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Etiqueta: Bloque Verde

Bloque Verde: Presidencia del AyA “detrás del palo” con contaminación del Agua en Cipreses de Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

COMUNICADO DE PRENSA

  • Frente Ecologista denuncia oscurantismo y ping-pong burocrático para seguir tomando agua contaminada por más de dos años.

Un grupo de vecinas y vecinos de Cipreses de Cartago organizados en el Frente Ecologista ECOCIPRESES puso en su lugar al Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pues sin estudiar a fondo el tema de la contaminación del agua de Cipreses de Cartago emite un comunicado público y además un oficio PRE-2022-00572 que para los vecinos de esta comunidad “da pena ajena”.

La polémica surge ante los posibles impactos a la salud pública que puede estar sufriendo la comunidad por el suministro de la ASADA con productos de la degradación del agroquímico clorotalonil. Este funguicida es uno de los más usado en el país y en la región de Cartago. De hecho, el conflicto inició hace dos años por que las nacientes estaban invadidas por cultivos que usan este y muchos otros agro-venenos.

El pasado 03 de junio la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón solicitó al AYA incluir estos productos derivados del clorothalonil en las mediciones que hace el Laboratorio Nacional del Agua, ya que el ente ha reconocido públicamente que no tiene la capacidad para detectarlos. No obstante, sí tuvo el IRET de la Universidad Nacional la capacidad de detección en 4 ocasiones desde el 2020 y hasta se mandó una muestra al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology ) que dieron con la presencia de trece productos de la degradación del clorotalonil. Pese a estos hallazgos el AYA se ha dedicado a desvirtuar y disimular la evidencia con tecnicismo para no cumplir con el principio precautorio y con el Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA, que la misma institución sugirió.

Para ECOCIPRESES el jerarca del AYA no puso ni a sus asesores a leer el voluminoso expediente e increpa al grupo sobre la evidencia científica “de las afectaciones a la salud del agroquímicos (no así de las moléculas de degradación)” ignorando  los mismo informes del  instituto donde asegura que “El clorotalonil y sus productos de degradación en el agua destinada al consumo humano, así como otros agroquímicos utilizados en la zona debido a las actividades productivas, han sido relacionados en investigaciones médicas con afectaciones graves al hígado y los riñones, además de ser un posible carcinógeno en humanos, por lo que es necesario que se evalúe la activación del Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA en una eventual solución, o mecanismo de mitigación de aplicación inmediata. (1-B2 EPA- Estados Unidos)” MEMORANDO No.GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Según ECOCIPRESES “está es una discusión científica muy reciente, pero hay evidencia científica -que le mandan al jerarca- con la que la Unión Europea y otros países más han decidido no autorizar o no renovar los permisos para el uso de clorotalonil debido a su carcinogenicidad y la presencia de productos de transformación potencialmente tóxicos que contaminan las aguas subterráneas (ver artículo científico). Mientras en nuestro país priva el oscurantismo burocrático de instituciones que se tiran la pelota una a otra desprotegiendo la salud de quienes recibimos agua con productos de la degradación de clorotalonil en nuestras casas”.

Desde ECOCIPRESES insisten en que el principio precautorio es lo que debiera imperar ante la incertidumbre científica y sobre todo ante la incapacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas de monitorearlos en Costa Rica, lo cual el AYA está reconociendo. Pero, para empeorar las cosas, el AYA se niega a aceptar los resultados de laboratorios de universidades públicas nacionales, de gran prestigio, que tienen una mayor capacidad instalada, y esto lo usan como excusa para permitir que la población continúe consumiendo agua contaminada.

La organización comunitaria cierra la carta mandando al presidente a asesorarse mejor y estudiar la Ley 7789 pues no son los ecologistas los que tiene que presentar las pruebas de la contaminación ya el AYA las tiene: “Así que le decimos: no ponga la carreta delante de los bueyes. Actúen con diligencia y en base al mandato constitucional que hoy está siendo lesionado bajo el oscurantismo de funcionarios públicos que lejos actuar se enfrascan en discusiones técnicas que decantan en ninguna solución concreta”.

Terminan la denuncia haciendo una serie preguntas de como: ¿Cuánto tiempo va a esperar para que apliquen los análisis de la contaminación del agua, cuando y por qué no aplican el principio precautorio y el del Protocolo de Contaminación del AYA para asistir a la ASADA? Finalmente solicitan una reunión y un proceso de rendición de cuenta en la comunidad.

Para acceder al escrito completo de respuesta del Frente Eco Cipreses al AYA puede descargar el PDF o bien usar el siguiente enlace:

RESPUESTA-PUBLICA-AL-AYA-EL-AGUA-DE-CIPRESESDescarga

Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

(Bloque Verde, 25/4/2022) Durante los últimos días ha circulado una desafortunada frase que se le atribuyen al Ministro de Ambiente y Energía entrante, Franz Tattenbach. El rezo dice algo así como: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada.”

