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Etiqueta: Caribe costarricense

Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.

Erosión del Caribe es menor donde hay vegetación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Los recientes eventos de oleaje extremo registrados en el Caribe costarricense provocaron un retiro significativo de arena en varias playas y afectaciones a la infraestructura próxima al mar. El estudio también revela que el impacto fue menor en las áreas cubiertas de vegetación.

Entre los sitios más impactados destacan la carretera de acceso a Puerto Viejo (Playa Negra) y el equipamiento turístico en Manzanillo. Sin embargo, Gustavo Barrantes, investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), confirmó que la erosión no afectó a toda la costa por igual, tras una gira de monitoreo que realizó del 10 al 12 de febrero.

Los sectores con mayor erosión incluyen Moín, Playa Negra de Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo, donde se registró caída de vegetación, retroceso de la línea de costa, formación de escarpes (gradas) que superan el metro de altura y reducción de las playas.

En Moín se identificaron escarpes entre 10 y 70 centímetros, mientras que en zonas más impactadas alcanzan cerca de metro y medio. La entrada al Parque Nacional Cahuita y su punta presentan afectación significativa, con pérdida de senderos y acumulación de troncos que dificultan el acceso.

Pero también se evidenció que la vegetación costera reduce la erosión. “Donde no hay cobertura natural, la erosión fue más extendida”, explicó Barrantes.

El investigador comentó que los oleajes severos están asociados con vientos intensos que traen los frentes fríos y recordó que este problema forma parte de una historia de erosión que se intensifica desde 2015.

La UNA estudia estos procesos a través del Programa de Geomorfología Ambiental de la Escuela de Ciencias Geográficas, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), mediante el Sistema Nacional de Monitoreo de Erosión Costera (SINAMEC), en el que participan también José Francisco Valverde, de la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia y Daniela Campos. Esta iniciativa recopila datos sobre el comportamiento de las playas, identifica zonas vulnerables y orienta la toma de decisiones.

Según los registros, el oleaje severo no solo provoca pérdidas temporales de arena, sino que genera cambios permanentes en la línea de costa. Barrantes lo ilustró con el oleaje de 2020, cuando varias playas se recuperaron parcialmente con el paso de los años, aunque la costa retrocedió, acercó viviendas e infraestructura al mar y con ello su nivel de exposición.

Las investigaciones coinciden en que la erosión será cada vez más frecuente como resultado del aumento del nivel del mar, la variabilidad climática, y el uso inadecuado del suelo en zonas costeras. “La Municipalidad de Talamanca trabaja en su plan de ordenamiento territorial, esta es una oportunidad para incorporar, en la planificación del uso del suelo, la amenaza que representa la erosión costera y los oleajes severos en la costa, especialmente para proteger la actividad turística, una de las principales fuentes de ingresos de la comunidad”, finalizó Barrantes.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Ciudadano propone pedir opinión consultiva por omisión histórica de derechos de la población afrodescendiente

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El ciudadano Marco Levy Virgo, vecino de Limón, presentó una nueva solicitud formal al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que el Poder Ejecutivo active el mecanismo de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se examine la omisión histórica, estructural y prolongada del Estado costarricense en el reconocimiento de los derechos colectivos de la población afrodescendiente.

A diferencia de planteamientos centrados en proyectos específicos, esta solicitud tiene un alcance general y sistémico, y pide a la Corte determinar si la falta de reconocimiento del derecho de propiedad ancestral, la consulta previa, libre e informada y la libre autodeterminación de la población afrodescendiente del Caribe costarricense resulta compatible o incompatible con los estándares interamericanos de derechos humanos.

El documento fundamenta la petición en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, señalando que dichas obligaciones internacionales están vigentes en Costa Rica desde 1959 y 1992, respectivamente.

Según se expone, pese a la claridad y jerarquía de este bloque normativo, el Estado costarricense ha mantenido prácticas administrativas, normativas y de planificación territorial que desconocen deliberadamente la existencia de territorios ancestrales afrodescendientes, permitiendo la imposición de planes reguladores, proyectos turísticos, marinas, concesiones portuarias e infraestructura estratégica sin consulta previa efectiva y sin participación real de las comunidades afectadas.

El documento sostiene que esta omisión no es un hecho aislado, sino una forma de discriminación estructural, agravada por su carácter prolongado y por el conocimiento estatal de las obligaciones internacionales asumidas. En ese sentido, se plantea que la sustitución de la consulta previa por audiencias informativas o mecanismos generales de participación ciudadana no satisface los estándares interamericanos, cuyo objetivo es corregir las asimetrías históricas de poder que enfrentan los pueblos tribales.

La solicitud desarrolla además un amplio sustento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, citando casos emblemáticos como Awas Tingni vs. Nicaragua, Moiwana vs. Surinam, Pueblo Saramaka vs. Surinam y otros, en los que se reconoce que el derecho de propiedad protegido por la Convención Americana incluye su dimensión colectiva y ancestral, y que toda decisión estatal susceptible de afectar territorios tribales requiere consulta previa, libre e informada, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo.

En la petición se solicita que la Corte determine, entre otros aspectos, si:

  • la omisión estatal en reconocer la propiedad ancestral afrodescendiente es compatible con la Convención Americana;

  • la ausencia sistemática de consulta previa frente a decisiones estratégicas vulnera los estándares internacionales;

  • la imposición unilateral de modelos de desarrollo es contraria a la libre autodeterminación; y

  • el Estado puede invocar normas o prácticas internas para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales vigentes.

Finalmente, el documento insta al Poder Ejecutivo a actuar de manera preventiva, activando el control de convencionalidad mediante la opinión consultiva, con el objetivo de evitar responsabilidad internacional futura, dotar de seguridad jurídica a la actuación estatal y corregir una omisión histórica que afecta los derechos humanos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense.

Imagen de UNFPA con fines ilustrativos.

Sala Constitucional ordena consulta previa al pueblo afrodescendiente por Plan Maestro Turístico del Caribe

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y ordenó realizar una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrodescendiente del Caribe costarricense, en relación con el Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.

La resolución Nº 2025035746, dictada el 31 de octubre de 2025 dentro del expediente 25-028937-0007-CO, reconoce que dicho plan —elaborado en octubre de 2024 por el consorcio Gensler–Ecoplan— genera impactos directos y significativos sobre territorios ancestrales, identidad cultural, recursos naturales y formas de desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la provincia de Limón.

El recurso fue interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo, quien actuó en defensa de los derechos colectivos del pueblo tribal afrodescendiente. La Sala concluyó que el Estado costarricense incumplió su obligación de garantizar la consulta previa establecida en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica y con rango superior a la ley ordinaria.

Alcances de la resolución

La sentencia ordena al ICT programar, en un plazo máximo de tres meses, una consulta específica con el pueblo tribal afrodescendiente, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, encargada del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense.

El Plan Maestro Turístico del Caribe abarca 212 kilómetros de costa en la provincia de Limón y contempla propuestas de infraestructura turística, insumos para planes reguladores costeros y proyectos habilitantes como el muelle de Manzanillo, el aeródromo de Tortuguero y la revitalización del casco central de Limón. Aunque el ICT alegó que se trata de un instrumento “orientador” y no vinculante, la Sala determinó que su sola formulación incide de manera directa en los territorios y derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes, por lo que requería consulta desde su etapa inicial.

El fallo señala que las sesiones informativas generales realizadas por el ICT no sustituyen una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, ni garantizan la participación efectiva a través de las instituciones representativas del pueblo tribal afrodescendiente.

Antecedentes jurisprudenciales relevantes

La resolución se inscribe en una línea jurisprudencial consolidada de la Sala Constitucional que reconoce a las comunidades afrodescendientes como pueblo tribal sujeto de derechos colectivos. Entre los antecedentes citados se encuentran las sentencias Nº 2023-31756 y Nº 2025-29985, esta última relacionada con el Plan Regulador Costero del Caribe Sur, en la que se ordenó consulta previa a comunidades afrodescendientes de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.

Estos precedentes confirman que el Convenio 169 de la OIT es aplicable no solo a pueblos indígenas, sino también a pueblos tribales afrodescendientes con vínculos históricos y culturales con sus territorios.

Llamado a la vigilancia del cumplimiento

La sentencia refuerza el reconocimiento del pueblo afrodescendiente costarricense como sujeto de derechos colectivos, en concordancia con el Decreto Ejecutivo Nº 43532 de 2022, y establece un mensaje claro al Estado: los planes de desarrollo regional que afecten territorios ancestrales no pueden avanzar sin la participación efectiva de las comunidades involucradas.

Desde el movimiento afrodescendiente se ha hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional, a organizaciones de derechos humanos y a la diáspora caribeña, a dar seguimiento al cumplimiento estricto de esta resolución, con el fin de que el desarrollo turístico en el Caribe costarricense sea inclusivo, sostenible y respetuoso de la herencia cultural y territorial de sus pueblos.

Una falsa narrativa de “conflicto interno” en comunidades afro costeras… ¿Para qué sirve?

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita 20/11/2025

No es casualidad que cada vez que alguna persona de pueblos afro-costeros alce su voz, aparece la acusación de que estamos “divididos” o “peleando entre nosotros”.

Esa narrativa tiene propósito:

Por un lado, protege a ciertos líderes locales incompetentes, que no toleran la diversidad de opiniones.

En lugar de promover debates y análisis, llaman “división” a cualquier pensamiento diferente.

Así, disfrazan su propia incompetencia bajo la bandera de una falsa unidad que solo sirve para silenciar a quienes piensan distinto.

Por otro lado, esta misma idea de “conflicto interno” favorece a los grandes intereses económicos detrás de los Planes Reguladores Costeros (PRC) y las concesiones municipales que muchos propietarios locales no pueden pagar.

Cuando la comunidad parece “inestable”, es más fácil justificar la gentrificación del Caribe costarricense y avanzar en la apropiación de tierras afro-costeras sin respetar nuestra voz ni nuestros derechos.

Pero eso no nació ayer:

Veamos su raíz histórica.

Durante siglos, los pueblos africanos fueron tratados como mercancía cruzando el Atlántico, no como personas individuales. Esa lógica sobrevivió incluso después de abolida la esclavitud.

En Costa Rica, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, a los negros se les consideró una “raza indeseada”, sin ciudadanía plena y sin libertad de movimiento.

De ahí nació el prejuicio de que “los negros piensan igual”, que solo existe una voz (Autonombrado u escogida por ellos); y que cualquier diferencia debe verse como “problema”.

Hoy, esa herencia colonial vuelve a usarse en nuestra contra:

Lo que en cualquier comunidad sería un debate normal, en la nuestra lo presentan como conflicto.

La verdad es otra:

La diversidad de opiniones es una señal de madurez, no de división.

La verdadera amenaza no es nuestra pluralidad, sino la estrategia de quienes quieren silenciarla para abrir paso a proyectos que desplazan a quienes siempre hemos vivido aquí.

Es momento de decirlo claramente:

Defender el derecho a pensar distinto es defender nuestro territorio, nuestra historia, nuestro presente y bienestar de futuras generaciones.

Costa Rica y el Caribe: Los peligros de confundir igualdad con revancha

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante más de un siglo, la población negra de Costa Rica aprendió a sobrevivir en silencio: primero ante la exclusión abierta y luego frente a una discriminación más sutil, incluso después de la Constitución de 1949.

En ese contexto, algunos pocos afrodescendientes lograron posiciones simbólicas dentro del Estado. Pero, lejos de abrir caminos hacia la igualdad, ciertos liderazgos terminaron fomentando un nuevo elitismo interno:

Orgullosos dentro de su comunidad, pero sumisos frente a los poderes que históricamente los marginaron.

