Mañana, viernes 11 de octubre de 2024, a las 8:00 a.m en la plaza de los Tribunales de Justicia en San José se dará una concentración de diversas organizaciones sindicales y sociales, la Unión Sindical de la CCSS, y la UNDECA, para exigir transparencia y probidad, con medidas cautelares contra marta Esquivel y otros.
Estas organizaciones se harán presentes frente a los Tribunales de Justicia, en la plaza, y se dará más información en el sitio con los diferentes actores a partir de la hora de inicio.
Contexto: Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.
Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.
Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125 La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.
Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.
Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.
El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.
Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.
En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.
En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.
Este viernes 11 de octubre, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo una concentración en la Plaza de la Justicia, frente a los Tribunales de San José, convocada por el sindicato UNDECA y BUSSCO y personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los manifestantes exigen la pronta resolución de las medidas cautelares en el caso conocido como “Barrenador”, un polémico expediente judicial que involucra altos mandos de la institución en presuntos actos de corrupción.
Tras tres semanas de retraso en la definición de la situación jurídica de los imputados, la indignación crece entre los empleados de la CCSS y la población en general. Los organizadores de la protesta piden que el juez a cargo tome una decisión inmediata y actúe con la urgencia que amerita el caso.
Las demandas de la manifestación son claras: se exige la resolución de las medidas cautelares, la salida inmediata de Marta Esquivel de su cargo, y el fin de la corrupción que, según los manifestantes, ha comprometido gravemente el buen funcionamiento de la institución de salud pública.
El lema central de la protesta es “¡Alcemos la voz y demandemos justicia!”, lo que refleja el creciente descontento de los trabajadores del sector salud, quienes también abogan por la transparencia y el adecuado manejo de los recursos de la CCSS. Esta manifestación se une a una serie de acciones que UNDECA ha impulsado en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la corrupción dentro de la institución.
Se alza una alerta por la urgencia de que la CCSS renueve el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para poder construir y equipar las áreas de salud y sucursales que necesita el pueblo.
De este fideicomiso dependen 29 áreas de salud, cuyas sedes van a requerir construcción y equipamiento, desde Alajuela hasta Cartago. También, 25 áreas de salud, las cuales van desde la región Brunca hasta Chomes de Puntarenas requieren construcción y equipamiento, haciendo esta situación sumamente crítica, mostrando la falta de cuidado que tienen las áreas periféricas del país en cuanto a seguridad social y salud.
Como el yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, y muy bien conocido, desde hace años, la etapa de exploración (que el gobierno propone realizar) fue prácticamente ejecutada, por el concesionario canadiense que quería realizar su explotación. Lo que corresponde ahora, es proceder extraer el mineral, bajo el pleno cumplimiento de la legislación que nos rige.
Recordemos que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada hace una década, en Costa Rica NO se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las extrañas «subastas», de que ahora se habla, eventualmente terminarían llevándose el oro, hacia el extranjero, con los mayores beneficios para ellos. Por tanto, los estimables señores diputados, aquellos dispuestos a escuchar, han de tener muy claro, que mientras esa prohibición legal no sea derogada, se garantiza que solo el Estado costarricense, que obviamente no tiene que “solicitarse” a sí mismo una concesión para explotarlo, tendría la potestad de aprovechar ese valioso recurso, para nuestro exclusivo beneficio.
Ante esas alternativas (oro para extranjeros o para nosotros) reafirmamos la urgencia de que, los US$2.300 millones, que, al menos, produciría su aprovechamiento por espacio de, al menos diez años, se orienten hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro atendidos por la CCSS.
Para ese razonable objetivo, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente, en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más.
Nuestros adultos mayores, que ocupan más del 65 % de los espacios en clínicas y hospitales, no merecen seguir recibiendo en clínicas y hospitales de la Caja, el inhumano maltrato, provocado por la escasez de recursos financieros, por muchos conocido y sufrido, donde las inaceptables listas de espera, y la falta de espacios hospitalarios, son reflejo parcial, de la acongojante situación, que, igualmente, enfrenta el personal hospitalario de la Caja, que clama por más recursos, financieros, materiales y humanos.
Si el gobierno tomara la decisión de explotar, tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita vía costarricense, de inmejorables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros! Además, instantáneamente, con el inicio de las labores, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza, donde hoy, por desdén y falta de visión administrativa, la riqueza mineral está siendo robada impunemente.
Se trata, en fin, de aprovechar solo 1 km² de los más de 51.000 km² del país, para el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, para los que el Estado, ante sus crecientes necesidades, no tiene soluciones. Gravísimos problemas de deficiente atención, que tanto sufrimiento genera, en ellos y sus familias.
Dedicado a quienes hace 83 años lucharon por que las mujeres parieran dignamente y vieran crecer alegres a sus retoños, sin lepra, tuberculosis, tosferina y sarampión a la sombra de nuestra CCSS.
Otro déficit al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) se suma a los faltantes en las polémicas contabilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), atentando contra el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la CCSS.
