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Etiqueta: Bloque Verde

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

Inédita, inusual y desproporcionada demanda contra defensor ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Especialistas en derecho ambiental y de libertad de expresión advierten que esta demanda es excesiva, desproporcionada y contraproducente.

  • Acción legal busca callar las críticas y es un típico caso de “SLAPP”.

Enjoy hotel & Resort S.A. fue noticia gracias a una demanda contra Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, a quien le aplicaron una medida cautelar “urgentísima de embargo preventivo”. La empresa enumera hechos en los que supuestamente el influencer ha “ha generado un daño grave a la reputación de Enjoy Hotels”. Por lo que el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón dictó embargo preventivo contra las cuentas bancarias, salarios, tarjetas de crédito y bienes inmuebles de Alfaro Rojas.

Para Bloque Verde, la empresa ya perdió ante la opinión pública y la sociedad. Ha quedado en evidencia por qué ciertos grupos empresariales, irresponsables, hicieron campaña contra el Acuerdo de Escazú. No dudamos que, en este momento, muchas personas empresarias que tenían inversiones con este grupo, o que estaban interesadas en invertir, no quieran verse envueltas en esta polémica, teniendo que lidiar con el repudio social que se está generando.

Hacemos un llamado a movilizar la opinión pública para rechazar este intento de silenciar la protesta ambiental. Invitamos a manifestarse por todas las vías posibles y a no permanecer indiferentes. Hay distintas formas de apoyar: existe una petición en línea y una colecta solidaria para que este defensor ambiental y su familia sientan el respaldo que caracteriza a la mayoría del país.

Es un caso inédito y la reacción de la sociedad costarricense también lo será. Desde el principio se han visto numerosos mensajes de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas y reproches para la empresa hotelera.

El experto en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica el Msc. Álvaro Sagot nos recuerda que: “esto se conoce internacionalmente como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública. Su fin no es demostrar la falsedad de lo dicho, sino castigar a quienes se atreven a hablar.”

Sagot además recordó que esta situaciones no son nuevas, forman parte de estrategias ya ensayadas en toda América Latina contra activistas y personas defensoras. En Costa Rica ya hemos pasado por casos similares en el año 2013 cuando la empresa minera Crucitas demandó al profesor Nicolás Boeglin y Jorge Lobo por manifestarse en contra de la explotación de oro a cielo abierto en la zona de Cutris de San Carlos. Ver apartado final sobre antecedentes.

En la misma línea, el doctor por la Universidad de París y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Rodolfo Brenes Vargas, especialista en derecho penal y libertad de expresión, se refiere a este sonado caso: “si bien la libertad de expresión tiene límites y las personas físicas y jurídicas pueden demandar cuando han sido afectadas en sus derechos, considero que en este caso estamos ante un exceso y ante una decisión que implica riesgos importantes para la empresa hotelera.”

“Aunque el embargo preventivo está previsto en la ley y cualquiera tiene derecho a pedirlo, es una medida que tiene un severo impacto en la persona demandada, por lo que obviamente tiene un efecto intimidatorio, analizado como tal en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos” (…) “pese a ser legal o usual, no quiere decir que en todos los casos sea estrictamente necesaria y proporcional. Sobre todo, cuando en medio está en juego un derecho humano, como la libertad de expresión”, resaltó Brenes Vargas.

En su jurisprudencia sobre libertad de expresión el abogado citó un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en el caso Fontevecchia y d’Amico vs. Argentina) ha señalado que «el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia las medidas civiles (como en este caso)».

Adicional a lo anterior se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido «que las expresiones críticas e incluso ofensivas gozan de la protección del derecho a la libertad de expresión, y que en virtud de la necesidad de la máxima posibilidad de información y el pleno ejercicio del derecho a la expresión existe un margen legítimo para la inexactitud en la información que se difunde.

En este sentido, Brenes Vargas dijo que: “el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos «errónea», siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos (…) la divulgación de información errónea de buena fe, es inevitable en una sociedad democrática, libre y pluralista, por lo que de imponerse una exigencia de verdad absoluta para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con temas de interés público como los abusos de poder y la corrupción, se afectaría la esencia misma del derecho (…)».(Informe de Fondo No. 148/19 CASO 12.971 del 28 septiembre del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos).

Urge el Acuerdo de Escazú. Este caso de Juan Bautista nos recuerda la deuda que tiene Costa Rica en materia de derechos de las personas defensoras de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú, negociado en nuestro país, establece la obligación internacional de los Estados de proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, lo que incluye su libertad de expresión.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a tomar «medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.»

“Es sabido que los delitos contra el honor son regularmente usados por los políticos y personas poderosas para atacar a la prensa y a los periodistas cuando son objeto de críticas incómodas o indeseables.” ejemplificó el Dr. Brenes Vargas.

Riesgos para la reputación de la empresa: Ambos especialistas opinan que, al emprender estas acciones legales, la empresa hotelera asume “riesgos importantes” para su reputación.

En esta misma línea Brenes señaló que: “puede ser percibida como una empresa que quiere aprovechar su poder económico para aplastar la crítica, en un tema muy sensible para los costarricenses como el ambiental… la discusión surge en un contexto mediático donde se denuncian los efectos indeseables de la gentrificación en las playas nacionales.”

Sobre la futura resolución del caso Brenes termina señalando que “cuando se trata de asuntos de interés público, la libertad de expresión tiende a prevalecer y a superponerse a otros derechos… considero que estamos ante un exceso que era absolutamente innecesario, de donde se ha derivado un riesgo reputacional indeseable para la empresa demandante.”

Antecedentes. Este tipo de demandas no son nuevas. En los últimos años han sido parte de un proceso de criminalización sistemática que puede representarse como un ciclo de violencia socioambiental. Aunque no necesariamente lineal, este ciclo muestra una evolución que comienza con la intolerancia y se traduce en el desprestigio y la descalificación de las personas ambientalistas. Esto busca generar una estigmatización que sirva para justificar la intimidación, la violencia o la persecución legal. Cuando estas estrategias no logran su objetivo, se pasa a acciones directas: acoso, amenazas, daños a bienes y, finalmente, agresiones personales, todo con el fin de desmovilizar las luchas socioambientales (Álvarez Mora, Casas Mora, & Pomareda García, 2020).

Según el libro 30 años de criminalización en Costa Rica, se han documentado múltiples demandas de este tipo: siete contra activistas individuales, diez demandas colectivas y dos contra medios de comunicación. En ninguno de estos 19 casos se logró una condena contra las personas acusadas, ni se logró detener la organización o movilización de las comunidades. Además, en ningún caso anterior se había solicitado un embargo preventivo como medida cautelar.

Fuente: Álvarez Mora, M., Casas Mora, A., & Pomareda García, F. (Comp.). (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-anos-de-Criminalizacion.pdf

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Día Mundial de la Tortuga Marina

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Bloqueverde, 16-6-25. Las tortugas marinas son esas seres milenarias que habitan nuestros océanos desde hace más de 100 millones de años, estas guardianas del mar necesitan las costas protegidas, playas tranquilas y ecosistemas sanos para anidar y sobrevivir.

La turistificación que vive Costa Rica impacta directamente en la conservación de las tortugas marinas. Invade sus playas de anidación, destruye nidos y altera sus ciclos de desove. Desde el Pacífico hasta el Caribe, se denuncian vehículos en playas vulnerables, y hasta diputados proponen leyes para privatizarlas, permitiendo estructuras que amenazan sus hábitats.

El ecocidio avanza con la desprotección de refugios, zonas marítimo-terrestres y bosques costeros, todo en favor de megaproyectos turísticos que ponen en riesgo la vida de estas especies milenarias.

La Crisis climática también tiene en jaque la existencia de las tortugas marinas en el mar, debido al aumento de la temperatura y de la arena que afecta la proporción de sexos (las crías nacen todas hembras), altera rutas de migración y eleva el nivel del mar, que inunda nidos.( Patrício et al., 2021 – Global Change Biology)

La pesca de palangre – sí ese gremio que llevó a la UNOC el desministro de ambiente a Francia para lavarles la imagen – es una pesca que captura indiscriminadamente a miles de tortugas que quedan atrapadas en los anzuelos y mueren ahogadas.

Hoy honramos a Jairo Mora, un guardián de las Tortugas Marinas, quien dio su vida defendiéndolas y a todas las personas y ONGS que hoy siguen luchando por su conservación.

De las 7 especies de tortugas marinas del mundo, 6 están en peligro de extinción:

-Tortuga laúd o baula (Dermochelys coriacea)
Vulnerable a nivel global, pero en peligro crítico en el Pacífico.

-Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
En peligro crítico de extinción

-Tortuga verde (Chelonia mydas)
En peligro

-Tortuga caguama o boba (Caretta caretta)
Vulnerable, pero en algunas regiones está en peligro.

-Tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea)
Vulnerable

-Tortuga lora o Kemp’s ridley (Lepidochelys kempii)
En peligro crítico de extinción

-Tortuga plana o de espalda plana (Natator depressus)
Datos insuficientes, pero se considera vulnerable por su distribución limitada (solo en el norte de Australia).

Marco Levy Virgo responde artículo suscrito por Edwin Patterson

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:

Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses

Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.

Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson

1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.

2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.

3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.

La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca

El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:

• Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).

• Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.

• Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.

Llamado a la acción y exigencia de transparencia

Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:

1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.

2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.

3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.

4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.

Conclusión

Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.

Referencias:

• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.

• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.

• Informe SINAC sobre humedales, 2021.

• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.

• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.

Puerto Viejo de Talamanca
12 de mayo de 2025

Imagen con fines ilustrativos.

Mientras en Costa Rica quieren privatizar el sistema eléctrico, otros países sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Apagón eléctrico masivo en España afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas. El evento fue declarado emergencia nacional.

  • Este tipo de incidentes son consecuencia directa de sistemas eléctricos privatizados, organizados en función de intereses corporativos.

FECON. El pasado lunes 28 de abril de 2025 se vivió el mayor apagón eléctrico en la historia de España, el cual se extendió también a algunas partes de Portugal y Francia. Un apagón masivo que afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas, provocando graves interrupciones en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. A raíz de ello, el gobierno de ese país declaró emergencia nacional.

Algunos medios y redes sociales atribuyeron este incidente a “oscilaciones atmosféricas” o incluso a un “ataque cibernético”, ignorando el elefante en la habitación: un sistema eléctrico privatizado que opera en función de los intereses de un oligopolio corporativo, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

España privatizó su sistema eléctrico en la década de 1990 y hoy paga muy caro las consecuencias. Desde entonces, se ha instaurado un auténtico cártel corporativo que controla los diferentes segmentos (producción, distribución y comercialización) del sistema eléctrico. De esta manera, el oligopolio conformado por Endesa, Naturgy (antes Unión Fenosa), EDP e Iberdrola se asegura beneficios millonarios mediante tarifas eléctricas abusivas, financiadas por el Estado y por los consumidores.

Ahora bien, ¿por qué los apagones son consecuencia directa de un sistema eléctrico privatizado?
Una característica fundamental de estos sistemas es que no existe una planificación centralizada de la producción y distribución de electricidad, sino que ambas están determinadas por la oferta y demanda de agentes privados. A esto se le conoce como “planificación indicativa”, un esquema en el cual el sistema eléctrico está organizado según las fuerzas del mercado, es decir, según los intereses de las grandes corporaciones.

Este modelo liberalizado de planificación indicativa puede provocar, en determinados momentos, una sobreproducción de electricidad que el sistema no tiene capacidad de absorber, generando así una saturación y un colapso generalizado. Esta es la verdadera causa del apagón en España —lo mismo que sucedió en Chile el pasado 25 de febrero— y lo mismo que, desgraciadamente, ocurre de manera cotidiana en otros países centroamericanos.

En Costa Rica, no estamos acostumbrados a este tipo de incidentes. El país cuenta con un sistema eléctrico bastante robusto, confiable y estable, gracias a que la producción y distribución de electricidad están organizadas mediante una planificación centralizada y ordenada, a cargo del ICE. En el modelo costarricense, dicha planificación responde a criterios técnicos, mientras que en los modelos privatizados responde a los intereses particulares de los inversionistas.

Este modelo está en riesgo con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (No. 23.414), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre sus puntos medulares, se propone la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un mercado mayorista —privado— de electricidad, que funcionaría con la misma lógica de los sistemas ya fracasados en otros países.

Aprendamos de las desastrosas experiencias de privatización alrededor del mundo. Ahí están las evidencias claras de lo que nos podría esperar si se aprueba el proyecto de Ley de Armonización. Este es un proyecto de ley anacrónico, que busca imitar lo peor y desmantelar lo que hasta ahora ha funcionado bastante bien.

Mientras en Costa Rica se pretende privatizar el sistema eléctrico, en otros países (como España) sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho y, más bien, plantean la necesidad de re-estatizarlo.

Comunidad denuncia tala injustificada que destruirá parte de bosque en Puerto Viejo de Talamanca

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Movilización comunitaria este lunes 28 de abril.
  • SINAC indujo al juez a tomar una decisión desproporcionada.
  • AyA obligado a eliminar árboles de un parche de bosque

Bloqueverde (25-04-2025). Puerto Viejo, Talamanca – Un grupo de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales del Caribe Sur se moviliza para frenar la tala de un grupo importante de árboles pertenecientes a un bosque ubicado en las inmediaciones de la planta de tratamiento del AyA en Puerto Viejo, en la calle conocida como «del Gueto«. La orden de tala fue emitida por el Juzgado Agrario de Limón (Exp. 24-000326-0465-AG) como parte de un proceso judicial, pero la comunidad denuncia que se trata de una medida desproporcionada, sin estudios técnicos formales, que pone en riesgo un ecosistema boscoso valioso.

Entre las especies que se pretende talar se encuentran guácimos y sangrillos, árboles nativos de gran tamaño que cumplen funciones clave para la biodiversidad local. Estos árboles forman parte de un bosque secundario maduro que se ubica dentro de una zona de protección de una quebrada y que alberga una gran diversidad de flora y fauna, entre ellas: aves, mariposas morfo, monos aulladores, perezosos (símbolo nacional de Costa Rica), martillas y una variedad de insectos polinizadores.

El guácimo es conocido por su rápido crecimiento, su capacidad para prosperar en suelos pobres y su gran valor para la fauna silvestre, ya que sus frutos son alimento para múltiples especies. Además, contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a capturar carbono. El sangrillo, por su parte, es típico de humedales y zonas inundables, y resulta especialmente vulnerable a alteraciones del terreno. Aunque no esté enfermo, su debilitamiento ocurre por la desecación de humedales; sin embargo, el SINAC suele autorizar su corta casi automáticamente, sin considerar estos factores ecológicos ni los impactos acumulados y sinérgicos sobre el ecosistema

Según la comunidad, no existe un informe técnico riguroso que justifique esta corta desmedida e injustificada. Su ejecución generará daños significativos al bosque y a su fauna. La resolución judicial se sustenta únicamente en un reconocimiento visual y verbal por parte del SINAC y el AyA, sin contemplar el impacto ambiental de largo plazo ni considerar alternativas como la poda dirigida o el manejo arbóreo especializado.

Vecinas y vecinos advierten que, dada la altura y el diámetro de los árboles, así como la densidad del sotobosque, su tala implicaría abrir brechas que destruirán muchas especies de vegetación secundaria. La caída de los árboles también afectaría gravemente el hábitat de aves, monos y otras formas de vida silvestre.

“Este tipo de bosques urbanos no solo tienen un valor estético o simbólico, sino que actúan como corredores biológicos, reguladores del microclima, protectores del recurso hídrico y refugio de biodiversidad. En Puerto Viejo, donde el desarrollo urbano avanza aceleradamente, cada árbol cuenta”, señala un artículo del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

El Observatorio también advierte que “otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentarse a lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional”.

Incluso la vecina que interpuso la denuncia original ante el tribunal ha expresado que su intención nunca fue la tala completa del bosque, sino que se atendiera un riesgo puntual. No obstante, el SINAC indujo al juez a autorizar la eliminación total del parche boscoso, lo cual ha generado un fuerte rechazo comunitario.

La comunidad convoca a una movilización este lunes 28 de abril desde tempranas horas de la mañana en el sitio afectado, para exigir la suspensión de la tala y una revisión de la resolución judicial. Solicitan además una evaluación ambiental rigurosa, con participación de especialistas y actores locales. También piden que el AyA asuma su responsabilidad por la falta de mantenimiento en la finca, lo que contribuyó al deterioro de algunos árboles.

Para Bloqueverde, este conflicto recuerda lo sucedido con la tala ocurrida en el sector de Tirol, en San Rafael de Heredia, pero en esta ocasión se trata de especies nativas ubicadas en una zona de protección hídrica. Además, resulta especialmente alarmante que mientras el SINAC actúa con rapidez para autorizar la tala en zonas sensibles, permanece pasivo frente a la deforestación, el drenaje de humedales y la construcción, todas realizadas de manera ilegal en la finca conocida como “los Puckets”, dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.

Hoy no hay nada que celebrar – Costa Rica celebra el Día de la Madre Tierra en medio de un ecocidio impune

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(Bloqueverde 22-4-25).Costa Rica, país megadiverso y reconocido internacionalmente por su imagen verde, atraviesa hoy una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. Mientras el mundo conmemora el Día de la Madre Tierra, el gobierno costarricense impulsa reformas, toma decisiones y mantiene omisiones que profundizan un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el saqueo de la naturaleza y la impunidad ambiental.

Una de las amenazas más urgentes es la reforma normativa que permitiría legalizar la contaminación por plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. El Ministerio de Salud pretende modificar el reglamento actual para que ya no se prohíba la presencia de agroquímicos en las fuentes abastecidas por el AyA y las Asadas. De firmarse este decreto, el agua contaminada seguiría distribuyéndose sin garantía sanitaria, violando los principios precautorio e in dubio pro aqua, así como el artículo 50 de la Constitución Política.

A esto se suma el incumplimiento sistemático de leyes ambientales, marítimas, de ordenamiento territorial y de protección de la Zona Marítimo-Terrestre. Los manglares, humedales y refugios de vida silvestre están siendo arrasados para abrir paso a proyectos inmobiliarios y turísticos que se desarrollan sin controles efectivos. En tierra, la tala ilegal y la expansión urbanística se imponen sobre los ecosistemas. En el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y la permisividad estatal provocan un ecocidio silencioso y constante.

La situación de los tiburones expone esta contradicción con crudeza: Costa Rica es el quinto país exportador de aletas de tiburón en el mundo. Lejos de proteger estas especies clave para el equilibrio marino, las políticas actuales promueven su exterminio bajo la fachada de la sostenibilidad.

La erosión de la imagen ambiental del país es evidente. A tan solo un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio 2025), el gobierno eliminó la financiación y el respaldo institucional al decreto que daba seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta acción compromete la capacidad del país para articular esfuerzos nacionales e internacionales y pone en duda su legitimidad como líder ambiental global.

¿Cómo puede una nación hablar de liderazgo oceánico mientras incumple los compromisos ambientales en su propio territorio? ¿Cómo puede celebrar la vida silvestre cuando se permite que los ecosistemas colapsen y las especies desaparezcan?

Costa Rica alberga más de 8.500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 205 de mamíferos y 850 especies de aves. Sin embargo, más de 200 especies de fauna están amenazadas y 40 están en peligro de extinción, entre ellas la lapa roja, la lapa verde y el oso hormiguero gigante.

Hoy no hay nada que celebrar. Hoy alzamos la voz por los ecosistemas devastados, por el agua envenenada, por la biodiversidad arrinconada. Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus obligaciones constitucionales, que las leyes se respeten, que la conservación deje de ser un discurso vacío.

Hoy, en conmemoración del Día de la Tierra, rendimos homenaje a las personas valientes que, día tras día, defienden la naturaleza y sus territorios.  

La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, FECON, Bloqueverde, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, se unen para visibilizar a los defensores ambientales, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!