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Alberto Gutiérrez Arguedas[1]

Entre los días 7 y 24 de setiembre de 2021 se llevó a cabo el Congreso Mundial de Hidroelectricidad; en principio, Costa Rica iba a funcionar como sede del Congreso, sin embargo, finalmente el mismo se desarrolló de manera virtual. Dicho evento es organizado por la Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA), una agencia que representa y reúne a diferentes actores de la industria hidroeléctrica global, cuyo principal objetivo es promover e impulsar el desarrollo de este tipo de energía alrededor del mundo. De acuerdo con la página web oficial, el Congreso “reúne a líderes intelectuales, responsables de la toma de decisiones e innovadores de todo el planeta”, los cuales “explicarán por qué es urgente realizar inversiones en este momento para desarrollar la infraestructura energética inteligente, resistente y limpia del futuro”. Además de ser un espacio de reunión y articulación de gobiernos, empresas, grandes ONG y organismos internacionales, el Congreso tiene como propósito hacer propaganda y dar legitimidad ideológica a la industria hidroeléctrica, la cual es promocionada como una fuente de energía “limpia y sostenible”, en el contexto de la crisis climática. Las propuestas y perspectivas de este sector quedaron plasmadas en un documento titulado la “Declaración de San José sobre Hidroelectricidad Sostenible”.

No es casualidad que Costa Rica haya sido propuesta como sede de este evento. En las últimas décadas este país ha ganado notable visibilidad y prestigio internacional como un supuesto ejemplo en materia de gestión ambiental y sustentabilidad, dentro del cual ocupa un lugar central el tema energético. Para ser más precisos, Costa Rica se ha convertido en una vitrina mundial del capitalismo verde, el cual podemos definir como una corriente o paradigma de pensamiento ambiental que busca hacer compatible la cuestión ecológica con la economía de mercado capitalista. Según esta perspectiva, es posible proteger el ambiente y revertir la crisis climática sin cambiar el modelo de desarrollo dominante, que tiene como fundamentos la acumulación de capital, el crecimiento económico ilimitado y la privatización de bienes públicos y comunes. Los agentes detrás de este discurso son los mismos que se reúnen en este Congreso: organismos internacionales, think tanks, gobiernos nacionales y asociaciones de negocios, los cuales han logrado exitosamente desviar la atención de las verdaderas causas y responsables de la crisis climática y ecológica, a través de conceptos de moda y sin rigor científico, como “desarrollo sostenible” o “crecimiento verde”.

Desde la perspectiva del capitalismo verde y el ambientalismo de mercado, se habla de energías “limpias y sostenibles” como sinónimo de energías renovables, es decir, aquellas que no provienen de combustibles fósiles. Esta es una definición bastante imprecisa, pues las energías renovables también pueden provocar impactos sociales y ambientales negativos, como lo es el caso de la hidroelectricidad. Tal como consta en una amplia documentación a nivel mundial, las represas hidroeléctricas han provocado graves daños socioambientales, entre los que se puede mencionar: modificación abrupta en los caudales, sedimentación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, desplazamiento de comunidades, pérdida de tierras para uso agrícola y pesquero, acaparamiento y privatización de las aguas, entre otros. Inclusive, contrario a lo que se pensaba hasta hace poco, se ha observado que los embalses hidroeléctricos contribuyen al calentamiento global, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, mucho más potente que el dióxido de carbono. Para completar el cuadro, en muchas ocasiones el impulso de proyectos hidroeléctricos ha venido acompañado de represión, persecución e inclusive asesinatos de activistas ecologistas y comunitarios/as que defienden sus ríos y sus territorios. Por lo tanto, está muy lejos de ser una energía verdaderamente limpia.

En el caso de Costa Rica, el país se ha posicionado en la última década como un “referente” en esta materia debido a que posee una matriz de generación de energía eléctrica basada mayoritariamente en fuentes renovables, en donde ocupa un lugar central la hidroelectricidad. Si bien las represas han jugado un papel importante en la vida nacional, el cual es justo reconocer, también han provocado una serie de impactos socioambientales negativos, que han suscitado la conformación de una multiplicidad de resistencias comunitarias y de un movimiento social en defensa de los ríos a escala nacional. Además del daño que este tipo de obra provoca sobre los ríos, ecosistemas y sobre las estrategias de reproducción de la vida en las comunidades, en Costa Rica las represas hidroeléctricas han sido un botín a partir del cual un conjunto de empresas privadas se han asegurado negocios millonarios, provenientes de una masiva transferencia de recursos públicos. Desde las leyes de cogeneración de los años 1990 hasta la fecha, la presión privatizadora ha sido constante, como lo podemos ver actualmente a través del trámite de varios proyectos de ley impulsados por el gobierno, que buscan ampliar los privilegios al sector privado en este campo (expedientes No. 22.601 y 22.606), poniendo en riesgo un sistema eléctrico nacional público y de acceso casi universal, construido a lo largo de décadas. Por lo general, el discurso de las energías “limpias y renovables”, a nivel nacional e internacional, viene de la mano con una perspectiva privatizadora.

Frente a esta coyuntura, se ha conformado la Movida Global por los Ríos y los Pueblos, una iniciativa surgida desde un conjunto de organizaciones y movimientos socioambientales, tanto de Costa Rica, como de otros países de Centro, Latinoamérica y el resto del mundo, como una respuesta crítica al Congreso Mundial de Hidroelectricidad. El principal objetivo de la Movida ha sido denunciar y visibilizar la injusticia socioambiental que caracteriza a la industria hidroeléctrica global, así como problematizar el discurso tendencioso e incoherente de la hidroelectricidad como energía “limpia y sostenible”, tal como ha sido planteado desde el capitalismo verde. Para ello, durante las últimas semanas se han facilitado espacios de encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos en relación con este tema, desde la perspectiva de los pueblos que defienden sus ríos y/o que han sido agraviados por este tipo de proyectos. Al calor de la Movida, se han compartido y socializado una gran cantidad de materiales, tanto escritos como audiovisuales, los cuales nos relatan, desde diferentes partes del mundo, cómo las represas hidroeléctricas han provocado graves secuelas en sus territorios y sus comunidades, a partir de las propias voces de sus protagonistas.

Asimismo, más allá de las luchas en defensa de los ríos y los territorios frente al extractivismo hidroeléctrico, a través de la Movida se ha procurado abrir un diálogo y una reflexión alrededor de la posibilidad de construir alternativas de producción y gestión de la energía, desde la perspectiva de los bienes comunes. Frente un problema tan grave y complejo como la crisis ecológica y climática, las energías renovables podrían representar una valiosa alternativa, sin embargo, esta se torna insuficiente –e inclusive, contraproducente- si no se revisan al mismo tiempo el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y las relaciones de poder dominantes, que han colocado al planeta y la humanidad en riesgo. Una transición energética verdaderamente justa no se trata solamente de sustituir fósiles por renovables, sino que implica otras formas de organizar, producir y consumir energía, menos oligopólicas y más comunitarias, menos consumistas y más modestas.

Si desea informarse o participar en la Movida Global por los Ríos y los Pueblos, puede buscar la página de Facebook (https://www.facebook.com/movidaglobal/).

[1]Geógrafo, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR).