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Etiqueta: caribe sur

Cuando una comunidad invierte en su memoria, también construye su futuro: Maraya Jiménez culmina una etapa de formación que nació en Cahuita

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Hace poco más de una década, una joven de Cahuita comenzó a participar en un proyecto comunitario que buscaba recuperar la memoria histórica escondida bajo las aguas del Caribe costarricense. Ese camino, construido colectivamente por familias, personas buceadoras, pescadores, juventudes, organizaciones sociales, instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, permitió que el pasado 24 de junio de 2026 Maraya Jiménez Taysigue culminara en la Universidad de Cádiz, España, una etapa fundamental de su formación en el Máster en Arqueología Náutica y Subacuática.

Maraya Jiménez Taysigue

Más que un logro individual, la culminación de esta etapa representa el resultado de un proceso comunitario que durante años apostó por la formación de liderazgos locales para fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático y la memoria histórica del Caribe Sur.

Maraya es presidenta del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM), organización comunitaria a la que se integró siendo adolescente y desde la cual ha participado en iniciativas de ciencia ciudadana, conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y recuperación de la historia afrodescendiente e indígena de Cahuita.

Durante estos años, el CCBEEM ha impulsado un modelo de trabajo basado en la participación comunitaria que reúne juventudes afrodescendientes, indígenas Bribri y Cabécar, personas pescadoras, personas mayores, instituciones públicas, universidades y especialistas de distintos países. Ese proceso permitió consolidar investigaciones que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional, entre ellas la identificación científica de dos barcos esclavistas naufragados frente al Parque Nacional Cahuita, vinculados al desembarco de cientos de personas africanas en marzo de 1710, un hallazgo que ha contribuido a reescribir parte de la historia del Caribe costarricense.

La oportunidad de cursar estudios avanzados en España surgió gracias al reconocimiento alcanzado por ese trabajo comunitario y al respaldo de instituciones como la UNESCO y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España. Sin embargo, la posibilidad de concretar esa formación dependió también de una amplia campaña de solidaridad impulsada desde la propia comunidad.

Mediante la iniciativa «Colón por Colón, euro por euro, dólar por dólar», numerosas personas, familias, organizaciones, rifas comunitarias, actividades de buceo y donaciones hicieron posible financiar la permanencia de Maraya en Cádiz. La campaña se convirtió en una expresión concreta de confianza en la capacidad de las juventudes del Caribe Sur para devolver ese conocimiento a sus comunidades.

En una declaración enviada a SURCOS, Maraya expresó que este proceso ha sido posible gracias al respaldo recibido:

«Todo esto ha sido gracias a la comunidad del Caribe Sur y de Costa Rica en general, la comunidad que me ha apoyado y me ha acuerpado económicamente, emocionalmente y en muchos otros sentidos. Me siento muy feliz.»

La joven explicó además que la ceremonia realizada el 24 de junio marca la culminación de una etapa, pero no el final de su formación. Actualmente participa en prácticas arqueológicas en la bahía de Algeciras, donde fortalece conocimientos en prospección, excavación, registro y uso de tecnologías aplicadas a la arqueología subacuática. Posteriormente regresará a Costa Rica para concluir su tesis, prevista para septiembre, y más adelante realizará prácticas profesionales en Campeche, México, especializadas en patrimonio cultural subacuático.

Por esa razón, y atendiendo la precisión realizada por la propia Maraya, esta publicación consigna correctamente que culminó esta etapa del Máster en Arqueología Náutica y Subacuática. Una vez aprobada su tesis obtendrá el título profesional correspondiente.

La investigación que desarrolla se encuentra estrechamente vinculada con la experiencia del CCBEEM y con el modelo de participación comunitaria construido en Cahuita. Esa continuidad también se refleja en la ponencia que presentará durante el I Congreso de Patrimonio Cultural de la Universidad de Costa Rica, titulada «Reconectando las raíces del Caribe Sur: gestión comunitaria del patrimonio cultural subacuático en Cahuita, Costa Rica», donde expone cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de la investigación, protección y apropiación social de su patrimonio.

El proceso vivido por Maraya también ha encontrado eco entre personas descendientes de quienes protagonizaron la historia recuperada por estas investigaciones. Familiares de Miguel Maroto —africano de 16 años que desembarcó libre en las costas de Cahuita tras el naufragio de 1710 y cuyos descendientes viven hoy en Costa Rica— enviaron un mensaje a la comunidad en el que expresan:

«Muchísimas gracias por compartir la información, sin duda alguna un gran logro para todos ustedes que tanto han trabajado. Muchos éxitos para Maraya y a ustedes como comunidad en esta nueva etapa.»

Ese reconocimiento resume el significado de un proceso que trasciende la formación académica de una persona. Durante más de una década, la comunidad de Cahuita ha demostrado que la recuperación de la memoria histórica puede convertirse también en una herramienta para fortalecer la identidad, formar nuevos liderazgos, proteger el patrimonio cultural y natural y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

La historia de Maraya Jiménez Taysigue es, en ese sentido, también la historia de una comunidad que decidió invertir en el conocimiento como forma de construir su futuro.

SURCOS invita a conocer el testimonio de Maraya Jiménez sobre este proceso de formación y sobre el papel que han tenido la organización comunitaria y la participación ciudadana en la recuperación de la memoria histórica y el desarrollo local; para ello presentamos el video compartido por el CCBEEM.

Solicitan declarar nulos 209 permisos de uso de suelo otorgados en el área de influencia del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Marco Vinicio Levy Virgo presentó una denuncia formal ante la Municipalidad de Talamanca, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Ambiental, mediante la cual solicita la declaratoria de nulidad absoluta de 209 permisos de uso de suelo otorgados entre marzo de 2014 y enero de 2019 en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo.

La gestión se fundamenta en una certificación emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca, según la cual durante ese período fueron aprobados 209 permisos de uso de suelo en terrenos ubicados dentro del área de influencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según la denuncia, dichos permisos fueron otorgados a personas físicas y jurídicas para la ocupación y, en múltiples casos, la explotación comercial de terrenos localizados en una zona considerada de dominio público estatal y vinculada a un área silvestre protegida. El documento sostiene que tales autorizaciones habrían sido emitidas sin la participación de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas.

Levy argumenta que existe una amplia base jurisprudencial relacionada con ocupaciones y explotaciones comerciales en esa misma zona. Entre las resoluciones citadas se encuentran las sentencias N.º 178-2002, 286-2003, 285-F-04 y 220-2007, esta última relacionada con el conocido caso del Hotel Las Palmas, ubicado en Punta Uva. De acuerdo con la denuncia, estas resoluciones confirmaron la ilegalidad de determinadas ocupaciones dentro del refugio y consolidaron criterios sobre la protección del dominio público y de las áreas silvestres protegidas.

Como respaldo adicional, el denunciante incorpora documentación histórica relacionada con el caso Hotel Las Palmas. Entre ella figura una gestión presentada ante la Contraloría General de la República en julio de 2008 por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en la cual se señalaba que existían resoluciones judiciales firmes cuya ejecución seguía pendiente a pesar de haber sido confirmadas por los tribunales.

Asimismo, se aportan oficios de la Procuraduría General de la República y del SINAC correspondientes al año 2008. En ellos se hace referencia a procesos judiciales y administrativos relacionados con el Hotel Las Palmas y a la necesidad de ejecutar actuaciones vinculadas con el desalojo y la protección de los bienes públicos ubicados dentro del refugio.

La denuncia sostiene que los 209 permisos presentan varias causales de nulidad absoluta. Entre ellas menciona la supuesta incompetencia de la Municipalidad de Talamanca para autorizar usos dentro de un refugio nacional de vida silvestre, la violación del régimen jurídico de los bienes de dominio público, el desconocimiento de resoluciones judiciales firmes, la desviación de poder y el eventual abuso del derecho.

El documento también señala que los actos cuestionados afectarían normas de orden público ambiental y el régimen demanial del Estado, razón por la cual solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable de todos los permisos otorgados entre 2014 y 2019.

Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de los permisos, la prohibición de emitir nuevas autorizaciones derivadas de ellos, la realización de inspecciones técnicas y la paralización de obras o actividades desarrolladas al amparo de dichos permisos. También se solicita una auditoría integral de los permisos otorgados en áreas protegidas y zonas de dominio público desde 2014 hasta la actualidad, así como la remisión de información a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Ambiental para determinar eventuales responsabilidades.

Como prueba documental, la gestión incorpora la certificación municipal sobre los 209 permisos, las sentencias judiciales relacionadas con el caso Hotel Las Palmas y documentación histórica vinculada con actuaciones de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el SINAC.

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

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La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

La nueva realidad jurídica de las costas del Caribe: un cambio de paradigma

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica han provocado un giro sísmico en el ordenamiento jurídico del Caribe.

Lo que históricamente se gestionó como un trámite administrativo de concesiones y planes reguladores, hoy se ha transformado en una cuestión de derechos humanos fundamentales y obligaciones internacionales ineludibles.

Esta metamorfosis legal no solo afecta a las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo o Manzanillo; es una advertencia crítica para inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, municipalidades y actores políticos; en colisión frontal, con el prejuicio histórico nacional de menosprecio a las comunidades afrodescendientes del país.

El mensaje es claro: La seguridad jurídica en el Caribe ahora depende del respeto a los derechos colectivos del pueblo tribal afrocostarricense.

El reconocimiento del pueblo tribal y el convenio 169

La columna vertebral de este cambio es la consolidación del Convenio 169 de la OIT.

La Sala ha ratificado que las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur poseen estatus tribal, lo que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada ante cualquier decisión que afecte sus territorios, cultura o formas de vida.

Un hito fundamental es el Voto N.° 2026-010993, que declaró vencido el «Foro Tribal Afrocostarricense».

Al expirar la legitimidad de este interlocutor, se ha generado un vacío jurídico que invalida cualquier intento estatal de consulta improvisada.

Sin una representación válida y legítima, los procesos de toma de decisiones quedan paralizados o bajo riesgo de nulidad absoluta.

Hitos jurisprudenciales claves

Planes Reguladores Costeros bajo la Lupa (Voto 2025-029985):

– La Sala ordenó detener la implementación del Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), hasta que se realice una consulta efectiva al Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita.

Esto sienta un precedente: Ningún plan de ordenamiento territorial en el Caribe es válido si se impone verticalmente (Impuesta por las autoridades. (El Estado, sus Instituciones o Municipalidad).

– El Freno al Plan Maestro del ICT (Voto 2025-035746):

En una resolución histórica, se declaró con lugar un amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo.

La Sala determinó que su megaproyecto de infraestructura —que incluía aeródromos y marinas— impacto directamente la identidad y economía local sin haber consultado a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC).

Las reglas del juego han cambiado

La jurisprudencia actual es tajante al diferenciar la participación ciudadana del derecho a la consulta. Las reuniones informativas, talleres o exposiciones técnicas no constituyen una consulta previa.

El proceso debe garantizar un diálogo intercultural real donde la comunidad tenga incidencia efectiva en el resultado final.

Implicaciones para el Sector Privado y Público:

Riesgos de inversión: Concesiones, permisos de construcción y proyectos inmobiliarios otorgados sin consulta previa son legalmente vulnerables y podrían ser revertidos.

Responsabilidad estatal:

Las municipalidades y el gobierno central enfrentan responsabilidades internacionales si ignoran estos procesos.

Nuevos estándares:

La viabilidad de cualquier proyecto ahora requiere una validación cultural y territorial previa.

Conclusión:

Costa Rica entra en una etapa donde el desarrollo económico ya no puede ignorar la herencia histórica del Caribe.

La seguridad jurídica ya no emana únicamente de un título o una concesión, sino del respeto a los derechos territoriales y culturales.

En el Caribe costarricense, sin consulta previa, no hay proyecto legítimo.

Denuncia señala destrucción sistemática del Humedal Río Carbón en Playa Negra y cuestiona omisión institucional

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El ambientalista limonense Marco Levy Virgo presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y el Concejo Municipal de Talamanca, en la que acusa una “destrucción sistemática, deliberada, acelerada e irreversible” del Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra de Puerto Viejo, en el Caribe Sur.

La denuncia, identificada como MLV-00164-2026 y fechada el 9 de mayo de 2026, sostiene que desde el año 2005 existe un expediente penal abierto por presuntas afectaciones al humedal, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna. Según el documento, durante más de dos décadas se habría consolidado una urbanización progresiva del ecosistema mediante rellenos, tala, drenajes y construcciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.

Levy Virgo afirma que en los últimos años la situación se ha intensificado y denuncia el ingreso cotidiano de camiones con escombros y materiales de relleno al humedal, así como la utilización de maquinaria para modificar el ecosistema. También cuestiona la actuación de instituciones públicas, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la Municipalidad de Talamanca.

Uno de los principales señalamientos del denunciante es que el informe técnico oficial “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, elaborado por el SINAC en junio de 2021, habría permanecido fuera del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) mientras continuaban otorgándose permisos de construcción dentro del ecosistema.

El estudio técnico citado, elaborado por el Área de Conservación Central del SINAC, concluye que en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca existen 13 polígonos identificados como humedales palustrinos, que abarcan aproximadamente 165 hectáreas, equivalentes al 34% de la superficie total de la ZMT analizada.

En particular, el informe describe la llanura costera Río Carbón–Puerto Viejo como un sector de humedales con más de 42 hectáreas distribuidas en varios polígonos. El documento señala la presencia de suelos hidromórficos, drenaje lento o nulo, riesgo severo de inundación y vegetación hidrófila característica de ecosistemas de humedal.

La investigación técnica también documenta observaciones de campo relacionadas con construcciones, lotificaciones, caminos y rellenos en sectores identificados como humedal. Entre las anotaciones se mencionan “construcción ilegal”, “camino en construcción”, “relleno”, “lotificación” y “construcciones y lotificación en humedal”.

Según el informe del SINAC, estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con el control de inundaciones, filtración y retención de agua, estabilidad costera y conservación de biodiversidad. El documento destaca además la importancia del área para especies de flora y fauna propias de humedales del Caribe Sur, incluyendo yolillo, sangrillo, cativo, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.

En respuesta a una denuncia anterior presentada por Levy Virgo, el Programa Nacional de Humedales del SINAC confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-SE-DE-PNH-0017-2026 que existe una causa penal abierta desde 2005 por presuntas afectaciones al Humedal Río Carbón, expediente que se tramita bajo el número 05-001155-0597-PE.

En dicha respuesta, el SINAC indicó que continuará colaborando con la Fiscalía Ambiental y otras autoridades judiciales mediante peritajes técnicos, inspecciones y aportes de información institucional cuando sean requeridos formalmente. Asimismo, señaló que la información disponible sobre el humedal puede consultarse en el Registro Nacional de Humedales y el visor del SNIT.

En su más reciente denuncia, Levy Virgo solicita medidas cautelares inmediatas para detener toda actividad dentro del humedal, así como la realización de una pericia ambiental integral y georreferenciada por parte del Departamento de Biología Forense del OIJ. También pide investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y coordinar acciones para la recuperación ecológica del ecosistema.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

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Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

¿Qué está pasando realmente en el Caribe Sur?

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Observatorio de Bienes Comunes

A veces los cambios en el territorio parecen pequeños: un árbol menos, un relleno aquí, una chapea allá. Pero cuando se observan juntos en el tiempo, empiezan a revelar tendencias preocupantes de transformación ambiental.

Compartimos esta nueva nota que recoge señales de alerta identificadas a partir del monitoreo ciudadano realizado durante más de dos décadas por Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe Sur de Costa Rica, un trabajo que ayuda a documentar cambios graduales en ecosistemas sensibles y presiones sobre el territorio.

Además, invitamos a explorar el sitio Monitoreo Caribe Sur, donde se pueden consultar reportes, fotografías y registros de observación territorial:

https://sites.google.com/view/monitoreocaribesur/inicio

👉 Leer la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/de-cambios-aislados-a-tendencias-territoriales-senales-de-alerta-desde-el-monitoreo-ciudadano-en-el-caribe-sur/

📍 Observar el territorio también es una forma de defender los bienes comunes.

Cuando el “paraíso verde” empieza a crujir, el territorio habla

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Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Donde tiembla la narrativa oficial nos lleva al Caribe Sur de Costa Rica y pone en primer plano la experiencia del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven.

La crónica revela cómo, detrás del discurso de sostenibilidad, operan permisos fragmentados, vacíos normativos y procesos que convierten ecosistemas frágiles en negocios privados. También expone el costo humano de documentar, denunciar y sostener la defensa del territorio frente a intereses económicos consolidados.

Una lectura clave para comprender lo que ocurre cuando la protección ambiental se sostiene desde la soledad y el desgaste cotidiano.

Este es un texto compartido con SURCOS por el autor y el cual puede leer en la revista CASAdeNADIE:

👉 Léela aquí: https://revistacasadenadie.com/donde-tiembla-la-narrativa-oficial-cronicas-desde-el-caribe-sur-de-costa-rica/

Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental

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El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.

Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.

Un territorio bajo tensión

El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.

Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:

  • Cambios en límites del refugio.

  • Permisos de construcción en zonas sensibles.

  • Intervenciones sobre humedales.

  • Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.

Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.

El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad

El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:

  1. ¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?

  2. ¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?

  3. ¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?

Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.

En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.

Más allá de Gandoca: lo que está en juego

El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:

  • La solidez del sistema de áreas protegidas.

  • La independencia técnica de las autoridades ambientales.

  • La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.

  • La vigencia real del principio precautorio.

Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.

Una disputa abierta

Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.

En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.

El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.

Denuncia por omisiones institucionales en Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó nuevas gestiones formales ante el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y otras instancias del Estado en las que denuncia lo que califica como un proceso sistemático de degradación ambiental dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) y el Sitio Ramsar No. 783.

En su oficio MLV-0049-2026, fechado el 9 de febrero de 2026, Levy solicita una investigación “detallada y exhaustiva” contra la Administración del refugio por presuntas omisiones, complacencias e incluso posibles actos de corrupción vinculados con desarrollos turísticos e inmobiliarios dentro del área protegida.

Señalamientos principales

Entre los hechos denunciados se encuentran:

  • Eliminación de bosques maduros y cambio de uso del suelo en el Hotel Almendros y Corales.

  • Desvío de cauces, drenaje de humedales y rellenos con material en zonas sensibles.

  • Fraccionamiento de terrenos y apertura de caminos que habrían facilitado procesos de urbanización dentro del refugio.

  • Supuesta instrumentalización del Ministerio Público mediante denuncias incompletas o técnicamente deficientes.

  • Conflictos de interés por participación de empresarios turísticos en instancias ambientales regionales.

Levy fundamenta su denuncia en principios del derecho ambiental costarricense e internacional, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Convención Ramsar, de la cual Gandoca-Manzanillo forma parte.

Además, solicita:

  1. Investigación con participación de biólogos forenses del OIJ.

  2. Elaboración de mapas técnicos comparativos del bosque existente desde 1996.

  3. Identificación de funcionarios que habrían autorizado fraccionamientos o desarrollos.

  4. Aplicación del principio precautorio para suspender proyectos en trámite.

  5. Revisión de denuncias sanitarias relacionadas con descargas residuales.

Respuestas oficiales de SINAC-ACLAC

En los oficios SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-054-2026 y 079-2026, la Administración del Área de Conservación La Amistad Caribe responde a gestiones anteriores de Levy indicando que:

  • Se han realizado inspecciones técnicas.

  • Se han emitido criterios administrativos dentro de sus competencias.

  • Parte de la información solicitada no puede ser divulgada por encontrarse en procesos judiciales o administrativos en curso.

  • Algunas actuaciones corresponden a competencias de otras instituciones.

Las respuestas no coinciden plenamente con los planteamientos del denunciante, lo que mantiene abierta la controversia sobre el alcance real de la fiscalización institucional dentro del refugio.

Contexto más amplio

El RNVS-GM ha sido escenario de controversias jurídicas durante la última década, incluyendo acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley 9223 y debates sobre su Plan General de Manejo.

Las cartas de Marco Levy insisten en que existiría un patrón acumulativo de afectación ambiental que requeriría un abordaje estructural y coordinado entre Fiscalía Ambiental, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y autoridades ambientales.

El tema vuelve a colocar en el centro del debate público la tensión entre conservación ambiental, desarrollo turístico y gobernanza institucional en territorios de alta fragilidad ecológica y relevancia internacional.