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Etiqueta: calidad de vida

El tema de la seguridad social

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Carranza

Es tema país que debe ser examinado con detalle y precisión para lograr que tengamos un país con mayor calidad de vida. Es una área del bienestar, pero también de condiciones para tener ser humano con potencialidades. Para esto, el lograr políticas sociales que impacten en sectores vulnerables y de bajo crecimiento es fundamental.

Esta arista parece que no se analiza ni se efectúan acciones de adecuado desarrollo en este ámbito. Con instituciones que no operan por una perspectiva estratégica a lo más en una especie de “opereta búfa”, donde los máximos dirigentes lo manejan sin ningún criterio de gestión social, o cuando hay posiciones en contrario, la destitución o las vacaciones forzadas parecen ser las formas favoritas.

Se requiere un esfuerzo de tomar posición para lograr que este tipo de instituciones cuenten con solidez ejecutiva. La coordinación adecuada, las acciones para atender “los picos”, y sobre todo, la claridad de la misión para la cual fue creada. De igual manera la infraestructura sanitaria y de salud requieren contar con espacios propios dentro de los esfuerzos de una economía de competencia con bienestar.

Esos esfuerzos nos ayudarían a retomar el camino en una área tan vital, lo cual no parece el camino actual, se requiere que sea rectificado de acuerdo con el cumplimiento de lo normado en este campo.

Pronunciamiento: La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Ante la creciente ola de violencia que, en sus diversas manifestaciones, viene sufriendo la población costarricense, retomando la inquietud de una cantidad significativa de sus integrantes acerca del particular y al tenor de la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro Colegio, la Junta Directiva del CPPCR, da a conocer públicamente las siguientes consideraciones y propuestas.

Partiendo de que:

  1. Todos los indicadores de violencia muestran una curva de crecimiento a lo largo de los últimos años, con un nivel de generalización que abarca prácticamente cualquiera de sus formas de manifestación.
  2. La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas.
  3. La violencia social se manifiesta de diversas formas, con diferentes actores y escenarios. Sin perjuicio de ello, esa violencia debe ser asumida de manera integral, tanto en sus consecuencias como en sus múltiples orígenes.
  4. Al tener diversas y complejas manifestaciones, resulta contraproducente y peligroso reducir estos grandes fenómenos a una visión “psicologista” de la realidad. Es decir, si bien algunas situaciones pueden y deben ser explicadas y afrontadas con individuos concretos, con sus propias vicisitudes y su “mundo interno”, ello no puede ser desprovisto de su contexto socio histórico que le da sentido. La explicación y abordaje de la violencia incluye una dimensión subjetiva, pero no se agota ahí, debe incluir las condiciones objetivas que la determinan y la explican. Por lo tanto, es imprescindible acudir a una perspectiva social más amplia, que involucra a otras disciplinas y saberes.
  5. La generalización de esta violencia necesita considerar el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Desde la década de los noventa, todos los indicadores apuntan a un alarmante aumento de la brecha social y un sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pasamos de ser un país con amplios sectores medios y baja inseguridad, a ocupar actualmente uno de los peores lugares en América Latina y entre los países de la OCDE. Factores íntimamente asociados a este creciente deterioro son el sistemático recorte de los programas sociales y la concentración de políticas dirigidas a favorecer a pequeños sectores orientados por el clientelismo político, así como el favorecimiento de crecientes procesos de corrupción.
  6. Es evidente que el sistema le ha fallado a amplios sectores de la población, por lo que es evidente un creciente cansancio en la gente, que lleva al resentimiento, al enojo, a la desesperanza y a su escalamiento al no ver resueltas sus necesidades más básicas y al sentirse engañados por la clase política del país. Estos sentimientos son un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una cultura de violencia.
  7. Al mismo tiempo, la decepción, el desencanto y el enojo favorecen a su vez alternativas políticas de tipo autoritario, aderezadas con el creciente y alarmante papel del narcotráfico en nuestros países, en los que montan su negocio y reclutan a personas, sobre todo jóvenes. Estas circunstancias han acelerado el proceso de normalización de la violencia y ayudan a legitimarla como forma de interacción social habitual.
  8. Dentro de esta dinámica de creciente violencia, se comprueba el redireccionamiento de las emociones negativas hacia grupos determinados que reciben con más énfasis la carga afectiva y los procesos de exclusión, dirigidos principalmente contra la niñez y la adolescencia, contra personas con discapacidades, contra personas migrantes, contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y contra personas adultas mayores, entre otras. A este respecto, es sobrecogedora y en niveles de agresividad. Las acciones dirigidas a individuos particulares deben ser entendidas en ese contexto sociocultural más amplio.
  9. A todo lo anterior se abona la actual dinámica de las redes sociales, en las que fácilmente se acusa, se juzga y se sanciona a cualquiera, con derivaciones tan serias como, por ejemplo, el suicidio en personas adolescentes. Del mismo modo, debe contemplarse el aparato mercadológico cada vez más sofisticado y orientado a generar y reforzar patrones compulsivos de consumo, mediante el reforzamiento sistemático de hábitos, actitudes y comportamientos contrarios a una cultura de paz.

Dado lo anterior:

  1. Esta JD se compromete a fomentar, con carácter de urgencia, una amplia participación del conjunto de colegas en unas jornadas de reflexión que permitan, en un diálogo abierto, un análisis profundo de toda esta situación y en la construcción de las mejores alternativas de enfrentamiento. También se compromete a incorporar y gestionar las recomendaciones que se deriven de este proceso de análisis.
  2. Esta JD hace una excitativa general a sus integrantes para que, en sus actividades profesionales tomen como tarea urgente la reflexión y la toma de las medidas que sean posibles en aras de fomentar relaciones humanas más empáticas y solidarias. Esto como un imperativo ético y de responsabilidad de nuestro quehacer.
  3. Hacemos una alerta máxima ante la violencia de género, dadas las características y la dinámica de ensañamiento que está tomando. Las medidas por tomar tendrán que abarcar las de corto, mediano y largo plazo, ampliando o rectificando lo hecho hasta el momento.
  4. Instamos a la prensa y a la población que accede a las diferentes plataformas a tener el mayor cuidado en el momento de publicar y exponer escenas de agresiones, mutilaciones y asesinatos. La exposición a estos materiales puede conducir a exacerbar procesos de modelaje de ciertas conductas y a aumentar la sensación de inseguridad. Así mismo, exhortamos a las personas colegiadas que sean entrevistadas en medios, para que no repliquen visiones cortoplacistas, simplificadas o hiper individualistas de este doloroso y complejo fenómeno.
  5. Exhortamos a toda la población a que procure desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. El Colegio tiene a disposición el Centro Integral de Resolución de Conflictos (CIREC) que, a cargo de profesionales con capacitación y amplia experiencia, puede colaborar para ese propósito.
  6. En nuestro criterio, debe haber una mayor inversión en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y los organismos de investigación. Por lo tanto, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado al gobierno para que modifique sus políticas sociales. También hacemos una clara advertencia acerca de las consecuencias al corto, mediano y largo plazo de no rectificar la línea que está imponiendo. De no modificarse la orientación actual, pronosticamos un empeoramiento de la situación en dimensiones y consecuencias insospechadas.

