Pronunciamiento ante las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS sobre la búsqueda de criterios técnicos internacionales, para el avance del proyecto del Hospital de Cartago. El 15 de enero del presente año, la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería de Costa Rica respalda el pronunciamiento en relación con el nuevo hospital de Cartago, que en horas de la mañana de este 15 de enero de 2024 ha emitido el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectura de Costa Rica.
El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), se permite recordar que, desde hace 50 años, el país cuenta con un Código Sísmico, que está al nivel de los Códigos más avanzados del mundo en materia sismo-resistente. Dicho Código tiene en su fundamento en la Ley N° 6119″Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles», en donde el legislador estableció que «Todas las construcciones y obras civiles, que se realicen en el territorio nacional, deberán cumplir con normas mínimas de diseño y construcción antisísmicas». En consecuencia, es claro que estamos en presencia de normas públicas de acatamiento obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 129 de nuestra Constitución Política.
Dicho Código a lo largo del tiempo ha estado en una revisión permanente (el original de 1974 y cuatro posteriores actualizaciones: 1986. 2002, 2010 y 2014), lo que ha generado una cultura en la ingeniería estructural del país, que brinda una respuesta adecuada de las estructuras construidas ante la gran cantidad de sismos de importancia ocurridos, incluso, muy superior a la respuesta de estructuras de muchos otros países del orbe, pues nuestro código en todo momento busca proteger las vidas humanas, la integridad física de las personas, la reducción de los daños materiales y las pérdidas económicas, minimizar el impacto social y económico, y salvaguardar las inversiones de la infraestructura construida.
Adicionalmente, el país tiene un gran nivel en sus profesionales en geotecnia, geología, hidrología y otras especialidades, que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura de importancia, bajo el concepto de que las amenazas antrópicas se resuelven con diseño y medidas correctivas.
En atención a lo anterior, no son de recibo las declaraciones de la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Lic. Marta Esquivel Rodríguez, en el sentido de que la decisión de la contratación del Hospital de Cartago «debe esperar a expertos en fallas sísmicas de California» (sic), por cuanto es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con base en el Código Sísmico mencionado y en el Código de Cimentaciones, así como por geólogos especialistas, que han determinado, desde el punto de vista técnico, la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la CCSS.
En consecuencia, se estima cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica, ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de probidad en el uso y administración de los recursos públicos. En ese sentido, resaltamos que Costa Rica debe sentirse orgullosa de sus gremios profesionales, y estimamos que no debe de cuestionarse de ninguna manera la competencia profesional y excelencia de estos, con el único afán de justificar decisiones de orden político.
El CFIA, como en otras oportunidades, destaca su total disposición para dar opinión y asesorar a los Poderes del Estado e instituciones públicas, en materia de la competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio Federado, en caso de que así se nos solicite, para lo cual resaltamos que siempre actuaremos en apego a la objetividad, a las reglas de la ciencia y de la técnica, así como del principio de legalidad, en aras de orientar la gestión a la satisfacción del interés público.
Finalmente, a manera de reflexión, se recuerda que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios necesarios para preservar la salud y la vida de las personas. En consecuencia, se insta a las autoridades de la CCSS a evitar dilaciones innecesarias, y buscar una solución pronta para que los habitantes de la provincia de Cartago puedan contar con un Hospital que garantice la prestación de servicios de manera óptima y eficaz, en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
Por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), a través de su secretario general, Luis Chavarría Vega, solicitó al Consejo de Gobierno la apertura de procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de una medida cautelar urgente de suspensión del cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
La jerarca ha sido denunciada por diversos incumplimientos, como, por ejemplo, la Contraloría que indicó que Esquivel no siguió el procedimiento y metodología diseñada para llevar a cabo el proceso de valuación actuarial del seguro de salud del 2021, además, del órgano Contralor la denunció por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo ante supuesto maquillaje de datos de los Informes Actuariales del portafolio de inversiones.
Esa denuncia, que no tomó por sorpresa a nadie, pues UNDECA y otras organizaciones sindicales nos habíamos opuesto públicamente a los falsos criterios que dio Esquivel de que la CAJA estaba quebrada, fundamentada en ilusorios déficits, alejados del procedimiento y la metodología del actuariado internacional.
Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una Nota Técnica que confirmaba que había vicios, al detectar un aumento exponencial irrazonable, sobreestimado e inexplicable del gasto ordinario del Seguro de Salud (sin proyectos y programas) y diferencias entre el gasto ejecutado y la valuación actuarial de un 30,3%.
También cuando la Procuraduría la denunció penalmente por tráfico de influencias y nombramiento ilegal, luego de acoger una denuncia presentada por UNDECA, por el nombramiento del ex directivo de la CCSS, Juan Ignacio Monge en el cargo de Gerente General.
“Basamos esta solicitud en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (N°8422) que establece que todo funcionario, incluida Marta Esquivel, debe demostrar rectitud, buena fe en sus decisiones, las cuales deben ajustarse a la imparcialidad, transparencia, legalidad y eficiencia. Considera este Sindicato que la presunta violación al deber de probidad y a la ética funcionarial en este caso, obliga al Consejo de Gobierno, a ordenar de forma inmediata y urgente, la apertura del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario”, detalló Luis Chavarría de UNDECA.
La suspensión del cargo es esencial, ya que se debe proteger y evitar una cadena incalculable y perjudicial de daños a la imagen institucional de la CCSS y al manejo de los fondos públicos en perjuicio de la Institución Benemérita de Seguridad Social.
“De hecho, el reiterado señalamiento de la Contraloría sobre las responsabilidades y deberes que la jerarca institucional de la CCSS ha incumplido, son de tal gravedad, que se vio obligado a presentar denuncia penal contra ella, por lo cual, dejarla en el puesto sería continuar con agendas ocultas que contravienen las políticas de sana gestión de fondos públicos” y deberes éticos y probidad en el ejercicio del cargo.
Se pidió al Consejo de Gobierno que las medidas cautelares se mantengan hasta tanto se resuelva por el fondo la responsabilidad administrativa y disciplinaria de la jerarca.
En el siguiente video la directora de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y representante del sector laboral por el Movimiento Sindical Nacional, Martha Elena Rodríguez González, expone la situación de tres temas importantes y urgentes.
1- Los polémicos informes actuariales de la CCSS, y cómo afecta a la ciudadanía directamente.
2- Sobre la suspensión de la construcción de obras urgentes para el pueblo costarricense.
3- Sobre el tema del excedente salarial recibido por la presidenta ejecutiva.
La Unión Sindical de la CCSS ante el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la institución, de atender el señalamiento de la Contraloría General de la República de poner a derecho el mega salario de la presidente ejecutiva, repudia el accionar señora Licda. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez respecto al silencio que guardó durante casi un año en el que recibió más de un millón y medio de más en su nada despreciable salario.
Esto deja en evidencia su completa contradicción y su discurso hacia los y las costarricenses en los medios de comunicación, en los que se jacta de “denunciar” presuntos delitos penales.
El tiempo (el mejor testigo) se ha encargado de esclarecer quienes actúan con amor a la institución de forma honesta y quienes tienen un discurso lleno de ambigüedades y falacias que clarifican los mezquinos intereses en el accionar, no podemos olvidar que se investiga a la presidente ejecutiva por la alteración o maquillaje de los informes actuariales, esto mientras ella y la junta directiva montada por el gobierno en aquel momento, que sesionó en la ilegalidad pretendieron legitimar una gran mentira escandalizando la situación financiera sobre la presunta quiebra del sistema de salud, valiéndose de esos sesgados estudios actuariales, han frenado proyectos de mejora de la infraestructura como Áreas de Salud, clínicas y hospitales, el de Cartago es un ejemplo. Con este tendencioso accionar están deteniendo el desarrollo de proyectos de salud que son de suma importancia para las y los costarricenses.
Señalamos que nadie puede aducir desconocimiento de la ley, mucho menos una ex jueza, una ex magistrada de la República, es poco creíble y no es coherente que se alegue de parte de la funcionaria Esquivel, que desconocía que el acto estaba fuera del marco legal por lo que hacerse de la vista gorda al recibir adicionalmente a un jugoso salario una diferencia de ₡1.593.848, generando en menos de un año un significativo cúmulo que a la fecha ronda los ₡25.000.000, no se puede minimizar señalándolo como “un pequeño error”.
Recordemos que también la señora Esquivel ha sido denunciada en estrado Judicial y en la Procuraduría de la Ética Pública por organizaciones que integran por el nombramiento fallido que se le hizo a Juan Ignacio Monge como Gerente General y también por el nombramiento que a él mismo que se le hizo como “asesor de despacho”, instaurando el nepotismo en el seno de la Caja.
En la Unión Sindical CCSS estaremos vigilando y fiscalizando la devolución de ese dinero que pertenece a los asegurados y desde ya emprendemos acciones administrativas para ello.
Asimismo, alertamos al pueblo costarricense para que no caiga en la manipulación y demagogia de los discursos vacíos, hipócritas y ruines.
Además, exigimos a los representantes del gobierno y sector patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a actuar en consecuencia a los principios éticos y morales ante estas y otras actuaciones de quien hoy en día, ocupa un cargo de tanta responsabilidad, de una institución tan importante y valiosa para las y los costarricenses.
La administración de tan significativa institución que vela por la salud de nuestro pueblo NO es un instrumento para fines personales, ni de inescrupulosos y desteñidos intereses.
El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) le envía mensaje al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, en relación a la polémica labor que ha realizado la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel.
De parte del SINAE, se solicita con urgencia que la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social sea destituida.
En un mensaje, Albino Vargas, ha revelado información crucial para todos aquellos trabajadores que, tras cumplir con todos los requisitos, se encontraron con cambios sorpresivos en las reglas del juego por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), viéndose privados de su derecho a la pensión.
La indignación radica en la modificación inesperada del proceso de pensiones del régimen IVM-CCSS, afectando a numerosos trabajadores. Albino Vargas, destaca que la CCSS cambió las reglas del juego de manera abrupta, arrebatando el derecho a la pensión a personas que pensaban que cumplían con todos los requisitos.
La ANEP ha decidido abrir un litigio internacional en respuesta a lo que considera una violación de los derechos humanos de estas personas afectadas por la decisión de la CCSS. Es importante destacar que estos dos grupos mencionados en el video, conformados por 613 y 123 personas respectivamente, aceptaron ser parte activa del litigio, representando a muchos más que se vieron afectados por esta situación.
El líder sindical expresa la preocupación y la indignación de aquellos que, habiendo seguido todos los procedimientos establecidos, se vieron privados de un derecho fundamental de manera arbitraria. La ANEP, en su papel de defensora de los intereses de sus afiliados, busca justicia y reparación a través de instancias internacionales.
El litigio actualmente se encuentra en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
En medio de acusaciones que señalan posibles manipulaciones financieras y decisiones polémicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra bajo escrutinio. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha presentado denuncias ante diversas autoridades, incluyendo la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Las acusaciones apuntan directamente a altos funcionarios de la CCSS, incluyendo a la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y al vicepresidente de la Junta Directiva, Roberto Quirós Coronado. Se alega que, según información pública, estos funcionarios podrían haber tomado decisiones en aparente detrimento de los criterios técnicos y financieros, lo que habría generado una presunta crisis financiera.
La ANEP ha señalado posibles alteraciones en informes presentados a la Junta Directiva, lo que condujo a la suspensión de importantes proyectos de infraestructura y tecnología. Se destaca la presunta falta de congruencia entre las decisiones adoptadas y las advertencias emitidas por áreas técnicas respecto a la viabilidad financiera de los proyectos.
La Contraloría General de la República, en un documento oficial, menciona posibles incumplimientos y situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales, así como presuntas inconsistencias en los informes presentados.
Ante estas acusaciones, se espera una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para aclarar estos señalamientos. La transparencia y la integridad en el manejo de una institución tan vital como la CCSS son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía.
La estabilidad financiera y la correcta gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social son de suma importancia para el bienestar de la población. Ante estas acusaciones, se espera una pronta y minuciosa investigación que permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la confianza de los costarricenses en esta institución.
En la petitoria del día 29 de diciembre de 2023 se señala, en relación con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los siguientes puntos como antecedentes:
Primero. Esa Junta Directiva aprobó, en la sesión extraordinaria del viernes 27 de octubre de 2023, una revalorización de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el periodo comprendido entre enero de 2022 y setiembre de 2023.
Segundo. Lo anterior muestra que esa Junta Directiva dejó de realizar tres revaluaciones semestrales a los montos de las pensiones.
Tercero. Por lo tanto, esa Junta Directiva dejó pasar 15 meses -desde el 31/12/2021 hasta el 30/09/2023- sin revaluar los montos de las pensiones, afectando no solo a los beneficiarios de IVM, sino extendiendo el plazo de exposición a eventos no solo inflacionarios, sino también deflacionarios.
Cuarto. En la página 6 del “Estudio REVALUACIÓN DE LOS MONTOS DE LAS PENSIONES EN CURSO DE PAGO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE EST-0085-2023, octubre 2023”, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, que sirvió de base técnica para el acuerdo de reajuste tomado por esa Junta Directiva, se indica lo siguiente: “La pérdida de valor en el tiempo de los montos de las pensiones en curso de pago se produce como consecuencia del aumento en el costo de bienes y servicios de la canasta básica o costo de vida”.
Quinto. No obstante, lo anterior, lo cierto es que, la metodología acogida y empleada por esa Junta Directiva para acordar el reajuste de marras, descrita en el Anexo 2 del informe antes citado, combinada con los períodos deflacionarios que se muestran en el Gráfico N° 1, concedió a un grupo de 34.099 pensionados beneficiarios, un beneficio adicional al de la pérdida de valor debido a la inflación de los precios.
Sexto. Esa Junta Directiva confunde dos conceptos que tienen un fundamento jurídico diferente y por eso están regulados en dos artículos distintos del Reglamento de IVM, el 28 y el 29, el primero sobre los reajustes por inflación y el segundo por el principio de suficiencia de la pensión mínima. Lo que está haciendo esa Junta Directiva sería como decir que cuando a un empleado se le pagan anualidades por experiencia, no se le hacen los reajustes por inflación, lo cual no tiene fundamento legal y a todas luces viola el artículo 11 de la Constitución.
En relación con lo anterior, la petitoria presentada señala los siguientes puntos:
Primero. El suministro del criterio jurídico legal que tuvo esa Junta Directiva para aprobar dicho reajuste en la forma que lo hizo, dejando por fuera a quienes estaban recibiendo el monto de la pensión mínima y beneficiando menos a quienes se pensionaron antes de enero/2022 en comparación con quienes se pensionaron después del diciembre/2021. Si no existiera dicho criterio jurídico solicitamos que así se haga constar.
Segundo. Que esa Junta Directiva corrija los defectos jurídicos que contiene el acuerdo de revaluación.
Tercero. Que esa Junta Directiva integre una comisión con participación ciudadana para la redacción de un proyecto de ley con una propuesta para incluir en la Ley Constitutiva de la Caja el mecanismo de revaluación de los montos de las pensiones de IVM.
Firman el M.Sc. Rodrigo Arias López, el Lic. Carlos Eduardo González Arroyo, el Lic. Jorge Manuel García Araya y el MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.
Le invitamos a consultar y leer el documento completo, con los cuadros referentes a los puntos de principal importancia, en este enlace. O bien:
Este mes -diciembre de 2023- la CCSS pagó o pagará un reajuste de 5,99% a todos los pensionados de IVM que reciben un monto de pensión superior al monto de la pensión mínima de ¢153.192 y se pensionaron antes del 1 de enero de 2022. Quienes se pensionaron a partir de esa fecha con pensión superior a la mínima, tendrán un reajuste proporcional a la antigüedad de la pensión.
Ver el primer cuadro, en el cual el “Índice de precios” es el dato que publica el Banco Central.
Luego, cada línea destacada a color de dicho cuadro la explico a continuación según su etiqueta:
(A): El 2,52% es la inflación acumulada desde el 30/06/2021 hasta el 31/12/2021. La CCSS acordó hacer un reajuste igual a ese 2,52% a partir del 1/1/2022; aunque lo pagó tardíamente hasta en junio de 2022 (pagó seis meses retroactivos de reajuste). Con ese reajuste, al 31/12/2021 los montos de las pensiones quedaron actualizados con la inflación de los precios ocurrida en el segundo semestre de 2021.
(B): El 7,35% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 al 30/6/2022 (Primer semestre de 2022). En este caso la CCSS no hizo ese reajuste a los montos de las pensiones; es decir, de julio de 2022 a diciembre de 2022 la CCSS dejó de pagar un reajuste de 7,35% (seis meses).
(C): El 7,88% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022 (todo el año 2022). La CCSS -sus jerarcas- pudo acordar ese reajuste a partir de enero de 2023; pero tampoco lo hizo; con lo cual dejó de pagar un reajuste de 7,88% desde enero de 2023 hasta junio de 2023 (Otros seis meses, acumulando 12 meses sin pagar reajuste).
(D): El 6,24% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/6/2023 (1 año y medio). En este caso la Junta Directiva de la CCSS pudo acordar reajustar los montos de las pensiones en un 6,24% a partir del 1/7/2023; pero tampoco lo hizo, con lo cual dejó de reconocer tres meses su pago (de julio de 2023 a setiembre de 2023, acumulando 15 meses sin pagar el reajuste).
(E): El 5,99% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023 (un año y 9 meses). En este caso la CCSS acordó pagar ese reajuste completo a partir del 1/10/2023 y pagarlo en diciembre de 2023 (tres meses retroactivos de pago); eso sí, solo a unas 200 mil pensiones superiores al monto de la pensión mínima..
En conclusión, a partir de octubre de 2023 los montos de las pensiones recuperaron la pérdida de valor que tuvieron desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023; pero los pensionados y pensionadas dejaron de recibir el reajuste durante 15 meses.
Les dejo en el segundo cuadro un estado de las pensiones en curso de pago de IVM de octubre de 2023, antes y después de aplicar dicho reajuste.
La práctica de dejar de hacer semestralmente el reajuste a los montos de las pensiones de IVM, como se hizo durante 30 años, nació en 2019 con el difunto PAC y está siendo continuada por el gobierno actual.
Es pertinente aclarar que de acuerdo con el artículo 32 y siguientes de la Ley Constitutiva de la CCSS, el IVM es un régimen de capitalización colectiva, el cual, por definición, acumula cuando el trabajador está activo y des acumula cuando el trabajador se pensiona; sin embargo, la CCSS y los gobiernos de turno violan esta ley y el artículo 73 de la Constitución, desviando sus fondos y reservas para otros fines no autorizados, con lo cual desde hace varios años el IVM no tiene suficientes reservas para pagar las pensiones en curso de pago, sino que tiene que usar los aportes de quienes están activos. En la actualidad al IVM le desvían ₡1 billón anualmente. Sus administradores mienten mucho, reciben jugosos salarios y están en contubernio permanente con los gobiernos de turno, la CGR y hasta con el Ministerio Público, cuyos jerarcas también viven de los impuestos que pagamos los consumidores.
En un proceso reflexivo liderado por la ANEP, se ha delineado un conjunto fundamental de estrategias destinadas a salvaguardar y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el próximo año. Estas estrategias, compartidas con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro, no revelan nombres aún, sino que se centran en los aspectos vitales que demandan atención inmediata.
La intención principal de este análisis es trazar una hoja de ruta para la defensa de la CCSS, resaltando los temas críticos que deben encararse con determinación y compromiso.
Entre los puntos clave delineados se encuentran:
1. Gestión de Listas de Espera: Resolver este desafío y proponer soluciones concretas para garantizar tiempos de espera óptimos y acceso rápido a los servicios médicos.
2. Retención de Especialistas: Enfrentar la pérdida de profesionales de la salud y sus consecuencias, mediante políticas atractivas y la finalización de proyectos como el ERP para mejorar la eficiencia.
3. Deuda Gubernamental: Abordar la deuda pendiente del Gobierno con la CCSS para asegurar su estabilidad financiera.
4. Infraestructura Hospitalaria: Encarar los desafíos actuales y futuros en la infraestructura hospitalaria, completando proyectos pendientes y abordando la sostenibilidad financiera.
Estos aspectos críticos, entre otros, conforman una propuesta integral que busca reforzar la CCSS como columna vertebral del sistema de salud costarricense. Se resalta la necesidad de acciones concretas a corto, mediano y largo plazo:
1. Pago de obligaciones gubernamentales: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con la CCSS.
2. Fortalecimiento de recursos humanos e infraestructura: Mejorar el personal, la infraestructura y los sistemas digitales para optimizar los servicios.
3. Fomento a la innovación: Impulsar la innovación en sistemas digitales y procesos internos para una gestión más eficiente.
Este llamado a la acción “representa un modesto aporte, una guía que busca promover la colaboración entre diferentes sectores sociales y políticos hacia el año 2024”, dijo Juan Carlos Durán Castro a SURCOS. “Es un llamado a construir puentes y establecer una dirección común para garantizar un futuro más equitativo y próspero”, concluyó.
