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Etiqueta: autoritarismo

Un cambio en mi decisión de voto

Alberto Salom Echeverría

Hijos, Hermanos, primos, primas, amigos y amigas entrañables. He visto casi todos los debates entre ambos candidatos en esta segunda ronda. Aunque Figueres en muchos aspectos, no me acaba de convencer, su discurso se muestra respetuoso de algunos asuntos que son para mí de enorme importancia. Ha pregonado su respeto por el Estado Social de Derecho, y tiene una postura mucho más moderna y justa que su contrincante, respecto del desarrollo acorde con el ambiente y el respeto a la Naturaleza.

En contraposición, Chaves ha dado claras muestras de ostentar un estilo autoritario y poco transparente, anti democrático demagógico, desconocedor de la realidad política y nada costarricense. Ha propuesto explorar y explotar al menos uno de los hidrocarburos, el gas natural; exhibe crasa ignorancia en cuanto al estado incipiente de la investigación en Costa Rica de la existencia de petróleo y gas, muestra desconocimiento además en cuanto a que en muchos casos el gas aparece en la naturaleza junto al petróleo y por ende no se puede extraer sin este. Ni siquiera sabe que, debido al estado tan embrionario de la exploración realizada en CR de esos elementos, pasarán los próximos cuatro años, sin que se pueda siquiera haber empezado, si es que fuera conveniente, la fase de extracción y explotación de dicho elemento. Propone convocar a un referéndum, cada vez que se atasque un asunto en la agenda legislativa. Deja ver, por un lado, su falta de voluntad y confianza en su liderazgo para buscar acuerdos en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, refleja su gran desconocimiento de la legislación, ya que no ha discriminado siquiera llevar a referéndum asuntos que están vedados por la Constitución.

Por otra parte, al ver el debate de los vicepresidentes en la UNA, pude observar con honda preocupación que, el vice presidente de Chaves que compareció, ofreció controlar radicalmente las universidades públicas violando la Constitución, y eliminando la libertad de cátedra, sin decirlo de ese modo, ya que de seguro ni sabe en qué consiste.

Todo lo anterior, sumado a las constantes expresiones de infravaloración de la mujer por parte del candidato Chaves y las muchas evidencias de su ignorancia y subvaloración acerca del papel de la mujer en la sociedad moderna, su paridad irrestricta junto al hombre en el trabajo, además de las múltiples muestras de irrespeto a la mujer en su conducta personal, me han llevado a un cambio de la decisión que hasta hoy había sostenido y predicado en cuanto al voto en esta segunda ronda electoral. 

Por lo dicho, contrario a lo que siempre sostuve, he tomado la decisión de darle mi voto a Figueres, pese a que mis dudas sobre su liderazgo y consistencia, no se han disipado del todo.

Votaré por Figueres, aun cuando su propuesta programática, en mi opinión presenta vacíos importantes o desconocimiento por ejemplo, respecto de la contundencia con la que hay que acometer las medidas de progresividad en los impuestos, para continuar atajando la enorme evasión y elusión de los mismos por parte de sectores cúpula de la sociedad.

No obstante lo anteriormente dicho, mi análisis acerca de la actual coyuntura de la sociedad en Costa Rica, tan delicada y endeble en lo económico, tan precaria en lo político, tan desigual en lo social, tan urgida de señales políticas claras en cuanto a una agenda que contemple pasos seguros hacia la sostenibilidad en el desarrollo, me han llevado a la decisión que he expresado de votar por Figueres, pese a que algunas de mis críticas y temores, como ya lo dije siguen en pie.

Afirmo que, he querido expresar abiertamente mi voto, entre los círculos ciudadanos en los que me desenvuelvo porque quiero instar al menos a familiares, amistades y otros círculos ciudadanos cercanos que, como yo conservan hasta hoy dudas, a tomar una decisión de dar el voto a José María Figueres, para contribuir aunque sea en una pequeña escala, a brindarle a un eventual gobierno suyo más legitimidad y consenso para acometer una agenda que al menos contemple: una ruta que dé continuidad a la estabilización de las finanzas públicas, de respeto irrestricto por la Constitución, lo que implica resguardo por la autonomía de las instituciones que requieren de este fuero para cumplir su cometido con solvencia, muy especialmente me refiero al ICE, la CCSS y la autonomía de las universidades públicas. El país requiere asimismo de acuerdos amplios para mejorar decisivamente la educación pública, en particular el fortalecimiento de escuelas y colegios públicos en las zonas rurales y urbanas menos favorecidas por las políticas públicas de nuestro país; el próximo gobierno requiere consensos de ancha base para apuntalar la agenda de descarbonización y la profundización de un desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable, que vele por el uso de tecnologías limpias en reemplazo progresivo del uso de hidrocarburos contaminantes. Se requerirá de consensos también para profundizar la ruta costarricense de respeto irrestricto por los derechos humanos, en particular los de las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y el respeto a los derechos de las personas sexualmente diversas. El país está urgido de nuevos entendimientos políticos y en la sociedad civil, para enfrentar el narcotráfico y la corrupción en círculos de la administración pública y en el sector privado.

He decidido así mi voto, porque he llegado a la conclusión de que frente a los múltiples peligros que representa Chaves, su improvisado partido y agenda política, el país requiere de un nuevo diálogo social y político para afianzar la democracia con pluralidad de pareceres, pero con voluntad de entendimientos transparentes frente al autoritarismo que representa Chaves. La arrogancia y prepotencia de que ha hecho gala y su falta de transparencia, su doble moral y opacidad conforme la cual ha manejado su campaña electoral, constituyen muestras claras del liderazgo pernicioso que quiere ejercer para gobernar a Costa Rica. Ha llevado una contabilidad paralela respecto de la que está legalmente autorizada en materia electoral, ha mostrado en ello una gran opacidad frente a la ciudadanía y el Tribunal Supremo de Elecciones. Todo el proceder del candidato Rodrigo Chaves refleja su endeblez política, su falta de convicciones democráticas, su tendencia al manejo de los asuntos políticos tras bambalinas, amén de una enorme demagogia y muy escasa experiencia para gobernar el país.

Por todo ello, quienes profesamos diversas ideas políticas, pero con firme vocación democrática, quienes apostamos por la transparencia en la política y la rendición de cuentas, debemos dar este paso al frente, para tener autoridad moral y contribuir así a formar ese nuevo consenso político, ante un gobierno de José María Figueres. Hagámoslo con espíritu crítico y con optimismo a la vez, pues Costa Rica merece nuevas oportunidades para un mejor bienestar para todos sus hijos e hijas.

Panorama gris para el empleo público

SITRAINA

El nivel de autoritarismo que se está pronunciando en la arquitectura jurídica nacional es alarmante. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo que le garantiza participación política, efectiva y real, a las diversas posiciones sobre la administración de la cosa pública. Para garantizar el pluralismo, contrario al autoritarismo que implica un sometimiento a una sola autoridad, el equilibrio de poderes es un pilar fundamental. De la necesidad del equilibrio de los poderes deriva la independencia de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las autonomías municipales y universitaria y la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los medios de comunicación masiva que representan la voz de los principales grupos de poder de este país se han encargado de estigmatizar a los sindicatos en una descarada campaña, generada después de la lucha en contra del TLC. Sin embargo, el desprestigio de los sindicatos en el fondo conlleva un profundo menosprecio por la libertad sindical y la negociación colectiva porque implican un equilibrio de poder entre la parte patronal y la parte trabajadora, una manifestación práctica de pluralismo político y un obstáculo para toda pretensión autoritaria de gobierno.

La reciente aprobación en segundo debate del Expediente 19431 o el proyecto de ley Marco de Empleo Público no es en realidad una medida de contención de gasto público, sino un abaratamiento de los bienes y servicios que presta el Estado para garantizar justicia y bienestar social. Bajo un argumento falacioso se ha hecho pensar a las masas que el problema fiscal es el “gasto” público y que recortando el “gasto” del Estado se solucionarán los problemas económicos. Ahora bien, lo que los/as neoliberales llaman “gasto” en realidad es “inversión” en salud, educación, agua, electricidad, seguros y calidad de vida que garantiza justicia y bienestar social para el pueblo costarricense. O sea, quieren desmejorar las condiciones de vida del pueblo para justificar un chivo expiatorio (el “gasto” público) que deje en el silencio la verdadera causa de la crisis económica: el fraude fiscal.

Además, este proyecto representa un avance del autoritarismo y un retroceso democrático en lo que concierne al pluralismo y el equilibrio de poderes, ya que imposibilita que la clase trabajadora de una institución negocie a través de sus sindicatos con las autoridades administrativas de la institución las condiciones salariales, mismas que son impuestas por MIDEPLAN.

Además, estas nuevas potestades de MIDEPLAN (un ente del Poder Ejecutivo) se aplicarán a todos los puestos comunes (el sector administrativo y de servicios no especializados) del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tendrá injerencia directa en los nombramientos del personal administrativo del Poder Judicial. Luego, esto constituye un golpe antidemocrático en contra del pluralismo y la independencia de los poderes de la República.

En conclusión, este proyecto de ley aprobado por la actual Asamblea Legislativa no es un proyecto de empleo público e implica un desmantelamiento descarado del orden jurídico nacional.

 

Foto: Archivo ODI, UCR

Se la trajeron al suelo políticos y magistrados

Manuel Hernández

En el siglo pasado, las democracias fueron derribadas con acciones militares y golpes de Estado.

En Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, la derrocaron con violentos golpes de Estado, que nos dejaron miles de compatriotas latinoamericanos muertos y desaparecidos.

Pero, modernamente, afirma The New York Times, las democracias se han derrumbado mayoritariamente, no con golpes violentos, sino a través de un deslizamiento gradual hacia el autoritarismo.

Nuestra democracia, la de la Suiza centroamericana, que aunque ciertamente nunca fue perfecta, radicada en la Constitución de 1949, resultado de una dolorosa guerra civil, la derrumbaron políticos y Magistrados, de manera motorizada, en menos de los últimos 4 años.

Esta subversión de la institucionalidad democrática, se fraguó a merced de un poderoso y autoritario tridente legislativo: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018), la regresiva Ley Antihuelgas (2020), y para coronar esta vorágine neoliberal, la Ley Marco de Empleo Publico (2022), que, en definitiva, dinamitó nuestro diseño constitucional.

Nuestro mayor desafío, ahora más que nunca, es recuperar el Estado Social y Democrático.
08/03/2022

La instrumentalización política de la justicia

Óscar Madrigal

En las últimas décadas, especialmente en América Latina, algunos regímenes conservadores o no, incorporaron como una de las armas contra el movimiento popular y los movimientos políticos, el uso de la justicia. Se alejaron un tanto de los escandalosos golpes de estado propiciados por los militares contra los regímenes que no les eran obsecuentes u obedientes; por el uso de la justicia, procesos judiciales amañados, procuraron alejar del poder a presidentes o cerrar el camino a potenciales candidatos que les disputaran el gobierno. La justicia se prestó para juicios políticos, se puso al servicio de los gobernantes de turno para impedir cambios de poder o silenciar a los líderes populares.

Costa Rica no ha sido la excepción. La conducta del Estado representado por el Ministerio Público y la Procuraduría General, no se diferencia mucho de lo hecho en otras latitudes. El juicio penal que se sigue en los Tribunales contra el dirigentes sindical Albino Vargas así lo comprueba. Albino está acusado por incitar a bloquear calles y llamar a la movilización social. Estas conductas fueron convertidas en delitos con el fin de impedir la protesta, pero sobre todo con el propósito de acallar a los dirigentes sociales; ahora llamar a bloquear una calle por un problema de agua en una comunidad o de un camino en un pueblo campesino o rural, podría llevar a la cárcel, sea a penar varios años de prisión a los líderes comunales o de grupos que participen en acciones de protesta como esas.

Es claro que el sistema político actual pretende acallar la protesta social, pretende acallar a un dirigente popular como Albino Vargas. Ya él, siendo muy joven, junto con Gloria Valerín y muchos otros, fueron enjuiciados penalmente por la Huelga de Adaptación Social de 1982; en ese tiempo existía el artículo 333 y 334 del Código Penal que tipificaba como delito el participar en una huelga, o sea que las huelgas eran delito. Esos artículos fueron derogados en los primeros años de 1990 porque se consideraba que atentaban contra las libertades democráticas. Hoy las huelgas están casi en la misma situación de antes del 90, o sea de ser un delito.

Albino Vargas es un dirigente controversial que puede no gustar a muchas personas, aunque nadie pueda decir que es un dirigente corrupto. Hoy se enfrenta a una nueva normativa anti-trabajadora, a un poder claramente al servicio de un sector muy reducido de la población, a una normativa jurídica más antidemocrática y autoritaria.

Esperemos que hoy como en 1982 Albino salga absuelto y libre, lo deseamos no solo por él sino por la democracia y las libertades públicas del país.

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021

EN SUS ZAPATOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Entramos a un espacio cerrado y medio iluminado en el que pende una figura en forma de capullo en el centro. Es un hombre atado con un arnés, simulando un ovillo. La imagen me recuerda el nacimiento, el dolor de lo desconocido, el concepto de borde. Nunca terminamos de viajar, pienso, mientras se va recreando el concepto de vez primera, de certidumbre en la incertidumbre, de ir hacia lo desconocido.

Transitamos de inmediato a otro momento. Otro lugar. En lo más alto de la sala, otra sala, el personaje recuerda que ponerse en los zapatos del otro no es tarea fácil.