Mencionamos en nuestra primera entrega el viejillo cascarrabias que decía cómo la historia ocurre dos veces, “la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa”. La tragedia la abordamos en nuestra segunda entrega; pero la dejamos abierta para la meditación seria, cuando demostramos que la deuda estatal con la CCSS supera los ¢20 billones, sin mencionar cuánto más (Ver La-tragedia).
Conociendo con precisión la enfermedad del paciente y sus causas, se puede no solo emitir criterio sobre su cura, sino también descubrir y combatir la farsa elaborada por los mismos que han venido “barrenando” este paciente, a vista y paciencia, con pocas excepciones a la regla, desde los medios de comunicación, partidos políticos, politiqueros de oficio y otros especímenes. Cualquier costarricenses con alguna sensibilidad aún en la piel, con el más mínimo pellizquito, verá a muchos de ellos campantes en sus puestos, aplaudidos por los voceros autorizados por nuestra oligarquía, mientras otros no han dejado de rondar la institución en sus planes para la privatización de esta querida entidad nacional. ¿Cuál es, entonces, la farsa?
En nuestra segunda entrega se hizo un apretado recorrido por la administración Calderón Fournier, los cambios en la Ley 7374 y como hubo una segunda “barrenada” – la primera ocurrió desde la administración Monge-, pues nunca dieron a la CCSS los fondos ordenados por dicha normativa. Este tercer esfuerzo, sometido a la consideración de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, estudiantes, campesinos, profesionales e intelectuales honestos, sin importar afiliación partidarista, edad o sexo, se centra sobre cómo las sociedades proclives a el “reformismo” facilitaron el asalto continental a los fondos de pensiones y el serio peligro en que está el IVM y su pensión digna.
En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, explicó una vez “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”, según La Nación del 16 de setiembre de 2024, periódico que de paso es importante recordar que desde sus inicios combatió la seguridad social con los tres pilares de financiamiento (patronos, trabajadores y Estado), aunque hoy, pareciera interesado en la defensa de la Caja.
Barrantes por la fuente citada consideró que “para revertir tal escenario, el estudio planteó la necesidad de elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo”. Menciona que: “El estudio se tomará como el documento base para la nueva discusión y se llevará al Comité Inter participativo, creado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.” (Destacados no son del original). Además “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% que da hoy.
Es menester recordar a los trabajadores la táctica utilizada por nuestras oligarquías regionales para hacer cambios en los sistemas de pensiones en todos los países con el modelo “reformista”. Entre 1981 y 2008, 11 países latinoamericanos implementaron reformas estructurales de pensiones, cambiando total o parcialmente los sistemas de prestación definida, reparto y administración pública («sistema público») a contribución definida, capitalización individual y administración privada («sistema privado»).
Las reformas estructurales adoptaron tres modelos en los años de implementación que siguen: a) sustitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado (Chile, 1981; Bolivia y México, 1997; El Salvador, 1998; República Dominicana, 2003); b) mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó un segundo pilar privado (Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008); y c) paralelo, que mantuvo el sistema público y agregó el sistema privado, ambos compitiendo entre sí (Perú, 1993; Colombia, 1994). Los trabajadores y trabajadoras que quieran ahondar sobre el tema pueden consultar “La privatización de las pensiones en América Latina”, revista Nueva Sociedad 291 / Enero – Febrero 2021 (Reformas).
Afirmamos que los gobiernos de orientación “reformista” facilitaron este golpe del “capitalismo salvaje” a todos los sistemas de pensiones por una sencilla razón de índole política – filosófica: toda “reforma”, por grande o pequeña que sea, implicará siempre un cambio en el poder controlado por la clase dominante para que el sistema siga funcionando; mientras que toda revolución social “transforma” el poder.
Volviendo a nuestro país hemos de decir que el más reciente estudio actuarial del IVM indica que este seguro tiene un déficit en reservas de ¢74,6 billones usando una tasa de interés real de un 4%. Este estudio podría presentar algún presunto grado de “maquillaje”, tomando en cuenta ejemplares anteriores. En un documental denominado “La Caja de Pandora” y divulgado ampliamente en redes sociales (Pandora), el Máster Luis Guillermo López Vargas -revisor del estudio actuarial-, prometió entonces a los costarricense estar tranquilos porque el IVM era sostenible.
Una prueba de que existe una especie de “castigo” para nuestros viejitos pensionados, sin importar sí son varones o mujeres, luego de entregar toda su juventud para las generaciones venideras, es Wilson Brown, de 78 años, quien se crio en el Barrio El Carmen, Puntarenas y dejó su juventud en fábricas como operario, trabajó la mayor parte de su vida en fábricas como operario en textilerías. Recibía una pensión mínima del IVM de ₡153.192 ajustada recientemente a ₡156.000 mensuales.
Wilson Brown: Recibo 153 mil colones y hay que estirarlos hasta ver cuánto dura la vejez. Actualmente en IVM hay 174.000 personas pensionadas que reciben el monto de la pensión mínima o menos (F. Tomada de SemanarioU).
