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Etiqueta: biodiversidad

Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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Proponen moratoria a expansión piñera ante Municipalidad de Los Chiles

Comunicado de Prensa

 

Este martes 5 de julio distintos sectores comunales del cantón de Los Chiles solicitarán al Concejo Municipal de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la expansión del monocultivo de la piña, mientras la Municipalidad termina de hacer el Plan Regulador y se realizan estudios hidrogeológicos.

El acercamiento con el Gobierno local es producto del trabajo que llevan a cabo pequeños productores y ganaderos, asociaciones comunales y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la producción piñera. Este esfuerzo es acompañado por distintas organizaciones nacionales y por legisladores y legisladoras.

Mañana se pedirá a la Municipalidad que declare una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón de Los Chiles.

Si el Concejo Municipal aprueba la moratoria, después la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.

La moratoria se está pidiendo porque la expansión piñera ha provocado graves daños a la biodiversidad del país. El Informe del Estado de la Nación 2012 menciona cómo los cultivos de piña “causan problemas directos, por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”.

Álvaro Álvarez, ganadero de la Zona Norte, relató en el programa televisivo Era Verde que el primer problema que se empezó a visualizar, producto de los sembradíos de piña, fue la proliferación de las moscas de la piña, porque ésta se alimenta de la sangre del ganado: “(…) si el animal no se trata con los alimentos adecuados y a tiempo, pues el animal se muere”. Álvarez también expuso que el uso de los agroquímicos que utilizan las empresas piñeras, hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran.

Varias comunidades se han visto afectadas por este cultivo y su expansión de manera directa, incluyendo las y los estudiantes de escuelas y colegios de estas zonas, perjudicados por los rocíos de los químicos, malos olores y el nacimiento de la mosca Stomoxyscalcitrans.

Específicamente en la Zona Norte, ya desde el 2010 las autoridades se encuentran en vigilancia tras las diferentes problemáticas asociadas al cultivo de la piña y la manera en la que se afecta negativamente el humedal Caño Negro. El Tribunal Ambiental Administrativo comunicó: “Tala, invasión de áreas de protección, cambio de uso del suelo, afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores (…). En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios

Este esfuerzo de organización es compartido a nivel nacional por comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores y legisladoras, que están proponiendo estrategias conjuntas para construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

En este espacio participan personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte-Norte (CLANN) con el acompañamiento del Programa Kioskos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.vocesnuestras.org/

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Conferencia de la Tierra 2016

La Universidad Nacional invita a la VI Conferencia de la Tierra, Foro del Medio Ambiente: Naturaleza, Biodiversidad y Sustentabilidad. Por lo que insta a enviar sus trabajos o a inscribirse como participante. Esta conferencia se realizará en Costa Rica del 26 al 29 de octubre del 2016, en el Campus Nicoya de la Universidad Nacional.

El periodo de recepción de los resúmenes se encuentra abierto y el plazo vence el 01 de agosto del 2016.

La Conferencia de la Tierra es una actividad que normalmente se realiza en Brasil y que en esta ocasión se hará en Costa Rica. Reúne destacados investigadores del mundo en temas ambientales. En esta oportunidad se hará énfasis en el cambio climático como una problemática real, por lo que este será un eje transversal, tanto en las conferencias como en las discusiones y mesas de trabajo durante el evento.

**Para mayor información visite el sitio web del evento: conferenciadelatierra.org

 

Enviado a SURCOS Digital por Andrea Suárez Serrano, Coordinadora General. Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, HIDROCEC-UNA.

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Proponen modelo de gestión de recursos marino pesqueros en el Pacífico Sur costarricense

Comunicado de prensa

 

Un grupo de actores sociales del Pacífico Sur, compuesto por líderes del sector de pesca artesanal de pequeña escala, empresarios turísticos y de comunidades indígenas; acordó proponer que se establezca una franja paralela a la costa, de 5 millas de ancho, exclusiva para la pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia; y excluir de ahí la pesca de palangre a flote y la pesca de arrastre.

Proponen modelo de gestion de recursos marino pesqueros3

El grupo, facilitado por la Fundación Pedagógica Nuestra América, quien funge bajo contrato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); trabaja en el desarrollo de un modelo de gobernanza y una propuesta de zonificación para el Sitio de Importancia para el Bienestar Humano y la Conservación del Pacífico Sur. Esta área, de gran riqueza por sus recursos marino costeros, comprende las zonas de Dominical-Sierpe, Corcovado y la Isla del Caño.

Dicho Sitio se delimitó porque la zona ha sido identificada como un área muy importante -por sus recursos marino costeros- y por su contribución al bienestar de las personas a través del turismo y la pesca. La riqueza en biodiversidad marina incluye, entre otros, cetáceos, tortugas marinas, especies comerciales de peces, tiburones, rayas y formaciones coralinas.

Luis Alberto Monge Arrieta, facilitador en la Fundación Pedagógica Nuestra América, explicó que actualmente se busca establecer acuerdos entre los actores para un manejo sostenible de los recursos marino costeros, amenazados por diferentes factores. Estos son la contaminación que fluye desde las zonas terrestres con agroquímicos y desechos; la sobre-explotación pesquera; y, en general, el uso no regulado de los recursos.

Proponen modelo de gestion de recursos marino pesqueros

“De acuerdo a las denuncias de los mismos pescadores, se pesca en lugares donde no se debe pescar; y se usan artes de pesca ilícitos; por ejemplo, mallas más pequeñas de lo que permite la ley. Las embarcaciones de pesca de arrastre a veces incursionan en lugares donde no deberían o cambian su especie objetivo. Los pescadores han denunciado que esas embarcaciones sacan grandes cantidades de peces, abarrotan el mercado y así bajan los precios, lo cual perjudica a los pescadores artesanales. Cuando éstos últimos llegan a vender su pesca, el mercado está saturado; entonces el precio del producto que ellos ofrecen ha bajado”, señaló Monge.

La necesidad de establecer un tipo de regulación que permita garantizar el uso de esos recursos y su permanencia a largo plazo, llevó a iniciar el año pasado un proceso de diálogo con amplia participación, para llegar a acuerdos. Hasta el momento han participado 32 organizaciones e instituciones.

Proponen modelo de gestion de recursos marino pesqueros2

Los actores locales incluyen: pescadores artesanales de Dominicalito, Ojochal-Cortez-Humedal y el área frente al Parque Nacional Corcovado; quienes realizan pesca deportiva en Punta Banco y Puerto Jiménez; y cámaras de turismo, tour operadores, guías de turismo, hoteleros y boteros de Bahía Ballena, Drake y Sierpe. También representantes del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la Municipalidad de Osa y el Servicio Nacional de Guardacostas. Asimismo, se han sumado la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, el Consejo de Cultura de Boruca, y las administraciones de las Áreas Protegidas presentes en el área: Parque Nacional Marino Ballena, Humedal Nacional Térraba Sierpe, Parque Nacional Corcovado, Reserva Natural Isla del Caño y la del Área de Conservación Osa (ACOSA).

Los actores llegaron al acuerdo general de que “es urgente gestionar los recursos marino costeros, que son la base del bienestar y de la economía de las comunidades costeras”.

Otros acuerdos, según detalló Luis Alberto Monge Arrieta, son:

  • Que se establezca una franja paralela a la costa de 5 millas de ancho exclusivamente para pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia; y excluir de ahí la pesca de arrastre y palangre a flote.
  • Que las comunidades de pescadores definan una zonificación; es decir, por ejemplo, cuáles serán designadas áreas de crianza o anidación para especies marinas, y cuáles serán áreas de extracción pesquera con artes selectivos y regulados.
  • Que la franja dedicada sólo a pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia se extienda hasta Punta Burica. Inicialmente el Sitio de Importancia estaba contemplado entre la boca del río Barú y Punta Matapalo. En las mesas de diálogo, sobre todo el sector de pesca artesanal de pequeña escala y el de pesca turística, plantearon que esa franja debería extenderse hasta Punta Burica.

Por otra parte, el sector turismo de la zona tiene interés en generar medidas que permitan garantizar la protección de las ballenas, los delfines y las tortugas, que se encuentran en el área que va desde la costa hasta 30 millas mar adentro.

“Quieren que en una línea paralela a la costa se desarrolle algún tipo de gestión, que permita garantizar la permanencia estacional especialmente de la ballena jorobada y de las tortugas y delfines porque estas especies son parte de los recursos a los que ellos acceden y son parte del atractivo turístico de esta zona”, dijo Monge.

**Para más información: http://www.nuestramerica.org

Facebook: https://www.facebook.com/Nuestramerica

 

Enviado a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Periodista, Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa.

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Protocolo de Nagoya: porqué oponerse

Lo cuestionan indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos

El Protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

En Costa Rica la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aceleró esta semana la discusión sobre su ratificación, mientras que un colectivo de organizaciones, hicieron saber su posición mediante una carta dirigida a dicha Comisión: “es un tema muy importante que atañe directamente a pueblos indígenas y comunidades locales que históricamente hemos cuidado y usado la biodiversidad; para lo cual debería existir un proceso amplio de información y de posterior consulta” (ver carta).

Las 12 organizaciones pidieron a la comisión legislativa “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas».

Entre quienes suscriben la carta están representantes del pueblo Bribri de la Organización Talamanca por la Vida y la Tierra, del pueblo de Salitre y Térraba del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, del Colectivo Tierra, Semilla y Pan, Tinamaste, así como de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), FECON, Coecoceiba–Amigos de la Tierra, Movimiento Humanista, Movimiento Salvemos la Loma de Salitral y la Red de Mujeres Rurales.

La Red de Mujeres Rurales subraya que “un proyecto de ley de esta envergadura…debe ser del conocimiento nacional para discutir las implicaciones de regular el acceso a los recursos genéticos que han sido por derecho histórico y ancestral patrimonio de los pueblos” (ver carta).

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), representante acreditada de FECON ante la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) recuerda que, en octubre de 2013, el proyecto se «cayó» debido a la falta de consulta, por lo que no debe evadirse este requisito avalado en distintas instancias como la Sala Constitucional.

Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación también fue destacada por la oficina legal del MINAET, (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).

Además, el PN podría atentar contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodriguez,silroce@gmail.com o Mariana Porras , mariana@coecoceiba.org

 

Información enviada a SURCOS Digital por Coecoceiba.

Guerra sucia contra los pueblos del maíz

Silvia Ribeiro*

Declaratoria del maíz como patrimonio cultural
imagen con fines ilustrativos.

El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.

La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la guerra sucia contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.

En sincronía con su decisión, las trasnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada.

Las mentiras de la empresa de transgénicos no se limitan sólo a los aspectos legales de la demanda. Dedican mucho tiempo y recursos a falsear datos para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.

La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 supermalezas resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina Bt disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al Bt, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentado cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz Bt, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a Bt, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.

Las empresas aseguran también que es posible la coexistencia de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las previstas por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia Semarnat, muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aun cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va a demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara ilegalmente sus genes patentados en importación, siembra, guarda, comercialización o exportación podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted conoce alguna situación irregular, se contactara con Monsanto para evitar ser acusado de cómplice. Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.

Las trasnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.

Por ejemplo, el 14 de julio de 2015, la revista científica arbitrada Agricultural Sciences publicó una investigación del doctor Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6 mil 497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de equivalencia sustancial que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son equivalentes a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.

La guerra recrudece, pero también crecen las muchas resistencias, como la moratoria popular de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.

*Investigadora del grupo ETC

 

 Fuente: Compartido a SURCOS Digital por Jaime García; publicación del diario La Jornada de México.

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Carrera recreativa 5Km Salvemos los Cerros Escazú

Cerros Escazú

Cada año la Asociación CODECE (Conservación Cerros de Escazú) organiza una carrera recreativa (21 km, 10 km, 5 km). La actividad está programada para el domingo 26 de abril en las montañas de Escazú.

El objetivo de este evento es recaudar los principales fondos económicos de CODECE para cuidar el bosque de los Cerros de Escazú, garantizar la permanencia de las fuentes de agua y su zona de recarga acuífera, que aún abastecen miles de ciudadanos, así como la biodiversidad y paisaje de dichos bosques, como lo ha hecho desde hace 30 años, y mantenerlos libres del proceso urbanístico, siempre amenazante.

El límite para la inscripción de la carrera es martes 21 de abril y puede hacerlo ingresando en el siguiente enlace:

http://www.trailrunseries.com/index.php/trail-costa-rica-2015/trail-cerros-de-escazu

CODECE

*Ilustraciones tomadas de https://es-la.facebook.com/codece.asociacion

Información enviada a SURCOS Digital por Paulina Mata.

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Brasil: Árboles transgénicos y resistencia campesina

Silvia Ribeiro*

 

El 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.

Ese mismo día, 300 mujeres de los movimientos ocuparon las instalaciones de la CNTBio (Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad, Brasil), interrumpiendo la reunión que pretendía aprobar la primera plantación comercial de eucaliptos transgénicos, consiguiendo con ambas acciones parar la decisión. El día anterior, se había realizado una jornada internacional de acciones de protesta en Brasil, Estados Unidos y otros países (Ver más datos en Campaña para detener los árboles transgénicos, stopgetrees.org).

La valiente acción de las mujeres del MST y Vía Campesina tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de su país, y forman parte de una creciente resistencia mundial contra este nuevo asalto transgénico a la biodiversidad, la alimentación y los territorios campesinos e indígenas.

Como reporta el Movimiento Mundial por los Bosques (wrm.org.uy) hay cientos de parcelas experimentales de árboles transgénicos, pero la gran mayoría está en Estados Unidos, China, Brasil y Canadá. Solamente China ha aprobado la liberación comercial de árboles transgénicos maderables y esta es la primera vez que se plantea su liberación comercial a gran escala en América Latina. Varios países del continente tienen investigación y alguna experimentación en esta área, incluyendo a Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y México. Según un informe de la Coalición Mundial por los Bosques (globalforestcoalition.org), desde 2007 hay empresas experimentando en campo con eucaliptos y pinos transgénicos en el estado de Guerrero, México, lo cual sería muy grave ambiental y socialmente, pero además ilegal, ya que no existe ninguna solicitud a este respecto en los registros de la Comisión de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (Cibiogem) de México, que regula los experimentos en campo.

El MST advirtió que los eucaliptos transgénicos tendrán fuertes impactos negativos sobre los campesinos, la biodiversidad, el agua y la tierra. Al igual que los transgénicos agrícolas, no son para satisfacer ninguna necesidad de la gente, sino que están diseñados solamente para aumentar las ganancias de las empresas.

Los enormes monocultivos de eucaliptos que ya existen en Brasil, han desplazado miles de familias indígenas y campesinas. Esas plantaciones no permiten que nada subsista dentro o alrededor, debido al uso intensivo de agrotóxicos y a la enorme cantidad de agua que absorben para crecer. Las plantaciones de eucaliptos son cortadas para procesar en 6-7 años. Luego vuelven a crecer una o dos veces más, pero en 20 años, solo queda un enorme desierto de tocones estériles, el suelo completamente agotado, envenenado y sin nutrientes y las fuentes de agua de los alrededores desecadas. En varios países, no sólo han desplazado a los campesinos de su tierra, también los vecinos han debido marcharse debido al agotamiento de las fuentes de agua. Dentro de esas plantaciones de eucaliptos no crecen otras especies vegetales ni animales, por lo que los movimientos bien los han llamando “desiertos verdes”.

Los eucaliptos transgénicos de FuturaGene fueron manipulados para crecer en solo 4-5 años, por lo que requieren aún más agrotóxicos y mucha más agua, aumentando dramáticamente la crisis hídrica en las regiones que se plante, donde en muchos lugares, ya es grave. Además, señala el MST, son una amenaza a los apicultores, mayoría campesinos, ya que si su miel se contamina de polen transgénico, no sólo deteriora el consumo, además no podrán exportarla.

La contaminación con el polen de cultivos agrícolas transgénicos ya es un problema serio, pero con los árboles transgénicos, por estar emitiendo polen por décadas, a distancias mucho mayores, la situación se vuelve dramática. Las interacciones de ese polen con especies silvestres o cultivadas, así como sobre la biodiversidad, son imprevisibles por el tiempo y distancia que cubren. Paradójicamente, en lugar de que esto lleve a lo sensato, que sería prohibir los árboles transgénicos por sus consecuencias, éste es precisamente el argumento que usan en Brasil las empresas para presionar por la legalización de otra peligrosa tecnología transgénica: Terminator. Esta es otra tecnología transgénica para hacer plantas suicidas, con semillas que se vuelven estériles al contacto con ciertos químicos. Aunque dicen que es para «controlar» la contaminación con polen de los árboles, lo cierto es que si se permitiera su uso en esta especie, sería una violación de la moratoria internacional contra la tecnología, y abriría la puerta para aplicarla en muchos otros cultivos. Para peor, la actual ministra de agricultura de Brasil, Kátia Abreu, defensora de latifundistas y empresas de agronegocios, fue quien presentó (cuando era diputada) la primer propuesta de ley para legalizar la tecnología Terminator en Brasil, donde actualmente está prohibida en la ley de bioseguridad, siguiendo las recomendaciones de la moratoria internacional del Convenio de Diversidad Biológica de ONU; contra su aplicación.

La acción de las compañeras del MST frenó la decisión de la CNTBio en esta oportunidad, pero la amenaza de los árboles transgénicos sigue pendiente y al igual que ha sucedido con otros transgénicos en Brasil, su aprobación afectará en efecto dominó a muchos otros países.

A pocos días de esta importante acción, comenzó además a circular en redes sociales de Brasil una amenaza de muerte contra João Pedro Stédile, unos de los fundadores y líderes del MST, ofreciendo dinero a quien lo capture “vivo o muerto”, por ser “enemigo de la patria”. La amenaza, al parecer iniciada en la página de un policía de Río Janeiro, fue repudiada por movimientos y organizaciones de todo el mundo, con la exigencia a las autoridades de que se investigue y castigue a los responsables.

En todas partes del mundo, las empresas, medios y autoridades que las encubren, pretenden avanzar impunemente, destrozando la biodiversidad, territorios y medios de sustento de campesinos e indígenas. Por ello es fundamental denunciarlo y mostrar toda nuestra solidaridad contra la criminalización de las resistencias. Sus luchas nos fortalecen a todos.

 

*Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

 

Fuente original ALAI AMLATINA.

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Biodiversidad, Sustento y Culturas

Número 83, enero de 2015

Biodiversidad, sustento y culturas

Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales.

El uso y conservación de la biodiversidad, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de la biodiversidad, la diversidad cultural y el autogobierno, especialmente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campesinos, pescadores y pequeños productores.

Contenido

– Editorial p/1

– Transgénicos en Panamá | Elizabeth Bravo (RALLT) p/3

– Reformas estructurales, tratados de libre comercio y guerra a la subsistencia | GRAIN p/7

– El talón de Aquiles de INBio | Silvia Rodríguez (Red de Coordinación en Biodiversidad) p/15

– En México hay una guerra contra los jóvenes | Hermann Bellinghausen p/17

– La solución al cambio climático está en nuestras tierras | Vía Campesina y GRAIN p/19

– Cómo contribuye el sistema alimentario agroindustrial a la crisis climática p/20

– La soberanía alimentaria: 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a su gente p/22

– Ataques, políticas, resistencia, relatos p/24

Sin aspavientos y muy comunitarios los pueblos del Ecuador se mantienen vivos y alertas | Ecuador: La amenaza minera sobre Intag | Brasil: Se acabó el agua en las principales ciudades. ¿De quién es la culpa? | Honduras: Ante el ataque a la sede de la organización Vía Campesina-Honduras | La petrolera Chevron en la mira | Guatemala: una prisión verde con olor a melaza | Canal de Nicaragua: un negocio de aguas turbias | El 2014 según el Grupo ETC

– De un vistazo y muchas aristas p/33

Necesitamos enfrentar la crisis climática en serio

– Mitos 40

Emisiones netas cero | Grupo ETC

 

La revista Biodiversidad, sustento y culturas en versión digital se encuentra en:

http://www.grain.org/article/categories/91-biodiversidad

 

*Fotografía tomada de http://www.grain.org/article/categories/522-biodiversidad-83-2015-1

 

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¿Por qué asesinar a Juan Francisco?

Crimen contra Agroecología

Cuando el poder de un pueblo esta representado por el pueblo mismo, el Gobierno constituido y constituyente defiende la tierra de los indígenas , campesinos y pobladoras porque ellos y ellas son el alma y corazón de los derechos humanos y planetarios

Juan Almendares

 

El 5 de enero de 2015 fue encontrado asesinado en la comunidad de Tapuyman en el municipio de Santa Elena, La Paz, Honduras el compañero Juan Francisco Martínez, miembro del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH.)

Juan Francisco, había sufrido en forma inconmensurable a consecuencia del asesinato de su hijo en julio del 2014 y por ser objeto de represión como agroecólogo y defensor los derechos de la Madre Tierra.

El Héroe y mártir hondureño realizó un trabajo hermoso de preservación de la biodiversidad a través de la agroecología. Contribuyó a la salud de las comunidades y del bosque ahora destruido en Honduras por las represas, el modelo extractivo minero y el asalto a los territorios mediante las políticas de las Zonas Especiales del Desarrollo y por los perversos intereses del capital transnacional.

Las violaciones de los derechos contra la Madre Tierra y la Agroecología son actos que deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, estas agresiones han sido minimizados en las convenciones y tratados internacionales; o se han tornado invisibles o enmascarados por las leyes creadas por el poder.

La violación a los derechos humanos y planetarios ocurren con los desalojos brutales y sangrientos de los territorios al obligar en forma humillante a emigrar a las poblaciones indígenas , campesinos y de pobladoras a zonas infrahumanos o a sufrir las consecuencias de las políticas racistas de los países ricos.

El crimen del desalojo de los territorios garantiza el poder de acumulación económica de la oligarquía local articulada al capital financiero transnacional.

El objetivo inmediato y estratégico de este asesinato es desencadenar el terror, tortura y trauma contra la organización MILPAH y desalojar a los indígenas de sus tierras.

En nuestra calidad de miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) condenamos este horrendo crimen, nos solidarizamos con MILPAH, CONROA y CEHPRODEC y abogamos por la solidaridad nacional e internacional.

 

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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