Intenta calzarse una y otra vez distintos zapatos pero ninguna llega a sujetarse a sus pies. Luego, en un intento desesperado, trata de salir a la superficie emulando quizá la suerte del que intenta llegar al otro lado sin conseguirlo. Entiendo que todos quedamos en el fondo. Supongo entonces que el acto de imaginar y sentir lo que experimenta el que lo deja todo es un acto sensible y corporal. Todo nos tiene que pasar por el cuerpo si queremos construir empatía. «Tocar fondo» como metáfora, para entenderles. Si o sí.

En ese instante todos, todas, formamos parte de proyectos inconclusos, desesperados, vitales, de quienes deciden irse y dejarlo todo atrás. Nosotros, nosotras, somos a la vez proyectos inconclusos que no terminamos de llegar. Nunca.

Esa noche hemos caminado. Subido escaleras, bajado escaleras. Nos hemos enfrentado a la oscuridad, el control, el manejo del espacio (adentro/afuera), la distancia (cercanía/ lejanía) el extrañamiento (certeza/ incertidumbre).

Nos conminan a salir rápido de la sala: “salgan ya”, “salgan ahora”, mientras en lo alto de la estructura yace quizá un pez muerto, un cuerpo muerto, un migrante muerto.

Ponerse en sus zapatos jamás tendrá la dimensión del otro, pero nos permitirá entenderle. Cuando nos dicen “salgan ya” infiero que es así como funcionan los dispositivos de poder sobre los cuerpos que se movilizan. Los orientan, los dirigen. Solo que en la realidad migratoria global al grito xenofóbico de “salgan ya” le antecede una instrucción de “no entren”.

Y entonces se recrea el rigor inexpugnable de la porosidad de las fronteras.

Seguimos caminando. Pero no en el pesado tránsito de quienes caminan tratando de llegar, de cruzar. Arribamos a la última estación, el lugar de la estampida y la memoria, de los afectos activados por recuerdos, promesas, objetos impermeables al olvido.

Observo un pequeño dinosaurio de juguete estático en el piso. Comprendo que el rubor de la sospecha de los estados nacionales ante quienes se movilizan, jamás sabrá la dimensión subjetiva de aquellos que simplemente caminan como su principal acto de vida. Y en el trayecto van dejando todo a su paso. Son incontables los pequeños dinosaurios como actos reflejos de memoria encontrados en la ruta migratoria. Hoy son más. Millones.

Pueblan de nuevo La Tierra.

Caminamos esa noche invitados por una de las creadoras de una obra innovadora, la dramaturga costarricense Ailyn Morera, como observadores participantes de una puesta en escena sugerente, provocadora, cuestionadora, estrenada en la Universidad Nacional, Costa Rica.

Se trata del espectáculo denominado “Migrare. Evento artístico transmedial”, cuyo elenco cuenta con una participación importante de estudiantes de la Escuela de Arte Escénico, Danza, Música y Arte y Comunicación Visual, además de proyectos como: Teatro UNA, Web CIDEA – Laboratorio Escénico Digital (LED), CTO-Heredia, Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico y el programa Investigación, Arte y Transmedia (iAT) del CIDEA, todos de la Universidad Nacional.

Al llegar a las instalaciones donde se desarrolla la propuesta, absolutamente interactiva, las personas espectadoras se encuentran con una impresionante selección de imágenes proyectadas sobre las columnas del edificio donde se escenifican distintas rutas migratorias. Como en la realidad, no hay un único camino. Pero todos llevan al mismo sitio.

Todas las imágenes refieren al tema migrante, pero es un texto de Thenon que se estampa directa y definitiva como declaración de intenciones del espectáculo y que me atrapa: “Hay patrias pequeñas y patrias grandes pero todas son grandes, por eso no caben en una valija”. Mientras pienso en esa frase y en los zapatos que no calzo, pero que trato de sentir en mi acompañamiento desde la academia y el arte, renuevo mi compromiso con la comprensión de aquellos que hoy, incluso en la sociedad clausurada de la pandemia, deciden caminar sin descanso por una vida mejor. Entendámosles.

CONTROLAR LA JUDICATURA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

Autoritarismo y Estallido Social en América Latina: casos de Nicaragua, Colombia, Argentina y Chile

Este miércoles 20 de Octubre a las 5 p.m se estará realizando el conversatorio “Pensando en la región: Autoritarismo y Estallido Social en América Latina: casos de Nicaragua, Colombia, Argentina y Chile”. Se contará con la participación de personas expertas en el tema y el evento será transmitido por medio de la página de Facebook y la WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

La chispa

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.