La persecución política contra Martha Rodríguez González
Martín Rodríguez E.
La representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes de la República, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada, en el juicio político que se le sigue desde casa presidencial y el Consejo de Gobierno de títeres de Chaves.
Contrario a lo que sucede cotidianamente, el automóvil en el que transportaba a la dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, y representante electa por el Movimiento Sindical Nacional ante la Junta Directiva de la Caja, fue detenido y requisado por perros antidrogas en la entrada a casa presidencial. Ningún otro automóvil, ni antes ni después de que saliera el de Martha Rodríguez fue requisado de la misma forma.
En una evidente acción intimidatoria y que forma parte del juicio político que el gobierno autoritario de Rodrigo Chaves, en contubernio con la presidenta designada en la CCSS, Marta Esquivel, sigue contra la dirigente sindical que con su voto y el de toda la junta directiva de la Caja, autorizó el pago del ajuste salarial a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS, que correspondía al año 2020 y que por Pandemia de Covid-19, se retrasó su pago hasta el año 2022. Este ajuste salarial de ¢7 mil colones fue previamente autorizado por el gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda de ese entonces, el hoy presidente de la República Rodrigo Chaves.
Hoy, desde la presidencia, Chaves no solo desconoce su propia firma como ministro de Hacienda para ese ajuste salarial, si no que, además, con el afán de quitar todo obstáculo para privatizar y destruir la salud pública costarricense, la CCSS, realiza un juicio político, contra la dirigente sindical en la Junta Directiva de la Caja, la que había sido suspendida por el autoritario presidente, pero que la Sala Constitucional obligó a reinstalar.
Toda Ley vigente, incluida la máxima autoridad legal costarricense, la Constitución Política, ha sido vilmente violentada por este gobierno y sus títeres en la Junta Directiva de la Caja, solamente Martha Elena Rodríguez González, representante del sector sindical, es quien fiscaliza que no se destruya, privatice y quiebre la institución más emblemática e importante de Costa Rica.
No cabe duda, de que este autoritario y criminal gobierno, cuenta con la complicidad política de todos los partidos políticos, las autoridades de los poderes legislativo y judicial. Por menos, e incluso, con inventos y mentiras, gobernantes latinoamericanos fueron destituidos del gobierno, en Costa Rica la confabulación es total, es absoluta, porque se están beneficiando todos.
5 Minutos, o Menos
22 de noviembre de 2023
