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Etiqueta: Bloque Verde

Los privilegios fiscales de industrias contaminantes: los importadores de agroquímicos

Comunicado FECON – Bloque Verde 

  • Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy  concentrado.

  • Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.

  • Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.

Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.

Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.

El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.

El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.

Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.

Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.

Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.

Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.

Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Ecologistas recolectan firmas para sacar a Heiner Méndez del INCOPESCA

Comunicado de Bloque Verde

  • Los diez años del asesinato de Jairo Mora no se puede conmemorar con Heiner Méndez Barrientos haciendo negocios con las tortugas, corales, vida mariana y silvestre en general. 

Las organizaciones ecologistas Bloque Verde y Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar están recolectando firmas para que el presidente Rodrigo Chaves Robles remueva de su puesto a Heiner Méndez Barrientos como jerarca del INCOPESCA y ministro (sin cartera) de la Pesca.

Las organizaciones afirman que “ha comprobado ser incapaz para ejecutar su puesto, a pesar de su trayectoria de más de 20 años como Abogado en la Institución”.

Les preocupa que a la fecha el INCOPESCA no haya podido tomar las decisiones valientes y necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, tanto en el ámbito social, como en el económico y, sin duda alguna, el ambiental. Además insiste que “preocupa aún más que se dé esta situación cuando, para variar, don Heiner fue afortunado en recibir una Institución con dos fuentes de financiamiento frescos (la reforma al canon de atún y el crédito del Banco Mundial), y con múltiples proyectos de cooperación nacional e internacional en proceso de implementación”.

Continúan exponiendo que “Hemos visto atónitos como el señor Méndez Barrientos ha, irresponsablemente, desatendido las prioridades y los compromisos que tanto esfuerzo le han costado a una Institución históricamente desatendida y deficiente. Lastimosamente, su tiempo como Jerarca lo ha dedicado a mirar hacia atrás. Ha enfocado sus energías en “rescatar” proyectos que ya han comprobado ser nocivos para la salud, el ambiente y la economía; y, además, ha reintroducido actitudes y prácticas corruptas y perjudiciales para el sano funcionamiento de la Autoridad Pesquera. Sin duda alguna, el accionar del Licenciado Méndez es cuestionable por ser contrario a la ética y al marco legal que rige la Administración Pública”.

El señor Méndez no ha logrado avanzar en el cumplimiento de las deudas históricas del Estado costarricense en materia de pesquerías y de gobernanza de los recursos marinos.

Además, consideran que “resulta sorpresivo que con la experiencia que tiene el señor Méndez en el departamento legal y en general en la Institución, no haya cumplido con promulgar el reglamento de la Ley de Creación del INCOPESCA antes del 28 de octubre del 2022, según lo prometido durante la conferencia de prensa del 28 de agosto del 2022”.

Del mismo modo aseguran: “no ha podido atender las principales problemáticas productivas de su ámbito de acción que aquejan a las comunidades costeras, siendo que, por ejemplo, las únicas licencias para la pesca de subsistencia que ha logrado otorgar son aquellas necesarias para reactivar la pesca de arrastre, perpetuando de esta manera los obstáculos en el acceso a oportunidades dignas de empleo para las zonas más vulnerables de nuestro país”.

El señor Méndez Barrientos: “tiene la oportunidad única de habilitar una serie de mecanismos administrativos, así como modalidades de pesca a partir de las reformas realizadas durante los últimos dos años a la Ley de Pesca y Acuicultura. No obstante, elige no cumplir con lo exigible por Ley, perjudicando, principalmente, al sector artesanal de pequeña escala”.

Para el sector ambiental “parece que su único interés demostrado ha sido beneficiar a un sector específico mediante, entre otros, la rehabilitación de las licencias de investigación y los estudios de pesca de camarón utilizando la técnica del arrastre. Lo anterior, a pesar de que las embarcaciones a las que se le fueron asignadas las licencias no se encuentran en condiciones para funcionar y que este no es una de las especies elegidas para la transformación de las pesquerías que plantea el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura”.

Como consecuencia de los señalamientos realizados, “le reiteramos nuestra solicitud de que el Consejo de Gobierno revoque su nombramiento. Adicionalmente, le pedimos encarecidamente que reconozca la importancia de sanear y fortalecer al INCOPESCA como institución técnica y científica, por lo que le encomendamos que en el cargo de Presidente Ejecutivo sea nombrada una persona con capacidad suficiente para dirigir procesos complejos en conjunto con todos los miembros de la sociedad civil y que cuente con la formación y la autoridad moral correctas para enfrentar el reto de transformar las pesquerías de nuestro país”.

Donde firmar y leer completa toda la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEwMy1t6E5WhKyf19hklFU5QME66iqEFhg0S9dLC7f0gfKYg/viewform

Ambiente y ecosistemas ausente en primer informe de Rodrigo Chaves

Comunicado
2 de mayo 2023

La administración Chaves Robles ha dejado claro que los temas ambientales no son su prioridad o mejor dicho, ha dejado claro que es prioridad para Rodrigo Chaves desmejorar la condición ambiental del país priorizando el modelo extractivo y contaminante, enlistamos algunos de las principales retrocesos ambientales del gobierno:

  1. Revivir la Pesca de Arrastrecon supuestos estudios que en realidad reactiva una industria que no tiene ningún criterio técnico.
  2. Sepultar Acuerdo de Escazúy deja en vulnerabilidad a defensores ambientales. 
  3. Sigue desobedeciendo el fallo de la Sala IVque le obliga a limpiar el mercurio en Crucitas y remediar ambientalmente la zona afectada por la minería ilegal.
  4. NuevoReglamento de Setena a medida del sector inmobiliario, constructor y los agronegocios.
  5. Desregular para promover más agrovenenossin prohibir los más tóxicos y contaminantes de fuente de agua como el caso del clorotalonil.
  6. Ha empeorado el riesgo alimentario Ha impulsado las importaciones de arroz en menoscabo de producción nacional.
  7. Caída en el Índice de Desempeño Ambiental del puesto 3 en 2011 al puesto 68 en el 2022, este “ranking” elaborado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia.  
  8. Vuelve a obligar al ICE a comprarle energía a generadores privados de energía, aunque no sea necesaria para el Sistema Nacional de Energía.
  9. Recortes a SINAC y MINAE. Genera una gran concentración de poder en la figura de ministro de funciones que legalmente les corresponde a los cuerpos colegiados. Hacer reformas mediante directrices ministeriales “dejando pintado en la pared” a Conagebio, Fonafifo y a Oficina de Cambio Climático.
  10. Revivir el aeropuerto en Zona Osa, amenazado áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.
  11. La “Mesa técnica interinstitucional para pueblos indígenas” promueve más violencia de las instituciones y de los usurpadores contra los pueblos indígenas
  12. Darle vitrina y no rechazar de plano la propuesta de UCCAEP de promover la extracción petrolera.
  13. Legalización extracción de agua depozos ilegales y desvios de ríos sin permiso. Además presiona desde la administración central por aumentar la tercerización institucional del AYA con un enfoque privatizador del servicio y del agua.
  14. El MINAE a caído en manos de un libertario con ideas privatizadoras, desreguladoras y retrógradas, que tiene en el oscurantismo no solo el ministerio, si no que amenaza diariamente la agenda y el liderazgo que alguna vez tuvo el país. Franz Tattenbach nunca rinde cuentas y el Minae es muy esquivo al escrutinio público.
  15. La Agenda Legislativa pactada por las diferentes fracciones, incluida el oficialismo, tiene un abanico de proyectos destinados a desmejorar, erosionar y eliminar la mayoría de las fortalezas en materia ambiental y social que al país le ha costado más de medio siglo construir.

Día mundial del Agua en Costa Rica: nunca antes el líquido vital ha estado más en riesgo

(Bloque Verde, 22 de marzo 2023) En la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, las Naciones Unidas propuso la fecha del 22 de Marzo como el Día Mundial del agua. Tres décadas se cumplen de que el planeta celebra la fecha y nunca había estado más amenazada el agua en Costa Rica.

El país que más usa agroquímicos en el mundo parece estar decidido a continuar con este desdeñoso mérito. Costa Rica importa más de diecinueve millones de toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos anualmente, de los cuales en su inmensa mayoría son catalogados como altamente peligrosos o directamente están prohibidos en otras partes del mundo. Es decir, somos el basurero planetario de plaguicidas que otros no quieren.

La factura de esto es evidente, se reportan oficialmente más de 22 acueductos comunitarios contaminados con plaguicidas en el país. Los responsables (importadores de venenos, casas comerciales, empresas agroexpotadoras, Sistema Fitosanitario del Estado) no se han responsabilizado por el daño causado y más bien dicen ser objeto de acoso por parte de comunidades y organizaciones sociales que reclaman la contaminación.

Pareciera que haber elevado el Derecho al Agua a nivel constitucional, en la legislatura anterior, a sido letra muerta y hay mucho por hacer desde las instituciones del Estado para garantizar este derecho . El Laboratorio Nacional de Aguas sigue siendo un “cuchitril” (así descrito por sus mismos funcionarios) sin capacidad de análisis de los agroquímicos que hoy amenazan el agua de la gente. En cambio solo pueden detectar 24 moléculas de agrovenenos de las caso 250 que ingresan al país.

La contaminación con mercurio en Crucitas no solo amenaza la salud de miles de personas en Cutris de San Carlos, sino que además podría estar ya presente en el Río San Juan y en los humedales del de Barra del Colorado y Tortuguero (afluentes de San Juan). Mientras tanto el Gobierno de Rodrigo Chaves sigue desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional que le ha dicho que debe de sanear la contaminación por mercurio en la zona. En lugar de eso plantea un Decreto de Emergencia que no solicitaría en nada esta situación.

En la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente 23.511. Iniciativa que dista de lo que el país necesita en materia de conservación de las fuentes de agua y dejaría el camino zanjado para un mayor dominio del sector privado sobre el agua en Costa Rica de paso eliminando cualquier espacio de participación.

Sumado a esto, otro proyecto de ley, expediente 22.709 que legalizaría los pozos y los desvíos de ríos ilegales. Con 46 diputados a favor y seis en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate en enero pasado el proyecto de ley de amnistía que permitirá a los grandes productores a agropecuarios y hoteleros a legalizar el robo de agua.

Por último saludamos a las comunidades como Cipreses de Oreamuno en Cartago que ha realizado una campaña ejemplar y esperanzadora para defender el derecho al agua limpia y libre de agroquímicos, enfrentando la aplanadora y asedio de los señores del veneno y la desidia de la mayoría de instituciones públicas.

Bloque Verde: “Cuatro años más de una Defensoría de los Habitantes a espaldas de los ecosistemas y las personas que los defienden”

Comunicado de Prensa

(Bloque Verde, 24/1/2023) Tanto Erik Ulate, en su calidad de presidente de la “Asociación Consumidores de Costa Rica”, como Laura Arguedas, como militante del Partido Liberación Nacional, nunca han movido un dedo en la defensa de los derechos ambientales de la población costarricense, jamás han mencionado nada sobre la contaminación con agrotóxicos del agua potable por parte de empresas.

Ni Ulate, ni Arguedas han dicho nada sobre los asesinatos de Jairo Mora, Sergio Rojas, Jerhy Rivera. Nunca les ha preocupado que una parte de la población que decide defender los ecosistemas frente a la expansión piñera y bananera sufran de procesos de judicialización y persecución por parte de las empresas exportadoras. Ni Ulate ni Arguedas se preocuparon en ningún momento por apoyar el Acuerdo de Escazú para mejorar el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Ni Ulate, ni Arguedas, han hecho pública ninguna preocupación sobre el desastre de un país donde el 60% de los alimentos frescos están contaminados con plaguicidas. Arguedas o Ulate nunca se han pronunciado sobre la barbarie viven las comunidades rodeadas de plantaciones de piña o banano.

Desmond Tutu, un clérigo sudafricano que luchó contra el apartheid dijo una frase que puede ser importante recordar a la hora de escoger a la nueva persona que dirigirá la Defensoría de lo Habitantes: «Si eres neutral y guardas silencio en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

El señor Ulate no sólo es un militante del partido Liberal Progresista sino además forma parte de asociada a la Red Liberal de América Latina.  Tanto el partido como esa organización se dedica a profesar la religión del “libre mercado” una ideología que piensa que el Estado debe de minimizarse a su mínima expresión dónde sean el mercado, no los derechos humanos, lo que rijan a la sociedad.

Laura Arguedas pertenece a un partido que impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América. Quizá el acuerdo comercial que más golpeó la institucionalidad costarricense en materia social ya ambiental.

Un defensor o defensora de los habitantes debe de estar a la altura de las circunstancias en medio de la crisis climática, la amenaza de la sexta extinción masiva de especies y en medio de la crisis alimentaria. Deberían responder a la urgencia en la que viven decenas de comunidades que toman el agua contaminada; el deterioro de los ecosistemas de donde provienen las formas de sostén de muchas comunidades a nivel nacional; la injusticia en la que están condenados los pueblos indígenas que luchan por el derecho a la tierra, que ya por ley les pertenece. Necesitamos una defensoría que denuncie la crisis en la que están todas la Áreas Silvestres Protegidas y que señale que el actual gobierno desea privatizarlas valiéndose de la excusa de su maltrecho estado.

Pase lo que pase en la votación para la elegir la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes, los diputados y diputadas condenarán a todo el país y sus ecosistemas a cuatro años más de una institución a espaldas de la vida.

Bloque Verde: Presidencia del AyA “detrás del palo” con contaminación del Agua en Cipreses de Cartago

COMUNICADO DE PRENSA

  • Frente Ecologista denuncia oscurantismo y ping-pong burocrático para seguir tomando agua contaminada por más de dos años.

Un grupo de vecinas y vecinos de Cipreses de Cartago organizados en el Frente Ecologista ECOCIPRESES puso en su lugar al Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pues sin estudiar a fondo el tema de la contaminación del agua de Cipreses de Cartago emite un comunicado público y además un oficio PRE-2022-00572 que para los vecinos de esta comunidad “da pena ajena”.

La polémica surge ante los posibles impactos a la salud pública que puede estar sufriendo la comunidad por el suministro de la ASADA con productos de la degradación del agroquímico clorotalonil. Este funguicida es uno de los más usado en el país y en la región de Cartago. De hecho, el conflicto inició hace dos años por que las nacientes estaban invadidas por cultivos que usan este y muchos otros agro-venenos.

El pasado 03 de junio la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón solicitó al AYA incluir estos productos derivados del clorothalonil en las mediciones que hace el Laboratorio Nacional del Agua, ya que el ente ha reconocido públicamente que no tiene la capacidad para detectarlos. No obstante, sí tuvo el IRET de la Universidad Nacional la capacidad de detección en 4 ocasiones desde el 2020 y hasta se mandó una muestra al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology ) que dieron con la presencia de trece productos de la degradación del clorotalonil. Pese a estos hallazgos el AYA se ha dedicado a desvirtuar y disimular la evidencia con tecnicismo para no cumplir con el principio precautorio y con el Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA, que la misma institución sugirió.

Para ECOCIPRESES el jerarca del AYA no puso ni a sus asesores a leer el voluminoso expediente e increpa al grupo sobre la evidencia científica “de las afectaciones a la salud del agroquímicos (no así de las moléculas de degradación)” ignorando  los mismo informes del  instituto donde asegura que “El clorotalonil y sus productos de degradación en el agua destinada al consumo humano, así como otros agroquímicos utilizados en la zona debido a las actividades productivas, han sido relacionados en investigaciones médicas con afectaciones graves al hígado y los riñones, además de ser un posible carcinógeno en humanos, por lo que es necesario que se evalúe la activación del Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA en una eventual solución, o mecanismo de mitigación de aplicación inmediata. (1-B2 EPA- Estados Unidos)” MEMORANDO No.GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Según ECOCIPRESES “está es una discusión científica muy reciente, pero hay evidencia científica -que le mandan al jerarca- con la que la Unión Europea y otros países más han decidido no autorizar o no renovar los permisos para el uso de clorotalonil debido a su carcinogenicidad y la presencia de productos de transformación potencialmente tóxicos que contaminan las aguas subterráneas (ver artículo científico). Mientras en nuestro país priva el oscurantismo burocrático de instituciones que se tiran la pelota una a otra desprotegiendo la salud de quienes recibimos agua con productos de la degradación de clorotalonil en nuestras casas”.

Desde ECOCIPRESES insisten en que el principio precautorio es lo que debiera imperar ante la incertidumbre científica y sobre todo ante la incapacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas de monitorearlos en Costa Rica, lo cual el AYA está reconociendo. Pero, para empeorar las cosas, el AYA se niega a aceptar los resultados de laboratorios de universidades públicas nacionales, de gran prestigio, que tienen una mayor capacidad instalada, y esto lo usan como excusa para permitir que la población continúe consumiendo agua contaminada.

La organización comunitaria cierra la carta mandando al presidente a asesorarse mejor y estudiar la Ley 7789 pues no son los ecologistas los que tiene que presentar las pruebas de la contaminación ya el AYA las tiene: “Así que le decimos: no ponga la carreta delante de los bueyes. Actúen con diligencia y en base al mandato constitucional que hoy está siendo lesionado bajo el oscurantismo de funcionarios públicos que lejos actuar se enfrascan en discusiones técnicas que decantan en ninguna solución concreta”.

Terminan la denuncia haciendo una serie preguntas de como: ¿Cuánto tiempo va a esperar para que apliquen los análisis de la contaminación del agua, cuando y por qué no aplican el principio precautorio y el del Protocolo de Contaminación del AYA para asistir a la ASADA? Finalmente solicitan una reunión y un proceso de rendición de cuenta en la comunidad.

Para acceder al escrito completo de respuesta del Frente Eco Cipreses al AYA puede descargar el PDF o bien usar el siguiente enlace:

Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach

(Bloque Verde, 25/4/2022) Durante los últimos días ha circulado una desafortunada frase que se le atribuyen al Ministro de Ambiente y Energía entrante, Franz Tattenbach. El rezo dice algo así como: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada.”

El exdiputado condenado por el delito de falsedad ideológica, Otto Guevara; el pastor evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado y hasta el gremio sindical de los empresarios la UCCAEP, se han puesto a repetir esta frase difamatoria que ofende a cualquier persona que se precie de amar la naturaleza y protegerla.

Estos señores ofenden a buena parte de una población nacional que identifica con el cuido de los ecosistemas. Dichosamente la opinión pública está de nuestro lado. En mayo del 2021 una encuesta de opinión sobre la percepción de las instituciones en el país, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, revelaba que las organizaciones ecologistas estamos entre las instituciones con más respaldo por parte la población costarricense.

Muy a pesar de lo que dice el señor ministro entrante, ningún ambientalista ha sido condenado por “ser enemigo de las empresas”. Lo que en realidad si existen son empresas condenadas judicialmente por contaminación, deforestación, por invasiones de Áreas Silvestres Protegidas, por secar y desaparecer humedales, por tráfico de vida silvestre, por desviar causes de ríos o quebradas, etc. Incluso hay evidencia de que la empresas piñeras deforestaron casi 6.000 hectáreas con total impunidad y hasta la fecha no existe un proceso judicial en su contra y así incontables delitos haciendo fila en los tribuales de justicia de este país aún sin procesar.

Las organizaciones ambientales sabemos que lo que significa las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto.

El abogado ambientalista Alvaro Sagot en redes sociales ha reaccionado señalando varias interrogantes al respecto que compartimos 1) ¿En general hay ambientalistas enemigos del sector privado o ambientalistas enemigos del sector privado que genera daños ambientales? 2) ¿Estará el nuevo ministro avalando y motivando un enfrentamiento? 3) ¿El Estado no es quién debe ser el primero en enfrentar fuertemente, por disposición legal, a las empresas que generan daños ambientales? Finalmente: 4) ¿Sería el Estado enemigo del sector privado por tratar de aplicar las normas ambientales, que por cierto son las mismas que utilizan los grupos ambientalistas?

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste

Ecologistas interpondrán acciones legales

BLOQUE VERDE 13/01/2021

A finales del año pasado aprobó la viabilidad ambiental del proyecto de incineración bajo la modalidad de gasificación según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.

Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE los ecologistas buscarán interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.

El proyecto que tiene un costo de más de 38 millones de dólares, inició el trámite en 2014. Es seis años después, y en los últimos días hábiles del 2020, que se aprueba sin la mayor participación social o publicidad al respecto. Es así como COOPEGUANACASTE pretende desarrollar en distrito de Belén del cantón de Carrillo una incineradora y pretende supuestamente generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste, cuando en realidad la energía empleada en la gasificación es mucho mayor a la generada.

La planta cuenta con capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.

La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión conocida. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones.”

El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbonizar o reducir el calentamiento global.

El informe de GAIA concluye que “los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.

Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que “debido a la problemática del ICE de satisfacer su demanda energética aumentando su producción de energía utilizando tecnologías más económicas”. Sin embargo, la situación energética hoy según el ICE es bastante distinta pues la generación es 100 % renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda, en síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.

De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).

Impacto socioambiental

“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa).

Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración, la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto, que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.

Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.

“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta ni con la estructura jurídica, de laboratorios ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite esta actividad (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015).

 

Imagen tomada de Informatico.com

Enviado a SURCOS por Henry Picado.

Foro: “Agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica”

En el marco del Día de Acción Global contra los Plaguicidas, se convocó para este miércoles 03 de diciembre el foro virtual “Agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica”, con la participación de Juan Bautista Alvarado, de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura; Fernando Ramírez y Silvia Elena Berrocal, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional.

El evento se transmitió por el Facebook de Bloque Verde