Abelardo Morales-Gamboa (*)

¿Estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más?

Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico: por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos; por otra, un régimen de captura personalista del Estado.

Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición institucional y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción en ese escenario, ya sin disimulos, de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos.

El agotamiento del pacto institucional y captura personalista.

En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones y contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos ante una ruptura abierta o frente a un reacomodo gradual —velado, como ha sido históricamente el ejercicio del poder en Costa Rica—, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales.

Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica apareció como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva “centroamericanización”.

La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas —con sus tensiones, contradicciones y arreglos—, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad social, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en crisis. En este debate no basta con observar a las instituciones en abstracto. Es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales.

Poder y apellidos: élites, Estado y capital en Costa Rica.

Aquí quiero poner el foco en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión creciente con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas políticas y burocráticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios en las institucionales son más la consecuencia de su instrumentalización por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países, su tendencia al crecimiento -y la manipulación mesiánica de los excluidos- erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder.

Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y, sobre todo, si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan —o que no desempeñan— los clanes y las redes familiares en la estructura del poder.

En Costa Rica, el poder, en permanente proceso de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación, articuladas con los procesos transnacionales y alianzas externas. A diferencia de Honduras o El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes, ocupa un lugar central en la vida política; de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido; o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares —que las ha habido y son reconocibles— ni de disputas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalmente mediada de su ejercicio.

Esta diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, incluida la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción, hasta ahora, ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder, en el que la influencia no ha requerido la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente, su peso se ha canalizado —de manera pragmática— a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como dice el dicho, “uno nunca sabe…”.

Eso, entre muchos diversos ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Costa Rica se ubica como el principal receptor de IED en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40 % del total regional. Los capitales han estado dispuestos a someterse a las reglas del juego institucional. El monto de IED que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86 % de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024.

El Salvador de Bukele -con las maras supuestamente encarceladas- se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas menos del 15% de la IED obtenida por Costa Rica. A pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que, en cifras absolutas, año a año la inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su mayor atractivo estructural para inversionistas extranjeros.

Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). Ese indicador muestra mayor dinamismo en Costa Rica que en El Salvador, donde ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía de las remesas familiares ha continuado siendo el ancla de la política económica de su gobierno. Por tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense menos para el resto de la población.

Aunque no hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras —incluidas las centroamericanas—, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado son un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden, para darle lugar a una jugada absolutista, podría erosionar, sin remedio, esa ventaja comparativa.

Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada, durante largos periodos, a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la guerra civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron —aunque nunca eliminaron— los intentos de captura personalizada del poder.

En este contexto, el acceso a la riqueza y a la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública y de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con gran protagonismo político o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje, el pago de derechos de piso o, incluso, de peajes y rescates.

A diferencia de países centroamericanos, donde el Estado ha funcionado como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica ha operado más como mediador de conflictos. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas, en general, aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales, independientemente de quién ganara las elecciones. El poder se ejerce desde cámaras empresariales, mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática.

Cuando la eficiencia promete orden: la tentación del personalismo

En este marco cobra relevancia, más allá de lo anecdótico, la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador —así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización electoral—. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que, en otros contextos centroamericanos, ha mostrado una clara deriva absolutista y una relación instrumental con el Estado. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación y la competencia regional de capitales.

El fenómeno Bukele no puede leerse solo como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración del poder, en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político-familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa: la posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a naturalizar formas más personalistas de autoridad.

Intentos en esa dirección ya han sido ensayados por el actual gobierno costarricense, con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Cuando el actual gobernante afirma que Costa Rica era una “dictadura perfecta” y que no lo dejan gobernar, su crítica es un ataque al papel de las instituciones, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al buen gobierno, sino a la lógica del absolutismo y del secuestro personalista del poder.

Costa Rica no es El Salvador. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a la política, crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con “lo de siempre”, aun cuando esas promesas impliquen debilitar los mecanismos que históricamente han contenido los abusos del poder.

La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías ilegales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobrevivieron a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukele, reprodujeron las viejas prácticas. Las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron.

El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado: la pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida, desde hace años, en crisis humanitaria regional.

Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso su encarcelamiento. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático: a casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control.

El riesgo para Costa Rica, por tanto, no reside únicamente en la victoria electoral inmediata de un proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficacia institucional, el tránsito del poder discreto al control personalista deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta.

En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que Costa Rica, precisamente por su historia y por sus fragilidades actuales, no puede darse el lujo de eludir.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional y actualmente es investigador de FLACSO Costa Rica.

Este documento es la presentación realizada por el autor en el foro Los movimientos sociales y las elecciones nacionales, el cual, fue realizado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS el miércoles 21 de enero del 2026.