Comisión AD-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica del CPPCR.

Fuente: https://psicologiacr.com/pronunciamiento-la-violencia-social-constituye-una-de-las-principales-condiciones-que-deterioran-la-salud-mental-y-el-bienestar-integral-de-las-personas/

Compartido con SURCOS por Marco Vinicio Fournier.

Mensaje desde China Kichá: ¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

Habitantes del territorio indígena China Kichá, alzan la voz de solidaridad en defensa de La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), bajo el contundente lema: «¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!».

En un mensaje emitido desde este territorio, Maureen Obando Ríos enfatiza que la existencia de La Caja y el seguro social es vital para su comunidad, ya que si no existiera, no tendrían los recursos para acceder a la salud a través de clínicas privadas o medicamentos. Expresa que La Caja tiene un papel fundamental relacionado a proporcionar medicamentos, referencias médicas y exámenes profundos, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para los habitantes. Por otra parte, Mariana Obando Ríos subraya que La Caja brinda servicios que son imprescindibles para su bienestar, asegurando que sin estos servicios no estarían bien atendidos.

También, Tomás Zuñiga Fernández expone la vulnerabilidad que enfrentaría la comunidad indígena en caso de que La Caja no existiera, ya que esta institución tiene una importancia vital para las personas mayores, niños y mujeres embarazadas. Desde su testimonio, la existencia de La Caja es crucial para su acceso a servicios médicos, ya que dependen del seguro proporcionado por el estado.

Maureen Obando finaliza añadiendo que los médicos incluso visitan las escuelas para atender a los niños, lo que hace a La Caja tener un papel crucial no sólo para su comunidad, sino para todo el país. Afirma que en lugar de debilitarse, La Caja debe ser fortalecida.

Este mensaje de solidaridad y defensa de la CCSS proviene del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) para comunicar la preocupación por la constante amenaza que enfrenta el seguro social en el país, tanto por parte del gobierno actual como por gobiernos anteriores.

Puede acceder al video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/o9VGEzezuBKQjh2i/?mibextid=WC7FNe 

ALTERNATIVAS. 8M: situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres

Escrito el . Publicado en Derechos.

Este próximo viernes 3 de marzo de 2023 a las 18:00 horas (-6UTC) será llevado a cabo el programa por medio de ALTERNATIVAS titulado “8M: situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres”. 

El panel invitado está conformado por Ana Cecilia Hernández, activista y educadora popular feminista; Ericka Álvarez, abogada y activista social por los derechos humanos; Priscilla Vindas, activista feminista, politóloga y diputada; Irené Barrantes, activista feminista y Yendry Porras, administradora y defensora popular. 

Puede ver el programa en vivo a través del Facebook Live, por YouTube o el Spotify de ALTERNATIVAS. La repetición será el sábado 4 de marzo de 2023 a las 19:00 horas (-6 UTC) por Radio Gigante (8:00 a.m.), por Tunein y Online Radio Box.

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Escrito el . Publicado en Comunidad, Derechos.

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.

UCR: Guanacastecos luchan por agua de calidad

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos.

Un proyecto de Acción Social promueve una cultura de vida alrededor del agua

Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

El agua es indispensable para la vida, pero al hablar de vida no solamente se refiere a la humana. La vida del planeta debe pensarse como un solo ecosistema con múltiples y maravillosas formas; y pese a la vorágine extraccionista algunas siguen sin explorarse e incluso existen especies sin descubrirse.

Y uno de los recursos que incide en la salud planetaria es el agua, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera como el epicentro del desarrollo sostenible y un elemento clave para el crecimiento socioeconómico, la energía, la producción agrícola y la supervivencia de los ecosistemas globales.

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Incluso, el agua es el eje de muchos de los Objetivos del Desarrollo de la Agenda 2030, sobre la que la Universidad de Costa Rica, mediante diversos proyectos, adquirió un compromiso institucional para contribuir a su alcance. Uno de esos es el denominado “Lo que cuenta el agua en la Región Chorotega” (EC-587), un esfuerzo de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) que se ejecuta en la Sede Regional de Guanacaste (SG-UCR).

El EC-587 se orienta a fortalecer la participación comunitaria y los procesos educativos, ya que son herramientas que permiten modificar los patrones de integración social en la resolución de conflictos socioambientales. Además, mediante la formación de profesionales en la carrera de Salud Ambiental, de la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Facultad de Medicina de la UCR, se busca que sigan contribuyendo a los procesos comunitarios en aras de un mayor desarrollo social, económico, ambiental y en el aseguramiento de las condiciones sanitarias básicas.

Según el magister Yordan Brenes Vargas, coordinador del EC-587, una de las metas es evidenciar que el agua es un elemento común en las comunidades para que las personas disfruten de una salud integral y al mismo tiempo sea un factor de crecimiento económico en sus regiones. Y como parte del mismo, y que consideró un insumo significativo para continuar los procesos sociocomunitarios, se produjo una serie de audiovisuales que abordan los problemas que enfrentan comunidades en los cantones de Cañas, La Cruz, Abangares, Hojancha y Santa Cruz, de la mano de la comunicadora Hannia Rodríguez Jiménez y el realizador Pedro Murillo Rodrigues, ambos destacados en la Unidad de Comunicación de la VAS.

Aunque entre los poblados existen distintos desafíos, cada uno presenta sus particularidades. “En Los Andes, del cantón de La Cruz, participamos en un proceso para fomentar la organización del acueducto comunitario; en Hotel, ubicado en Cañas, uno problema grave era la contaminación de las fuentes por arsénico, sin duda requería una solución en la calidad del agua. Por su parte, en Colorado, Abangares, la dureza del líquido es un reto por superar, ya no es potable debido a los altos niveles de minerales y sales debido a la cercanía de la costa”, explicó Brenes.

Además, “queremos visibilizar que las problemáticas del recurso hídrico en la región, porque las personas solo piensan en la sequía, pero existe de fondo un problema de la cantidad y calidad, y estas producciones audiovisuales parten de la voz de las personas que viven los problemas en sus propias comunidades”, agregó el profesor Brenes.

DESAFÍOS INMEDIATOS

De acuerdo a las personas gestoras del proyecto EC-587, cada comunidad tiene sus propios retos y preocupaciones para tener acceso a agua potable de calidad. En lo primero, la crítica recurrente es que la distribución del líquido no es equitativa y no se reparte según las necesidades de cada poblado. “Se priman otros usos al consumo humano, que debería ser el primero de los criterios; mientras en algunos barrios no hay líquido en otras regiones las empresas dedicadas a la actividad turística tienen suficiente”, explicó Brenes.

Asimismo, en la región Chorotega la ausencia de infraestructura y las pocas inversiones del Estado son parte del olvido, que son anotadas como promesas electorales que gobierno tras gobierno y finalmente quedan en el papel. Otras de las principales preocupaciones expresadas por las personas es la falta de acompañamiento técnico en cuanto a los procesos y tecnologías más adecuadas para llevar agua de calidad a cada casa. Igualmente, y no menos importante, es la ausencia de financiamiento para que los acueductos comunitarios (Asadas), especialmente los más pequeños, puedan enfrentar las compras de insumos, equipos y tecnologías.

Otra de las preocupaciones de las actuales dirigencias es cómo incentivar la participación ciudadana, más allá del pago de los recibos mensuales, más bien que “la gente se identifique con las Asadas, en torno a una cultura del agua y el cómo hacer el relevo generacional, porque la mayoría está dirigida por personas adultas y muy pocos jóvenes muestran interés en integrarse a estas organizaciones, se explica en parte por la cultura adultocentrista que impera en el país”, detalló el investigador.

LA CULTURA DEL AGUA

Con los videos producidos con el acompañamiento de la VAS se inició la fase de devolución de la experiencia recogida en dichos audiovisuales, incluso se logró montar una obra de teatro y se ha dado acompañamiento en temas de agua a tres comunidades para trascender a otros aspectos de la gestión comunitario y la administración del recurso hídrico.

“Continuamos en contacto con las administraciones de Asadas, y otras instancias como municipalidades que han estado presentes en este proceso. La idea es ampliar ese mapeo de actores vinculados a la problemática del agua. Estamos empezando con unas entrevistas para profundizar como las personas perciben el vínculo comunidad-cultura-agua, en la línea de ‘nada de nosotros sin nosotros’, ya que el componente participativo es el fuerte de este proyecto”, detalló el coordinador.

Brenes recalcó que la idea es que las estrategias en la gestión del agua surjan de las mismas personas, y que con el apoyo institucional se logren mantener a lo largo del tiempo. “El tema de la participación es complejo, no solo es convocar a las comunidades; pero por otra parte instituciones, como la SG-UCR, tenemos recursos muy limitados, pero estamos muy comprometidos en darle seguimiento a este proyecto.

MÁS ALLÁ DEL GUANACASTE

Gracias a recursos obtenidos en Fondos de Regionalización, el EC-587 se propuso replicar la experiencia lograda en Guanacaste en la región Caribe. Como un primer paso, se producirán una serie de videos en tres comunidades ya identificadas en Cariari, Guápiles, en el cantón de Pococí, y el distrito de Sixaola, en Talamanca, labor que se logrará gracias a estudiantes de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva (ECCC), de la UCR.

“La idea contó con apoyo del sociólogo José Luis Fournier Rodríguez, colaborador del proyecto y que es oriundo de la región Caribe y a los contactos de otros proyectos de la VAS que están en esa zona; así logramos escoger estas comunidades, que al igual que las que trabajamos en Guanacaste, presentan problemáticas relacionadas con la calidad del agua”.

Aunque existen recursos limitados, el equipo coordinador del proyecto espera hacer la devolución durante el año 2023. El EC-587 integra el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, del sociólogo Fournier y de la master Luisa Rojas Zamora, salubrista ambiental especializada en Ciencias y Gestión del Agua.

Tertulias nocturnas en el corredor con el abuelo

Escrito el . Publicado en Comunidad, Equidad.

Bernardo Archer Moore

Es un sabor de la historia reciente para los amantes de la lectura.

La mayoría de nuestros abuelos, y en muchos casos bisabuelos, llegaron a Costa Rica en los albores del siglo anterior (1900), con una mano delante y la otra detrás.

Hicieron cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pasaron su tiempo fuera de las horas de trabajo de la hacienda haciendo sus propias granjas.

Impulsados por su propósito, soportaron alegremente tales sacrificios y, a veces, dificultades. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede alguien ser feliz en circunstancias tan adversas?

Cada pequeño paso que dieron hacia su objetivo de brindar una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones, trajo alegría a sus corazones y almas.

Fue así como en menos de cuatro décadas y, a pesar de no poder hablar el idioma español con fluidez, lograron forjar una base económica comunitaria autosuficiente, lo que captó la preocupación de los ciudadanos de clase alta, así como de los funcionarios del gobierno.

Que tomó cartas en el asunto de inmediato, al condicionar a la United Fruit Company, a «no emplear negros del Atlántico» en la nueva Concesión del Pacífico. Entidad que era el empleador más grande del país en ese momento.

Entonces, así fue como de repente se encontraron atrapados en un país extranjero, con las puertas del mayor empleador de mano de obra del país cerradas para los inmigrantes negros y sus hijos. (Decreto Ley No.13 de 1935).

Ese incidente marcó un hito para la relación racial en Costa Rica durante la siguiente mitad de siglo. Además de ser la primera evidencia documentada de políticas gubernamentales dirigidas a frenar la riqueza y el progreso de las familias negras en el Caribe.

Sin mucho alboroto las familias se dividieron, y mientras que los más adultos se quedaron para proteger sus tierras, los jóvenes más aventureros emigraron al sur para buscar empleo en el país vecino de Panamá, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá.

Por medio de un mensajeros personales o viajeros («ferrocarril subterráneo») los hijos, hijas, padres y hermanos mantuvieron una comunicación constante a través de las líneas fronterizas, durante las siguientes dos décadas (mediados de los años 30 a mediados de los 50); cuando algunos decidieron regresar a casa, mientras que otros se dirigieron a Estados Unidos.

Aquellos que regresaron a Costa Rica, se unieron a sus padres o parientes mayores para proteger y continuar desarrollando las propiedades de la familia; eso para evitar que la historia se repitiera.

Por su parte, quienes continuaron su migración a Estados Unidos nunca olvidaron a sus familiares en Costa Rica.

Aparte de apoyarlos económicamente con remesas periódicas de acuerdo a sus propias limitaciones, ayudaron a sus familiares y amigos a llegar también a EE.UU. donde había mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.

Creándose así la corriente migratoria de la década de 1960 desde la provincia de Limón hacia América del Norte; que se convirtió en el bombo popular del momento.

Por otro lado, a principios de los años 70, la riqueza y la prosperidad de las familias negras costarricenses estaba en un pico histórico, con la tenencia masiva de tierras, que no solo incluían hermosas propiedades frente al mar; sino, también cientos, si no miles de hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del interior de la región caribeña, pero sin las familias para desarrollarlas debido al ya citado desarraigo.

Evidentemente, la «gran solución» de las autoridades gubernamentales de 1935 no cumplió sus propósitos; lo que los llevó a experimentar con un nuevo método en la década de 1970.

Lo que resultó en la confiscación masiva de sus tierras, paralela a una política de redireccionamiento de inversiones destinadas para la región, tanto privadas como públicas; así como las de empresas extranjeras.

Si bien no se emiten recibos por actos de racismo y corrupción, tenemos el triste recuerdo del caso documentado de la compañía JACK ROYAL PARKER ASSOCIATE, INC.

Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, que en 1978 se interesó en establecer Parques Industriales y Zonas Francas en Limón, para albergar al menos 22 empresas industriales, lo que generaría un estimado de 4,500 nuevos empleos en aquel momento.

A pesar de los esfuerzos incansables de nuestro entonces Congresista Daniel Jackson Freedman y el apoyo de la Junta Directiva y Ejecutivos de Japdeva, este esfuerzo pionero de crear PARQUES INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS EN EL CARIBE se vio frustrado, solo para reaparecer con fuerza en el Valle Central una década después; específicamente en Alajuela y Heredia (Zona Franca BES en El Coyol de Alajuela y Ultrapark en El Barreal de Heredia). Ambos con autorización de funcionamiento a partir de 1990.

El alcance de dicha actividad económica hace 7 años superaba los 80.000 empleados.

Según un informe de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) titulado: «Balance de las Zonas Francas», «el empleo directo formal generado por las empresas en zona franca fue de 82.086 en el 2015». Con un «beneficio país neto de $3.179 millones».

Ahora, ¿te imaginas cómo se vería hoy el Cantón Central de Limón (Ciudad de Limón) y la costa del Caribe con una cuarta parte de esos empleos (20,000)?

Sin duda, habría alterado el continuo desarraigo de jóvenes limonenses hacia Estados Unidos y el valle central del país en busca de oportunidades laborales, con la consecuente división y debilitamiento de familias y comunidades; tal como les sucedió a nuestros antepasados cuatro décadas antes con la prohibición de trabajar con la United Fruit Company en las fincas del Pacífico, citada anteriormente.

Así las cosas, el fracaso del más reciente Proyecto “LIMÓN CIUDAD PUERTO”, liderado por el hermano del entonces Presidente de la República, debe verse en el contexto de una continuidad política institucionalizada, orientada al desarraigo y desintegración de las familias negras limonenses; aunque también afecta a familias no afrocostarricenses que ahora viven en el Caribe.

Bajo el mismo lente, debemos mirar y evaluar las políticas gubernamentales actuales respecto a las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declaratorias de «Patrimonio Natural Estatal (PNE)» y Territorios Indígenas, que incluyen propiedades ancestrales de familias afrocostarricenses, y a quienes ellos hayan vendido por razones de necesidad y subsistencia.

Sin duda estamos en la encrucijada de una batalla centenaria, que solo unidos venceremos tal desafío de no caminar por el mismo camino de nuestros ancestros.

Publicado originalmente en https://www.facebook.com/296937617065353/posts/5071836032908797/?sfnsn=mo

Diez tesis para incrementar la inversión en investigación científica y tecnológica endógena en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo ‘Desarrollo Científico y Tecnológico Endógeno’ del Foro Confluencia Solidaria

Introducción:

La capacidad de un país para generar desarrollo científico y tecnológico endógeno es un elemento esencial en la procura de la construcción de una convivencia marcada por la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha hecho esfuerzos importantes para promover la investigación y el desarrollo y para aplicar estos conocimientos en el mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, y pese a la existencia de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), la investigación científico-tecnológica del país adolece de una serie de deficiencias que impiden su aporte a un desarrollo inclusivo, próspero y con equidad.

El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ha mostrado claramente algunas de estas deficiencias, entre las cuales destacan: (1) Muy baja inversión en investigación y desarrollo (según datos de RICYT, esta inversión en Costa Rica para el año 2018 fue de 0,39% del PIB, en tanto para América Latina y el Caribe fue, en promedio, de 0,58%; los países de la OCDE, en promedio, invirtieron en 2019 un monto correspondiente al 2,47% del PIB en este rubro). (2) Una masa crítica de recurso humano en investigación insuficiente y frágil, sin redundancia en la mayoría de las áreas, con brechas de género y alta endogamia. (3) Una producción académica modesta en el contexto internacional. (4) El número de solicitudes de patentes efectuadas por personas residentes en el país es bajo. (5) Se da un escaso encadenamiento entre el sector de investigación y las necesidades de los sectores sociales y económicos. (6) La mayoría de los escasos fondos de inversión se enfocan en la investigación aplicada en detrimento de la ciencia básica.  (7) Hay una limitada integración entre los diversos componentes del sistema CTI.

Es necesario que se genere un consenso a nivel nacional en el sentido de dar a la ciencia y la tecnología nacionales el papel que les corresponde como palancas esenciales del desarrollo. Esto demanda una visión-país y un compromiso sostenido de diversos sectores, incluyendo una fuerte voluntad política e institucional. Esto también requiere una visión de CTI que sea integral, es decir que fomente el crecimiento en todos los componentes del sistema, incluyendo las ciencias básicas, las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento de vínculos diversos con los sectores sociales y productivos.

Uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de desarrollo de la ciencia y la tecnología se centra en la asignación creciente de recursos que permitan el fortalecimiento de una comunidad de investigación y desarrollo robusta y consolidada, en estrecha relación con las necesidades de la sociedad.  El colectivo formado por las personas que integran el eje de desarrollo científico y tecnológico endógeno del Foro Confluencia Solidaria (confluenciasolidaria.org) ha desarrollado, a lo largo de un año, un proceso de consultas y reflexión sobre el tema del financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. El presente texto recoge las principales ideas que han surgido de este proceso. Esta propuesta se presenta en el formato de tesis específicas sobre puntos concretos.

  • (1) Enmarcar la agenda de ciencia y tecnología endógenas dentro de una agenda estratégica de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional y la construcción de resiliencia. 

La mayoría de los países del Sur Global, o países en vías de desarrollo, se caracterizan por un esquema comercial en el que se importan productos esenciales (alimentos, energía y tecnologías cruciales) y de alto valor añadido, mientras que se exportan productos no esenciales y de bajo valor añadido (típicamente materias primas).  Este esquema de comercio coloca a los países del Sur Global en una posición de alta vulnerabilidad ante posibles shocks en los mercados internacionales y ante el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.  El tener que importar bienes esenciales para el bienestar de la población, como granos básicos, energía y tecnologías claves, hace que estos países sean muy poco resilientes.

En este sentido, aunque Costa Rica se encuentra en una posición menos desfavorable que otros países en vías de desarrollo, en general sigue los mismos patrones: importamos una cantidad considerable de granos básicos, todos los combustibles y gran cantidad de tecnologías esenciales.  Además, una gran parte de nuestras exportaciones de bienes y servicios son no esenciales y se caracterizan por tener un bajo valor añadido, con algunas notables excepciones.

La clave para escapar de esta posición de vulnerabilidad se debe centrar en un esfuerzo concertado de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional para con ello lograr producir localmente una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios esenciales para el consumo nacional y, al mismo tiempo, incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones.  El papel de la ciencia y la tecnología endógenas en este esfuerzo nacional por aumentar la resiliencia es absolutamente crucial.  Con un fuerte soporte de ciencia básica, la agenda de investigación científica y tecnológica en el país debe estar, en buena medida, enmarcada dentro de una agenda de aumento de la capacidad productiva nacional, en un sentido muy amplio.  Así, la selección de las grandes líneas de investigación debe responder no solo a las capacidades actuales del país, sino también a las áreas estratégicas que se necesitan fortalecer para lograr una resiliencia sostenible.

  • (2) Garantizar financiamiento para la investigación científica, además del desarrollo tecnológico y la innovación

Muchos de los planes de desarrollo del sistema CTI de Costa Rica confieren un énfasis desmedido al financiamiento de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en apoyo del sector económico-productivo. Si bien este es un componente muy importante del sistema, es necesario mantener una visión integral de la CTI, lo cual implica considerar el financiamiento de la investigación científica como tal, más allá de sus aplicaciones inmediatas. No es factible construir una plataforma eficaz de innovación si no se cuenta con una base científica endógena sólida, que genere ideas novedosas en todos los campos.  La reciente transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación generó una honda preocupación en la comunidad científica debido al énfasis excesivo que el proyecto de ley de su creación confiere al desarrollo tecnológico y la innovación y a la escasa atención que le brinda a la investigación científica. Existe un riesgo real de que el grueso del financiamiento que canalice la Promotora se dirija a actividades de innovación y que la ciencia como tal quede desfinanciada.

Se propone garantizar, mediante una reforma a la ley de creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y mediante procedimientos claramente definidos al interior de esta institución, que un porcentaje mínimo de un 20% de su presupuesto del Fondo de Incentivos (Ley N° 7169) se destine a financiar proyectos de investigación científica, idealmente de carácter inter-disciplinario, orientados a atender grandes desafíos nacionales, en el marco de una agenda científica nacional, en estrecha coordinación con la Academia Nacional de Ciencias. Estos deberían ser fondos concursables, mediante procedimientos rigurosos de evaluación que garanticen la idoneidad de las propuestas que se aprueben y el seguimiento de estas. Así mismo, el financiamiento de la investigación científica debe aspirar no solo al apoyo de proyectos, sino también al fortalecimiento de la comunidad científica mediante la creación de oportunidades de dedicación para que más personas puedan optar por trabajos en el ámbito de la investigación, como forma de combatir el crónico problema de fragilidad y escasa masa crítica de nuestra comunidad de investigación. El fortalecimiento de los grupos existentes y la creación de nuevos centros e institutos de investigación en temas estratégicos para el país es otra necesidad para la cual se requiere contar con financiamiento creciente y consistente.

  • (3) Avanzar por el camino de reformas tributarias de carácter progresivo, que permitan generar recursos frescos para ciencia y tecnología

Es necesario generar un consenso, a niveles social y político en el país, para transitar hacia políticas tributarias progresivas que generen recursos frescos para promover equidad y bienestar a través de programas públicos estratégicos, entre los cuales se encuentra una política científico-tecnológica fortalecida de cara a las necesidades del país. La OCDE ha señalado esta necesidad en el caso de Costa Rica y otras tendencias internacionales apuntan también en esta dirección. El país debe alinearse con estas tendencias. Se requiere generar tributos a aspectos como: (a) Patrimonio (riqueza), (b) salarios y pensiones de lujo, (c) rentas y ganancias de capital, y (d) herencias, por citar algunos ejemplos. Parte de esos recursos se deben destinar a financiar una política nacional estratégica en ciencia y tecnología. Se debe hacer énfasis en que los nuevos tributos que se generan para apoyar actividades de investigación y desarrollo deben ser de carácter progresivo, evitando por ejemplo que se centren en un incremento del IVA y otros impuestos al consumo de carácter regresivo.

