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Etiqueta: bien común

Resaca electoral: La sociedad negadora – 1

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

“Cuando unos pocos se apropian de aquello que no puede ser suyo más que haciendo que no sea de los otros e impidiendo que los otros puedan servirse de lo que tienen derecho, estamos ante la negación del Bien Común” –  Ignacio Ellacuría

Ante el impulso de los aires de “cambio” propuestos por el gobierno entrante, y siguiendo las voces que solicitan el tiempo y prudencia para valorar las intenciones-acciones de este. Dejando este espacio de “oportunidad” vale la pena preguntarnos ¿Cuál es la sociedad dominante que sale de la pandemia en nuestro país?

Han pasado 40 años de aquellas intervenciones que realizó el padre Ignacio Ellacuría, en donde nos invitó a reflexionar sobre la violencia en sociedades divididas. Pasado este tiempo, resulta importante retomar el hilo de su pensamiento, y plantearnos una primera idea: la sociedad negadora.

Ellacuría nos recuerda que como opción radical y crítica se hace necesario volver nuestra mirada a la negación de la vida que es producto de las relaciones dominantes situadas en nuestros contextos históricos, es decir la gravedad de la violación o de la privación que puede padecer una determinada mayoría.

Esta negatividad, sólo puede ser sostenida en el tanto exista esa “positividad” que es asumida y disfrutada por una minoría de esa sociedad determinada, una minoría que cuenta con las formas y modos que niegan o impiden  aquello que podría o debería ser y por otro lado es el sostén de esa realidad negadora (dimensiones clasistas, coloniales, racistas, patriarcales, etc.).

Nos quedamos por ahora en esta primera aproximación, y como ejercicio nos aventuramos a pensar en torno a esa sociedad que ha sido fortalecida y legitimada simbólicamente a través de los mecanismos electorales (no hay que olvidar que cuantitativamente el abstencionismo sigue siendo el que manda).

Basta observar y escuchar las políticas “estrella” que justifican el supuesto sentido de cambio de gobierno propuesto, les compartimos un breve resumen: los ecologistas como enemigos de la empresa privada, el carpetazo al Acuerdo de Escazú, desregulación de agroquímicos, exploración de gas natural, la urgencia de la ley de jornada 4/3, la misión de erradicar la “ideología de género” del sistema educativo y para sellar la jornada la revisión de la norma del aborto terapéutico.

Volvemos a nuestra pregunta ¿Qué forma de sociedad delinea lo anterior? Por un lado, el avance del neoextractivismo como actividad económica, pero también como política institucional, es importante señalar la persistencia de la impunidad de las violencias que sufren las recuperaciones en territorios indígenas, que sigue privilegiando un Estado racista y colonial, el apoyo al sector agroindustrial cuando legitima el discurso antiecologista y promueve la desregulación de la normativa ambiental, en este caso exploración de gas natural y la apertura a sustancias químicas.

En un segundo acto, privilegiando la posición de las cámaras industriales al refrendar la necesidad de desregular la jornada laboral, al impulsar la modificación de la jornada de 8 horas, por una de 12 horas en 4 días, esto no sólo perjudica en la desaparición “camuflada” de las horas extras, sino que sumerge a la persona trabajadora a una situación de desprotección y desgaste, ya que este tipo de jornadas representan una desventaja, ya que existe una desigualdad de hecho de la relación patrón-trabajador, y esto lleva que no sea una opción individual, sino de interés de la empresa, además erosiona las condiciones para aquellas personas que estudian, con familia o con personas a cargo, ni hablar de los espacios de recreación.

Sumado a todo esto, el frente abierto contra la mal llamada “ideología de género”, que no es más que una forma “sofisticada” de cuestionar y deslegitimar los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexuales. Inicialmente vemos esta ofensiva en dos dimensiones, una primera acción sobre el sistema educativo público, procurando el retiro de los planes de estudio de estos contenidos, y una segunda acción, la remoción de los tímidos avances presentes en la política y reglamentación del país, esto lo vemos en la solicitada “revisión” a la norma del aborto terapéutico.

Luego de esto, si tuviéramos que perfilar que tipo de sociedad negadora se configura a través de los relatos dominantes de este gobierno, podríamos señalar algunas características: neoextractivista, antiobrera y conservadora.

Ante este escenario, Ellacuría nos recordaba lo complejo que significa incidir en sociedades desiguales, en donde precisamente la política no está al servicio de la ampliación de los derechos de las personas, sino impulsada en la defensa de los intereses y privilegios de unos u otros grupos. Como un primer aporte, el padre Ignacio nos recordaba que la discusión y disputa de este escenario debe tener tres pies: en lo que tiene de verdadero-falso, justo-injusto y lo que tiene de ajustado o desajustado, desde la corporalidad, crítica y negación de esa mayoría que padece el poder.