Contrasta lo anterior con la publicación de “Delfino” del 24 de setiembre de 2024, según la cual: “Supen pide tomar medidas ante inviabilidad que tendrá en un mediano plazo el IVM” y que “desde Supen recordaron que los recientes estudios actuariales “refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo”, alertando que eso se suma a que la población adulta mayor (PAM) se cuadruplicará entre el 2020 y el 2060, pasando de 476 mil a 1,7 millones de personas.
Si por la víspera sacamos el día, no es de extrañar que Supen trate de “pelear” para aumentar los aportes a el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), haciendo más “flaquito” el IVM, al estilo de Pinochet en Chile, donde para endulzar a la gente, quien fuera su ministro, Sebastián Piñera, prometió el 80% del salario promedio como beneficio jubilatorio. Los trabajadores creyeron una vez más, y hoy solo tienen seguro, como promedio general, menos del 30% (Ver Tasa-reemplazo y USS). “Engordar” el ROP también podría ser una propuesta para aumentar los recursos de Supen, ya que el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice que el presupuesto de Supen “será financiado en un cincuenta por ciento (50%) mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados”. ¡En guerra avisada mueren pocos soldados!
Recordemos que Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de pensiones, estuvo como ministra de hacienda, cuando no trasladaron a la CCSS los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley 7374. Igual sucedió con anteriores y sucesivos ministros de hacienda.
Regresando a las causas de la enfermedad del IVM, mostraremos los daños del barrenador incluyendo, no solo los ocasionados a los fondos ordenados por la Ley N° 7374, sino también a los regulados por la Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad N° 5349 y la Ley de Protección al Trabajador N° 7982, entre otras. Para esto recurrimos a los datos que se enviaron en una denuncia interpuesta ante la Auditoría Interna de la CCSS en el año 2023. En el oficio N° RAL-005-2023 dirigido a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, se describe el método utilizado para coger fondos del IVM y usarlos para cancelar las obligaciones que, no le cobran a los gobiernos o estos no le pagan a la Caja. (Ver Oficio).
El oficio RAL-005-2023 tiene acuse de recibo N° AI-0118-2023 de fecha 10 de marzo de 2023 firmado por Ronny Villalobos Hidalgo, jefe de Subárea de Denuncias y Apoyo Legal de la Auditoría Interna de la CCSS. En el documento consta que del IVM sacaron, solo en el año 2022, aproximadamente ¢1 billón, equivalente –solo para que tengamos una noción de la cantidad de dinero- a un 8% de los salarios; lo cual presuntamente no es un problema solo del año 2022. En todo caso, correspondería a la fiscalía general, a cargo de Carlo Diaz, ceñido en el llamado caso barrenador, examinar si sacar dinero de un lado y depositarlo contablemente en otro, configura un hecho o indicio de conducta dolosa o culpable.
En ocasión de esta investigación paraSURCOS y estimar el valor actual de estos dineros que el Estado debió trasladar a la CCSS para financiar gastos del seguro de salud, se solicitó a la Gerencia de Pensiones los datos de la cuenta individual, con corte al 30 de junio de 2024, la cual contiene los salarios anuales cotizados al IVM desde 1976. Aplicando a estos salarios la tasa de traslado de esos dineros hacia otra área y agregando los correspondientes intereses, tenemos que el monto dejado de percibir por la CCSS porque el Estado no lo aportó, está entre los ¢43 billones y los ¢53 billones al momento de cerrarse esta tercera entrega a los trabajadores. Con este monto se conseguiría casi equilibrar el IVM como régimen de capitalización colectiva, conforme lo ordena la Ley de creación de la Caja N° 17. Así que no coma cuento cuando escuche a los “salvadores” de la Caja hablar de aumentar las cuotas, la edad para pensionarse, emigrar a un sistema mixto, etc. Ya conoce las causas.
Fuente: Elaboración para la revista SURCOS por parte de los autores de esta entrega sobre la base de datos suministrados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, oficio arriba citado, entre otras fuentes.
Entonces, los ¢4 billones de deuda estatal que muestra el oficialismo de la CCSS, así como el lloriqueo del gobierno de turno, de politiqueros de oficio, diputados, apólogos, sabiondos de smoking y hasta de algunos medios de comunicación, ahora con ropajes a favor de la Caja, es la farsa que nos toca vivir a todos los trabajadores y trabajadoras, tras la tragedia impuesta por décadas.
Tragedias que generalmente vienen precedidas por la confusión de los pueblos a los que buscan primero borrar su historia, y luego despojándolos de su dignidad y decoro para que todo sea convertido en frivolidad e individualismo. Por eso un apóstol de mayorías dijo en algún momento de su vida: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro».
Por lo demás, es falsa la argumentación para debilitar el IVM que creció la expectativa de vida del costarricense o los jóvenes disminuyeron la tasa de natalidad (en un país inseguro y entre los más caros de la región, entre otros) o nuestros viejitos reventaron como abejones de mayo sin avisar; por lo tanto, lo poquito que hay de nuestra institucionalidad manda a repartir conforme alcance la cobija.
Hace 40 años La Revista Médica del Hospital Nacional de Niños publicó un estudio del Dr. Luis Rosero que daba cuenta de la reducción dramática de la fecundidad y natalidad, el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores, con proyecciones hasta el año 2100. Sí, como lo está leyendo, hace cuatro décadas. (Ver Cuadro 3 de Rosero). El resumen del artículo dice lo siguiente: “Se describe la transición demográfica de Costa Rica, iniciada probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera fase de la transición, el crecimiento de la población se hizo cada vez más rápido, merced a la disminución de la mortalidad. Alrededor de 1960, Costa Rica entró en la segunda fase de la transición, cuando se inició un gran descenso de la natalidad. Una de las consecuencias de los cambios demográficos, es el envejecimiento de la población. Se muestran las perspectivas reales e hipotéticas del envejecimiento demográfico de Costa Rica, y se concluye que éste es prácticamente inevitable en el futuro.”
Como parte de la ofensiva contra los fondos de los trabajadores latinoamericanos desde la década de los ochentas, miles de chilenos siguen defendiendo sus pensiones. Foto tomada de la revista Nueva Sociedad.
Estudios similares, antes y después de 1985, advertían del fenómeno que hoy aprovechan para golpear el IVM y no hacerlo aparecer como parte de un injusto modelo, cada vez más ceñido contra los más débiles y expuestos a más vulnerabilidad como castigo por ser viejos y no ser agente activo del consumo desmesurado. Para estas cúpulas, a la hora de reducir todo a individualismo y al costo-beneficio dentro del mercado, quienes alguna vez contribuyeron con la democracia, la libertad, la igualdad etc., resultan ahora una carga. Sin pretender agotar el tema, el actual modelo llamado “globalización”, nos dejó como regalo la sarta de “neoliberales” en la región, quienes tuvieron siempre como meta aprovechar el “Estado”, no destruyéndolo porque entonces se comerían entre ellos por su avaricia y salvajismo, sino dejándole algunas competencias que garanticen a todos ellos su pleno servicio.
A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad. Para una más rica discusión, a fin de cohesionar y articular el movimiento popular, de mujeres, estudiantiles y sindicales, puede analizarse y discutirse el ensayo “El neoliberalismo: Principios Generales”, escrito por Oscar Vargas del Carpio Ribert, Revista Temas Sociales, número 21, La Paz, 2000 (El-neoliberalismo).
Este autor concluía entonces en una sentencia poco halagüeña para quienes creen que los gusanos barrenadores abandonarán fácilmente la Caja, que la salvación del IVM es cuestión de votar por este o aquel candidato o quitar este parche por aquí y pegarlo allá en aquel lado. Son los trabajadores quienes transforman a los trabajadores. Por eso el ensayista nos decía: “La incidencia en temáticas no-económicas (el neoliberalismo) ha tenido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que lo consideran simplemente como un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad”.
El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.
UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.
Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.
A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:
1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.
2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.
El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.
4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.
Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.
El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.
UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.
En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.
UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:
“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”
El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario.
Rodrigo Arias López. Actuario y matemático.
Dedicado a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla, asesinados vilmente en Puntarenas, designados por la patria para que, junto a aquellos hombres y mujeres, henchidos de rabia y coraje, consolidaran nuestra independencia y libertad, frente a los filibusteros de ayer y hoy.
Cómo sí las larvas del “barrenador” fueran insuficientes, cuando privatizaron los servicios básicos preventivos de atención de la salud, trasladaron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) las obligaciones del Ministerio de Salud, durante la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier, llenando de más ninfas el lomo del pobre Seguro Social, ya de por sí repleto del gusanillo ese, hasta hoy. (Museo-Nacional).
En la entrega anterior abordamos la llamada “tercerización” de los servicios básicos de atención primaria, el silencio de aceptación que hubo entre un sector de las cúpulas del entonces liderazgo popular, así como el descabezamiento y la destrucción legal del Hospital Sin Paredes, como experiencia democrática del pueblo en la solución de sus problemas sanitarios. (Parte I).
En la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) comenzó otro crujir de dientes para la CCSS, igual o peor que como cuando a las cooperativas, bajo el control del fortachón Partido Liberación Nacional, entró en el negocio de los servicios de salud del primer nivel. Ya entonces el lomo de la Caja estaba lleno por todos lados de ninfas, que luego todos conocen la supuesta multiplicación del gusanillo, que ya ocupa un lugar en la historia policial, tras prestar su nombre al fiscal general, Carlo Díaz, para llevar a cabo el operativo durante el cual detuvieron a ocho personas vinculadas con la CCSS.
El presente esfuerzo implícito en esta segunda entrega va despojado de cualquier politiquería y partidarismo, porque el fin último, es que, sin importar el nivel de escolaridad, edad o sexo, sean los campesinos, los obreros, las amas de casas, los estudiantes, los empleados públicos y privados, intelectuales y profesionales honestos, que los hay todavía, podamos entender la compleja madeja existente alrededor de los intentos de desmontar 83 años de seguridad social, a todas luces sí eso ocurriera, sería una auténtica tragedia para los costarricenses más vulnerables.
De esta realidad, surge entonces, la exigencia de no solo organizarnos para competir sobre quien controla más organizaciones y cuánto recibimos mensualmente por cuotas para mantener el funcionamiento de la instancia sindical, comunal, estudiantil etc., sino la urgencia de articularnos. El primer caso se llama, políticamente hablando, “burocratismo”; el segundo es “trabajo planificado”, “efectivo” a la hora de cuantificar, con sentido político, entre otros términos. El primer caso, el “burocratismo”, confunde, desorienta a los trabajadores y deja abierta las puertas a las bandas fascistas en todas partes (léase Milei en Argentina, amenazas de bombas y muerte en Costa Rica, intentos de golpe de Estado en Honduras y Venezuela etc.), mientras la segunda opción educa, transforma y concientiza a los hombres y mujeres sobre su papel dentro de la sociedad, elevando así las cualidades y calidad de su membresía. Para que nos entendamos: poco ganan los trabajadores sí sus líderes siguen transitando por el viejo camino de organizaciones por organizaciones, sí taponeamos por omisión o acción los vasos comunicantes con otros costarricenses en igual o peores condiciones por el inhumano estado en que nos tiene el modelo imperialista.
Tal como se explicó en la primera parte, el artículo 6º de “Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973, mandaba que la atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serían de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1993 -administración socialcristiana de Calderón Fournier como queda dicho líneas arriba- derogaron el artículo 6 en mención y trasladaron a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva, con la promesa en la disposición 9 de la Ley N° 7374 del 3/12/1993, que el Ministerio de Hacienda financiaría mensualmente sus costos. Con dicho artículo, el PUSC revitalizó el plan de privatización de los servicios médicos iniciado por el PLN años atrás, prometiendo, según el artículo 9: “El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Entendemos, pero no compartimos, que los miembros de la Junta Directiva y en general la alta gerencia de la CCSS, cuidaran sus cargos aceptando lo que a ojo de pájaro ya asomaba como un posible barrenado en las finanzas de la Caja. Tampoco, siendo claros y sinceros, la representación de los trabajadores en las distintas áreas de la CCSS, ahora tan agitada por la entrega de centros de salud a las cooperativas y la posible imposición del llamado sistema de “copago” de necesidades médicas, mostró capacidad para prevenir lo que se fraguaba (algo parecido había pasado en México), y menos para articularse y dar la lucha junto a maestros, campesinos, y asalariados, en general, dado que el desfinanciamiento del Seguro era evidente y el asunto era de vida o muerte para millares de asegurados. Es extraña la pasividad ocurrida.
El plan escondido en las alturas de nuestra oligarquía sí bien es cierto permanecía “sombreado” entre escritorios y personajes de la política local, era a la vez evidente en cada una de sus etapas y los pasos dados a diario, pues hicieron valer sus influencias dentro de la CCSS para que el monto mensual proveniente del Ministerio de Hacienda, por el traslado a la Caja de las obligaciones del ministerio de salud, fuera solo por dos años o por un monto simbólico. Eso lo lograron contabilizando desde hace 30 años en los Estados Financieros del seguro de salud, solo el 2,5% del costo que le trasladaron a la Caja. Hasta la fecha ningún gobierno de turno ha honrado ni siquiera ese 2,5%. Aún muchos de los que dejaron de pagar ese 2,5% y de los que dejaron de cobrar el 97,5% restante, siguen campantes en sus puestos tomando decisiones.
Este caso tiene más de 10 años en los tribunales de justicia, tras una denuncia del exdiputado José María Villalta (Expediente 13-006261-1027-CA, Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea,) sin que exista prisa en la CCSS, en ningún gobierno de turno y presuntamente tampoco en el Poder Judicial. (Sentencia-Sala-Primera).
El allanamiento a la CCSS por el llamado caso “barrenador” puso nuestra seguridad social en primer plano.
Pocos pueden alegar desconocimiento de estas maniobras e infecciones. La Auditoría Interna de la CCSS, la Contraloría General de la República y hasta la Defensoría de los Habitantes, conocen estas conductas inexplicables, que podría constituir un presunto delito desde hace décadas; pero nunca las denunciaron, ni importó a nadie. Se acomodaron a recibir sus altos salarios sin decir esta boca es mía, mientras los gusanillos barrenadores crecían y se reproducían. (Ver Auditor-Olger-Sanchez-CCSSy Defensoría-Habitantes).
Cuando un ciudadano, en su condición de trabajador y asegurado, hizo ver al ministerio público el olorcillo que salía desde adentro, ese ministerio archivó una de las denuncias interpuestas, y alegó: “Este recurso se está declarando inadmisible por el principio de Taxatividad Subjetiva, por lo ya apuntado al considerar que el señor Rodrigo Arias López no es víctima en la presente causa y no ostenta esa condición que establece la ley, en el artículo 282 con relación al 437 e interpretando a la luz del 70 del C.P.P, en virtud de ello se declara inadmisible el recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de las 10:30 minutos del 20 de noviembre del año 2018 donde se dictó (sic) la desestimación de la causa y por lo tanto se declara en firme aquella resolución.” (La negrita no es del original y para un ahondamiento del asunto puede consultarse el Voto 21-2019, Expediente 18-000119-1218-PE, del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. (Denuncia-Fiscalía).
Es menester recordar que, por esa fecha, la fiscalía general de la república, la ocupaba Emilia Navas Aparicio, y ahora quien la sustituyó en el puesto, Carlo Díaz, declaró la guerra al gusanillo ese en la Caja, lo cual supone, entendiendo bien el significado de “lucha contra la corrupción”, una buena fumigación a la mosca verde, por lo menos con tintura de yodo, sí de verdad hay decisión de limpiar el lomo de la institución.
Si bien los “barrenadores” han cumplido con creces a quienes los pusieron en la alta administración, el “barrenado” de las finanzas de la CCSS, ya es imposible maquillarlo. A fin de colaborar con la bitácora de la fiscalía general (él dijo que está abierto a las denuncias de la ciudadanía), así como con la discusión en el movimiento popular, se ofrecen a continuación cifras en colones, solo en relación con el rubro del artículo 9 de la Ley 7374, antes citado (Primer nivel de atención de la salud):
Gasto anual del primer nivel de atención de la salud en 2023: ¢728.425 millones (Ver Cuadro 31, pág. 76 de Estudio-CCSS).
Gasto contabilizado por la CCSS a cargo del Estado en 2023: ¢19.595 millones (Ver cuenta contable 131268 EF-SEM-CCSS-DIC-2023).
Monto presuntamente dejado de contabilizar y de cobrar al Estado en 2023: ¢708.830.
Monto presuntamente pagado por el Estado: cero colones.
A lo anterior, hay que agregar que, en los estados financieros con corte al 31/12/2019, solo aparece el 2,5% del costo real, más los intereses simples, con un saldo acumulado en 30 años de solamente ¢436.081 millones, y otro, en el cual se da a entender, que ese saldo es diminuto, porque se lo comieron las larvas barrenadoras. Esto por cuanto, el reclamo hecho, tomando en cuenta el 100% del costo -en lugar del solo el 2,5%- del primer nivel de atención con corte a setiembre de 2019, es de ¢5.933.726.567.501,95 (casi ¢6 billones) (Punto 2 dentro de la ejecución de sentencia citada líneas arriba) de la pretensión firmada por Gustavo Camacho Carranza, representante judicial de la CCSS, en julio de 2020, expediente 13-006261-1027-CA. (Ver Ejecución-de-sentencia citada).
En este sentido, cuando la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicitó al Gerente de la CCSS, Lic. Gustavo Picado Chacón “actualizar el monto del principal y de los intereses de la pretensión de liquidación de sentencia que presentó el Sr. Gustavo Camacho Carranza Abogado 16689 ante el EXPEDIENTE: 13-006261-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, ya que dicha pretensión está desactualizado a setiembre de 2019 y que una vez que haya sido actualizado nos suministren una copia”, recibió como respuesta lo siguiente: “Conforme a la naturaleza del proceso judicial de ejecución, los montos incluidos en la pretensión institucional son debidamente actualizados según se avance en las etapas procesales del procedimiento y en estrecha coordinación con el Abogado Director del caso, según se requiera. En tal sentido, en el momento que se proceda con lo indicado se les informará lo correspondiente.” (Oficio GF-3403-2024 del 12 de setiembre de 2024). Esto demuestra el interés real que tienen quienes toman las principales decisiones en la CCSS y que giran las instrucciones de los montos que se deben contabilizar en los estados financieros como responsabilidad del Estado, según la Ley 7374, a fin de que la deuda estatal con la Caja luzca pequeñita -unos ¢4 billones-; y por carambola y para felicidad de los organismos financieros internacionales (Juan Rafael Mora, posiblemente los hubiera mandado al carajo) siguen dando préstamos e hipotecando las futuras generaciones para que avance el plan incontenible ideado por nuestras élites desde 1982 hasta hoy.
La comparación hecha por la fiscalía general de la república con la mosca productora del gusano barrenador con la presunta compra por la Caja con sobre precios en servicios médicos a cooperativas, cobró relevancia con la detención reciente de altos personeros ligados con el Seguro. (Imagen con fines ilustrativos: La-Región).
De esta manera, tenemos algo así, dos formas paralelas de acumular los ingresos por las deudas en relación con la deuda del Estado por el artículo 9 de la Ley 7374, que suma para la CCSS solo el 2,5% del costo de lo que antes tenía el ministerio de salud, rondando los ¢4 billones (ver Deuda-Estado-CCSS), y que de paso, tanto sorprende ahora, a la diputada del PLN Paulina Ramírez.
La otra contabilidad, no oficial y en las tinieblas, originada por el 100% del costo de atención primaria de la salud acreditada a el Estado, superaría la astronómica suma de los ¢20 billones, a setiembre de 2024. En todo caso, sea el primer saldo o si prefieren el segundo, la barrenada es grande y la sentimos la mayoría de costarricenses sin acceso a las cadenas de hospitales privados, cada vez que usted hace fila en un centro de salud de la Caja, su cita con un especialista es para el otro año y la tan esperada intervención quirúrgica urgente se practicará hasta dentro de dos años, sí está viva todavía. ¡Y recuerde: calladito es más bonito desde hace 42 años!
Según datos divulgados por la misma CCSS, hay un aumento de las citas en espera de 174.815 a 187.548 y una reducción de 552 días de espera en promedio en cirugías en enero de 2023 a 421 días en agosto de 2024. A fin de contribuir con el estudio y el análisis, dediquemos tiempo a los siguientes gráficos.
Respecto con las listas de espera para consulta externa, el plazo promedio de retraso se incrementó de 371 días en enero de 2023 a 425 días en agosto de 2024, mientras que la cantidad de citas en demora creció de 219.619 a 310.098.
El copago de servicios se suma la tercerización: El presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre en Puntarenas, confirmó que la compra de servicios médicos a el movimiento cooperativo incluye procedimientos quirúrgicos.
Las declaraciones del mandatarioesclarecieron recientes dudas entre un importante sector sindical dentro de la CCSS y los agentes cooperativos asignados por las altas autoridades de la Caja para que se hagan cargo de los centros de atención primaria de salud, durante un periodo de 10 años.
La polémica sobre sí, la llamada “tercerización” de la medicina preventiva incluía ya algunas cirugías, estalló esta semana cuando trascendió que la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Atención Integral (Coopesain) ha brindado servicios mediante contratación a la Caja para la atención de procedimientos de cirugía mayor ambulatoria a pacientes pediátricos del área de atracción del Hospital Nacional de Niños. Contabilizando desde el año 1991 a julio de 2022 un total de 42.763 niños intervenidos quirúrgicamente.
Las categóricas afirmaciones fueron recogidas por el periódico digital El Mundo cr, el pasado 27 de setiembre, atribuyendo a el gerente de Coopesain RL, Walter Zúñiga, tales cifras en el marco de un desencuentro entre el presidente del Movimiento Cooperativo, Freddy González Rojas, y el dirigente sindical y secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Lenin Hernández. (ElMundo.cr).
La política cada vez más evidente de obligar a la Caja a entregar estratégicos servicios relacionados con la salud de todos los costarricenses, ha estado presente en todos los últimos gobiernos, caracterizados, unas veces con la privatización (eufemísticamente llamada cooperativización o llanamente tercerización), otras quitando legal o de hecho a la rectora de la protección social en el país la producción de medicamentos, más allá que no sea la crema de rosas, a pesar de la cantidad de excelentes profesionales con que cuenta en todas sus áreas, pasando por el envío de pacientes a realizarse exámenes a centros privados, hasta llegar a la más reciente propuesta de copago de servicios dizque para enfrentar las listas de espera.
Pareciera que, desde aquel 1º de noviembre 1941, cuando por la ley número 17 nació la querida Caja – estamos a menos de un mes, este 1 de noviembre , de celebrarle cumple 83 años- no han dejado de manosear sus entrañas para acabar con el pilar de la contribución tripartita y solidaria, a fin echar por el suelo el sueño de cientos de humildes herederos de Juan Rafael Mora, excelentemente interpretados por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder comunista Manuel Mora Valverde, cuando pensaron en no dejar a nadie sin seguro social, frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.
Las millonarias deudas de la CCSS sin pagar o sin cobrar, así como rebajos en las cuotas para este o aquel otro sector, por politiquería, populismo o por más bonito que venga tal relato, no es otra cosa que una simulación de nuestras élites para barrenar los derechos de todos nosotros a una atención eficaz ante la enfermedad y el auxilio social ante la invalidez, la vejez y la muerte.
¡Tenga cuidado: a veces los confites vienen envenenados!
Cuestionados por privatizar 10 áreas de salud con sobreprecios
Comunicado de UNDECA
UNDECA presentó una fundamentada denuncia en el Ministerio Público, con el objeto de que se investigue la responsabilidad penal que, conforme a derecho, le pudiera corresponder a la Presidenta Ejecutiva, directores y otros funcionarios de la CCSS, que participaron y aprobaron la adjudicación de 10 áreas de salud, favoreciendo a varias cooperativas y un consorcio hospitalario privado.
Además, solicitamos que, de conformidad con el Código Procesal Penal, se aplicaran las medidas cautelares pertinentes contra los imputados, entre ellas la separación del cargo de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, los otros directores y María de los Ángeles (Marielos) Gutiérrez Brenes, sin goce de salario o dietas.
Asimismo, UNDECA amplió su petición de medidas cautelares, a raíz del sorprendente nombramiento que realizó Marta Esquivel, favoreciendo a la coimputada Marielos Gutiérrez, en el cargo de gerente general, con un salario superior a los 5 millones de colones, cuya acción de personal firmó el día siguiente al que fue dejada en libertad; no es un nombramiento cualquiera, es en uno de los puestos de mayor jerarquía institucional. cuya conducta refleja la total inconveniencia de que regrese a su cargo, como si nada hubiera pasado.
En el caso Barrenador, aunque entendemos su complejidad y la atención mediática, la tardanza en la implementación de medidas judiciales puede tener consecuencias graves para testigos y denunciantes: riesgos laborales, personales -incluyendo amenazas a la vida y la integridad física- además del riesgo para la integridad del proceso judicial.
UNDECA ha insistido ante las autoridades judiciales, que es absolutamente necesario, imprescindible, que por lo menos sean separadas de sus cargos jerárquicos, sin goce de salario y dietas, Marta Eugenia Esquivel, los demás directores y funcionarios que participaron en la aprobación de aquella adjudicación.
“Hacemos una instancia respetuosa a las organizaciones para que se pronuncien, con la finalidad que se garantice la normalidad de la prosecución de la investigación penal, sin obstáculos de ninguna especie, impedir futuras situaciones de favorecimiento y evitar represalias contra las personas denunciantes, testigos, representantes y directivos de los sindicatos”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
Miguel Ureña Cascante Seccional CUT Ministerio de Hacienda
Si pudieron observar los acontecimientos en la prensa respecto a la situación de los directores de la CCSS, quizás pudieron alcanzar a analizar o preguntarse por qué la representación de los trabajadores no fue indagada o perseguida.
Muy fácil, fue esa representación la que encendió la luz amarilla, la alerta, lo que podríamos reprochar en esta organización es lo siguiente: En un equipo de balompié hay once jugadores, uno en la portería, hasta cuatro en la defensa, en la media cancha o en la delantera, todos no más de once, cada uno tiene su papel debidamente configurado y articulado. En ese caso, llamado Barrenador, ignoro el símil con el caso de la mosca, pues surge una paradoja similar. Los representantes de la patronal, de las cooperativas logran, según las noticias que circulan, el voto para adjudicar una millonada en servicios en Ebais según indican a 10 representaciones y 138 Ebais. Dicho de otra manera, una millonada asegurada por nada más nada menos que 10 años. Pero no actuaron en solitario como la mosca, sino como equipo.
Que los Ebais crezcan, no es malo, lo malo es que crezcan, sin controles, y la junta directiva comprometa más allá de lo permitido en la Ley 8131, por más de un periodo presupuestario, podrían quizás haber justificado como se hace en los alquileres, renovar cada año según las notas otorgadas por los usuarios, ya que mucho Ebais en la actualidad no pasa con nota de un cinco, es decir; se quedan para hacer un símil con la nota de uno a diez de la escuela.
Nos revelan los hechos, cómo los ricos quieren ser más ricos, y a los pobres hasta pisotearles en frente y a la inteligencia misma.
Dichosamente, abierta la persecución penal, no por prevaricato, sino por peculado, como indicara la abogada penalista Gloria Navas.
En otra silla sindical, este servidor de ustedes, acusó ante el Ministerio Publico, a la junta directiva, hace unos 3 años atrás, solicitando se investigara el dolo por las pérdidas ocasionadas contra el Régimen de IVM de la nada despreciable suma de 183 mil millones de colones como medio punto del PIB en inversiones sin actuario matemático, pero lamentablemente aún persiste la duda, si lo lograron presentar el caso en etapa intermedia, para que; con los indicios, acusación y pruebas se determine si prosigue la fase de juicio.
En fin, observando las personas señaladas, hasta los representantes del gobierno fueron señalados, y aún persiste las audiencias para determinar las medidas cautelares.
El costarricense por naturaleza, estos eventos los reprocha mucho o se identifica con la víctima, llamado el síndrome de Estocolmo si no me equivoco.
Gente… como dicen algunos tiktoker, es que no son unos cinquillos, realmente debemos poner la atención suficiente, el impacto mismo en la seguridad social, es decir, no queremos atención deficiente, mala, pero tampoco queremos promover unos se hagan ricos a costillas del pueblo mismo.
Esperamos su estudio y análisis de los eventos entre el Ministerio Público y los directores de la CCSS, nosotros somos pesimistas con los estudios actuariales de la CCSS en el régimen del IVM, y por eso queremos evitar una debacle, prepárese usted también y apoye la iniciativa de la convención colectiva.
Se presume le debe Hacienda a la CCSS mucho dinero, en consecuencia, que nuestros aportes se los rebaje de deuda y aplique para la pensión con cargo al Presupuesto Nacional y con ello asegurarnos la premisa que el IVM puede quebrar, pero el Estado no quiebra.
