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Etiqueta: CCSS

Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará resultados del modelo de gestión de la CCSS

Emite recomendaciones a Junta Directiva para entrega de información

Como parte de la investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes sobre el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emitió una serie de recomendaciones a la Junta Directiva, en aras que facilite una serie de datos e información que permita hacer un análisis de resultados de gestión y su impacto en la población.

El informe establece la necesidad que se envíe a esta Defensoría un informe sobre el estado de avance del proceso de implementación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo, Implementación y Control del Sistema de Gestión de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la CCSS”, al 28 de junio del 2024, que incluya, un detalle de la eliminación de deficiencias y distorsiones que se han venido creando a través de los años, con responsables en el proceso y rendición de cuentas a la sociedad civil.

También se requirió el estado de cumplimiento de la implementación del “Modelo de gestión para resultado a nivel institucional”, conforme con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y su articulación con la política institucional de gestión integral de riesgos.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de disponer, en un mes, de los objetivos, metas, indicadores y acciones que permitan vincular la alineación del “Manual de Iniciativas y Portafolio de Proyectos (versión 2.0)” con el Plan Estratégico Institucional 2023, que identifique que la infraestructura requerida responde a esa visión de la CCSS eliminando brechas e inequidades, distribución de recursos, oferta de servicios, planificación del desarrollo de prestación de servicios e infraestructura de apoyo requerida.

Además, la Defensoría requiere que al 30 de abril se envíe el análisis técnico jurídico que permita determinar la conveniencia y/u oportunidad de la inclusión de una cláusula del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, en el marco de la responsabilidad del fiduciario de multas por incumplimiento de obligaciones. A ello, el avance del trabajo de la comisión interinstitucional en relación del proceso de conciliación con el monto que el Estado le adeuda a la CCSS y definir la ruta de los pagos.

Para la Defensoría es fundamental que la Caja ponga a disposición de la Defensoría el avance del diseño y desarrollo de un sistema de costos que permita cuantificar los montos de actividades e intervenciones con mayor precisión.

Se solicitó a la Junta Directiva que envíe un informe sobre la evaluación de los proyectos prioritarios recientemente anunciados, a saber, construcción y equipamiento del hospital Tony Facio; la construcción del nuevo hospital Manuel Mora Valverde; el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y, la primera etapa del fortalecimiento del hospital de Guápiles, sus costos, estructura de financiamiento y la ruta crítica para su ejecución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó conocer el cronograma de prioridades en materia de inversión hospitalaria, donde se incluya la línea de tiempo de ejecución de cada una de las prioridades establecidas, estrategias de construcción, costo de cada proyecto donde se incluya, entre otros construcción, equipamiento y recurso humano. De igual manera, el portafolio de inversiones actualizado donde se identifiquen el inicio de obras para los próximos 12, 24 y 36 meses.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Un (des)acuerdo unilateral que polariza el conflicto laboral sanitario

Por Manuel Hernández, experto relaciones colectivas de trabajo

“El Tribunal considera que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical” (CORTEIDH, OC-27/21).

Todo conflicto laboral que se desarrolle en el ámbito del sector público, con mayor razón, si se trata de un servicio esencial de la comunidad, produce significativas consecuencias en el conjunto sociedad.

Por este motivo, nadie que aspire ser ciudadano, puede dejar pasar inadvertido un fenómeno social de esta envergadura.

En el marco del conflicto laboral de los médicos especialistas que laboran en la CCSS, cuyo movimiento gremial fue anunciado con suficiente antelación, la Junta Directiva de esa institución adoptó el último viernes, 05 de abril, en el artículo 4° de la sesión N°9431-2024, un acuerdo, conformado por un catálogo de instrucciones dirigidas a todas las instancias jerárquicas institucionales, direcciones médicas y administradores de centros de salud, que por mucho, está lejos de solucionar la problemática sanitaria.

Una de ellas, por cierto, instruye a la Gerencia General que en un plazo de dos meses, presente un proyecto de ley, para la creación de una Sociedad Anónima, propiedad de la Caja, cuyo objeto es realizar investigación clínica, docencia (campos clínicos), venta de medicamentos, equipos y servicios.

Sin duda, un punto controversial, extrañamente en el contexto de un conflicto laboral, que será objeto de múltiples reacciones.

En este artículo me interesa abordar la lógica política-jurídica, desde la cual se adoptó ese acuerdo, que pretende ajustar “unilateralmente” las bases de los salarios compuestos de los médicos, previo informe actuarial respeto de la sostenibilidad financiera.

El acuerdo enfatiza que la decisión definitiva, la adoptará “unilateralmente” ese órgano colegiado, condicionado al resultado del correspondiente informe actuarial.

De esta manera, se resalta que el eventual acuerdo, definitivo, se adoptará al amparo de las potestades de imperio de la Directiva de la CCSS, reflejando una posición unilateralista y nada democrática, que proscribe la participación legítima de los sindicatos interesados y la composición negociada del conflicto.

El incierto acuerdo de ese órgano supremo institucional, que en realidad, está en el aire, parte de la premisa infundada que al tenor del artículo 43 de la Ley Frankenstein, oficialmente titulada Ley Marco de Empleo Público, N°10.159, quedó prohibida la negociación de las remuneraciones de los funcionarios públicos, incluyendo el denominado salario global, que es el producto estrella de la ley.

Ahora, si bien es cierto que el texto de la norma, deja en interdicción la negociación colectiva de las remuneraciones de los servidores públicos, que cualquier admirador de la dictadura franquista se la hubiera deseado, por otro lado, no es menos cierto, que la aplicación literal de la norma, a rajatabla, está absolutamente superada, lo cual se explica a continuación.

Por un lado, la Junta Directiva de la CCSS ignoró la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Nº2021-017098, que dispuso, con ocasión de la consulta legislativa acerca del proyecto de esa ley, que el artículo 43 no es por sí mismo inconstitucional, en el tanto que se interprete que se pueden negociar las remuneraciones en convenciones colectivas, y desde luego, en cualquier otra negociación colectiva, siempre que se ajusten a parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad presupuestaria.

Hay destacar que este pronunciamiento constitucional no es una golondrina en verano; es decir, no es un fallo aislado, porque tiene su precedente en la consulta legislativa del proyecto de ley de Ajuste Fiscal, Ley N°9635, en el que ese Tribunal determinó que la negociación de las remuneraciones no constituye estrictamente materia reserva de ley, siempre que se materialice en pactos colectivos, conforme aquellos parámetros de razonabilidad y proporcionalidad (Voto 2018-019511).

Esto es pertinente resaltarlo, porque no obstante la posición conservadora que ha tenido la Sala en el tema, ese Tribunal reiteró lo que decidió en el Voto 2018-019511, que constituye la doctrina constitucional en esta materia.

Desdichamente esa doctrina constitucional, radicada en históricos y sendos pronunciamientos judiciales, de la mayor trascendencia, fueron olímpicamente inadvertidos por el órgano supremo de esa institución, curiosamente presidido por una funcionaria que integró la Sala Constitucional. ¡Cosas veredes, Sancho, que harán hablar las piedras!

Pero la Junta Directiva no sólo palmariamente desconoció la doctrina constitucional, sino que, además, como si esto fuera poco, despreció el reciente pronunciamiento de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTEIDH), OC-27/21, acerca de la libertad sindical.

Esta resolución de CORTEIDH, que no es cualquier alcaldía de pueblo, viene a configurar un nuevo paradigma de la libertad sindical en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En lo concerniente al derecho de negociación colectiva, particularmente en el sector público, la resolución de CORTEIDH, determinó 4 cuestiones fundamentales, que se pueden resumir de la siguiente manera:

En primer lugar, estableció que el derecho de negociación colectiva, en cualquier sistema democrático, es un componente esencial de la libertad sindical.

No es poca cosa lo que afirma la CORTEIDH, y mucho menos en una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, como lo declara a los cuatro vientos el primer artículo de nuestra Constitución Política.

En segundo lugar, la resolución reconoce que el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos está tutelado en el Convenio N°98 y N°151 de OIT.

En tercer lugar, preceptuó “que el Estado debe dar prioridad a la negociación colectiva como medio para solucionar conflictos respecto de la determinación de condiciones de empleo en la administración pública”.

Pero hasta aquí no llegan las inequívocas determinaciones de la CORTEIDH.

En cuarto lugar, y no menos importante, de manera categórica, dispuso que, en contextos de estabilización o crisis económica, los Estados “deben (…) privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público”.

Esta resolución de CORTEIDH es vinculante para todos los Estados del Sistema Interamericano, que desde luego Costa Rica tiene el deber de aplicar rigurosamente.

La CORTEIDH previene que su resolución es “de exigibilidad inmediata”; es decir, tiene una eficacia normativa directa, que las autoridades públicas, todas, tienen la ineludible obligación de atender, y además, realizar el correspondiente control de convencionalidad:

“Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un  Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones  internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.

No es ocioso indicar que un recientísimo dictamen de la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser amiga de los sindicatos, redimió precisamente esa opinión consultiva, lo cual amerita remarcar:

“Conclusiones:

  1. a) El control de convencionalidad implica verificar la compatibilidad de las

normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos

Humanos, la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados interamericanos de

los cuales el Estado es parte;

  1. b) El control de convencionalidad es una obligación que corresponde a toda

autoridad pública, judicial o administrativa, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes; (…)”

Esta resolución de la CORTEIDH fue también inadvertida por la Junta Directiva de la CCSS, que por un mínimo respeto del bloque de juridicidad, legal y constitucional, tenía que observar ese mandato y realizar el control de convencionalidad, conforme los términos de la Opinión Consultiva OC-27/21, adecuando su posición y encausando la solución del conflicto a buen recaudo de las vías de negociación colectiva.

Por contrario, en lugar de respetar aquella doctrina de la Sala Constitucional y aplicar esta resolución vinculante de CORTEIDH, la Junta Directiva se decantó por el autoritarismo, tratando de imponer una solución unilateral; que a fin de cuentas, resultó fallida, agudizando el conflicto y polarizando inconvenientemente la posición de las partes contendientes.

Algunos dicen que el conflicto de los médicos especialistas está en un callejón sin salida. Bueno si es así, la alternativa que queda para salir no está en otra parte que no sea volver al callejón, y de muy buena fe, negociar y negociar, con los legítimos representantes de los médicos, hasta que se procure, de manera consensuada, una verdadera y real solución a un conflicto que tiene en vilo a nuestra sociedad.

En la Suiza Centroamericana, que no hace mucho tiempo una pomposa ley declaró que la paz es un derecho humano fundamental, y en toda sociedad democrática, la paz se construye dialogando, y los conflictos de trabajo se resuelven recurriendo a las instancias civilizadas de la negociación.

La CORTEIDH dispuso que se debe priorizar, y aún más, privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo y solucionar los conflictos en la administración pública.

Esto es lo que debe comprender y cumplir la patronal de la CCSS.

Mientras tanto, el conflicto escala y se alarga, cuyas consecuencias se pueden agravar, instrumentándose el conflicto para privatizar el servicio público y favorecer, a manos llenas, los consorcios corporativos privados de la salud, que aplauden convenientemente hasta con las orejas, que no se restablece la paz laboral, en una de las instituciones más importantes y fundacionales del Estado Social y Democrático.

Por último, volviendo a lo que escribí al principio: nadie debe mirar la cara hacia el otro lado, porque esta controversia no nos es ajena.

Por tanto, en aras del bien común y la prevalencia del interés público superior, la ciudadanía debe presionar para que los actores legítimos, retomen el cauce de la negociación directa, porque, desde el punto de vista jurídico, legal y constitucional, no existe ningún obstáculo.

Lo único que ha hecho falta, y en demasía, es voluntad política.

¡El movimiento se demuestra andando!

Enviado a SURCOS por el autor.

Mensaje desde China Kichá: ¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!

Habitantes del territorio indígena China Kichá, alzan la voz de solidaridad en defensa de La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), bajo el contundente lema: «¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!».

En un mensaje emitido desde este territorio, Maureen Obando Ríos enfatiza que la existencia de La Caja y el seguro social es vital para su comunidad, ya que si no existiera, no tendrían los recursos para acceder a la salud a través de clínicas privadas o medicamentos. Expresa que La Caja tiene un papel fundamental relacionado a proporcionar medicamentos, referencias médicas y exámenes profundos, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para los habitantes. Por otra parte, Mariana Obando Ríos subraya que La Caja brinda servicios que son imprescindibles para su bienestar, asegurando que sin estos servicios no estarían bien atendidos.

También, Tomás Zuñiga Fernández expone la vulnerabilidad que enfrentaría la comunidad indígena en caso de que La Caja no existiera, ya que esta institución tiene una importancia vital para las personas mayores, niños y mujeres embarazadas. Desde su testimonio, la existencia de La Caja es crucial para su acceso a servicios médicos, ya que dependen del seguro proporcionado por el estado.

Maureen Obando finaliza añadiendo que los médicos incluso visitan las escuelas para atender a los niños, lo que hace a La Caja tener un papel crucial no sólo para su comunidad, sino para todo el país. Afirma que en lugar de debilitarse, La Caja debe ser fortalecida.

Este mensaje de solidaridad y defensa de la CCSS proviene del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) para comunicar la preocupación por la constante amenaza que enfrenta el seguro social en el país, tanto por parte del gobierno actual como por gobiernos anteriores.

Puede acceder al video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/o9VGEzezuBKQjh2i/?mibextid=WC7FNe 

Tigre de papel: “Yo no me le meto a Pilar Cisneros”

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

Hace unos meses un grupo de personas “aclamaron” hasta sacarle lágrimas de emoción a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Otras huestes hostigaron a periodistas de televisión, a quienes les cobraban supuestamente desinformar respecto al mejor gobierno en la historia de la humanidad.

Vasos comunicantes.

El Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, se dio a la tarea de analizar más de 60 videos y encontró vasos comunicantes de esas huestes con al menos tres diputados de gobierno.

En ningún momento Yanancy Noguera, presidenta de los comunicadores, afirmó tener pruebas contundentes de órdenes expresas de esos legisladores, simplemente denotó sospechosas afinidades.

Miedo al tren.

Rodrigo Chaves Robles, afirmó la presidenta del COLPER “se le metió al tren”, simplemente porque la jefa de la bancada oficialista Pilar Cisneros Gallo, se dio por aludida.

“¡Yo no me le meto a Pilar!” acotó el Presidente en la reunión de los miércoles, con compadres hablados de preguntas comodonas, elevando a la categoría de intocable a una simple mortal.

¿A cuántos más no se le atravesará quien ilusionó a su feligresía diciendo se comería todas las broncas?

De momento, como anunció a viva voz, no se le ha metido a los pensionados de lujo.

Tampoco, ha podido cerrar el periódico La Nación, Telenoticias o CRHoy.

¿Estaremos ante la figura del tigre de papel?

Defensoría investiga seguimiento médico a personas con crisis de salud mental

Determinar cuál es el seguimiento a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social que ofrece a las personas que han presentado una crisis de salud mental y que, por tal circunstancia, requirieron de internamiento en los hospitales Nacional de Salud Mental, el Calderón Guardia, el Chacón Paut y/o Tony Facio, hizo que la Defensoría de los Habitantes iniciara una investigación de oficio.

Se trata de personas que ya han presentado una crisis en su salud mental que puede implicar la persistencia de los ataques de ansiedad o pánico, las autolesiones o intentos de suicidio.

Durante el periodo de internamiento, estas personas reciben una atención constante, tanto por psiquiatras, como psicólogos o trabajadores sociales, según corresponda. No obstante, una vez egresadas de los servicios hospitalarios, deben esperar determinado plazo de tiempo para contar con una atención médica y psicológica adecuada, que podría implicar entre seis meses o más. En ocasiones, la alternativa que tienen es regresar a las salas de emergencias y volver a ser internadas o recibir en emergencia, la atención psiquiátrica que requieren.

Preocupa a la Defensoría que las personas con enfermedades de salud mental deben lidiar con una sociedad que los estigmatiza y discrimina, por lo que estas situaciones les impacta la vida familiar y su actividad productiva.

Es por esta situación que la Defensoría giró una serie de consultas al Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre las que destacan, si existe o no un programa de apoyo profesional para las familias de pacientes egresados y un programa de visitas al hogar. Además, si hay protocolos que definan el proceso de seguimiento de un paciente egresado hasta su resolución, si la entidad tiene estrategias de referencia a otros centros de salud como Ebais o clínicas para el respectivo seguimiento y cuál es el procedimiento, criterio y profesional que define el reingreso o rechazo de un paciente egresado.

A esta Defensoría también le interesa conocer si hay estrategias de seguimiento a los lugares de trabajo de quienes egresan y en caso de ser menores de edad y estudiantes, si hay o no contacto con los centros educativos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

La huelga es un derecho constitucional. Apoyemos a los médicos y a los educadores en sus luchas

Vladimir de la Cruz

Las huelgas, las protestas laborales que de esta forma se expresan o realizan, en la historia costarricense las conocemos desde el siglo XIX, desde hace más de 150 años, cuando se dieron las primeras protestas en este sentido en los trabajadores de telégrafos, cuando ya eran nacionales, siendo por ellas, tal vez las primeras huelgas o paros en el sector público nacional. El motivo de esa primera protesta fue el reconocimiento de pago, que no se les quería hacer, porque un huracán hizo caer las líneas telegráficas, cesando sus trabajos momentáneamente, por lo cual no se les quería pagar a los telegrafistas.

A partir de entonces hubo protestas y paros laborales, de las que tenemos registros. Durante la construcción del Ferrocarril al Atlántico, como se le llamaba, hubo protestas laborales de trabajadores traídos a esos trabajos. Protestas y paros de chinos y, especialmente, de los trabajadores italianos que realizaron la huelga más grande, hasta ese momento realizada en el país, con importantes movimientos de solidaridad con ellos en Turrialba, Cartago y San José.

Las protestas giraban alrededor de las condiciones de trabajo, atraso en el pago de salarios e incumplimientos de las cláusulas laborales pactadas. La huelga de los italianos repercutió para que, en los primeros años de explotación bananera, en las fincas que se fueron desarrollando alrededor de las líneas férreas, se produjera un movimiento huelguístico en 1888. Desde ese momento hasta la gran huelga bananera de 1934, dirigida por el naciente Partido Comunista en 1931, hubo casi una docena de protestas laborales en las zonas bananeras.

A finales del siglo XIX se habían movilizado en protestas laborales otros sectores de trabajadores, entre ellos maestros, operarios de diferentes oficios, diversos trabajadores del puerto de Puntarenas.

En una de las huelgas en el Atlántico a principios del siglo XX, la compañía bananera trajo trabajadores de Panamá, como rompehuelgas, sin haberles advertido que para eso los traían, de manera que cuando llegaron a Limón y darse cuenta de la huelga se sumaron solidariamente a la misma, debido a que esos trabajadores pertenecían al sindicato Industries World Workers, un sindicato muy importante norteamericano de aquellos años, que contribuyó al surgimiento del Partido Comunista de los Estados Unidos en 1919.

A las protestas laborales que estaban surgiendo en la segunda mitad del siglo XIX se dieron también las primeras formas de organización de trabajadores. Primero, las organizaciones poli clasistas de sociedades de socorros mutuos, de mutuo auxilio y de ayuda mutua, en las cuales se podían organizar voluntariamente trabajadores, patronos, estudiantes y quienes quisieran afiliarse. Luego, las sociedades de Trabajadores, de Artesanos y de Obreros, a partir de 1874, en las cuales solamente esos trabajadores podían agremiarse, dándole a estas organizaciones un sentido clasista. Estas organizaciones fueron típicas hasta 1900-1902, cuando como resultado de las grandes transformaciones económicas en el país, y el desarrollo industrial, los talleres artesanales dieron paso a pequeñas, medianas y grandes industrias, desaparecieron dando origen, en los años 1900-1902, a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como ahora los conocemos.

En ese final del siglo XIX las luchas del movimiento obrero europeo y norteamericano, con algunas expresiones en América Latina, se habían movilizado intensamente por establecer la jornada de 8 horas de trabajo, lo que culminó en las luchas obreras de Estados Unidos, a partir de 1880 que produjo, las grandes huelgas de Chicago de 1886, continuadas luego, en 1888 y 1890, cuando en memoria de esas luchas se estableció, desde 1890 la celebración del Primero de Mayo como día Internacional de los Trabajadores, que en Costa Rica empezó a celebrarse en 1913.

Frente al desarrollo de las luchas sindicales y obreras europeas, y el surgimiento de partidos políticos y movimientos sociales anarquistas, socialistas, comunistas y revolucionarios, en general, la Iglesia Católica se pronunció sobre esas luchas en su Encíclica Rerum Novarum, 1891, en la cual asumió la bandera y defensa del derecho a la organización sindical, del derecho a la huelga de los trabajadores y el derecho a la lucha por mejores salarios. De esa manera la Iglesia disputaba la influencia de esos partidos ante las grandes masas de trabajadores.

En Costa Rica la Encíclica repercutió directamente con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, quien de igual manera se pronunció en su Carta Pastoral No. 30, que trataba del derecho de huelga, de organización sindical, del injusto salario de los desposeídos de bienes de fortuna, enfrentándose duramente con el gobierno de José Joaquín Rodríguez, quien lo atacó por apoyar la organización sindical, la huelga y el derecho a reclamar justos salarios.

A partir de las Ligas de Obreros y los primeros sindicatos, desde 1901, el fortalecimiento de los sindicatos avanzó a formas superiores de organización, las Federaciones de Trabajadores, a partir de 1905, y a la primera Confederación General de Trabajadores, CGT, única en todo el país, desde 1913 hasta 1923, cuando se disolvió para darle apoyo al Partido Reformista, que estaba surgiendo. A la desaparición de la CGT siguió la Confederación Obrera Nacional, que llegó hasta 1928 dando lugar a la Unión General de Trabajadores, que sirvió de base para el surgimiento del Partido Comunista de Costa Rica, en 1931, quien la dirigió hasta 1938, cuando como resultado de su crecimiento, y luchas, las disolvió e hizo surgir el Comité Sindical de Enlace, para las luchas urbanas, y la Unión Nacional Campesina, que en el contexto de la II Guerra Mundial, y ante la alianza con el gobierno del Dr. Calderón Guardia, las reunió en una sola organización, Comité Nacional Sindical de Enlace, que dio paso, en 1943, a la constitución de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, año en que la Iglesia, al formar parte del pacto entre el Gobierno y los comunistas, que hizo posible la aprobación del Capítulo de Garantías Sociales, de la Constitución Política y del surgimiento del Código de Trabajo, impulsó una nueva organización sindical, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum.

De hecho, hasta 1943 el movimiento sindical nacional era único y unitario, en una sola central sindical nacional, independientemente de quien políticamente la dirigiera. Desde entonces el movimiento sindical evolucionó a varias organizaciones sindicales nacionales, como existen hoy, pasando por la crisis que constituyó la guerra civil de 1948, cuando la Junta de Gobierno reprimió y disolvió las organizaciones sindicales que dirigía el Partido Comunista, que empezaron a rearticularse hacia 1952.

En los últimos 70 años las luchas sindicales y sus huelgas, y protestas, laborales se han mantenido y crecido. Mientras haya trabajadores en malas condiciones laborales y salariales, habrá luchas sociales, con mayor o menor intensidad. Las luchas sociales de esta naturaleza, por salarios, condiciones de vida y de trabajo, por beneficios económicos, profesionales y sociales no van a desaparecer. Mientras existan gobiernos contra los trabajadores habrá lucha contra esos gobiernos y sus políticas económicas contra la población trabajadora.

La jornada de 8 horas fue una lucha muy importante de movilización y lucha. Se logró en 1918, y en 1920, cuando en diciembre se estableció, reconociendo en ese momento el Gobierno el derecho de organización sindical y el derecho de huelga de los trabajadores. La jornada de 8 horas se llevó a las Garantías Sociales de 1943, incorporada así a la Constitución vigente de 1871, y a las Garantías Sociales de la Constitución Política de 1949, ya establecida en el Código de Trabajo de 1943, en la que ha mantenido. Hoy el gobierno se empeña en acabar con esta jornada y establecer la jornada esclavista del siglo XIX de 12 horas de trabajo.

Huelgas y protestas campesinas fueron anteriores a las de los trabajadores urbanos. En el siglo XX se unificaron en mucho sus luchas. Otros sectores laborales se integraron y sumaron a luchas por sus derechos sindicales, laborales y por beneficios sociales.

Los maestros y educadores han jugado un papel importante en las luchas sociales del país.

Cuando se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, a mediados de la década de 1940-1948, se organizó una huelga médica contra la Caja. La seguridad social se mantuvo y se fortaleció. Se universalizó en sus servicios y cobertura cuando al frente de ella estaba el Dr. Guido Miranda. Hoy está disminuida en ese papel nacional. En el seno de la Caja Costarricense del Seguro Social hay una enorme cantidad de sindicatos, respondiendo a las distintas ocupaciones laborales y profesionales en la institución.

Clave fueron las huelgas médicas de 1971 y 1972, cuando los médicos se movilizaron por salarios, reclamando una diferencia sustancial entre sus salarios y el resto de los trabajadores. La primera de estas huelgas fue totalmente condenada y rechazada por todos los sindicatos. Recuerdo que estábamos en las sesiones del III Congreso Universitario, cuando se dio la huelga. Allí se propuso una moción a favor de la huelga, que tuvo tres votos a favor. Dos de esos votos fueron, uno mío, yo era representante estudiantil en ese Congreso, y otro del profesor Dr. Álvaro Montero Mejía. Nuestra tesis es que era justo luchar por mejores salarios. Además, llamábamos la atención de que si los médicos, que en ese momento tenían salarios superiores, luchaban por mejorarlos y mantenerlos, con más razón los trabajadores, con salarios más bajos, debían movilizarse por mejorar sus salarios. Esa relación siempre sigue siendo válida. En la huelga de 1972, después de un trabajo que se hizo importante con las organizaciones sindicales explicándoles este aspecto, la huelga médica fue apoyada por la mayoría de las organizaciones sindicales.

No siempre se dan las condiciones de solidaridad en las luchas de los trabajadores por los distintos sindicatos y gremios laborales. El gobierno de turno sabe jugar las cartas para dividir a los trabajadores en estas luchas, para restarles fuerza, debilitarlas y si le es posible desacreditarlas, en sus organizaciones o en sus dirigentes.

Las huelgas médicas en estos 50 años, como las de educadores se han dado en abundancia.

La huelga y paros médicos, como las movilizaciones de los trabajadores de la educación, que han estado presionando, en estos días, por sus salarios, sus reconocimientos económicos y el pago de salarios atrasados, son absolutamente válidos.

En la Constitución Política, en sus artículos 60, 61 y 62, se establecen los Derechos a organización sindical, al de huelga y al de realizar convenios colectivos de trabajo. Los Derechos constitucionales son garantías de ejercicio de las libertades de las personas, de los ciudadanos.

El Artículo 60 señala claramente que los trabajadores, los médicos y los maestros y educadores, que son trabajadores, pueden sindicalizarse libremente “con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Es claro, para “obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Por eso luchan hoy los médicos y educadores.

El artículo 61 reconoce la huelga para defender los derechos laborales, sociales, económicos, profesionales que se tienen, cuando se ven afectados, disminuidos o debilitados. No se hacen huelgas para jugar fútbol. Es el derecho constitucional para asegurar las condiciones de trabajo, de salario y de higiene ocupacional que se necesita para desempeñarse en el trabajo, de una manera digna, decorosa y decente. El artículo 62, complementa los dos anteriores cuando establece que las convenciones colectivas de trabajo tienen “fuerza de ley”, como si las hubiera aprobado la Asamblea Legislativa, que resulta del acuerdo de patronos y trabajadores, para mejorar las condiciones de trabajo y salariales que se pactan, en esas convenciones, más allá de los derechos existentes generales. Es claro que cuando patronos pactan es porque han valorizado sus posibilidades económicas de atender y cubrir lo que se acuerda.

Las luchas de educadores y médicos en estos días son válidas. Las condiciones socioeconómicas son duras. Se han congelado salarios, pensiones e ingreso de los trabajadores. El costo de la vida sigue creciendo contra salarios que no responden a ese crecimiento. El desempleo sigue aumentando, la deserción escolar y colegial igualmente aumenta. El subempleo y el trabajo informal, al margen de las estadísticas nacionales crece abismalmente. La escasez de vivienda digna, decente y decorosa crece. Las zonas de tugurios y malas viviendas se agudizan. Los jóvenes cada vez más aprecian un futuro incierto. El suicidio nacional ha incrementado en estos grupos humanos. No hay políticas efectivas que contribuyan a solucionar este problema. No hay control de precios en favor de los habitantes y ciudadanos. Los salarios permanecen en escalera mientras los precios, incluso de los servicios públicos, suben en ascensor. Las Defensorías que se han creado en estas direcciones no funcionan adecuadamente.

Los trabajadores tienen estos instrumentos, de lucha legal y constitucional, entre ellos la huelga, para defenderse de sus malas condiciones de vida, de trabajo y de ingresos económicos salariales.

Los derechos y libertades existentes en la Constitución Política son para vivirlos, para poderlos realizar. Si eso conduce a la lucha organizada, pacífica, es válida esa lucha.

Apoyemos a los trabajadores nacionales, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a los educadores, del Magisterio Nacional, en las luchas que tienen y mantienen en estos días.

Compartido con SURCOS por el autor.

El sueño de Chaves y Esquivel: la Caja Costarricense de Seguro Social un «Ebaisón»

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El Seguro Social lo acorralan como al cangrejo, marcha atrás defendiéndose con las tenazas al aire.

La situación de los especialistas es un nuevo capítulo de la saga, como a las enfermeras, sale más barato contratar auxiliares de enfermería.

Con la sobreproducción de médicos generales, en un mal entendido ahorro, se la van a jugar con estos profesionales, ávidos de chamba.

La posta de las cirugías complejas, tratamientos especializados, trasplantes, inexorablemente irá a las arcas de lo privado.

La proliferación de centros en toda la geografía nacional, no es casual.

El Seguro Social, si no nos ponemos vivos, será reducido a un gran “EBAISÓN “ para sacar uñas encarnadas, repartir aspirinas por doquier.

¡Estamos notificados!

Incompetencia de Presidencia Ejecutiva para resolver los graves problemas de la CCSS

Comunicado de prensa 

2 de abril de 2024

  • Administración Chaves Robles genera caos en la CCSS

La Administración Chaves Robles le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de 3,5 billones de colones, y de paso se niega a pagar las obligaciones anuales que tiene con la población no asegurada, la pensión de los más pobres, los recursos de la niñez y de la adolescencia, los subsidios a población de bajos recursos económicos, entre otros. Todo esto ocasiona un verdadero caos institucional, pues al no pagar, incide en la falta de recurso humano calificado, personal de apoyo, insumos, equipos, infraestructura, medicamentos y recursos financieros que impiden mejorar la prestación de servicios y justificar la privatización de servicios en la CCSS.

El ataque indiscriminado a las instituciones públicas, las fallidas rutas del arroz, de los medicamentos, de la infraestructura, de la educación, la seguridad, de las listas de espera y de la salud, los juicios políticos, la burla y el abandono de los sectores más vulnerables, demuestran el desinterés y falta de seriedad de la administración por resolver las grandes necesidades de las familias costarricenses.

Los ajustes fiscales que deterioran los programas sociales, que solo favorecen a sectores cercanos a la “morada presidencial”, provocan un deterioro inclemente de las condiciones sociales, laborales y económicas de los y las trabajadoras del sector público, de lo cual la Caja no ha sido la excepción.

Las regulaciones en salario único, el congelamiento y la reducción de los salarios, los largos interinazgos, en materia de dedicación exclusiva y la continuidad laboral, entre otros, menoscaban las condiciones de trabajo, provocan la renuncia de personal de salud y el descontento de toda la población laboral de la CCSS.

“UNDECA condena que este gobierno, lejos de propiciar acuerdos con los diversos sectores y resguardar el derecho a la salud y la vida que requiere la ciudadanía, aproveche para impulsar la privatización y el desmantelamiento de los servicios institucionales, trasladando multimillonarios recursos para enriquecer a los grandes consorcios privados de la salud.”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

UNDECA demanda la inmediata solución del conflicto en la Caja, a través del diálogo y negociación. Hacemos un llamado a la unidad nacional para demandar soluciones a los grandes problemas en materia de salud pública y las justificadas exigencias de los sectores sociales.