Esa dinámica funcionó durante la época de la plantación, la segregación y las primeras décadas de la República moderna. Sin embargo, en un país que hoy aspira a ser una sociedad verdaderamente multiétnica, ese modelo ya no es sostenible. Y el Caribe costarricense ha pagado caro las consecuencias.

El cierre técnico de JAPDEVA, la concesión del puerto a APM Terminals y la clausura de facto del ferrocarril al Atlántico fueron procesos que se gestaron durante años.

Muchos líderes locales carecieron de unidad, visión o voluntad para defender la región, temerosos de perder privilegios personales o familiares.

Esa falta de cohesión debilitó la capacidad del Caribe para enfrentar decisiones impuestas desde la Capital del país.

Hoy, sin embargo, una nueva oportunidad histórica emerge. Y esta vez, en Cahuita, el destino sí depende directamente de su gente. Las nuevas “gallinas de los huevos de oro” del Caribe Sur son claras:

1. La Administración Comunitaria del Parque Nacional Cahuita, un modelo único, construido por el propio pueblo, que ha logrado armonizar conservación, turismo y bienestar social.

2. El Derecho de Consulta Previa del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reafirmado por la Sala Constitucional en la Sentencia 25-029985 (19/09/2025) y respaldado por el Decreto Ejecutivo 43532-2022.

Estas conquistas no fueron regalos del poder central ni favores políticos. Son fruto de décadas de resistencia cultural, arraigo comunitario y defensa territorial realizada con humildad y perseverancia, sin élites autoproclamadas.

Pero toda conquista puede perderse si se administra con inmadurez.

Cahuita no puede repetir el error de JAPDEVA y destruir desde adentro lo que tanto costó construir.

El derecho a participar y a ser escuchados no es una herramienta para ajustar cuentas ancestrales, ni un permiso para proclamar supremacías internas. Es una responsabilidad que exige firmeza, pero también humildad, respeto y sensibilidad hacia todos.

“Todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.” — Mateo 7:12.

Este principio debería ser un recordatorio para quienes, escondidos tras una falsa religiosidad, promueven actos racistas, manipulan narrativas o atacan a quienes discrepan.

La administración comunitaria del Parque y la consulta tribal deben unir a Cahuita, fortalecer la economía local, proteger su patrimonio y asegurar a las nuevas generaciones la dignidad que tantas anteriores no pudieron disfrutar.

El Caribe ha perdido demasiadas oportunidades por divisiones internas y egos desbordados. Hoy Cahuita puede ofrecer al país un modelo distinto: un liderazgo que no se autodestruye, sino que se fortalece desde la comunidad. Porque la igualdad verdadera no nace del ruido, sino de construir un futuro donde nadie se vuelva a callar.

Cahuita, 18/11/2025.

Un solo pueblo, una sola historia

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore

Lo que las comunidades de la costa caribeña de Costa Rica son hoy es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las generaciones que las han habitado.

Esta región se sostiene sobre los pilares construidos por sus pobladores del pasado y del presente, con sacrificio, trabajo y solidaridad.

Aquí, el progreso no se ha definido por el color de la piel ni por el país de origen, sino por un compromiso silencioso —no dicho en palabras, sino demostrado en los actos diarios— de compartir las costumbres, la cultura y el estilo de vida que nos identifican como pueblos tribales caribeños.

Por eso, pretender hoy dividir a la comunidad en razón de etnicidad o de supuestas diferencias raciales es destruir lo que ya existe: frenar el desarrollo autosostenido y autóctono.

Es como cortarle los pies al caballo con la ilusión de que así avanzará más rápido en la carreta.

Nuestro deber no es separar, sino mantener viva la unidad que nos ha sostenido durante más de un siglo, porque en esa diversidad está la verdadera fuerza del Caribe costarricense.

Sin debates ni grandes discursos:
Las cosas son lo que son.

¿Por qué no podemos llevarnos bien?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Bernardo Archer Moore
Cahuita

Al menos entre nosotros los negros en Costa Rica:

¡Porque no deberíamos!

La unidad de nuestro pueblo siempre será una amenaza para quienes están en el poder y para los intereses económicos que los sostienen.

Esta verdad quedó demostrada durante el breve pero significativo período de organización en Limón en la década de 1970.

Desde la época colonial hemos sido divididos, y hoy sus sustitutos modernos, vestidos de traje y corbata, continúan aplicando la misma estrategia. El problema no es su estrategia; el problema es nuestra incapacidad de responder con un propósito común.

Invocamos la unidad, pero sin una meta clara que nos cohesiona. Eso es como poner el carro delante de los bueyes y esperar que avance.

También se nos vendió el mito del “goteo”: Que si unos pocos llegaban al poder, las puertas se abrirían para todos. ¡Falso!

La evidencia es innegable: Tuvimos una Vicepresidencia de la República y la Presidencia del Primer Poder del Estado, y sin embargo seguimos colectivamente iguales: Sin desarrollo, cargando con desempleo, pobreza y hambre.

No funcionó en Costa Rica, como tampoco funcionó en Estados Unidos bajo Ronald Reagan. Las puertas solo se abren cuando el pueblo las tumba.

Lo que necesitamos es claro:

  • Restitución de tierras arrebatadas por el Estado y sus instituciones (ITCO/IDA, hoy INDER), MINAE, ICT, JAPDEVA y las Municipalidades.

  • Autonomía caribeña para decidir nuestro propio destino.

Miremos a Burkina Faso: Un líder con una visión clara, y un pueblo unido y resuelto.

A menos que construyamos nuestro propio horizonte, arraigado en nuestra realidad sociocultural, con inclusión a través de la autodeterminación, seguiremos divididos y débiles.

Y quien se oponga a esa unidad y objetivo es, sin duda, un adversario, venga de donde venga. Porque en esta lucha, las acciones hablan más fuerte que las palabras.

¡Sin dobles discursos!

¡Sin titubeos!

¡Así se hacen las revoluciones sociales!

3 de septiembre, 2025

El racismo inadvertido es indoloro

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita
Tan indoloro que puede llevarnos a celebrarlo y a normalizar esa conducta, confundiéndose con gestos de aprecio o muestras de afecto.

Durante el auge de la política de desalojo del Estado costarricense en el Caribe (1950–1970), el abandono deliberado en infraestructura, educación, agricultura, industria y salud dejó a nuestras comunidades en el desamparo.

De allí nace el objetivo familiar afro costarricense de emigrar, y unido a la precariedad económica, relegó a un segundo plano la posibilidad de titular tierras.

Para familias que apenas lograban cubrir un alquiler de ¢300 colones al mes y un desayuno familiar de ¢75 colones —desglosado en ¢0.10 por azúcar, ¢0.15 por mantequilla y ¢0.50 por pan—, pagar los honorarios de un ingeniero topógrafo y un notario público para registrar una finca o parcela resultaba un sueño inalcanzable.

En ese contexto, muchas madres negras alentaban a sus hijos a emigrar como única vía para escapar del sufrimiento. Emigrar significaba esperanza: La posibilidad de sacar a la familia de la pobreza.

Así, ‘irse para triunfar’ (Leaving to succeed); se transformó en filosofía de vida, y cada hijo que partía era celebrado como un logro familiar.

Puedo dar testimonio de la celebración que compartieron mi difunta madre y sus vecinas el día en que llegó la carta anunciando que mi hermano mayor había logrado enlistarse en la Armada de los Estados Unidos, en plena época de la Guerra de Vietnam, durante la década de 1960.

Pero detrás de esa aparente celebración se escondía la herida: La migración forzada como respuesta a la exclusión y al racismo estructural.

Hoy, una de las armas más poderosas contra ese ‘racismo inadvertido’ es usar cada espacio para denunciarlo y generar conciencia: Desde el púlpito en la iglesia hasta las mesas de dominó en los patios, desde la palabra de los mayores hasta las conversaciones cotidianas en los porches de nuestras casas.

Porque el silencio nunca es neutral: El silencio siempre conduce al fracaso.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.