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Etiqueta: carteles de la droga

Uno de cada tres homicidios en el mundo ocurrirían en América Latina

  • Conversatorio Geopolítica y crimen organizado a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.

Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.

La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.

Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.

En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.

Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.

También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.

Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.

Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.

Geografía y empoderamiento

Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.

“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.

Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.

Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.

Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.

Rediseñar el futuro

El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.

El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron. 

El conversatorio completo puede consultarlo desde la página del Idespo-UNA en Facebook: https://www.facebook.com/572888505/videos/465605525846526/

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Seguridad en Costa Rica: ¿Más cárceles y limitación de derechos humanos es la respuesta?

Martín Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el territorio costarricense ha pasado de ser «puente» a ser bodega y centro de distribución, y que esto ha provocado que el Costa Rica empiece a ser fraccionado entre diferentes grupos narcos.

Tampoco cabe duda de que este creciente ingreso de bandas o carteles de la droga tienen un ligamen directo con sectores corruptos de la política de muy alto nivel, desde el ingreso a territorio nacional del capo de la droga mexicano Caro Quintero en 1985 cuando el expresidente de la República, Daniel Oduber Quirós, viajó junto a Quintero en un avión privado, y esto facilitó el ingreso del narcotraficante. La denuncia del exdiputado de entonces, Jimmy Zúñiga, y el «alboroto» no impidió el establecimiento del narco mexicano en el país.

Mucho antes, para la campaña electoral en la cual fue electo presidente, 1974-1978, recibió dinero del narcotraficante estadounidense Lionel James Casey. Todo salió a la luz cuando fue investigado por la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico, conformada en el período 1986-1990. En el segundo informe de la Comisión, se recomendó de forma enfática su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba.

En 1992, el ejemplar N0 410 de la revista Rumbo se tituló “Cómo se reparten los bienes de Oduber”. En esta edición, se hizo un recuento del patrimonio que mantenía el expresidente al fallecer. Se narra que tenía más de ¢800 millones en cuentas bancarias. Poseía fincas cuya extensión sobrepasaba las dos mil hectáreas, en las que hubo alguna vez una centena de caballos árabes. El origen de tantas riquezas es confuso, teniendo en cuenta que fue burócrata casi toda su vida. (Semanario Universidad)

Luego se dieron muchos casos de carteles de la droga financiando campañas electorales de candidatos a la Presidencia de la República, a puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías, regidurías en municipalidades y se dieron casos de encarcelamiento de algunos (no todos) que ocuparon esos cargos y trabajaban para los narcos. Igual jueces, policías, agentes del OIJ y fuerzas policiales especiales.

Lo último, narcotraficantes investigados, se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa para hablar «de negocios» con diputados y diputadas.

Menciono todo esto para ilustrar que el tema del narcotráfico y la corrupción política viajan de la mano, trabajan juntos y mientras financien campañas electorales y el Tribunal de Elecciones sea cómplice por inacción, esto seguirá sucediendo.

Hoy, dicen que con «gran preocupación», los representantes de los diferentes poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reúnen para desarrollar una «estrategia» de seguridad para enfrentar la creciente ola de asesinatos producto de la guerra por territorios de diferentes grupos narcotraficantes.

El problema de esto es que el VERDADERO problema, el de fondo no se atacará y se implementarán propuestas de más cárceles (privadas), represión, limitación de derechos humanos y ampliación de periodos carcelarios que significarán para el Estado costarricense una enorme carga económica que ellos sí están dispuestos a sacrificar.

¿Y cuál es el verdadero problema, el de fondo?, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, el congelamiento salarial, la falta de vivienda, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado mediante el fraude político empresarial, la evasión y elusión al Fisco, el contrabando, la exoneración de impuestos de forma privilegiada a los sectores empresariales más grandes, etc, etc.

En Costa Rica, hoy, en pleno inicio de 2024, más de 160 mil jóvenes no estudian ni trabajan porque se cierran las puertas para hacerlo. Hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años, de ellos el 50% tienen bachillerato y más de 8 mil son profesionales, esto según la más reciente Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Este crecimiento, del 27%, se da en comparación entre octubre y diciembre del 2022 y el mismo periodo del 2023. Este terrible dato es solamente entre jóvenes, no adultos y adultos mayores, lo que en conjunto da resultados catastróficos para este país.

Y usted, que tiene la gentileza de leerme se preguntará, ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?, pues todo.

¿A manos de quién van a parar esos miles de jóvenes desempleados, en qué van a trabajar, cómo van a sobrevivir y llevar alimentos a sus familias?

Si a esos datos le agregamos los miles de jóvenes que NO tienen acceso a las universidades, o lo que ni siquiera terminan la primaria y/o la secundaria, tendremos una bomba de tiempo entre manos.

¿Quiénes son los responsables?, los únicos responsables de esto son los políticos corruptos que han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años, esos que recortan a la educación, a la vivienda, al desarrollo agroindustrial. Los que mediante corrupción saquean las arcas del Estado, los que estafan al Estado, los que mismos que hacen amigos de los negocios oscuros de los casinos, del lavado de dinero y tráfico de seres humanos y prostitución. Los mismos que para llegar a un cargo público compran votos y/o son financiados por grupos de narcos.

Una opción verdadera, honesta. Propuestas reales, concretas de desarrollo del país NO hay en estos momentos en el país, todas son falsas o superficiales.

El peligro es lo que salga de esa Asamblea Legislativa, todas las propuestas serán represivas y abusivas contra los derechos humanos, la privatización de cárceles como negocio de algún tagarote, más policías, y otras graves propuestas.

Imagen ilustrativa.

A propósito del escándalo de “El Universal”

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El periódico mejicano, como es de todos conocido, publica un artículo sobre negociaciones del narco con el Gobierno.

Tengamos en cuenta que el constante negociador con los carteles de la droga ha sido el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la DEA. Son proverbiales y harto conocido que el fortalecimiento de los carteles mejicanos y colombianos se debe al acuerpamiento y condescendencia de estas dos agencias. Solo basta recordar que mientras, por ejemplo, el gobierno de Reagan proclamaba públicamente su combate a las drogas, la CIA y la DEA negociaban con los contras y los narcos el cambio de armas por drogas en las fronteras de Nicaragua, en la costarricense con la complicidad del gobierno de Luis Alberto Monge.

Esas negociaciones pertenecen a esa historia de la “guerra” contra las drogas que siempre tienen un componente oscuro ya que no ha sido honesta y verdadera de parte del gobierno de USA, pero que ha significado un baño de sangre para los latinoamericanos.

Costa Rica es al menos el principal exportador o reexportados de droga de Centroamérica y el primero del mundo según ha dicho el exministro de seguridad Rogelio Ramos. En cualquier caso, a nuestro país llega, se almacena y exporta una enorme cantidad de cocaína, con las impostergables consecuencias. La primera es que ese negocio no es manejado por esas pandillas, que al decir del Presidente se matan entre ellas por disputa de territorio o de mercados. La exportación de las enormes cantidades de coca se maneja a otro nivel, probablemente directamente por los carteles mejicanos. ¿Y qué consecuencias produce ese enorme tráfico comercial ilícito? No me refiero a las pandillas, sino a la política, la policía, el entretenimiento o los negocios. Nadie en su sano juicio podría alegar que estos y otros campos no han sido “contaminados” por semejante negocio de exportación ilegal o se mantienen “vírgenes” al margen de semejante negociado. ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel alcanzado por el lavado de capitales en Costa Rica?

Precisamente mientras un periodista nacional se va a México a destapar semejante escándalo, en materia de partidos políticos ocurren cosas que llaman la atención.

Dos partidos políticos que se disputan entre ellos la más fiel representación de lo que llaman el “rodriguismo” generan serias dudas: uno llamado Partido Pueblo Soberano es fundado y dirigido por una asesora de Casa Presidencial de cuyo nombre no me acuerdo, sumamente cuestionada precisamente en México por su ligamen con el narcotráfico, y el otro llamado Aquí Costa Rica Manda es un partido fundado y vendido al señor Federico Cruz por un señor de apellido Vargas también cuestionado por lavado de dinero y contrabando. Ambos personajes son dirigentes relevantes en los dos partidos.

En momentos tan turbulentos en la política nacional, hay que decirle al Presidente Chaves que no solo hay que ser honrado sino parecerlo. Cuando se denuncia en un periódico extranjero supuestas negociaciones de su gobierno con el narco -que han sido rechazadas enérgicamente por él-, poco favor le hace andar con semejantes amigos, con esa clase de dirigentes de esos partidos políticos. El panorama político para Rodrigo Chaves es bastante oscuro con semejantes correligionarios y hace que la ola de dudas continúe.

¿Somos inmunes a la violencia y el terror?

Miguel Sobrado

Miguel Sobrado Chaves

En Costa Rica hemos sido dados a pensar que la violencia y el terror no pueden afincarse en nuestro medio, ya que somos un pueblo de paz y democracia.  Lamentablemente nos olvidamos de nuestra posición geopolítica y que al igual que en 1856 o en la década de los 80s del siglo pasado, las tormentas de la vecindad terminan azotándonos. Las cosas han cambiado radicalmente en nuestra América desde que brotó el gran negocio de los carteles de la droga en el último cuarto del siglo pasado, cambiando los ejes del poder económico y político. Hasta entonces el poder económico dependía en gran medida del poder político centralizado en estructuras clientelistas. Con la aparición del negocio de la droga, con un poder económico sin precedentes, se resquebrajó la estructura de poder clientelista. Sistema que presentaba, por una parte, serias debilidades que permitían su penetración por la corrupción imperante, y por otra, generaba una masa creciente de excluidos desplazados por la tecnología que buscaban desesperadamente ingresos para atender las necesidades de sus familias.

Colocados geográficamente entre los países productores y procesadores de cocaína en el sur y los traficantes comercializadores y el gran mercado de consumidores en el norte del continente y punto de enlace con Europa, nuestro país es una ruta de paso necesaria para este nefasto negocio. Especialmente el tráfico terrestre, ya que el marítimo y el aéreo son controlados cada vez con más recursos por parte de los Estados Unidos.

Ha coincidido este interés del narcotráfico con las debilidades de nuestro sistema económico y social que deja por fuera especialmente a las regiones fronterizas y costeras, donde el narco se haido posicionando y penetrando los poderes locales e instituciones nacionales con su poder económico. De ahí que la lucha por el control de territorios haya desatado el terror y el crimen en nuestras costas y fronteras donde se ha posicionado y expande su estela de muerte hacia otras regiones del país.

El problema de nuestra debilidad, como país, frente a esta amenaza depende no solo del aparato de legalidad y de seguridad que debe actualizarse y modernizarse a fondo para impedir que siga expandiéndose y tomando fuerza este peligro. Especialmente en su sistema de inteligencia fortaleciendo la seguridad comunitaria de manera sistemática con seguimiento y atención permanente. Pero sobre todo, actuar en la prevención reduciendo la exclusión social. Un país que concentra sus ingresos en el 20% de la población y no abre suficientes oportunidades para incorporarse a la vida moderna a los jóvenes y a quienes perdieron la oportunidad educativa, tiene los pies de barro. La prevención de la violencia depende de la modernización del sistema educativo para adecuarlo a las exigencias de la nueva tecnología del conocimiento y de la regeneración ecológica. Sin olvidar que el aprendizaje y la capacitación constituyen actualmente, por la velocidad de los cambios, un proceso permanente para evitar la exclusión.

Especial atención merece en nuestro caso la actualización de la mano de obra para actuar frente a las necesidades y oportunidades. Recordemos que más del 50 % de la población económicamente activa tiene un nivel inferior al bachillerato y este porcentaje es mayor entre los desocupados. Se trata no solo de una actualización de los centros de trabajo, sino de los procesos y transformaciones que abren oportunidades en sus comunidades y regiones. Procesos que no pueden depender de proyectos elaborados por burócratas, sino que deben responder a la demanda y a la organización de las comunidades. Las instituciones deben, ante todo responder a estas demandas con asistencia técnica y recursos complementarios a los aportados por las comunidades.  Las comunidades, cuando gozan de autonomía, saben quéopciones tienen en las condiciones de su comunidad, para abrirse paso a paso mejorando sus capacidades.

Las ofertas del INA actuales frecuentemente les exigen, no solo requisitos de nivel de estudio que no tienen, sino un horario de asistencia en las sedes del INA que en muchas partes quedan a kilómetros de distancia con problemas de desplazamiento y en horarios de 7 a 2 pm que les impide trabajar para atender las obligaciones familiares.

El proyecto Germinadora de la sede regional Brunca de la UNA, es un ejemplo a seguir con bajo costo y alto rendimiento cualitativo en la promoción de individuales y asociativos integrados con las fuerzas vivas locales, como se puede apreciar en el video realizado por canal 13 “La estación de la esperanza con autonomía”

Caminos exitosos existen, lo que se necesitan son decisiones políticas en el campo educativo y de capacitación para emprender una prevención efectiva. Con la Fuerza Pública pueden mitigarse los daños, pero no evitarlos en el mediano ni largo plazo.

Lo que estamos viviendo con las drogas en el ámbito nacional es solo el principio de una amenaza de ocupación de nuestro territorio por el terror. Por el momento, lo visible es la violencia manifiesta en el control de territorios, pero el verdadero poder está tomando posiciones estratégicas a través del blanqueo de capitales, el cual es tema de otro artículo.

Todavía no estamos en guerra civil como es el caso del El Salvador, y estamos a tiempo, si tomamos conciencia del peligro para tomar medidas efectivas, pero debemos actuar pronto con visión y decisión.