rectora; subjudice por abandono del cargo. 3. La “posesión” del rector ante una Notaria es ineficaz. Viola la constitución y se trata de una tipificación penal de usurpación de cargo público. 4. Se impone integrar el quorum deliberativo del Consejo Superior Universitario, con la participación de la nueva representante de los estudiantes, dando al traste con la manía de impedir las sesiones. 5. De no lograrse, sea la Asamblea General de la comunidad universitaria y en ejercicio de su autonomía, constructora de mecanismos directos de participación y de representación en el Consejo Superior universitario, declarando la elección del nuevo rector. 6. Se trata de un caso más de estado de cosas inconstitucional (eci).

Por consiguiente, independiente de la decisión de la jurisdicción administrativa, sobre el mecanismo de recuento electoral que aplicó el Consejo en la escogencia del rector, en la fallida sesión del 21 de marzo de 2.024; se imponga el ejercicio del constituyente primario universitario, de derogar tal sistema de conteo, que permitió que un candidato con menor aceptación y posibilidades de elección pudiere ser nombrado rector.

La encrucijada de la Universidad de Costa Rica: El dilema del salario global

Por Ihann Paniagua Porras

La Universidad de Costa Rica se encuentra ante una encrucijada que amenaza con alterar su estructura interna y la calidad de la educación superior en el país. La implementación de la Ley Marco del Empleo Público, en marzo de este año, ha desatado debates cruciales sobre el futuro de la institución.

Uno de los puntos de mayor controversia es la posible adopción del «salario global». Esta medida, que implica asignar salarios según categorías predefinidas sin tener en cuenta la experiencia, antigüedad o talento individual, plantea serias preocupaciones. En un contexto de presión fiscal, donde la contención del gasto es primordial, la implementación del salario global podría poner en riesgo la capacidad de la universidad para atraer y retener profesionales altamente calificados.

En un país que ha destacado en la región por la calidad de su educación superior, el riesgo de desincentivar a los profesionales mediante salarios no competitivos es evidente. La Dra. Juliana Martínez Franzoni señala que Costa Rica ha perdido su rumbo, y este dilema amenaza con agravar la situación.

La discusión se amplía al impacto en la autonomía universitaria, un pilar fundamental de la democracia costarricense. La autonomía universitaria, según la Constitución Política, garantiza que las instituciones puedan organizarse y regularse sin interferencias externas. La propuesta del salario global amenaza directamente esta autonomía, otorgando al Poder Ejecutivo un control significativo sobre la política salarial de instituciones autónomas.

El profesor Mauricio Castro, experto en Derecho Laboral, destaca cómo el salario global representa una amenaza para la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores. Además, la posibilidad de congelar salarios y la falta de pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre ciertos aspectos generan incertidumbre.

En un contexto histórico que llevó a la democratización del poder tras situaciones de caos y corrupción, es crucial recordar la importancia de mantener límites al Gobierno Central y preservar la autonomía de las entidades públicas.

La comunidad universitaria, consciente de la necesidad de una revisión salarial, insta a un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones equitativas sin comprometer la calidad educativa ni la autonomía institucional.

Compartimos tres breves videos explicativos de aspectos claves de este tema y una charla amplia del doctor Mauricio Castro:

 

 

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.