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Etiqueta: CCSS

Carta abierta a la ministra de Salud

San José, 9 de diciembre de 2024

Carta abierta a la ministra de Salud de quienes nos graduamos de Medicina con usted (miembros de la generación ucr 2006)

Dra. Mery Munive Angermüller Ministra de Salud.

Gobierno de Costa Rica

Quienes suscribimos esta carta formamos parte de la generación que compartió los años universitarios con su persona, y queremos evidenciar nuestra preocupación con las medidas que propone la declaración de emergencia nacional por la salida de especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entre otros temas relevantes. Creemos plenamente que como Ministra de Salud y a su vez Vicepresidenta de la República, condición que no se ha presentado históricamente en nuestro país, tome las mejores decisiones para la población en general, alejadas de posturas políticas y bajo la óptica del bien común de todos los costarricenses.

Los abajo firmantes llevamos más de 18 años de práctica profesional y somos una combinación de médicos especialistas y generales que hemos visto la evolución de la CCSS en estas últimas dos décadas, tanto en su apartado asistencial como en cuanto a la formación de grado y posgrado de las áreas de la Medicina.

Ante la coyuntura actual, coincidimos con todos los grupos gremiales y distintas voces institucionales y personales que llevan mucho tiempo siendo claros en describir la solución real al problema como una necesidad de abordaje claro, programado y organizado de formación, distribución y políticas de retención de especialistas. En este último apartado, unas políticas de retención que disten de los mecanismos actuales de medidas coercitivas y que simplemente mejoren dicha permanencia con políticas llamativas, para que los especialistas deseen seguir perteneciendo a la Institución.

La solución que se presenta por parte del Ministerio de Salud, ante un problema que se genera y perpetúa en la CCSS, siendo organismos completamente diferentes, con autonomías y competencias tan distintas, nos genera una gran preocupación por las razones que expondremos a continuación.

  1. Como primer punto, es importante recalcar que se está buscando una solución de emergencia a una problemática que ha sido manifestada con mucha antelación, por lo que la declaración de emergencia nacional sólo responde a una respuesta reactiva, que, en lugar de atacar el problema, pone en riesgo a la población, agrava e incrementa los problemas de dentro de la Institución y asume al país en un escenario de incertidumbre e inestabilidad aún mayor.
  2. Como compañeros que hicimos internado en el año 2006, nos preocupa enormemente que se plantee como solución el hecho de que se establezca un centro de atención telefónica para la población general, atendido por Internos Universitarios, futuros colegas que aún no se han graduado, que no cuentan con los avales respectivos para la práctica profesional y cuyo marco legal tanto para la protección de pacientes como para su misma protección médico-legal es imprevisible, ¿sería el Ministerio de Salud, en su representación, quien asumiría toda la responsabilidad de los casos cuyo manejo sea cuestionable? Y sinceramente, reiteramos, como colegas que hicimos el internado junto a usted, luego de 18 años de carrera profesional, si hubiéramos sido nosotros quienes en esa época nos hubiéramos tenido que enfrentar ante esta coyuntura, en ese momento nos hubiéramos negado, es evidente que no teníamos la capacidad para llevar el peso sobre la primera atención del país de forma telemática, es mucha responsabilidad para un grupo de estudiantes.
  3. En el mismo pensamiento del punto anterior, el distribuir médicos residentes para labores de especialistas, los cuales aún no han sido debidamente aprobados o incorporados como tales, sin supervisión, genera una situación de riesgo para los pacientes y a los mismos profesionales, riesgos que son evidentes y no hace falta enumerar. Se nos genera la misma inquietud, ¿sería el MS quien respondería cuando estos riesgos lamentablemente se materialicen?
  4. Nuevamente, bajo la misma línea de pensamiento, si cada posgrado requiere de tantos años para considerar a un especialista como debidamente formado, estándares que se siguen a nivel internacional, entonces, bajo cuál óptica considera adecuada que médicos generales, de los cuales no ponemos en duda su dedicación y deseo de superación o aprendizaje, sean los responsables de decisiones propias de especialistas. Esto generaría serias dudas sobre la seguridad y calidad de los servicios brindados, poniendo en riesgo innecesario a la población y nuevamente exponiéndolos a ellos mismos a procesos legales de mal praxis, dado por una práctica clínica cuya pericia aún no ha sido desarrollada. Lo mismo aplica el sugerir que procedimientos o tratamientos médicos sean realizados por personal de enfermería sin formación específica en tales menesteres.
  5. Sobre la contratación de médicos especialistas extranjeros. El hecho de crear un mecanismo acelerado de incorporación, mediante el cual la calidad o idoneidad de los profesionales no haya sido evaluada, pone nuevamente en riesgo la atención de la población. El Colegio de Médicos ha sido claro en agilizar la incorporación, pero siempre y cuando aprueben los mecanismos establecidos para tal fin, por lo que abrir un portillo en donde profesionales, sin una formación debidamente acreditada sean incorporados, podría ser arriesgado e iría en detrimento de la atención de los pacientes.
  6. Además, estos nuevos médicos extranjeros, por efecto de la ley, entrarían con salario global, por lo que no entendemos las excusas presupuestarias de mejorar las condiciones de los trabajadores actuales de la Institución.
  7. En cuanto a la práctica de médicos especialistas nacionales que trabajen en el extranjero mediante modalidad de tele consulta. ¿Cuál sería el mecanismo para fiscalizar su labor y a la vez garantizar la atención que recae sobre un profesional que se encuentra fuera del país?, ¿bajo cuál legislación debe ser tratado? ¿Como regularían la seguridad y privacidad de los datos de manera transfronteriza?, ¿Cuenta el país con la capacidad de resguardar los datos de los pacientes si estos se exportan a otro territorio?
  8. Por otra parte, y ajeno a la declaración de emergencia, hay otros elementos que consideramos que sus declaraciones son ajenas a la verdad y falta al respeto a muchos de los colegas médicos y especialistas. El primero aducir que la salida de los especialistas va en contra del juramento hipocrático, el cual todos hicimos en nuestra incorporación, específicamente al decidir algunos abandonar temporal o definitivamente la CCSS, ya que el juramento no hace alusión alguna a que un médico quiera mejorar sus condiciones de vida si así le parece. Consideramos que estas decisiones son personales e individualizadas, basadas en el entorno social y temporal que rodee esa decisión en particular, decisiones que son inherentes a todos los seres humanos y somos conscientes que usted en algún momento tuvo que tomar. Por lo cual no entendemos la razón por lo que ahora lo considera punitivo si la situación es de otros colegas y lo señala así ante la opinión pública, provocando un deterioro de la opinión hacia el gremio de forma innecesaria.
  9. También consideramos desafortunado el comentario haciendo alusión a que salir de la CCSS y volver a entrar luego de un mes fuera, es un acto de ilegalidad y que puede conllevar a implicaciones penales (Fraude de Ley). Nuevamente, no entendemos la necesidad de generar en la población general la sensación de que el gremio médico es un grupo con dudosa ética profesional, situación que, salvo casos esporádicos, está muy lejos de la globalidad de los profesionales. La misma CCSS está estableciendo mecanismos para recontratación ante la ausencia de respuestas tacitas y concretas a la problemática, respuestas que evitarían que este cese o renuncia más recontratación se realice.

Como compañeros de Generación, muchos de los cuales llegamos a considerarla como una amiga, preocupada por los problemas trascendentales del país y quienes vimos en su nombramiento como una oportunidad de mejora nacional, nos vemos en la obligación moral de hacerle llegar esta carta, para expresar nuestro descontento con la dirección que están tomando sus decisiones como Ministra de Salud y consideramos que es la percepción global del gremio, no sólo nuestra, muy particularmente de quienes estamos preocupados por la estabilidad de una Institución como la CCSS, de la cual dependen todos los costarricenses en alguna medida.

Tal y como muchos grupos del país han manifestado, el problema de la fuga de especialistas no es un tema salarial ni presupuestario, es un tema de justicia social, desigualdad e inequidad, por lo que las medidas explicadas en la declaración de emergencia solamente vienen a agravar una situación complicada, pero que tiene en su origen en esa disparidad creada por la implementación de la ley de empleo público.

Abogamos más bien, para que desde su formación profesional e investidura, con las calidades anteriormente mencionadas y alejadas de posturas políticas, se valoren las soluciones reales y efectivas a esta problemática, no soluciones que generan una situación de mayor riesgo para los pacientes, quienes son y deberían ser siempre el eje central de todas las discusiones y decisiones que se generan en torno a la salud del país, son ellos nuestro verdadero motor por lo que instamos a soluciones reales en pro de su beneficio, no medidas en las que se expongan a más contingencias innecesarias.

Atentamente.

  • Dr. Pablo Pujol Valverde. Código profesional 9372. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
  • Dra. Mayleen Cerdas Ureña. Código profesional 9331. Especialista en Anestesiología y Recuperación.
  • Dra. Adriana Arias Guillén. Código profesional 9177.

Especialista en Ginecología y Obstetricia. Medicina Materno Fetal.

  • Dra. María José Soto Agüero. Código profesional 9321.

Especialista en Medicina Crítica Pediátrica. Subespecialidad en Medicina Critica Cardiaca Pediátrica.

  • Dr. Allan Ramos Esquivel. Código profesional 9246.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Oncología Médica.

  • Dr. José Pablo Sánchez Valverde. Código profesional 9227. Especialista en Medicina de Emergencias.
  • Dr. Víctor Otárola Alfaro. Código profesional 9073. Médico general.
  • Dra. Natasha Loria Terwes. Código profesional 9458. Especialista en Cirugía General y Oncología Quirúrgica.
  • Dr. Henry Chan Cheng. Código profesional 9184.

Especialista en Medicina Interna. Subespecialista en Inmunología Clínica.

  • Dr. Marco Vinicio Gutiérrez Castro. Código profesional 9271. Especialista en Otorrinolaringología.
  • Dra. Krhisty Arias Mejía. Código profesional 9255.

Especialista en Medicina de Emergencias. Subespecialista en Urgencias Neurológicas.

  • Dr. Juan Pablo Pacheco Rojas. Código profesional 9229.

Especialista en Ginecología y Obstetricia. Subespecialista en Andrología Clínica.

  • Dr. Rolando Álvarez Chaves. Código profesional 9078.

Especialista en Ortopedia y Traumatología. Especialista en Medicina Laboral.

  • Dr. Angie Hernández Cubillo. Código profesional 9199. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
  • Dr. Alejandro Calderón Céspedes. Código profesional 9064. Salud pública.
  • Dr. Marlon Rojas Alvarado. Código profesional 9205. Especialista en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva.
  • Dra. Natalia Solís Rojas. Código profesional 9233.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Infectología.

  • Dr. Isaac Felipe Fonseca Hidalgo. Código profesional 9204.

Especialista en Ortopedia y Traumatología. Subespecialista en Reconstrucción Articular de Cadera y Rodilla.

  • Dr. Carlos Alberto León Céspedes. Código profesional 9245. Especialista en Reumatología.
  • Dr. Sergio Campos Barquero. Código profesional 9320. Especialista en Otorrinolaringología.
  • Dra. Cinthia Cruz Romero. Código profesional 9533. Especialista en Radiología e Imágenes Médicas.
  • Dr. Allan David Mora Cascante. Código profesional 9230. Especialista en Ortopedia y Traumatología.
  • Dr. Abner Daniel Aguilar Valdez. Código profesional 9126.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Endocrinología y Nutrición.

  • Dr. Christian Ramírez Alfaro. Código profesional 9174.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Subespecialista en Terapia Intensiva Neurológica.

  • Dra. Paola Castro Bejarano. Código profesional 9179. Especialista en Radiología e Imágenes Médicas.
  • Dr. Pablo Álvarez Aguilar. Código profesional 9211.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.

  • Dr. Manuel Moreira Carvajal. Código profesional 9089. Especialista en Anatomía Patológica.
  • Dr. Esteban Ruiz Blard. Código profesional 9373. Especialista en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva.
  • Dr. Fabian Rodríguez Bolaños. Código profesional 9183. Especialista en Dermatología.
  • Dr. Diego Ávila Sánchez. Código profesional 9363. Especialista en Medicina Interna. Especialista en Cardiología.
  • Dra. María Victoria Arguedas Astúa. Código profesional 9210. Especialista en Geriatría y Gerontología.
  • Dr. Saul Mauricio Rodríguez Sánchez. Código profesional 9079. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
  • Dr. Rafael Rojas Suárez. Código profesional 9075.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Hematología.

  • Dr. Marvin Sánchez Benavidez. Código profesional 9074. Especialista en Reumatología.
  • Dra. Martha Vargas Salazar. Código profesional 9406 Especialista en Anestesiología y Recuperación.
  • Dr. Mario Wong Méndez. Código profesional 9329. Especialista en Medicina Interna.

Imagen: Semanario Universidad

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

UNDECA continúa luchando por la salud pública

Arturo Abarca y Carlos Abarca comentan la exitosa reunión que tuvieron en la mesa de negociación con el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, autorizada por la CCSS. El objetivo de la reunión  fue la búsqueda del mejoramiento de la salud de las personas usuarias en esta materia de la medicina.

Específicamente el enfoque de UNDECA es ver la necesidad de la población que requiere el servicio así como el personal de los servicios de salud pública. En esta mesa participaron la directora médica, el administrador y los profesionales del centro y se llegó a varios acuerdos; también se definieron mecanismos de seguimiento.

Los acuerdos tomados son: 1) El centro médico fortalece la visita domiciliar, lo que implica más equipo médico, 2) a partir de enero la apertura de 24 horas para este centro, es decir mejor calidad de atención, 3) ampliación del Servicio de Intervencionismo Paliativo, 4) el traslado de la plaza 48184 Médico Especialista en Medicina Paliativa al Hospital San Vicente de Paul, Heredia y 5) solicitud de nuevo recurso humano para el Centro Nacional.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS y el Ministerio de Trabajo rechazan el reajuste a las pensiones del Régimen No Contributivo

Ante la solicitud de reajuste de pensiones gestionada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social mediante el documento ACSS-007-2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS emite una respuesta negativa mediante los documentos GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024.

Por un lado la CCSS declara el recurso de apelación sin lugar, en donde se menciona que GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 y GP-DAP-0996-2024/ GP-1572-2024 se evidencia la realidad financiera que hay en el RNC y por ende “ (…) se adjuntan una serie de oficios que muestran que los recursos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apenas alcanzan para cumplir con las obligaciones actuales, es decir, para el pago de pensiones y el cumplimiento de las metas. (…)”.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo declara sin lugar el recurso de apelación debido a que las solicitudes planteadas exceden el ámbito del acto administrativo recurrido, es decir, específicamente por improcedencia, inconsistencia e interpretación.

Para más información le invitamos a leer los documentos: 1) Resolución n.° GP-1866-2024 y 2) Resolución RRAPE-MTSS-DMT-42-2024.

No les importa la CCSS, pero tu vida depende de ella – campaña de UNDECA y BUSSCO

Tu vida depende de la CCSS ¿Sabías qué? En Costa Rica las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte y presentan el 23% de las muertes en el país. cerca de 14 decesos diarios.

La deuda del gobierno con la Caja. 

Provoca diversos problemas en la institución que afecta directamente a todos los costarricenses. Pacientes con infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales periféricas y coronarias y accidentes cerebrovasculares, con peligro a su vida, deben esperar en las listas de muerte por falta de especialistas  y otros personal. Ellos quieren privatizar estos servicios ¿Sabes cuánto tendrías que pagar?

Comparaciones. 

Servicio 

CCSS (asegurado)

Privado (sin seguro)

Electrocardiograma

Gratuita

$60 a $150

Resonancia magnética

Gratuita

$800 a $1,500

Controles

Gratuita

$50 a $300 mensuales

Rehabilitación

Gratuita

$500 a $2,000 mensuales

Implante marcapasos

Gratuita

$12,00 a $18,00

Cirugía reemplazo valvular 

Gratuita

$25,000 a $50,000

No contempla costos de hospitalización y medicamentos en hospitales privados. 

Una Caja para siempre, necesita que la defiendas siempre.

Esto es parte de la campaña que realizan UNDECA y BUSSCO.

UNDECA exige justicia salarial: La crisis tiene solución

Ante la grave crisis sanitaria que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus impactos en la población costarricense, UNDECA manifiesta con firmeza:

Desde hace tiempo advertimos que el Combo Fiscal y la Ley de Empleo Público generarían profundas injusticias salariales entre las personas trabajadoras y afectarían gravemente la calidad de los servicios públicos esenciales para la población.

Hoy, vemos con preocupación cómo el gobierno actual mantiene una alarmante inacción frente a esta crisis. La falta de medidas concretas revela una intención clara de debilitar y privatizar la CCSS, en lugar de fortalecerla y atender las necesidades urgentes de la población.

El caso de los especialistas es un ejemplo crítico. No es justificable que trabajadores con igual preparación y experiencia perciban hasta un 60% menos salario que sus colegas. Sin embargo, esta crisis tiene solución. La Procuraduría General de la República, mediante el dictamen PGR-C-282-2024, estableció que “es jurídicamente factible valorar ajustes a la base salarial compuesta de los funcionarios de la CCSS”.

Pese a esta posibilidad, la inacción de las autoridades de gobierno y del Ministerio de Salud está obligando a médicos especialistas a renunciar.

A esto se, suma la exclusión injustificada de especialistas costarricenses graduados en el extranjero, entre ellos 30 especialistas en anestesiología y recuperación, quienes enfrentan reiterados obstáculos para colegiarse y trabajar, mientras miles de pacientes esperan atención urgente.

UNDECA propuso, en la Mesa de Trabajo de especialistas y listas de espera, a la Defensoría de los Habitantes, al Colegio de Médicos, Ministerio de Salud, universidades y a autoridades de la Caja, desde enero de este año, la contratación urgente de todo ese personal especializado.

UNDECA denuncia que la crisis no es responsabilidad de los y las trabajadoras, sino de la falta de voluntad política y solidaridad de quienes tienen el poder de actuar.

Es imperativo que la CCSS garantice salarios justos para todos sus trabajadores y priorice las soluciones propuestas, evitando así el colapso de los servicios y una trágica navidad para las familias costarricenses.

UNDECA exige justicia y acción inmediata. ¡La crisis tiene solución!

San José, 07 de diciembre de 2024

UNDECA exige más recursos humanos para garantizar calidad en la atención de la CCSS

UNDECA como organización sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) participaron en una reunión convocada para abordar temas cruciales como el tiempo extraordinario y la creación de nuevas plazas. Tras la exposición del gerente médico, los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con los números presentados y destacaron la urgencia de reforzar los recursos humanos para garantizar la calidad y calidez del servicio que siempre ha caracterizado a la institución.

Los sindicatos subrayaron que la falta de personal afecta la atención de los pacientes y anunciaron la solicitud de una nueva reunión en los próximos días. En este encuentro, esperan la participación del gerente financiero, el director de Recursos Humanos y el gerente administrativo para explorar soluciones como el incremento de personal, la reconversión del tiempo extraordinario u otras modalidades que respondan a las necesidades actuales de la institución y sus pacientes.

Infraestructura prioritaria de salud presenta atrasos significativos

La Contraloría General de la República emitió un comunicado a la Caja Costarricense de Seguro Social respecto del programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura, y equipamiento de los centros de salud a su cargo, con el apoyo del fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica. El objetivo de este programa es aumentar la capacidad instalada, mediante el desarrollo de 53 obras de infraestructura de salud, entre otras obras para el periodo 2017-2024. 

No obstante, desde que la falta de programas funcionales por parte de la CCSS le impidió al Fideicomiso dar órdenes de inicio a las primeras obras hasta 2019 se han presentado problemas. 

Se halló que la CCSS no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos, la sostenibilidad de los recursos en el tiempo y la administración de los riesgos para el logro de los objetivos. Además, la junta directiva de la CCSS sin fundamento en estudios técnicos de costo-beneficio y de forma paralela a la gestión del fideicomiso, suspendió proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, incluidos cerca de 50 proyectos de este programa, reanudando únicamente 30 de éstos en mayo 2023, y  durante la vigencia del plazo del contrato de fideicomiso (2017-2024) no se concretó la entrega de ninguna obra.

También el programa inició con imprecisiones en la estimación de los metros cuadrados de construcción, así como la omisión de los costos de adquisición de terrenos y el mantenimiento de las obras Se decidió ampliar el plazo del contrato por 7 años más, pero prevalece la indeterminación en cuanto al alcance del programa.

Información compartida con SURCOS.

Audiencia para SINAME en la Asamblea Legislativa

Este martes 19 de noviembre, el presidente de SINAME, Dr. Mario Quesada, compareció por segunda ocasión ante la Comisión Investigadora de la CCSS para referirse a las presuntas irregularidades que han sido denunciadas en torno a esta institución.

Durante la comparecencia, el presidente de SINAME, indicó a los diputados que el país no tiene un faltante de médicos especialistas, de acuerdo con datos del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Además, destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley 24.239 presentado por SINAME y la diputada del PLN, Kattia Rivera, el cual permitiría a los médicos especialistas trasladarse a salario global.

Recientemente, más de 90 de estos profesionales presentaron su renuncia o realizaron un cese de nombramiento a la CCSS ante la falta de solución a esta problemática por parte de las autoridades.

En esa línea, el Dr. Mario Quesada destacó que cada vez que se va un profesional de la CCSS, también se pierde un profesor, pues ellos mismos fungen como tutores en el posgrado de Especialidades Médicas de la UCR.

Agregó también que el Gobierno de Rodrigo Chaves continúa acumulando una deuda con la seguridad social, siendo esta ahora mayor a 4 billones de colones.

A esta deuda se suman 29 mil millones de colones correspondientes a impuestos al tabaco -que por ley le corresponden a la CCSS- y que el Ministerio de Hacienda no está trasladando. Este dinero es utilizado en la institución para atender a pacientes con cáncer.

Finalmente, el presidente de SINAME destacó a los legisladores que se han presentado problemas por programas que se manejaron políticamente, como las listas de espera en mamografías. En su criterio esta fue una idea que salió del Ministerio de Salud sin sustento técnico.

Nota: Pueden observar la audiencia de este martes en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/VVTLqgFzUaw?si=6vmOpQLkOOnecMaH

Fuente: Boletín SINAME

Compartido con SURCOS.

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

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