El grupo FRENASS extiende una invitación para que el próximo miércoles 8 de noviembre a las 9 de la mañana, les acompañen frente a las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Resucitación cardio popular por la Caja.
¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!
Plaza de las Garantías Sociales,
San José,
1 de noviembre del 2023
Mons. José Rafael Quirós Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José
Un saludo fraterno a los presentes y a quienes me escuchan:
En el marco celebrativo del octogésimo segundo aniversario de fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social, agradezco la invitación de la Unión Nacional de Empleados de la Caja, para unir mi voz esta mañana, al reconocimiento de esta Institución emblemática de la seguridad y solidaridad social de Costa Rica, que hunde sus raíces como sistema de salud en la conjunción de voluntades de costarricenses visionarios y humanistas.
Desde los valores cristianos presentes en la sociedad costarricense y el pacto social sellado en la década de los años cuarenta del siglo pasado, compatriotas comprometidos con los habitantes más pobres, privados del derecho humano a la salud, visualizaron un sistema de seguridad social que nace como expresión de la solidaridad, la fraternidad y el bien común, que nos enorgullece.
Como costarricense hago llegar el agradecimiento de muchos al personal médico, administrativo y demás áreas, que labora en la Caja, y que manifiestan día a día su amor al prójimo, danto el trato humano que merece cada paciente. Es la mirada misericordiosa del buen samaritano, capaz de hacer suyos los sufrimientos y dolores del que sufre.
Después de la pandemia, no podemos olvidar al personal hospitalario y de los EBAIS, que estuvieron en primera fila de atención de los pacientes afectados por el coronavirus SARS- CoV- 2. En particular, no debemos borrar de la memoria a los trabajadores de la salud que ofrendaron sus vidas en su misión humanitaria, que nos hace recordar las palabras de Cristo: “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (S Juan 15,13).
Así, la mejor defensa que un trabajador de la Caja puede hacer de nuestra institución, en primera instancia, es el trato amoroso al paciente y la atención esmerada a todo aquel que requiere alivio a su sufrimiento humano. Me atrevo a señalar que el éxodo de profesionales médicos, que interrumpen su trayectoria laboral en la Caja, seducidos por mayores ingresos económicos, abre signos de preguntas, en lo que a solidaridad se refiere.
Destaco con mucha alegría y esperanza que continúe fortaleciéndose, el programa de trasplantes, la medicina preventiva, la atención prenatal, el régimen de pensiones no contributivo, la universalización y democratización del servicio de salud, la atención general a los estudiantes de nuestro país, la implementación de los recursos tecnológicos e informáticos, y otras acciones necesarias institucionales.
Por ello, es un compromiso permanente de parte de todos los costarricenses, incluyendo a las autoridades correspondientes, la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad social, que fija su mirada solidaria y fraterna, en la población más vulnerable y empobrecida del país. De ahí que, si hay voces que afirman que la Caja está enferma, entonces es el momento de hacer un diagnóstico serio y responsable, para aplicar el tratamiento oportuno, y no permitamos que se muera.
Una estrategia de intervención patriótica es unir voluntades como en el pasado mediante el diálogo objetivo, maduro y efectivo. Por eso, hay que procurar la unidad entre trabajadores, empleadores, representantes del Estado y los asegurados. Recordemos que el diálogo es el camino que siempre debemos recorrer para la paz social en Costa Rica y que es craso error poner oídos sordos al clamor de la ciudadanía.
En esa dinámica de encuentro y diálogo, destaco lo realizado por el Foro Mario Devandas coordinado por la Iglesia, cuando las autoridades de la Caja hicieron la consulta pública sobre la reforma al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, con la participación de UNDECA y la mayoría de sindicatos del sector salud, movimientos sociales, sectores políticos y académicos, y otros.
Para la consulta pública mencionada, se entregó el 4 de noviembre del 2021, una propuesta formal del movimiento sindical y social, denominada: El IVM pilar de nuestro sistema de protección social: la progresividad debe ser el eje.
En dicha ocasión una de las propuestas que llamó más la atención, fue la que argumentó a favor de la mujer trabajadora.
En este momento considero fundamental en este espíritu de solidaridad, que a quienes corresponda, poniendo su mano en el corazón, busquen los caminos para responder de manera urgente a la lista de espera para la atención médica. Unido a esto los demás temas de infraestructura y demás.
Destaco finalmente la importancia de la atención espiritual que reciben los pacientes. Las Capellanías en los hospitales, con su misión de consuelo y alivio de los enfermos y sus familiares que lo requieran, no son un mero privilegio eclesial, sino un derecho del enfermo.
En este día de regocijo por los 82 años de esta querida institución, que es patrimonio histórico social de todos los costarricenses, le pido a nuestro Señor, el Médico por excelencia, que tuvo compasión por los enfermos a quienes sanó, que nunca falte la mano amiga, solidaria y fraterna del buen samaritano, con el que sufre, con el pobre y desamparado, mediante la atención de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Nos congratulamos todos como país que sigue recorriendo caminos de esperanza.
Muchas gracias.
Hace 82 años, en un día como hoy, pero 1941, el presidente de entonces Rafael Ángel Calderón Guardia puso el ejecútese a la ley de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobada días antes por el Congreso Constitucional de la República.
La creación de la Caja fue la primera piedra de una serie de leyes y reformas que dieron como resultado una revolución, no política ni económica, pero sí social. Costa Rica fue revolucionada en su institucionalidad con aquellas reformas.
Aunque como digo, este proceso no representó un revolución política, sí forjó la unidad de las tres fuerzas más importantes de la época: por un lado el presidente Calderón Guardia y su equipo, a los que la oligarquía tenía decidido sacar del poder por la fuerza; segundo lugar, la iglesia católica, jefeada por un pastor inteligente y sensible; y en tercer lugar el Partido Comunista, que ocupaba un espacio político respetable pero que, sobre todo, lideraba un movimiento de masas, social y sindical de enorme fuerza. Porque hay que añadir que esta revolución social no fue un golpe de palacio, es decir, no fue un acuerdo en las alturas, sino que nació producto de la lucha de los trabajadores, en sus sindicatos y en las calles.
La creación de la Caja con sus dos grandes ramas, cuidado de la salud y pensiones, puso a Costa Rica a la vanguardia mundial en materia de seguridad social. En 1952, es decir 11 años después, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 102, obligatorio para todos los países, que contenía garantías menores que las que ya disfrutaban los costarricenses.
La Caja nació con una filosofía que se había forjado en Alemania en los últimos años del siglo XIX y que se originaba en las experiencias mutualistas europeas anteriores. El mutualismo era que un grupo de personas, de trabajadores, hacían un ahorro común, que cubría los salarios en caso de enfermedad de los afiliados. La diferencia es que esta nueva forma de financiamiento a que me refiero exigía el aporte obligatorio del patrono y del estado. Se creaba así un fondo que era público, pero que no era estatal, que pertenecía a los asegurados. Por eso se llama “caja”, es la caja común de los que contribuyen, obreros y patronos, para proteger a los trabajadores.
Este colocho histórico es muy importante porque hay que dejar claro que el dinero de la Caja, y ahora me refiero a la Caja Costarricense del Seguro Social, su patrimonio, no es del gobierno, es de los trabajadores, y cometen abuso en la letra y el espíritu de la ley, los que quieren disponer de ellos como si fuera un dinero del Ministerio de Hacienda.
En 1942, cuando se fundó, la Caja recibía el 5,5% de los patronos, el 3,5% de los trabajadores y el 3,0% del estado. En 1947 esto había sido modificado, y las tres partes pagan un 2,5% de las planillas.
En 1971, siendo presidente Figueres Ferrer y directivo de la Caja Calderón Fournier, el aporte del estado se disminuyó de 2,5 a 0,25%. Así se mantuvo por muchos años y en los últimos tiempos han tenido una subida, conjuntamente con la subida de los aportes de los patronos y los trabajadores.
La Caja ha sido víctima de toda clase de saqueos en sus presupuestos, y este saqueo explica en parte de la crisis en hoy se encuentra. Pero esta reducción de la cuota estatal fue trágica, pues representa un faltante de 2 % mensuales por 40 años o más. Así no hay empresa que aguante.
Pero hay mucho más que eso. En buena filosofía, la Caja es financiada por los trabajadores y para ello, es decir, para los afiliados, para los asegurados. Pero en los setentas comenzó un costosísimo proceso de universalización del seguro, proceso por el cual se le pasaron a los asegurados las responsabilidades por la salud de toda la población. A ese proceso siguió otro igual, que fue el traslado de todos los hospitales a la CCSS que no estuvo acompañado con el traslado de los dineros necesarios para mantener esos hospitales. Estas dos deudas todavía se cobran, en todo o en parte, hoy.
Pero el estado sigue trasladándole a la Caja responsabilidades que no son suyas. Fue lo que sucedió con la Covid. En momentos en que se produjo una contracción de sus ingresos, la Caja tuvo que utilizar sus recursos, especialmente su personal, para atender una pandemia cuya responsabilidad debió haber sido del estado.
Queda todavía una tercera cuestión, que atañe sobre todo a los regímenes de pensión pero que afecta también a los regímenes de salud. Y es que la Caja nació en momentos en que el número de personas jóvenes, de afiliados activos, era mayor, y en momentos que las expectativas de vida eran también menores. Eran también momentos en que los servicios eran relativamente más simples y baratos.
Pero en 80 años la vida ha cambiado. Hoy los regímenes de salud y menos aún los de pensión no pueden sostenerse solo con el aporte de los trabajadores y sus patronos. Si queremos un sistema de seguridad social moderno y sostenible ya no basta con pagarle a la Caja las deudas y evitar la sustracción de sus recursos, es necesario inyectarle enormes recursos desde el fisco, es decir, desde el Estado. Pero es lo contrario de lo que ocurre en la realidad.
Este país está gastando en salud una cifra de su PIB inferior a los de El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras (que van del 7,3 al 8,4%) y apenas un poquito superior a las de Guatemala y Belice.
La cifra del país (7,2) está muy lejos del promedio de la OCDE, que es del 8,8% y apenas supera el promedio de América Latina y el Caribe. Así lo hace notar el estudio “Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023” de la ODCE.
Así estamos de mal y, además, peleando por cada cinco que el gobierno le niega a la Caja del dinero que no es del gobierno, sino de la Caja, es decir, de todos los asegurados.
El país que mayor porcentaje de su PIB le dedica a la salud es Cuba, con un 9,7%. Cuba es además el país que tiene más médicos por habitante, 6,7 por cada 1.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de dos médicos. El promedio de la OEDC es de 3,5. Un informe de la BBC se pregunta de dónde saca Cuba tantos médicos. Una razón es que existe una convicción nacional en favor de la salud y de la unión entre salud y educación, es decir, la formación de médicos juega un rol fundamental en la sociedad. Ese país tiene 24 facultades de medicina y 52 escuelas de enfermería.
Costa Rica, por su parte, ocupa el quinto lugar con peor proporción de médicos y enfermeros por cada mil habitantes en la OECD. Por una parte, hay una terca oposición a abrir matrícula en las universidades, en especial con relación a los de especialistas. Pero al mismo tiempo no hay una voluntad de abrir plazas de trabajo y el sector sufre como pocos el flagelo del desempleo.
El Colegio de Odontólogos afirma que un 23% de sus profesionales no tienen trabajo. También se señalan cifras altas entre farmacéuticos y enfermeros. El Colegio de Médicos no conoce la situación de sus agremiados, pero señalan que muchos de ellos posiblemente laboran en otros campos distintos de la medicina propiamente dicha.
A esto hay que añadir una monstruosa carencia de infraestructura, con hospitales obsoletos y espacio físico insuficiente, sin salas de operación y recuperación necesarias.
Nuestra diferencia es que no tenemos esa convicción-país de apostar en serio por la salud, no la tenemos o la perdimos. Los ataques constantes a la CCSS son muestra de ello. Pero también lo son los recortes a los gastos en el rubro.
Los gastos de salud respecto al PIB descendieron en la década pasada (2010-2019) en un 0,53%. Su descenso respecto al gasto público es el más alto de América Latina: -7,6%.
Como respuesta a esto, hay un ascenso de los costos de la salud por la vía del uso de atención privada. En este rubro el país está por encima de la media de la OECD: 22,3% contra 19,9%. ¡Increíble! Los gastos de salud privada son superiores a la media de los países más desarrollados.
Según el mismo estudio, el pago de servicio privados de salud lanza a la pobreza al 1,7% de la población de manera directa, pero empuja a la pobreza a largo plazo a una cantidad mucho mayor, en el caso de nuestro país, al 10% de la población.
Hoy, en esta celebración, hay que reconocer que la lucha del pueblo ha detenido este año las arremetidas del ejecutivo, pero debemos redoblar esfuerzos no solo para salvar lo que tenemos, sino para relanzar nuestro sistema de seguridad social y apostar por una nueva revolución social, similar a la de hace 80 años.
Este 1º de noviembre de 2023, desde las 9:00 a.m., en la Plaza de la Garantías Sociales en San José, celebramos el 82 Aniversario de la institución más emblemática del pueblo costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.
https://undeca.cr/2023/10/30/celebremos-el-82-aniversario-de-la-caja-costarricense-de-seguro-social/
La jornada de lucha que se vivió el pasado 25 de octubre fue un gran paso en el camino de organizar un frente común fuerte y combativo contra las políticas antipopulares que viene ejecutando el gobierno de Chaves. Fue una jornada que contempló una gran marcha en San José, así como manifestaciones regionales, entre estas en Limón y Pérez Zeledón.
Es claro que el gobierno de Chaves da continuidad a las políticas neoliberales que vienen siendo aplicadas en Costa Rica desde el año 1982, es decir, el gobierno liberaciones de Luis Alberto Monge. A partir de lo cual diversos partidos de los ricos han venido aplicando esas políticas; el PUSC, el PAC, así como los partidos religiosos, entre otros.
En el momento actual, el gobierno de Chaves se viene ensañando especialmente contra la CCSS no pagándole la billonaria de cerca de 3,4 billones de colones. Pero también diversas instituciones vienen siendo atacadas, como las Universidades, el BANHVI, el MEP, etc. Asimismo, continúan aplicándose las políticas contra los campesinos, indígenas, y sectores más vulnerables de la sociedad.
El 25 de octubre se pusieron en pie de lucha diversos sindicatos y agrupaciones articulados por dos grandes instancias el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. A pesar de lo positivo de la jornada de lucha del 25, no se ha dicho cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante.
Al respecto queremos proponer lo siguiente:
¡A continuar la lucha en los centros de trabajo y comunidades!
¡Por un plan nacional de lucha!
Movimiento de Trabajadores y Campesinos, 30.10.2023
El pasado 24 de octubre del 2023 por medio del canal de Youtube del Tecnológico de Costa Rica se dio cobertura al ciclo de foros «Crisis de la CCSS y del Estado Social en Costa Rica», donde se comentaba sobre la situación actual de la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde el FRENASS invitamos a todos los y las compañeras de los sectores sociales a dar seguimiento al foro programado por el ITCR en defensa de la CCSS.
El foro contó con la participación de:
– Yamileth Fontana Coto, Coordinación de FRENASS e integrante en Junta de Salud.
– Vínyela Devandas Brenes, Coordinación de FRENASS e integrante en Junta de Salud.
– Jorge Antonio Sánchez Pérez, presidente del Consejo Nacional de Juntas de Salud.
– Natalia Solís Rojas, Unidos por la CCSS.
– Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!
Para observar la repetición en vivo del foro, ingresar al siguiente enlace:
En un oficio fechado 25 de octubre del 2023, las autoridades de la CCSS toman la ruta de privatizar servicios. Con el siguiente encabezado, el documento pide ofertas:
Señores(as)
Proveedores
ASUNTO: Estudio de Mercado para la contratación de “Servicios Médicos”
Estimados(as) señores(as):
Con el objetivo de realizar una exploración al mercado recurrimos a su instancia para conocer si su representada cuenta con disponibilidad de ofrecer los siguientes servicios médicos: …
SURCOS comparte aquí el documento.
Comunicado
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está frenéticamente impulsando una RUTA DE PRIVATIZACIÓN de los servicios de salud, y ahora, en un improvisado plan denominado “la ruta de la salud”, ordenó a la administración salir a buscar en el mercado proveedores de servicios privados.
En el oficio DTBS-APBS-0989-2023, fechado 23 de octubre de 2023, la Gestora Desarrollo de Proveedores de la CCSS, le consultó a diversos proveedores de servicios privados, la disponibilidad que tienen para ofrecer servicios médicos de baja complejidad, con una proyección de compra, hasta por 8 meses.
Entre los servicios que oferta la CCSS están los siguientes: cirugías de hernias, vesícula, artroscopia, túnel carpal, ecocardiograma, ultrasonidos, reporte de TAC.
A los prestadores privados, se les otorgó un plazo, hasta el próximo lunes el 30 de octubre de 2023, para presentar las ofertas.
La presidenta ejecutiva, valiéndose de este mecanismo de contratación, que jamás vendría a solucionar la crisis de las listas de espera, por contrario, maliciosamente pretende privatizar los servicios de salud.
UNDECA deplora este ardid privatizador, cuyo objetivo es favorecer los grandes consorcios privados médicos, que estaría obteniendo ganancias millonarias a costa de la salud de la población.
La Caja tiene los recursos y la capacidad instalada para resolver oportunamente, estos procedimientos y en general las listas de espera.
Nos oponemos rotundamente a esta estrategia privatizadora, que ha fracasado en otros países de Latinoamérica, debilitando la institucionalidad pública y menoscabando los recursos financieros.
25 de octubre del 2023. Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.
Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.
Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.
Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.
De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.
Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.
Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.
Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica
Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica
Señor presidente:
De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.
Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.
Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.
En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.
Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.
A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:
Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.
Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:
“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).
Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.
Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.
Con copia:
Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA
