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Etiqueta: candidaturas presidenciales

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años escribí un artículo, después de un proceso electoral nacional, en el que enfatizaba, que al día siguiente de las elecciones en los partidos políticos tradicionales en particular, pero también los otros, se ponía en marcha hacia el siguiente proceso electoral todo un movimiento con presuntos candidatos electorales que de manera inmediata empezaban a actuar, a movilizarse en el interior de sus partidos, para ir preparando sus postulaciones.

En ese sentido dije que al terminar las elecciones esos partidos ya quedaban embarazados con posibles candidatos. Igualmente, que muchos de los “embarazados” en incubación se conocían desde ese final electoral haciendo la fila.

Dije, de esa manera, que ya estaban en proceso de embarazo los futuros candidatos, y que en algunos partidos esos procesos ya se habían consumado, es decir ya estaban madurando.

No necesariamente se daba a conocer de manera inmediata el embarazo, su padre, pero si se sospechaba del “niño”, del posible “candidato” por nacer, y hasta nombre se le daba, para introduciendo al mundo político. Había a veces embarazos múltiples, varios posibles candidatos a la vez.

Las elecciones que acaban de terminar no me presentan ese cuadro ni me dan esa sensación para todos los partidos políticos, exceptuando algunos, con lo cual puedo seguir afirmando que al terminar las elecciones, ya está en marcha ese “nacimiento”, que en este caso es muy divulgado, cacareado, como es en el partido Pueblo Soberano, que se proyecta al actual Rodrigo Chaves como un próximo candidato presidencial en el 2030.

Las elecciones que acaban de pasar afirman, de conocimiento público más claro y contundente esta situación. En ese partido se habla del continuismo del presidente y se ha presentado a Laura Fernández tan solo como un eslabón de ese continuismo. Ella misma se ha visto, “preñada de esa forma”, y se ve a sí misma, como un paso más, para que en su gobierno se hagan las modificaciones constitucionales que permitan que Rodrigo Chaves pueda ser candidato presidencial dentro de cuatro años, y no dentro de ocho, como se permite actualmente.

Igualmente, plantean la posibilidad de que el presidente, pensando en Rodrigo Chaves, pueda ser reelecto de manera inmediata, es decir consecutiva a su mandato presidencial. Es decir, que si se puede llegar a reelegir en el 2030, también pueda hacerlo en 2034, y en el 2038…

En el Partido Pueblo Soberano, hay que reconocer, hay bastante homogeneidad en esa idolatría por el presidente, pero no evita que puedan desarrollarse contradicciones y fisuras importantes.

El Partido Pueblo Soberano se levantó como una organización nueva girando alrededor del Presidente Rodrigo Chaves, de su propuesta discursiva contra todos los partidos políticos existentes, contra los que están y han estado en la Asamblea Legislativa, contra todos los presidentes que han habido desde 1949 calificándolos de dictadores y tiranos que solo gobernaron para ciertos grupos de empresarios, sectores empresariales, banqueros, financieros y productores, y que no gobernaron para el pueblo. Su discurso fue contra los Poderes Públicos haciendo ver ineficacia o atrasos sustantivos en la solución de problemas que eran sensibles a los ciudadanos.

Especialmente, su bandera fue y ha sido la de una Nueva Costa Rica, sin esas ataduras, que “no dejan gobernar para el soberano”, para el pueblo. De allí han levantado levemente la idea de una “Tercera República” dando por sentado que el período de la Segunda República, desde 1948 hasta ahora, se acabó con el ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves, y que a partir de este período o momento histórico hay que iniciar nuevos pasos, con nuevo ropaje hacia una nueva Costa Rica, la de la Tercera República.

Ese discurso ha calado en el electorado que apoyó a Laura Fernández. No le produjo los 40 diputados que necesitaban para gobernar sin limitación alguna, pero tienen los suficientes para permitir que el Gobierno de Laura Fernández pueda salir airoso y se pueda lucir, si sabe conducir bien las acciones del Poder Ejecutivo.

De la acción del gobierno de Laura Fernández va a depender que, en el 2030, el Partido Pueblo Soberano sea una maquinaria organizativa en capacidad de reelegirse como partido de manera sucesiva. Para ello tiene que desarrollar organización y estructuras políticas, que se pondrán a prueba en las elecciones municipales en dos años, que serán el trampolín hacia las elecciones del 2030, para todos los partidos, y para evaluar políticamente los dos primeros años del nuevo gobierno.

Estas elecciones municipales son un reto para todos los partidos políticos nacionales que quieran volver a participar en la elección nacional del 2030.

Hasta ahora, en el discurso de Laura Fernández se luce su solidaridad y lealtad a toda prueba con Rodrigo Chaves. Su oferta de llevarle como ministro de la Presidencia justo es para ayudarle en el camino a la reforma constitucional y su eventual candidatura presidencial. Este podría ser el embarazo que ya tiene el partido Pueblo Soberano del futuro candidato del 2030. ¡Oh!, para decirlo de mejor forma, Laura Fernández ya esté embarazada políticamente por Rodrigo Chaves, y el niño por nacer candidato se llamará Rodrigo Chaves, por su político padre putativo.

Pero veamos la realidad real del futuro gobierno. Pensemos que efectivamente puede darse la reforma constitucional para la reelección presidencial y de manera consecutiva, ¿si no para qué?

Si la reelección presidencial se hace solo para modificar el plazo de años para volver a ser candidato reduciendo de ocho a cuatro, se entenderá que es nada más una reforma para darle oportunidad a Rodrigo Chaves de volver a ser presidente.

Si se va a hacer la reforma constitucional hay que hacerla en debida forma. Se hace para que cualquier presidente en el futuro pueda reelegirse consecutivamente a su mandato.

Aquí viene la otra discusión. “Un solo mandato en reelección o dos seguidos”, podría ser la discusión y la reforma, salvo que la quieran hacer sin límite lo que facilita la llegada de presidentes “casi de por vida”. Ejemplos hay como los presidentes de Argentina, Venezuela o Nicaragua donde no existe límite en el proceso de reelección consecutiva para el mandatario. No entra Cuba aquí porque ya establecieron en Cuba que un presidente no puede gobernar más de ocho años, es decir más de dos gobiernos seguidos.

Ahora bien, si se va a proponer la reelección consecutiva del presidente, entonces también debe proponerse la reelección consecutiva de los diputados, que son además los que tienen que aprobar la reelección del presidente. En ambas reelecciones consecutivas al menos teóricamente yo estaría de acuerdo, porque soy de la idea que cuatro años de gobierno es un plazo corto para impulsar una obra de gobierno que se hace descansar en la imagen de una persona.

Supongamos, que estas reformas se aprueban para que inicien de inmediato en el 2030 y no a partir del 2034, como podría suceder que así lo aprueben.

Si esas reformas son de aplicación inmediata, entonces la presidenta Laura Fernández, en el supuesto de que haga, en percepción pública y en la realidad, un buen gobierno, se convertiría en una muy buena candidata presidencial para el 2030. Quizá la mejor, porque tiene todo el aparato gubernativo bajo su dirección y eso le da ventajas. Si utiliza los mismos mecanismos publicitarios y de comunicación que ha empleado Rodrigo Chaves, llevaría más ventaja. Si a ello suma su inteligencia para una buena relación con los poderes públicos, con las universidades públicas especialmente, con los diversos sectores sociales, empresariales y productivos sería una magnífica candidata para la reelección en el 2030. Entonces, ¿para qué promocionar a Rodrigo Chaves si ella puede resultar mejor que él para seguir en el Gobierno? Aunque desarrollara un gobierno autoritario, siguiendo al de Chaves, si su cacumen le da para hacer de su gestión gubernativa una especie de modelo autoritarista ilustrado, que sepa combinar la razón, el progreso, la educación, la cultura y las artes en general, podría entender mejor para su gestión la confusa y difícil realidad institucional, económica y política social que le tocará administrar y dirigir.

Así, si ella promueve a Chaves como futuro candidato, con todos los apoyos que le pueda brindar, hay que decir que, desde esta elección, durante este breve período, de febrero a abril, en que Chaves la llamó de nuevo al Ministerio de la Presidencia, ya la embarazó con su candidatura, lo que hace valer mi tesis de que al final de cada campaña ya se producen los embarazos de candidatos para la siguiente. ¿cuándo se producirá ese parto? Si es real, en mayo.

Si Rodrigo Chaves no va a ningún ministerio ni cargo público con inmunidad, y si no hay reelección para el 2030, la lucha interna en el Partido Pueblo Soberano se va a desatar para producir embarazos precoces, inmaduros en el seno de esa organización, que puede producirles escisiones, particiones, transfuguismo, fraccionamiento legislativo. En cierta forma ya empezó con decisión impuesta, desde Casa Presidencial, de la integración del primer directorio legislativo de la Primera Legislatura, 2026-2027, del próximo gobierno. Se les producirán así embarazos no deseados, que pueden tener riesgos en la salud de ese partido político. Al menos a la vista están el embarazo ya anunciado de Nogui Acosta, el más fiel representante de Rodrigo Chaves en esa fracción parlamentaria, el de Gonzalo Ramírez y su grupo religioso cristiano no católico, el de José Miguel Villalobos, que por su propia iniciativa egocéntrica procurará escalar puestos visibles en el aparato legislativo, con el beneplácito de los grupos narcos y los deudores de instituciones públicas la candidatura de José Miguel Villalobos, que me recuerda mucho la candidatura a la presidencia legislativa de otro Villalobos, muy ligado a esos grupos, que por cierto terminó muy mal su vida política. Villalobos es el más propenso a hacer casa aparte en cuanto se sienta el más presidenciables para el 20230 de ese partidos y de esa fracción legislativa.

En esta elección, que acaba de pasar, se produjo una situación muy particular, puesto que de esa forma no se había presentado antes, la de que los candidatos posibles por nacer, hacia esa candidatura presidencial, excluía al presidente que, en ejercicio de la presidencia, sabía que si quería aspirar nuevamente a un ejercicio presidencial tenía que esperarse ocho años para volver a ser candidato. Ahora no. El presidente tiene aspiración real de volver a la presidencia. ¡Cuanto antes mejor!

Esa situación sigue siendo válida porque no se ha modificado la Constitución Política para permitir que el presidente, en ejercicio, pueda reelegirse de manera consecutiva a su ejercicio presidencial, por otros cuatro años. Tampoco se ha modificado la Constitución para permitir que el presidente pudiera aspirar, nuevamente, una vez que hubiera transcurrido el período presidencial de cuatro años y no de dos períodos, después de que el gobierno finaliza, esperando de esa manera ocho años, con lo cual prácticamente queda fuera de cualquier aspiración.

Desde que se impuso la restricción de la reelección, en 1969, ninguno de los presidentes desde 1949 hasta 1966, tuvieron ese impedimento, porque afectaba a los nuevos presidentes a partir de 1970. Por eso Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich o José Joaquín Trejos Fernández tuvieron esa oportunidad de volver a ser presidente de la República, después de 1970, si así hubieren tenido esa oportunidad. Inauguró el período, en 1970, Figueres que quedó electo para su segunda presidencia constitucional. Ya había sido presidente constitucional en 1953.

De los presidentes electos a partir de 1970, excluyendo a José Figueres Ferrer, hasta la elección del 2006, no podían aspirar a una reelección. Tenían que satisfacerse con su período gubernamental. Así fue con Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.

Para las elecciones del 2006 se había modificado la Constitución Política, permitiendo la reelección de un presidente, tal y como existía antes de 1969, dejando pasar un período de ocho años después que la había ejercido. Eso le permitió a Oscar Arias reelegirse en el 2006.

Desde entonces, 2006, todas los personas que han ejercido la Presidencia pueden hoy reelegirse, si son electos, ocho años después de que dejan su gobierno.

La reforma que permitió la reelección de nuevo, a partir del 2006, se basó, en un Fallo de la Sala Constitucional, que anuló la Reforma Constitucional de 1969, que había establecido la prohibición de la reelección, porque no se podía limitar un derecho constitucional dado por los Constituyentes Originales, como era el de la reelección presidencial.

En Teoría Constitucional los Derechos y las Libertades no se pueden restringir una vez establecidos. Pueden ampliarse positivamente, pero no restringirse o disminuirse.

El otro fundamento, de la Sala Constitucional, fue que el procedimiento parlamentario de la restricción electoral en 1969 estaba mal hecho. Por ello se anuló el artículo de la restricción presidencial y se reestableció el artículo original de la Constitución Política de 1949, que permitía la reelección, en la forma que se hace actualmente, dejando pasar ocho años.

Para entender esto, de otra manera, indico lo siguiente. La Constitución Política de 1949 estableció el segundo párrafo de Artículo 98 que restringía la participación política de aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales podían atentar contra la democracia nacional. No señalaba a ningún partido en particular, ni a ninguna identificación específica. Pero, esa restricción se acompañaba con el Decreto Ley No. 105, de la Junta fundadora de la Segunda República, del 17 de julo de 1948, con el cual se proscribió al Partido Comunista de Costa Rica. Esto hacía que el Tribunal Supremo de Elecciones, con denuncias que se hacían contra la inscripción de un partido político, señalando que había firmas de ciudadanos que habían sido o eran comunistas, con base a ficheros que se tenían y se presentaban, de esa manera en el Tribunal Supremo de Elecciones, permitía el control para indicar que tal o cual partido podía ser “comunista” y sacarlo de la posibilidad de una elección, como sucedió con casi una decena de partidos políticos entre 1949 y 1975, entre ellos el Partido Alianza Popular Socialista, PAPS, del cual mi querida abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez era parte de su Directiva Constituyente.

En 1975, cuando fue eliminado el segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política se amplió el derecho ciudadano del sufragio, los comunistas podían votar por los comunistas, por ellos mismos. Se ampliaron en ese sentido los derechos ciudadanos, que estaban restringidos. Eso se podía hacer constitucionalmente, ampliar Derechos.

Lo que no se puede hacer todavía es restringir, debilitar, eliminar o afectar negativamente derechos establecidos y adquiridos por los ciudadanos. Eso es parte esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, que vivimos los costarricenses.

Volviendo al tema de las actuales elecciones y del momento actual.

Hay que reconocer que en esta elección hubo mayoría de caras nuevas participando como candidatos. Igualmente, hubo gente más joven participando dentro de los partidos tradicionales. Hay que decir también que la inmensa mayoría de los partidos que participó eran nuevos. De los tradicionales solo Liberación Nacional, que resultó con buen suceso presidencial, a pesar de las pugnas que tuvo ese partido y de las trabas de inscripción que le aparecieron. Su fracción legislativa fue amenazada y advertida por el presidente Chaves de ser fracturada por él, de “comprar” o “presionar” diputados para lograr sumarlos o integrarlos, como hizo en este gobierno con diputados de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La Unidad Social Cristiana fue un desastre. Sus pugnas y divisiones internas, y el ponerse parlamentariamente de cola del gobierno de Rodrigo Chaves prácticamente lo hundieron. Casi lo desaparecen. Una diputada electa que tiene un gran reto personal, más que político, para hacer sobrevivir ese partido, considerando que probablemente tenga una agenda personal muy cercana a la del gobierno próximo, del partido Pueblo Soberano, de su presidenta Laura Fernández y de su fracción parlamentaria.

El trabajo parlamentario de Abril Gordienko tiene que proyectarse, en su posible candidatura presidencial, hacia el 2030, salvo que Juan Carlos Hidalgo, si él quiere volver a ser candidato, asuma un papel muy destacado como dirigente público del partido, sin ser la cola del partido de gobierno de Laura Fernández como lo fue en muchos aspectos del actual gobierno. De esta forma, en la Unidad Social Cristiana, pueden darse estos dos embarazos, el de Abril y el de Juan Carlos.

A la diputada Abril Gordienko la veo como diputada de oposición política para muy pocas cosas relacionadas con la alteración del Estado de Derecho y las Libertades públicas. Ojalá me equivoque en esto, y sea una defensora de todo el Estado Social de Derecho, que comprende los Derechos sociales y laborales, el presupuesto público de las universidades de manera muy destacada. Pero estos no son temas hoy del partido Unidad Social Cristiana.

La tarea titánica de la oposición democrática parlamentaria la tendrá el Frente Amplio, con sus siete diputados y la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte Claudia Dobles debe tener claro que fue electa por una Coalición y no solo por lo que quedaba del Partido Acción Ciudadana. Tiene que hablar en su ejercicio parlamentario a nombre de la Coalición. Si no lo hace debilita la acción y la participación política, pero también se quema ella misma y pierde confianza política. Si mantiene su figura de la Coalición, y hace una buena labor legislativa con ella y su trabajo se fortalecen los dos partidos de la Coalición, y crea las bases para ampliarla hacia las elecciones del 2030, donde ella podría ser de nuevo candidata de la Coalición.

En la perspectiva de este artículo, la Coalición está embarazada desde ahora, si se tiene claro que hay que trabajar desde ya, con esa candidatura presidencial. Si no se opera así, con esa perspectiva, se actúa mezquinamente y con puro oportunismo político, en la “esperanza” que pueda surgir un “mejor” candidato en el futuro, o en vísperas de la próxima elección del 2034.

La labor legislativa es el mejor terreno para forjar ese “mejor” candidato, si se es diputado, y si así se trabaja en los partidos que tienen representación parlamentaria.

En el Frente Amplio no tengo duda de que el mejor candidato que tiene hacia la campaña electoral del 2030 es José María Villalta, ya curtido en tareas parlamentarias, lo que le dará ventaja legislativa. En lo personal lo he visto trabajar de cerca y es muy buen trabajador, diría excelente, de mucha disciplina, ordenado, estudioso de los temas que debe atender. Tiene buen modo, tiene don de gentes, es educado y preparado profesionalmente, con dominio de los temas que le toca abordar o atender.

El Frente Amplio ha cometido el error de no dejar que sus candidatos a la presidencia lleven la doble postulación, lo que les ha retardado en la preparación de ese candidato presidenciable. Ahora tienen la oportunidad hacia el 2030 con Villalta, que no tendrá impedimento para su posible candidatura en esa elección.

Creo que en ese sentido deben elegirlo en las cuatro legislaturas, que vienen, como el jefe de la fracción parlamentaria, para que tenga más presencia pública y forje mejor su candidatura, que dependiendo del próximo gobierno, lo puede hacer visiblemente más presidenciable.

Para todos los partidos hay que señalarles que los candidatos presidenciales no se improvisan, como no se improvisan partidos políticas, para una sola campaña electoral. De allí sus resultados. Hay que desarrollarlos con vida interna de partidos, con vida externa y puestos públicos si es posible. Así se forman los dirigentes y los candidatos. Deben tener presencia pública, tienen que estar en el debate nacional. Tienen que convertirse en fuentes informativas y formativas de opinión pública y de opinión ciudadana.

Los precandidatos legislativos que me he atrevido a formular deben tener claro que no deben andarse con tonterías de negar sus aspiraciones. Al menos deben admitir que esa es una posibilidad resultante de su próximo trabajo político en los siguientes cuatro años. Si se negaran desde ahora, a esa posibilidad, hay que decir que sus candidaturas y elección fueron un verdadero fraude oportunista tan solo para haberse postulado, para ser electas como diputados, por una sola vez, para su hoja de vida, su currículum personal.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030 ya están en marcha.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Candidaturas presidenciales debatirán propuestas para aliviar la situación financiera de los hogares

El próximo martes 13 de enero, candidaturas presidenciales participarán en un conversatorio presidencial enfocado en una de las principales preocupaciones de la población costarricense: el alivio financiero de los hogares.

El encuentro, organizado por SINAE Afines, OMERCON y Unidad en Acción Sindical (UAS), plantea un espacio de diálogo directo en el que las personas aspirantes a la Presidencia responderán sobre temas clave relacionados con el costo de la vida, el endeudamiento de las familias y el acceso al sistema financiero.

Entre los elementos que motivan este conversatorio se señala que más de 750.000 personas enfrentan cobros judiciales, así como la exclusión del sistema financiero formal por morosidad, situación que empuja a muchos hogares a recurrir a préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

El conversatorio se desarrollará de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en el Hotel Radisson, y contará con la participación de las siguientes candidaturas presidenciales:

  • Claudia Dobles Camargo – Coalición Agenda Ciudadana

  • Claudio Alpízar Otoya – Partido Esperanza Nacional

  • Ana Virginia Calzada Miranda – Partido Centro Democrático y Social

  • Álvaro Ramos Chaves – Partido Liberación Nacional

  • Natalia Díaz Quintana – Partido Unidos Podemos

  • Ariel Robles Barrantes – Partido Frente Amplio

  • Fernando Zamora Castellanos – Partido Nueva Generación

Las organizaciones convocantes destacan que este espacio busca aportar información y propuestas que permitan al electorado conocer las posiciones de las candidaturas frente a la realidad económica que viven miles de familias en el país.

Candidaturas presidenciales y sectores sociales firmarán pacto por la educación pública

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo convoca a las candidaturas presidenciales y a diversos sectores sociales a un acto público de alto contenido político y ciudadano: la firma del Pacto por la Educación Pública, en el marco del I Congreso Nacional por la Educación Pública.

Bajo el llamado “Que la educación vuelva a ser nuestro orgullo”, la actividad plantea una pregunta central para el proceso electoral:
¿Tu candidatura se comprometerá con la educación pública y la democracia?

El encuentro parte de una premisa clara: sin educación pública no hay igualdad, desarrollo ni democracia. Por ello, se propone como un espacio clave para que las personas aspirantes a la Presidencia de la República expresen y formalicen su compromiso con la defensa de la educación pública como derecho fundamental y bien común.

La firma del pacto reunirá a candidaturas presidenciales y sectores sociales en un acto que busca reafirmar compromisos políticos y sociales frente a los desafíos que enfrenta la educación pública en Costa Rica, así como su papel central en la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

Detalles de la actividad

  • Fecha: martes 20 de enero de 2026

  • Hora: 10:00 a.m.

  • Lugar: Auditorio F5 – Bomberos de Costa Rica, Santo Domingo de Heredia

Inscripción

La participación es presencial y requiere inscripción previa en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/trSPXwGLS2TP61pe9

Óscar Aguilar Bulgarelli atribuye renuncia de tesorero a negativa de Laura Fernández de asistir a debate

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli afirmó que la renuncia de Valenciano Cranmer como tesorero de la campaña de Laura Fernández se habría producido luego de que la candidata se negara a asistir a un debate organizado por OPA, medio cuyo propietario —según indicó— es el propio Valenciano, pese a que, dijo, dicha propiedad se oculte mediante mecanismos como fideicomisos.

De acuerdo con Aguilar Bulgarelli, la negativa de la candidata a participar en ese debate generó un intercambio entre ambos y derivó en la renuncia del tesorero. Añadió que, posteriormente, Laura Fernández anunció que asistiría únicamente a cuatro debates: el del Tribunal Supremo de Elecciones, por tratarse de una obligación, y a los organizados por Trivisión, Radio Columbia y Repretel.

En su exposición, Aguilar Bulgarelli calificó a estos últimos medios como afines al gobierno y sostuvo que, en esos espacios, los debates serían conducidos con preguntas “light” o suaves, con el fin de facilitar las respuestas de la candidata y minimizar posibles errores. Señaló que, a su juicio, se trataría de formatos previamente controlados.

El analista enfatizó que la ciudadanía merece conocer la calidad intelectual, la capacidad y el nivel de conocimientos de quienes aspiran a la Presidencia de la República, y recordó —según expresó— las consecuencias de decisiones electorales tomadas en el pasado reciente. Dirigió además un llamado tanto a personas indecisas como a simpatizantes de la candidata para que exijan su participación en debates de ideas y conceptos, donde pueda demostrar su preparación.

Ver el video completo de la intervención de Óscar Aguilar Bulgarelli:

Sector agropecuario convoca a candidaturas presidenciales para hablar de seguridad y soberanía alimentaria

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario invita al conversatorio “Sobre el sector agropecuario nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, un espacio para que las candidaturas presidenciales a las elecciones 2026 expongan sus propuestas sobre el futuro del agro y la producción nacional.

La actividad se llevará a cabo el martes 9 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Campus Tecnológico Local San José, Recinto Zapote, ubicado 75 metros al este de la Rotonda de las Garantías Sociales.

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario incluye a la Corporación Hortícola Nacional, a UPA Nacional, a la UNAG y a UPIAV.

EXCITATIVA DE LA COMUNIDAD “BUEN VIVIR COSTA RICA” a las personas inscritas en candidaturas presidenciales para el cuatrienio 2022-2026

Costa Rica, enero de 2022

Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.

La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.

Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.

Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.

El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.

En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.

Entre los temas prioritarios planteamos:

*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.

*El calentamiento global y la crisis climática.

*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.

*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.

*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.

*La ganadería extensiva.

*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.

*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.

*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.

*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.

*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.

*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.

*La industria y el consumo excesivo de plástico.

*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.

Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.

Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.

Agradecemos su atención.

*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)

*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)

*Giovanni Beluche (La Unión)

*María Rebeca Álvarez (Naranjo)

*Ronulfo Morera (Mora)

Correo electrónico: camaj14@gmail.com

Teléfono : 8835-9895

Algo hay que decir

Por José Luis Callaci

El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.

Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.

Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.

Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.

Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.

Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.

Festín de candidaturas y Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al igual de como brotan de la tierra los abejones en abril (que ya no tan en mayo), en las últimas semanas, muchas ciudadanas y ciudadanos, se han lanzado al ruedo político anunciando sus pretensiones de encabezar la fórmula presidencial de algún partido político.

Se han mirado al espejo de la política nacional (tan venida a menos, a decir verdad) y se han preguntado: “¿Por qué no yo?” Y de inmediato, han dado una respuesta afirmativa que ya es compartida, en sus propósitos y ambiciones, por algunas docenas.

Han hecho sus cálculos de todo tipo: Ya sea de competir y ganar las elecciones internas de su agrupación política, de asegurarse cuotas de poder para negociar o, bien, para dejar su nombre en el imaginario colectivo, para futuras contiendas electorales.

Ante tantas ofertas que brotan, las pre-candidatas y pre-candidatos han tenido y tienen el grave problema de que cada vez les ha de costar más, presentar propuestas realmente originales, que le ganen el pulso al ya frondoso rosario de ofrecimientos y promesas, que se han venido acumulando.

Este fenómeno se muestra más grave aún en virtud de que prácticamente todas las pre-candidaturas, que se han enunciado, están metidas dentro de una pecera marcada por una limitada y estrecha visión neo-liberal, aun cuando el país se esté ahogando en medio de un océano, donde esta doctrina económica y política tan ampliamente dominante, más que solución alguna forma parte de la causa estructural de la multicrisis que enfrenta la sociedad costarricense, en estos días tan duros y difíciles para la mayorías, para nuestro pueblo.

Al compás de esta política neo-liberal impulsada desde el decenio de los años ochenta del siglo pasado, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y, muy entusiastamente, por Oscar Arias, se ha venido debilitando el Estado Social de Derecho al mismo tiempo que ha crecido la desigualdad social, que afecta ya a millones de costarricenses.

Fruto del esfuerzo combinado de quienes impulsaron las Garantías Sociales en los años cuarenta (Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde) y del compromiso asumido por José Figueres Ferrer en el Pacto de Ochomogo, el Estado Social de Derecho costarricense, se desarrolló e hizo que Costa Rica se convirtiera en un país singular, en el contexto latinoamericano e internacional de naciones.

Sin embargo, en los años ochenta anteriores empezó una cuenta regresiva para el valioso Estado de Derecho que tanto nos costó construir como sociedad. Esta deriva destructiva y erosionadora, primero fue lenta y paulatina, pero en este azaroso presente pandémico, es una acción desenfrenada y frenética, en todos los frentes tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa.

Una plutocracia voraz y egoísta, que contrala a esos dos poderes, directa o indirectamente, y tiene un control casi monopólico de los medios informativos del país, es la principal responsable de esta “cruzada” que busca destruir lo que tanto nos costó construir.

Y les recuerdo el significado de plutocracia: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. O bien: “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

La nociva influencia de este sector ultra-minoritario de la sociedad costarricense ha deteriorado la democracia y la ha vaciado de contenido. Cuando para avanzar en el desarrollo del Estado Social de Derecho deberíamos haber evolucionado de una democracia representativa a una llena de participación social y popular amplia, como lo dicta el artículo 9 de la Constitución Política, los niveles de participación política y ciudadana se han debilitado.

Asimismo, esa plutocracia angurrienta y sus principales medios de “comunicación”, han fijado las reglas y límites a los partidos que controlan a su antojo, a las precandidaturas y al debate político. Debate político que hoy no es otra cosa, que discusión politiquera donde las ocurrencias y frases efectistas, buscan ocultar la falta de compromiso con las mayorías y con el Estado Social de Derecho, de los que forman parte de este festín de candidaturas.

Todas estas candidatas y candidatos, tímidos y temerosos, que no se salen del guion neo-liberal, cuando el país necesita de políticos que oten el horizonte, con mirada de estadistas que le devuelvan la esperanza a las y los desesperados (que crecen en cantidad e indignación), son como “abejones de mayo” que vuelan muy bajo y se arrastran en el suelo hasta que la historia de esta Patria bicentenaria, les repudie y les olvide de una vez y para siempre.

(26 de abril 2021)