El exdiputado condenado por el delito de falsedad ideológica, Otto Guevara; el pastor evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado y hasta el gremio sindical de los empresarios la UCCAEP, se han puesto a repetir esta frase difamatoria que ofende a cualquier persona que se precie de amar la naturaleza y protegerla.

Estos señores ofenden a buena parte de una población nacional que identifica con el cuido de los ecosistemas. Dichosamente la opinión pública está de nuestro lado. En mayo del 2021 una encuesta de opinión sobre la percepción de las instituciones en el país, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, revelaba que las organizaciones ecologistas estamos entre las instituciones con más respaldo por parte la población costarricense.

Muy a pesar de lo que dice el señor ministro entrante, ningún ambientalista ha sido condenado por “ser enemigo de las empresas”. Lo que en realidad si existen son empresas condenadas judicialmente por contaminación, deforestación, por invasiones de Áreas Silvestres Protegidas, por secar y desaparecer humedales, por tráfico de vida silvestre, por desviar causes de ríos o quebradas, etc. Incluso hay evidencia de que la empresas piñeras deforestaron casi 6.000 hectáreas con total impunidad y hasta la fecha no existe un proceso judicial en su contra y así incontables delitos haciendo fila en los tribuales de justicia de este país aún sin procesar.

Las organizaciones ambientales sabemos que lo que significa las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto.

El abogado ambientalista Alvaro Sagot en redes sociales ha reaccionado señalando varias interrogantes al respecto que compartimos 1) ¿En general hay ambientalistas enemigos del sector privado o ambientalistas enemigos del sector privado que genera daños ambientales? 2) ¿Estará el nuevo ministro avalando y motivando un enfrentamiento? 3) ¿El Estado no es quién debe ser el primero en enfrentar fuertemente, por disposición legal, a las empresas que generan daños ambientales? Finalmente: 4) ¿Sería el Estado enemigo del sector privado por tratar de aplicar las normas ambientales, que por cierto son las mismas que utilizan los grupos ambientalistas?

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Ecologistas interpondrán acciones legales

BLOQUE VERDE 13/01/2021

A finales del año pasado aprobó la viabilidad ambiental del proyecto de incineración bajo la modalidad de gasificación según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.

Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE los ecologistas buscarán interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.

El proyecto que tiene un costo de más de 38 millones de dólares, inició el trámite en 2014. Es seis años después, y en los últimos días hábiles del 2020, que se aprueba sin la mayor participación social o publicidad al respecto. Es así como COOPEGUANACASTE pretende desarrollar en distrito de Belén del cantón de Carrillo una incineradora y pretende supuestamente generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste, cuando en realidad la energía empleada en la gasificación es mucho mayor a la generada.

La planta cuenta con capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.

La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión conocida. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones.”

El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbonizar o reducir el calentamiento global.

El informe de GAIA concluye que “los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.

Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que “debido a la problemática del ICE de satisfacer su demanda energética aumentando su producción de energía utilizando tecnologías más económicas”. Sin embargo, la situación energética hoy según el ICE es bastante distinta pues la generación es 100 % renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda, en síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.

De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).

Impacto socioambiental

“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa).

Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración, la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto, que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.

Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.

“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta ni con la estructura jurídica, de laboratorios ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite esta actividad (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015).

 

Imagen tomada de Informatico.com

Enviado a SURCOS por Henry Picado.

Foro: “Agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En el marco del Día de Acción Global contra los Plaguicidas, se convocó para este miércoles 03 de diciembre el foro virtual “Agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica”, con la participación de Juan Bautista Alvarado, de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura; Fernando Ramírez y Silvia Elena Berrocal, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional.

El evento se transmitió por el Facebook de Bloque Verde

Una ley para la privatización de la semilla

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.

Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.

Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.

Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.

Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.

Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.

Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas – webinario

Escrito en . Publicado en Agua, Madre Tierra.

Este lunes 20 de julio a las 3 de la tarde se realizará el webinario Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas.

La transmisión será mediante los espacios de Facebook de Bloque Verde y de Kioscos Socioambientales.

Es una actividad organizada por Ríos Vivos, Kioscos Socioambientales, FECON y Bloque Verde. Participarán Angélica Alvarado, Álvaro Sagot, Dany Villalobos y Valeria Montoya quien será la moderadora.

Primer reunión ecologista

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Este próximo 23 de enero se llevará a cabo la primer reunión ecologista 2020 a las 6 p.m. en el Centro de Amigos para la Paz.

Los temas a tratar serán:

  • Pesca de arrastre
  • Ley de aguas
  • Neonicotinoides

 

Imagen ilustrativa de UCR.

Compartido en redes digitales.

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