  • (4) Fomentar los encadenamientos de las empresas transnacionales de zonas francas con la comunidad de investigación científica-tecnológica del país

Las empresas de zonas francas gozan de importantes beneficios tributarios, además de que el país les ofrece profesionales y técnicos de alto nivel. Pese a sus aportes a la economía nacional, este sector del universo industrial ha quedado debiendo en cuanto a establecer encadenamientos de largo aliento con la comunidad científico-tecnológica nacional. Es tiempo de colocar este tema en el tapete de las discusiones políticas. Por su naturaleza y por sus posibilidades, las empresas de zonas francas deben contribuir de manera más consistente con el desarrollo científico-tecnológico endógeno de Costa Rica. Se propone que el país genere mecanismos diversos que fomenten dicho encadenamiento, los cuales podrían orientarse a destinar parte del ‘impuesto mínimo global’ que se establecerá en el futuro a apoyar acciones de desarrollo científico-tecnológico endógeno, además de generar políticas proactivas de acercamiento y confluencia entre estas empresas y el sector de ciencia y tecnología del país. Para esto se requiere voluntad política de alto nivel, así como compromiso de este sector empresarial y del sector de ciencia y tecnología. Es necesario diseñar políticas nacionales que fomenten estos encadenamientos, y que las mismas estén centradas en el fortalecimiento de la base científico-tecnológica endógena, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, al tiempo que satisfacen necesidades de estas empresas.

  • (5) Destinar un porcentaje del presupuesto de ciertas entidades autónomas al financiamiento de investigación científico-tecnológica

El universo de entidades autónomas de Costa Rica constituye un ámbito con enorme potencial para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. Estas instituciones tienen grandes necesidades en la incorporación de conocimiento a sus actividades y líneas de desarrollo, para garantizar una mayor eficiencia y mejores servicios a la población a la que sirven. Aunque algunas de ellas cuentan con departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, estas instituciones podrían aprovechar mucho mejor el enorme potencial de investigación que existe en el universo de los grupos de investigación ubicados en las universidades públicas y otros sectores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la Ley 7169 de Promoción del desarrollo científico y tecnológico, en el capítulo de Racionalización de los Recursos, incluye varios artículos que facultan a las instituciones de la administración pública que ejecuten acciones en materia de ciencia y tecnología a destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario anual a la promoción, el incentivo, la protección y el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Se propone que se efectúen las modificaciones legales pertinentes de manera que las instituciones autónomas destinen un porcentaje de su presupuesto a financiar actividades de investigación y desarrollo. Este financiamiento se canalizaría vía programas específicos, adaptados a las necesidades de dichas instituciones, y coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Estos entes gestionarían todo el proceso de diseño de concursos, evaluación de propuestas, seguimiento de contratos y evaluación de resultados. De esta manera se desarrollaría una dinámica de mutuo beneficio, mediante el cual las instituciones apoyarían el desarrollo científico-tecnológico nacional y, a la vez, recibirían insumos de conocimiento adecuados a sus necesidades para desarrollar su trabajo.

  • (6) Asegurar un adecuado financiamiento de las universidades públicas para que estas consoliden sus actividades de investigación

Las universidades públicas constituyen el principal reservorio de investigación científico-tecnológica del país, gracias a un colectivo académico diverso en muchas ramas del conocimiento. Existe el riesgo de que, en medio de las dificultades fiscales del país, se limiten los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior, lo cual tendría un efecto lesivo a la ciencia y la tecnología del país. Es necesario que los sectores políticos comprendan la importancia de mantener un adecuado financiamiento del sistema de universidades públicas y que, en estas instituciones, se asigne un presupuesto creciente a la investigación, manteniendo el equilibrio entre ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías y humanidades. También es necesario que estas instituciones consoliden sus sistemas de apoyo y evaluación a las labores de investigación que garanticen excelencia y pertinencia en la generación de conocimiento.

  • (7) Fortalecer, de manera bien concebida y ordenada, las actividades de investigación contratada, venta de bienes y prestación de servicios por parte de los grupos de investigación

 

Los colectivos de investigación del país, sobre todo aquellos ubicados en las universidades públicas, desarrollan una amplia labor de vínculo con necesidades de los sectores externos en el desarrollo de investigación, prestación de servicios y venta de bienes. Los grupos consolidados en determinadas líneas de trabajo tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios académicos en el ámbito internacional también. Estas líneas de acción ofrecen oportunidades importantes para apalancar el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en la comunidad científico-tecnológica. Para ello las universidades cuentan con normativas específicas y con departamentos, oficinas y fundaciones que coadyuvan en su desarrollo. En este sentido, la ley 7169 establece que “las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.”

Es necesario fortalecer estas actividades, al tiempo que se garantice que las mismas realmente contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación y consoliden su aporte a la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • a- Se requiere definir claramente de antemano las características de los productos a contratar y considerar aspectos como propiedad intelectual y restricciones en el uso de los productos para investigación. Tales aspectos deben ser reflejados muy claramente en los términos de referencia y los contratos que se generen.
  • b- Estas actividades deben surgir del desarrollo académico de los grupos, aprovechando nichos de oportunidad en áreas de fortaleza académica. Deben ser de un contenido científico-tecnológico alto y no se trata simplemente ofrecer servicios repetitivos por el hecho de que estos permitan obtener fondos. La idea es no competir con lo que ofrece el sector externo / privado, sino ofrecer servicios de alto contenido en conocimiento.
  • c- Se debe hacer un análisis estricto y riguroso de costos y de determinación de precios de los servicios.
  • d. Estas actividades deben mantener un equilibrio con las actividades de generación de nuevo conocimiento mediante la investigación en las unidades académicas. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no debe distraer a los grupos de investigación de su función central de generación de nuevo conocimiento.
  • e. Los montos que se perciban producto de investigación contratada, venta de bienes o prestación remunerada de servicios deben servir para financiar actividades esenciales de investigación en la unidad académica correspondiente y en la universidad.
  • f. Pese a la conveniencia de que exista una normativa clara y transparente que regule este tipo de actividades, la excesiva tramitología y burocratización, lo cual demanda una cantidad creciente de tiempo por parte de las personas investigadoras, constituye un lastre que se debe resolver. Es necesario que las universidades generen esquemas más eficientes de gestión de estos proyectos, y ofrezcan apoyo administrativo sustantivo a las personas investigadoras, para que estas puedan concentrar su esfuerzo en la actividad científico-tecnológica creadora.
  • (8) Desarrollar una estrategia de cooperación científica internacional ambiciosa que permita acceder a fondos para investigación

El país desarrolla esfuerzos importantes en la procura de fondos internacionales para investigación. Es necesario fortalecer esa línea de trabajo, mediante la mejora en la coordinación de las instancias públicas e institucionales relacionadas con cooperación internacional, incluyendo los ministerios, las universidades y las instituciones autónomas, de manera que se despliegue una estrategia bien concebida de detección de oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo de fuentes internacionales.

Es necesario apoyar de manera efectiva a los grupos de investigación que logran establecer cooperación internacional con colegas, grupos e instituciones, para desarrollar plataformas que faciliten, y no entraben burocráticamente, estas relaciones.  Se requiere procurar que Costa Rica se integre a programas globales como Horizonte Europa, bilaterales como Dimensions of Biodiversity (National Science Foundation, EE. UU.) y otros semejantes, mediante emisión de deuda para cubrir nuestro compromiso financiero con el programa y permitiendo que los presupuestos se conciban y ejecuten como inversiones. Es urgente desarrollar una estrategia nacional de ‘diplomacia científica’ que incluya este aspecto de obtención de recursos para investigación y desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con grupos internacionales. En dicha estrategia deben involucrarse diversos sectores de manera coordinada. En este ámbito de acción, el fortalecimiento de la relación con la diáspora científica costarricense ocupa un papel clave.

En este tema se debe considerar la procura de préstamos externos para apoyo de desarrollo científico-tecnológico, en el contexto de una estrategia país clara en este tema y cuidando el precepto de asegurar el desarrollo integral de todos los componentes del sistema CTI. Este tipo de préstamos contribuye a consolidar las plataformas de equipo científico-tecnológico, la formación, inserción y retención de recurso humano calificado en ciencia y tecnología, y el financiamiento de proyectos de carácter interdisciplinario que aborden temas de gran complejidad y relevancia para el país, entre otras posibilidades.

  • (9) Desarrollar un programa de reformas legales que faciliten el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Existen una serie de regulaciones en la normativa vigente que limitan de manera importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo su financiamiento. Es necesario efectuar un análisis minucioso de estas trabas y ‘cuellos de botella’, por parte de las autoridades en ciencia y tecnología y de la comunidad académica, para promover modificaciones a la normativa. A partir de este análisis deberían surgir propuestas y proyectos de ley dirigidos a modificar estas trabas y facilitar las actividades de investigación y desarrollo. A manera de ejemplo, se requiere impulsar la reforma del artículo 93 de la Ley 7169 para que indique que presupuestariamente las labores de investigación se consideren como inversiones y no como una actividad ordinaria, de manera que se permitan los presupuestos plurianuales para desarrollar proyectos ambiciosos de largo aliento. Como esta, hay muchas otras instancias de tipo normativo cuya modificación y ajuste apoyaría de manera significativa el trabajo en ciencia y tecnología.

  • (10) Generar mecanismos para que el sector privado invierta más en actividades de investigación y desarrollo

Una de las principales deficiencias en ciencia y tecnología de Costa Rica es el escaso financiamiento para actividades de investigación y desarrollo por parte del sector privado. La inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica gira predominantemente alrededor del sector público. Esto marca un contraste enorme con países con mayor nivel de desarrollo en este ámbito. Es necesario que el porcentaje de inversión en este rubro correspondiente al sector privado se incremente significativamente. Ello demanda cambios importantes en la cultura de este sector en cuanto a comprender la relevancia de estas actividades, así como modificaciones en normas y leyes que favorezcan dicha inversión. También es necesario afinar y mejorar los mecanismos de interfase entre el sector privado y la comunidad generadora de conocimiento en ciencia y tecnología mediante la investigación. Es necesario fortalecer y ampliar los programas de banca para el desarrollo, así como generar nuevas líneas de crédito para actividades de investigación y desarrollo.

A manera de conclusión

Pese a que Costa Rica ha efectuado ingentes esfuerzos a lo largo de su historia para desarrollar su capacidad endógena en ciencia y tecnología, existen enormes deficiencias y rezagos para lograr que estas actividades se conviertan en verdaderas propulsoras de procesos de desarrollo centrados en la procura de la equidad y la prosperidad, no solo para ciertos sectores sino para toda la población del país. Ello demanda una estrategia nacional integral de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluya los diversos componentes de un sistema que es sumamente complejo y que debe incorporar la generación de conocimiento a través de la ciencia básica y las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de ese conocimiento a amplios sectores de la sociedad. Ello exige un esfuerzo concertado nacional con amplia participación ciudadana y con clara voluntad política. Entre las muchas tareas pendientes para lograr este objetivo como país, un elemento central es incrementar significativamente el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo mediante esquemas renovados y creativos que involucren a sectores diversos en el marco de una estrategia nacional con visión de futuro. El Foro Confluencia Solidaria llama a efectuar procesos de discusión, análisis y toma de decisiones para que la investigación científica y tecnológica de Costa Rica cuente con el financiamiento adecuado, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, de manera que esta faceta de la vida nacional cumpla un rol protagónico en la construcción de una convivencia marcada por la equidad y la prosperidad colectivas.

Covid-19: Inestabilidad laboral provoca afectación severa en salud mental

Escrito el . Publicado en Sin categoría.

Personas desempleadas, pertenecientes al sector informal y que se dedican a ventas en locales o servicios directos muestran una situación de salud mental más difícil durante la pandemia, según evidencia el estudio “Salud mental y relaciones con el entorno en tiempos de Covid-19”, desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y académicos de España.

“Afectaciones que hemos podido identificar se relacionan con reacciones de angustia, problemas de insomnio, dificultades para dormir o también el aumento de conductas de riesgo como el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas u otras sustancias, sintomatología depresiva o asociada a la ansiedad generalizada”, afirma Raúl Ortega, académico de la Escuela del Psicología de la UNA y parte del equipo investigador.

Ortega ––psicólogo y especialista en abordaje de la salud mental en situaciones de emergencia–– explica que la actual pandemia no es solo una crisis sanitaria, sino también económica y social, donde aquellas poblaciones con mayor vulnerabilidad social se ven expuestas tanto a los rigores del cambio forzado de cotidianidad y a mayor dificultad en el acceso a los recursos de protección frente a la posibilidad de contagio, como a la pérdida de capacidad adquisitiva, de seguridad alimentaria y de calidad de vida.

Este escenario ––agrega–– puede conllevar un aumento de la inseguridad laboral, el empeoramiento de las condiciones de empleo o la destrucción del mismo, e incluso la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas, en el caso de personas o familias en condición de pobreza, situación cuyo sostenimiento les sitúa en riesgo de padecer afectaciones en la salud integral, y específicamente en la salud mental y psicosocial, a corto, medio o largo plazo.

Factor determinante

Así lo confirman los resultados de la investigación llevada a cabo por las universidades costarricenses, en la cual se caracterizó a la población consultada en grupos según el nivel de afectación en su salud mental y se encontró que en el grupo más crítico se sitúa un 85% de las personas participantes en el estudio que trabajan en el sector informal, un 50% de trabajadoras en ventas de servicios y un 41% de las personas en situación de desempleo.

Para el psicólogo Ortega, esta situación necesita ser enfrentada no solo desde la seguridad social y el apoyo mutuo, sino también a nivel público, con acciones afirmativas realizadas hacia el apoyo a la empleabilidad y en la disminución de la vulnerabilidad de poblaciones y comunidades, y específicamente de poblaciones en riesgo, como son mujeres, personas jóvenes, o personas que tienen a cargo a otras personas.

La relación determinante entre la inestabilidad laboral y los efectos negativos en la salud integral y específicamente en la salud mental de las personas, también ha sido evidenciada en otros estudios realizados durante la pandemia en países como España, Ecuador o China, entre otros.

Realizado entre el 9 al 29 de octubre del 2020, el estudio desarrollado por la UNA y la UNED comprendió una muestra de 6786 personas con edades entre 15 y 80 años, quienes completaron un cuestionario en línea. Tiene un margen de error de 1.2% y un nivel de confianza de 95%.

Además del psicólogo de la UNA Raúl Ortega, integran el equipo de investigación Eva Carazo Vargas, psicóloga social y coordinadora; Greibin Villegas, estadístico; Harold Arias, biólogo; Nerea González, García, estadística y matemática, y Armando González, psicólogo y estadístico.

Declaraciones psicólogo UNA Raúl Ortega: https://youtu.be/vDZHUf2CDgE

 

Nota de Comunicación UNA

Protestas sociales: descontento acumulado

Escrito el . Publicado en Derechos.

Silvia Monturiol Fernández

“Estas protestas sociales están manifestando la heterogeneidad y pluralidad de un descontento que no ha nacido en estas semanas, es un descontento acumulado, donde se combinan muchas cosas”, afirma el sociólogo Abelardo Morales, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

El desempleo, el estrechamiento de las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y la desesperación en algunos grupos sociales son –según Morales- parte de los elementos que han generado este descontento acumulado.

Pero también, -dice- hay un enorme desencanto social, no solo con el gobierno, sino con los poderes políticos, las instituciones y la sociedad misma. “Estamos en medio de la sociedad del desorden. La legitimidad y la representatividad de dirigentes, fuerzas políticas, instituciones y organizaciones están profundamente cuestionadas por altos niveles de desconfianza popular en el sistema social y político, y con fundamento”, destaca.

En su criterio, el país se ha fragmentado en numerosos grupos de interés, cada uno sin capacidad de influencia sobre la totalidad social, lo cual -agravado por la desigualdad social-, mantiene al país dividido en diversos frentes, que hasta el momento de instalación de los bloqueos, no dialogaban. “Se había perdido la capacidad de negociación. Estas protestas sociales se han enfrentado a un gobierno débil y errático en sus decisiones”.

Periferia olvidada

A diferencia de protestas anteriores en la Gran Área Metropolitana, protagonizada por empleados públicos y otros sectores con presencia urbana y centralista, las actuales protestas manifiestas en los bloqueos evidencian que hay una periferia olvidada.

“En esa periferia olvidada están los pescadores de las costas, cientos o miles de agricultores, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes, muchos de ellos en francos procesos de empobrecimiento”, recalca el sociólogo.

Reconoce que en los bloqueos de carreteras en la periferia hay muchos actores involucrados legítimamente, pero también hay otros agentes irregulares, lo cual no es extraño. “Cuando hay vacíos de liderazgo y de poder, emergen un conjunto de actores informales o irregulares, incluyendo a las mafias, que ocupan esos vacíos”, subraya el analista de la UNA.

“Eso ocurre en Centroamérica y, si los poderes y actores formales no toman conciencia de ello, podemos tomar el mismo camino. Puede ser un grave error criminalizar la protesta social con el argumento de la presencia de agentes criminales. Estos actores están en muchos espacios no solo de la periferia del país, sino también en la GAM, precisamente como consecuencia de la deslegitimación de la política tradicional”, advirtió.

Por otra parte, considera que mirar las protestas sociales como una reacción a la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pensar que el descontento se va a resolver con el retiro de ese proyecto, es una simplificación o simple ceguedad ante la realidad del país. “El descontento es estructural y está originado por la situación económica, por los efectos de la pandemia, el descontento es político y moral porque está alimentado por la desconfianza”, insistió.

Se requiere más que un simple conversatorio

Al referirse al hecho de que se mantengan los bloqueos, pese al llamado a deponerlos de parte de José Miguel Corrales, de Rescate Nacional, el sociólogo de la UNA insistió en que esta protesta no es un movimiento social, sino que se trata de múltiples fuegos de un descontento que brota por aquí y por allá sin una articulación manifiesta, aunque con muchas articulaciones latentes.

Por esta razón, -dijo- no hay tampoco una relación aparente entre la persistencia de los bloqueos y la mecánica del diálogo, “menos si el diálogo continúa bajo los mismos parámetros en que dialogan las élites, es decir, diálogos pautados desde arriba, desde quien dice o cree tener la palabra, la ley, el monopolio del orden”.

En cuanto al papel que le correspondería asumir al gobierno, Morales considera que debe ser el de facilitador de un diálogo multisectorial, para el cual el gobierno debe ofrecer, lo más pronto posible, un esquema con objetivos y una metodología.

En su opinión, es muy claro que el gobierno no debe pretender ponerse él como el interlocutor de todos los sectores convocados. “Si el gobierno quiere hacer algo bien, deben preparar una plataforma de diálogo con una perspectiva de mediano plazo. No puede organizar un simple conversatorio para que se apacigüe la crisis actual, debe proponer un diálogo para ver problemas y salidas a mediano plazo. Debe ser un diálogo que nos sirva para aprender a dialogar y el primero que tiene que poner en práctica ese aprendizaje es el gobierno”, subrayó el sociólogo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen: UNA.

Enviado por UNA Comunicación.