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Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.