Experto UNA: Los retos técnicos y socioecológicos de los vehículos eléctricos
Diego Zárate Montero*
Programa Martes Económicos
La inauguración oficial de la planta hidroeléctrica del Reventazón, la más grande de Centroamérica, es sin duda un gran acontecimiento en construcción de obra pública que ha despertado reacciones importantes de discutir.
En primer lugar, surgió una reacción adversa proveniente de algunos sectores preocupados por los impactos en los ecosistemas que una obra tan grande implica. Es sabido que las plantas hidroeléctricas tienen severas consecuencias sobre los causes de los ríos y por tanto sobre la biodiversidad; y también es conocido que la generación eléctrica en plantas térmicas implica grandes emisiones de gases con efecto invernadero. Estas preocupaciones evidencian una singular contradicción entre la estrategia para lograr la carbono-neutralidad y la de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Sobre este particular no se visualiza una solución que atienda ambos objetivos en el corto ni mediano plazo.
En segundo lugar, avivó la idea de que Costa Rica debe avanzar en la sustitución, parcial o total, de la actual flotilla vehicular, por una eléctrica o al menos híbrida; partiendo del supuesto de que la capacidad eléctrica instalada -pero principalmente potencial-, es capaz de atender una demanda energética como la que implica la movilidad de personas y mercancías, debido a que los vehículos eléctricos son más eficientes al gastar aproximadamente una tercera parte de la energía que consumen los vehículos de diésel para recorrer la misma distancia. De ahí que si fuera posible sustituir con vehículos eléctricos todas las unidades para movilizar personas y mercancías por vía terrestre, el consumo de energía para ese fin se reduciría a menos de la mitad de lo que se consume actualmente.
El problema técnico que plantea esta propuesta, a pesar de que supone una importante mejora en la eficiencia energética, es su relación con la matriz eléctrica en Costa Rica. La cantidad de energía consumida en la movilidad de personas y mercancías es aproximadamente el doble de la energía producida como electricidad según datos de la Dirección Sectorial de Energía (2016).
Si toda la flota vehicular actual fuese sustituida por una eléctrica, y suponiendo que la eficiencia energética de los vehículos eléctricos efectivamente permitiese reducir su consumo energético a una tercera parte del actual, y que la demanda de electricidad para otros usos se mantuviese constante, se ocuparía duplicar la actual producción de electricidad para poder movilizar esa hipotética flotilla eléctrica; pero si la oferta no crece lo suficiente, generaría rivalidad en mercado eléctrico con los usos doméstico, industrial y de los otros sectores, debido al gran incremento en la demanda. Esto podría presionar al alza el precio de la electricidad y promover la exclusión de este importante servicio a las familias más pobres del país.
De esta manera, una política orientada a la sustitución de la flotilla vehicular actual por una eléctrica necesariamente debe considerar el aumento en la producción eléctrica como una de sus prioridades, la cual tendría que provenir mayoritariamente de la hidroenergía, ya que como estimó El Estado de la Nación en el 2013, el 76% de todo el potencial geotérmico ya está siendo explotado, así como cerca del 50% del eólico y 50% del de la biomasa, mientras que sólo el 26% del potencial hidroeléctrico identificado está siendo aprovechado.
Por todo esto, las políticas energéticas orientadas a la movilidad terrestre de personas y mercancías requiere de una planificación que incluya, en primer lugar, un proceso de transición en el uso de fuentes alternativas a los hidrocarburos, como los biocombustibles, que no suponga un riesgo para la producción de otros bienes como alimentos; en segundo lugar, que considere la reducción en el consumo de energía mediante una mejora en los medios de transporte públicos, tanto de personas como de mercancías, como por ejemplo una red ferroviaria y; en tercer lugar, una producción eléctrica que concilie los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, por ejemplo, mediante el aprovechamiento energético de algunos residuos.
Este reto debe asumirlo toda la sociedad costarricense, y si bien el gobierno actual puede jugar un papel destacado, la principal responsabilidad recaerá sobre los gobiernos futuros, ya que tanto el sector energético como el de transporte tienen dinámicas de largo plazo.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
***Para mayor información comuníquese con Diego Zárate (88020925) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3067).
Imagen con fines ilustrativos tomada de columbia.co.cr
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.
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