En una próxima entrega, volveremos sobre esa sociedad que padece el poder, o cómo podríamos llamar la sociedad negada.

¿ COMUNIDAD? ¿IMAGINADA?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura.

Por Memo Acuña ( Sociólogo y escritor costarricense)

Las primeras reacciones al decreto presidencial en Costa Rica que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y lo establece solo para personal de salud en la primera línea de atención, brindan de sobra elementos para seguir analizando la reestructuración sociocultural de una experiencia colectiva en declive.

En otro momento, la determinación presidencial habría dado paso a un estado de confianza mutua, basada en evidencias de que el comportamiento societal ha sido desde un inicio el de un grupo que ha sabido cuidarse en la solidaridad, el reconocimiento y el afecto. Las evidencias no existen, ni mucho menos las pruebas de que eso haya sido así durante los más de dos años que ha tomado esta contingencia sanitaria global.

Lo cierto es que en toda batalla cultural, los símbolos suelen aquilatarse más que los hechos. Y en este caso, la imagen de la mascarilla como fuerza simbólica que una vez más ha polarizado a este país, que es a su vez muchos países desde hace mucho tiempo, ha colocado en perspectiva una conducta, una actitud que debiera entenderse como bien común, pero que no lo es.

La batalla cultural que mencionamos tiene que ver en cómo ser comunidad a pesar de las violencias, la desigualdad, la fragmentación territorial, el despojo y la acumulación, el desdén de las élites por el resto del pueblo, la descalificación ad portas de la ciencia y el conocimiento, la ausencia de solidaridad y empatía por el otro, la otra. En estas circunstancias es difícil erigir una experiencia común.

La apelación al cuido, dicta el manual básico de atención en esta contingencia sanitaria, implica varias acciones sencillas pero que requieren una individualidad consciente de su entorno, del resto de la sociedad. Son tres reglas básicas repetidas hasta la saciedad: lavado de manos correcto y constante, distanciamiento físico y uso correcto de la mascarilla.

También dicta el manual que la mascarilla no solo lo protege a usted sino a quienes están a su alrededor en caso de que usted sea portador del virus. Esto, tan fácil de comprender, ha sido llevado al extremo de la defensa de las libertades individuales, como saldo quizá de lo que la acción del mercado le ha hecho a la psiquis de las personas: anteponer el bien individual al bien común.

No dudamos que existan personas que por su trabajo han debido usar el dispositivo por tiempos prolongados. Se justifica su fatiga. Pero son las menos. Bien lo han planteado algunos especialistas: este tema se ha politizado y su contenido médico ha sido sustituido por opiniones y argumentos poco calificados.

La hora nuestra es compleja y difícil. Ante el relajamiento de acciones tanto de política pública como personales, nos aprestamos a recorrer una quinta ola pandémica que incidirá no solo en aumento de casos y fallecimientos sino que impactará sobre un extenuado sistema hospitalario que una vez más deberá llevar el peso de la atención que provocará esta batalla cultural en marcha.

Lo ha dicho con tino el epidemiólogo costarricense Juan José Romero: se dejaron de atender enfermedades crónicas en este periodo de tiempo y esto incidirá a la larga en la salud pública de nuestras poblaciones.

El resultado de fondo es la constatación de que el proyecto de sociedad imaginada ha sido pulverizado. Esa experiencia de iguales fue sustituida por varias diferencias, notables que se recrean en el orden de lo sociopolítico y cultural. Lo hemos mencionado ya muchas veces: ante este resultado, la refundación se impone, el repensarnos como país es urgente.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de todas las personas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?

Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.

El triunfo de los que siempre perdieron

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Sinesio López

Pese a que los organismos electorales no han proclamado aún su triunfo electoral, Pedro Castillo ya ha obtenido un triunfo político espectacular por varias razones.

Primero, por lo que representa: a los que siempre perdieron en la historia del Perú, a los ninguneados, a los excluidos, a los explotados, a los oprimidos, a los discriminados, a los de debajo de todas las sangres.

En segundo lugar, por el momento en el que triunfa. Este año celebramos el bicentenario de nuestra independencia. Fue una conquista de los criollos con el apoyo extranjero, pese a la oposición de la aristocracia criolla limeña. El triunfo político y electoral de Castillo celebra esta gesta, pero reivindica también el heroísmo de los grandes movimientos indígenas y mestizos (de 1814) que entregaron su vida para conquistar la independencia. Este fue un proceso en el que intervinieron todas las sangres que componen hoy la nación. Ha llegado la hora de acabar con la herencia colonial.

En tercer lugar, por los adversarios a los que derrota. A la señora K Fujimori, quien no tiene CV sino prontuario. A los poderes fácticos que, con sus millones, han sostenido esta costosa campaña de la señora KF. A los conservadores y a los fascistas. A la mayoría de los medios (radio, tv, prensa concentrada) que se alinearon con KF, eliminando el pluralismo informativo y desatando una de las guerras más sucias de la historia electoral. Pese a que la competencia electoral ha sido brutalmente injusta, ha triunfado Castillo.

En cuarto lugar, por lo que significa la victoria. Han triunfado los sectores sociales que quieren un gran cambio; los que buscan la justicia que siempre les fue negada; los que anhelan el bienestar al que nunca pudieron acceder; los que quieren una democracia que no sólo sea de procedimientos sino de contenidos sociales; los que buscan construir un «NOSOTROS» en el que todos nos reconozcamos como una sola nación plural y pluricultural, acabando con el racismo, la discriminación y el machismo; los que buscan construir un Estado capaz de defender el bien común, de desplegar políticas públicas y de distribuir bienes públicos a toda la población y en todo el territorio por igual, contribuyendo a la formación de una comunidad política nacional; a los que quieren un desarrollo armónico y democrático de todas las regiones, defendiendo el medio ambiente, la biodiversidad y la multiculturalidad.

En quinto lugar, porque es la PRIMERA VEZ QUE TRIUNFA LA IZQUIERDA A NIVEL NACIONAL, que se unifica, pese a su diversidad ideológica, para lograr un gobierno exitoso. A medida que se fortalezca la unidad, se va a contar con mucho apoyo ciudadano, con un sólido programa de gobierno y con equipos técnicos muy calificados.

Que todos los dioses la ayuden.

Se recoge lo que se siembra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

 

Foto: SINART.

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

Enviado por el autor.

La Alianza por una Vida Digna y la búsqueda de la confluencia de los movimientos de base de la sociedad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

José María Gutiérrez – Héctor Ferlini-Salazar

La Alianza por una Vida Digna es un espacio de lucha cultural que busca contribuir con la generación de pensamiento y de propuestas alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, las cuales surjan de amplios procesos de base social en Costa Rica. Procura aportar para que nuestro país se enrumbe por senderos de equidad, solidaridad, respeto a la diversidad y el cuidado y defensa del ambiente, en fin, por senderos de bien común.

La Alianza busca crear un espacio y un clima en el cual los sectores subalternos y que están en lucha por defensa de sus derechos se empoderen, al sentir que sus vivencias y anhelos son compartidos por otros sectores en el país, y que sus afanes a nivel local se enlazan con procesos similares en otros territorios y espacios. Ese clima fortalece la convicción de que, en medio de las dificultades y las crisis actual y pasadas, otro mundo es posible. Al hacerlo, se crean condiciones subjetivas para la organización y la articulación. La ausencia de esa lucha cultural, por el contrario, transmite el mensaje de que no hay alternativas a las visiones dominantes, limitando la esperanza.

Como se ha mostrado en muchas ocasiones, la lucha cultural es la llave de procesos sociales emancipatorios de diversa índole. La misma, sin embargo, debe ajustarse a los contextos y particularidades de territorios y sectores. Los problemas que convocan a la organización han variado y los sectores de la sociedad que muestran mayor dinamismo en lo organizativo también han cambiado. Además de sectores comunitarios, campesinos y sindicales, hoy asumen un papel protagónico la juventud, las mujeres, la población sexualmente diversa, los pueblos indígenas, los sectores ambientalistas y defensores del patrimonio biológico y cultural, y los grupos de intelectuales comprometidos, entre otros.

Este enorme dinamismo que se mueve en las bases de nuestra sociedad genera continuamente planteamientos, propuestas, críticas y soluciones, con una enorme creatividad. Se hace indispensable, en la coyuntura actual y en los tiempos por venir, estrechar lazos y buscar unidad en medio de esta rica diversidad. Se debe buscar la confluencia y comprender que, en medio de las particularidades, hay espacios comunes que le darían una gran fortaleza a estos procesos. La lucha cultural procura generar esos ámbitos de encuentro y articulación.

Hay en marcha una disputa por las ideas. A las visiones dominantes, que han mostrado su decadencia e incapacidad para generar bienestar en esta crisis del COVID-19, se debe anteponer la frescura de visiones de mundo que alimenten la justicia, la equidad y la solidaridad. La Alianza por una Vida Digna procura abrir espacios para que esas visiones alternativas tengan voz, se potencien, se encuentren y se enriquezcan. Esa voz y ese accionar colectivo contribuirán, sin duda, a gestar una sociedad más justa y digna.

Construyendo confluencia desde la base social

Escrito en . Publicado en Alianza, Aportes para el desarrollo.

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP