¡Las devastadoras políticas neoliberales se derrotan en las calles!
El Frente Nacional de Lucha (FNL) desea hacer del conocimiento de la ciudadanía y del pueblo costarricense que este próximo miércoles 25 de octubre se sumará a la gran manifestación nacional de protesta contra la gestión neoliberal del actual gobierno.
Al mismo tiempo, en tanto alianza de organizaciones de todos los sectores nacionales, el FNL extiende una invitación amplia a toda la ciudadanía para que se sume a esta gran movilización, con el fin de que, en nombre de la democracia real, demos cuenta ante el gobierno del gran descontento nacional existente debido a sus políticas neoliberales antisociales, con las que ha seguido beneficiando solamente al gran capital y a las grandes corporaciones, en detrimento abierto del pueblo y de la institucionalidad pública solidaria.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) es una plataforma organizativa pluralista que integra a más de 60 organizaciones nacionales de todos los sectores sociales, la cual se conformó con el objetivo de encauzar, de manera organizada y planificada, y con base en el estudio y análisis riguroso, el enorme malestar presente en la sociedad costarricense ante las políticas neoliberales del actual gobierno, las cuales constituyen una continuación de las antisociales y antidemocráticas políticas y gestiones de los gobiernos del PLN, del PUSC y del PAC.
Con dichas políticas, y con base en un manejo irrespetuoso e irresponsable de la información y de la gestión institucional, el actual gobierno de Rodrigo Chaves está atentando contra la existencia de instituciones clave del desarrollo solidario del país, que han brindado por décadas bienestar, desarrollo y condiciones de convivencia pacífica a las familias costarricenses. Destacamos los sistemáticos ataques a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el sistema de educación pública y el sistema de becas, el INA y el BANHVI, además de que se afecta de manera directa al campesinado, así como al pequeño y mediano productor del agro y de la industria nacional.
Desde el FNL hacemos un llamado al pueblo costarricense para que rechace y para que proteste contra estas políticas neoliberales del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien, demostrando su carencia de independencia respecto a los intereses de las élites vinculadas al gran capital transnacional, así como su desinterés en gobernar para el pueblo, se ha subordinado a las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se ha abocado a aplicar recortes irracionales a las instituciones públicas que, durante décadas, han establecido las condiciones básicas de la paz social que ha caracterizado al país.
Como parte de las motivaciones para participar en esta gran marcha del próximo 25 de octubre, el FNL desea manifestar su profunda preocupación, así como presentar la respectiva denuncia a la opinión pública nacional, ante los siguientes (entre otros) hechos relacionados con la gestión del actual gobierno:
El empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora y de los pequeños comerciantes y productores nacionales ante la ausencia de políticas económicas coherentes, lo cual se suma a la injusta y absurda política de salarios congelados.
Los recortes en recursos para la vivienda de la case más empobrecida, así como los recortes en educación, comedores escolares y becas estudiantiles; recortes en cultura, en el presupuesto de las pensiones del régimen no contributivo y en programas de ayudas sociales para los más necesitados.
Las intromisiones sistemáticas del gobierno en la administración de la CCSS para promover de manera subterránea su privatización, la incapacidad para resolver las listas de espera y la permanente negativa de cumplir las obligaciones legales de pago a la deuda de la Caja.
El permanente irrespeto a la institucionalidad democrática, que se comete de manera permanente con la violación constante de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales.
Las acciones irresponsables orientadas a promover, mediante varios proyectos de ley y mediante políticas públicas, la destrucción del modelo eléctrico solidario, que ha permitido al país ofrecer bienestar a través de una cobertura eléctrica superior al 99% de la población.
Las miopes, reduccionistas y cortoplacistas políticas de atención al aumento exponencial de los índices de inseguridad y criminalidad asociados a las acciones de las mafias del narcotráfico, consistentes en priorizar recortes presupuestarios a las instituciones policiales, así como a instituciones públicas relacionadas con la oferta social solidaria de oportunidades, a pesar de que son las únicas que pueden potenciar el ascenso social, la mejora de condiciones salariales y la creación de alternativas laborales para las clases más empobrecidas, las cuales constituyen el sustrato de la actividad criminal en el país.
El sistemático abandono de los agricultores y campesinos
La ausencia total de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos.
El incumplimiento de la promesa de ataque al fraude fiscal, ante lo cual se sigue facilitando, normalizando y, de alguna manera, promoviendo la evasión y el fraude fiscal.
Ante este caótico escenario hacemos un llamado a toda la población para que salgamos este 25 de octubre a manifestar nuestro repudio a estas políticas neoliberales capitalistas radicales y demostremos a quienes gobiernan que el Pueblo va a dar pelea. Que esta movilización del 25 de octubre sea la demostración inequívoca de la unidad popular en defensa de las garantías sociales y las instituciones públicas que están al servicio de las mayo- rías y de los sectores populares.
No más pugnas de poder entre élites económicas sin conciencia cívica y sin amor patrio. ¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro! ¡Abajo las políticas privatizadoras y antipopulares! ¡Arriba los sectores populares que se organizan para luchar por sus derechos!
El Bloque de Vivienda, junto al Frente Nacional de Lucha (FNL) y Unidos por la Caja, se une a la marcha del 25 de octubre contra las políticas y artimañas capitalistas y colonialistas, impulsadas desde el gobierno, contra los Derechos Humanos y conquistas sociales de nuestro pueblo.
A la vez, nos pronunciamos contra el recorte de 30 mil millones de colones al presupuesto de vivienda social.
Pensionados y pensionadas de IVM, para que no se confundan o no los confundan con el 6,62% que se mencionó este 19 de octubre en La Extra (https://www.diarioextra.com/…/aumento-a-pensionados-se…). Ese aumento de las pensiones del 6,62% que la CCSS pagó en junio de 2023 fue solo para la pensión mínima y no fue por costo de vida; recuerden que a los pensionados con pensiones más bajas (inferiores a 153 mil colones en enero de 2023) los estaban estafando desde setiembre de 2022, porque el artículo 29 del Reglamento de IVM ordena que la pensión mínima no puede ser menos que la mitad de la Base Mínima Contributiva; pero algunos sinvergüenzas de la CCSS estaban violando esa normativa, les estaban robando (les comparto otra vez el oficio, vean lo destacado en amarillo, el reajuste de 6,62% fue el resultado de aumentar la pensión mínima de 143.680 colones a 153.192 colones). Entonces lo cierto es que por costo de vida la CCSS no ha hecho ningún reajuste a las pensiones por la inflación del segundo semestre de 2019, segundo semestre de 2020 y todo el año 2022, lo que significa que no ha reajustado aproximadamente un 10% las pensiones por la inflación de esos períodos. Eso es un robo de 140 mil millones de colones por año.
Cáncer de mama: del máximo tratamiento tolerable al mínimo tratamiento eficaz. Del tratamiento generalizado al tratamiento dirigido.
Dr. Alexander Blanco Valverde Especialista en Cirugía General Unidad de Patología Mamaria Hospital México Invitado de ACANAMED
El cáncer de mama como los otros tumores malignos que se pueden presentar en el ser humano se produce por un crecimiento desordenado y descontrolado en las células, que por diferentes razones pierden los mecanismos naturales que les regulan el cómo, cuándo y cuántas veces pueden reproducirse.
En la mama encontramos tres diferentes tipos de tejidos que pueden producir tumores malignos, el más común es el de los conductos encargados en la lactancia de conducir la leche, el segundo se trata propiamente del tejido encargado de producir la leche conocido como lobulillos y por último y menos frecuente, los que se derivan de las células que forman los tejidos que por decirlo de alguna forma dan soporte y estructura a los conductos y los lobulillos y la mama como tal.
Es de esta división anterior, que los tumores reciben su primer nombre según sea su origen, así vamos a tener los tumores llamados ductales, lobulillares y por último los que vienen del tejido de soporte y que si bien son mucho menos frecuentes hay diversos tipos y nombres como tumores fillodes, sarcomas y otros.
Otra división fundamental que tenemos en todos estos tumores se trata de si se encuentran encerrados en sí mismos (tumores in situ) o si por el contrario ya rompieron la barrera natural que tienen dentro del tejido que les origina (infiltrante). Esto es muy importante ya que los tumores in situ, no tienen la posibilidad de migrar o escaparse de la mama hacia otros órganos para continuar su crecimiento a distancia, como si la tienen los tumores infiltrantes.
Es precisamente este crecimiento a distancia de las células, lo que se conoce como metástasis, las células cancerosas se desprenden del tumor y comienzan un viaje a través de los vasos linfáticos, sanguíneos u otros mecanismos hasta alcanzar sitios cercanos como los ganglios linfáticos de la axila u órganos muy lejanos como el cerebro, el hueso, el hígado y el pulmón. Ahí continúan su crecimiento destruyendo los órganos que invaden e impidiendo que estos órganos puedan cumplir con su función lo cual termina por producir la muerte.
Con el paso de los años se han realizado grandes avances en el conocimiento de todos estos tumores y actualmente sabemos que existen una gran cantidad de familias diferentes de tumores que se comportan de diferente forma y que requieren manejos diferentes, esto se logra haciendo estudios al tejido que fue biopsiado y que en general se conocen como inmunohistoquímica. Con ellos le podemos poner varios apellidos a cada uno de los tumores antes mencionados y de esta forma agruparlos en familias.
Cada vez se conocen más y más familias diferentes de tumores, lo cual permite poder conocer mejor cuál será su respuesta a diferentes tipos de tratamiento.
Este conocimiento de las diferentes variantes de tumores ha permitido en las últimas décadas el desarrollo de una gran cantidad de medicamentos con los cuales se pueden tratar los tumores, así pues, al tratamiento clásico de cirugía quimioterapia y radioterapia se han unido una gran cantidad de medicamentos nuevos e innovadores en hormonoterapia, inmunoterapia, terapia con anticuerpos.
En el campo de la radioterapia los nuevos equipos y estudios realizados han logrado disminuir las secuelas en los tejidos irradiados como la piel, la pared costal, el pulmón y corazón entre otros, sino también disminuir el número de días que se deben asistir para el tratamiento pasando de treinta y tantos días a esquemas de diez o quince días.
El uso de la mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, como estudios de diagnósticos y el desarrollo de equipos cada vez dedicados y capaces de encontrar lesiones cada vez más pequeñas; todo el conjunto de avances antes mencionados a su vez llevado a que la cirugía también siga una tendencia a realizar resecciones cada vez más pequeñas que logren conservar la mama, logrando seguridad desde el punto de vista oncológico pero a la vez logrando un resultado estético que permita a la mujer mantener su imagen corporal, fundamental en la cirugía mamaria.
Hemos llegado a un punto en el cual cada paciente, una vez diagnosticada con cáncer debe pasar por un proceso exhaustivo que permita clasificarla no sólo por el tamaño del tumor, la presencia de metástasis en ganglios u órganos a distancia, sino dentro de una de tantas familias de las antes mencionadas y así lograr un tratamiento casi como un traje hecho a la medida por un sastre. Es por esto que ya no se puede generalizar a la hora de hablar del tratamiento para el cáncer de mama y lo que para alguna paciente es adecuado para otra no lo será. Así algunas recibirán quimioterapia antes de la cirugía, otras después y algunas no recibirán quimioterapia, solo hormonoterapia o mezclas con anticuerpos, etc.
Todo esto da un panorama alentador, sin embargo, en nuestro país aun cuando las estadísticas nos muestran que la mejoría en la sobrevida por cáncer de mama (la posibilidad de sobrevivir un tiempo determinado) ha ido mejorando y cada vez acercándose a las que logran países con mayor desarrollo, ésta sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, siendo de 427 para el año 2020 según datos del Ministerio de Salud.
Claramente al día de hoy no existe forma de prevenir el cáncer de mama, por lo que decir que se realizará una campaña de prevención es absolutamente incorrecto, ni siquiera cuando se realizan mastectomías en mujeres portadoras de mutaciones genéticas que llevan un mayor riesgo de tener cáncer que en la población general, se puede decir que se previene ya que lo correcto, es decir, se disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer. Lo que sí podemos hacer es realizar una detección precoz, pilar fundamental del éxito de todas las terapias dirigidas al cáncer de mama.
La detección precoz sólo se logra con un adecuado programa de tamizaje que involucre no solo la edad, idealmente, iniciando la mamografía a los 40 años, sino también midiendo el riesgo en mujeres menores que requieran iniciarlo antes, y comprendiendo que en las mujeres mayores de 75 años se debe valorar su estado funcional, ya que cada vez más nuestra esperanza de vida avanza y con ella la obligación de realizar detección en este grupo de mujeres.
Por último, destacar el esfuerzo que como país se ha realizado por crear, desarrollar y sostener instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual, a pesar de sus problemas internos, que los tiene, las listas de espera, la morosidad de propios y extraños y algunas ocasiones los ataques a la que se ve sometida con objetivos bastante premeditados, brinda actualmente todos y cada uno de los tratamientos antes indicados. Claramente el tamizaje es actualmente su punto más débil.
Soy cirujano general, inicie mi residencia en 1998, desde ahí he estado en contacto con pacientes con cáncer de mama, mujeres en su gran mayoría, aunque también hombres en una proporción mucho menor y desde el año 2010 dedicado el 100% del tiempo a tratar enfermedades de la mama. He visto cientos, posiblemente miles ya de pacientes con esta enfermedad, cada quien con su historia, muchas batallas ganadas, muchas perdidas, pero me quedo con la resiliencia de la mayoría y con el grupo de trabajo que hemos conjuntado en mi centro de trabajo, el Hospital México (cirujanos, cirujanas, oncólogos, oncólogas, patólogos, patólogas, enfermeras, radiólogas, radioterapeutas, psicólogos, psicólogas, terapistas físicos) para poder dar a todas estas pacientes el mejor tratamiento, que es aquel que brinda un verdadero equipo multidisciplinario enfocado en lograr el mejor tratamiento para cada caso individual.
PRIMERO. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada mediante la Ley Constitutiva No 17 del 1° de noviembre de 1941, cuyo texto fue sustituido con la Ley No 17 del mismo nombre, del 22 de octubre de 1943, con el fin de que administrara y gobernara el Seguro Social obligatorio -con excepción del seguro de riesgos del trabajo- que protegería exclusivamente a los trabajadores asalariados, con financiamiento tripartito de los trabajadores, sus patronos y el Estado. De previo, por medio de la Ley Nº 24 de 2 de julio de 1943, se le otorgó rango constitucional al Seguro Social en el artículo 63 de la Constitución Política de 1871, cuyo texto se conservó y modificó levemente en el artículo 73 de la Constitución Política de 1949. Por medio de la ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961, se incluyó nuevamente en el artículo 73 de la Constitución a la CCSS, como la institución a cargo de administrar y gobernar el Seguro Social obligatorio y se adicionó un párrafo al artículo 177 de la Constitución, para garantizar el pago de los aportes del Estado como tal y como patrono al Seguro Social y su universalización, incluyendo un transitorio para adicionarle a este seguro la cobertura familiar no incluida en el artículo 73 de la misma constitución.
El artículo 73 de la constitución dice “ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.”
El artículo 32 de la Ley N° 17 del Seguro Social ordena “Artículo 32- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo.” El régimen de reparto es el Seguro de Salud (SEM, artículo 33 de Ley 17) y el de capitalización es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM, artículo 34 de Ley 17). Además, la misma ley dispone en el artículo 42 que “Artículo 42- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja” y en el 43 ordena “Artículo 43- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”.
SEGUNDO. Como queda claro en los artículos constitucionales antes citados, el Seguro Social únicamente comprende las coberturas de invalidez, vejez, muerte, incapacidad temporal, enfermedad y maternidad de los trabajadores asalariados y sus familiares económicamente dependientes, mediante el modelo bismarckiano alemán de contribución tripartita sobre los salarios.
Bajo esta modalidad únicamente se le otorga cobertura a poco menos de la mitad de la población nacional -la población económicamente activa asalariada y sus dependientes-, por lo cual, con el fin de otorgar las coberturas de salud y pensiones a toda la población nacional bajo el modelo inglés de Seguridad Social, a partir de la década de 1970 se crearon una gran cantidad de leyes especiales, mediante las cuales se obligó a la CCSS a darle la cobertura de salud y pensión a toda la población, incluyendo la medicina preventiva, también denominada primer nivel de atención de la salud o atención primaria de la salud (APS). En efecto, en este orden, se crearon las siguientes obligaciones a la CCSS:
Prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos, según el artículo 2 de la Ley “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad No 5349” del 24/09/1973. Su costo total se financiaría con las rentas que disponen los artículos 2 y 7 de esa Ley y el artículo 6 de la Ley 7374.
Conceder pensión por vejez y otras coberturas mediante el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), a toda persona que no haya logrado obtener los requisitos para recibir pensión de ningún régimen contributivo de pensiones, según el artículo 6 de la “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662” del 23/12/1974. Su costo total sería conforme se indica en ese mismo artículo y en otras leyes.
Otorgar los servicios del SEM con cobertura familiar a toda persona amparada por regímenes nacionales de pensiones, conforme lo ordenan los artículos 1 y 2 de la ley “Pensionados Protegidos Seguros Enfermedad Maternidad N° 5905” del 04/05/1976. Su costo total se financiaría con los recursos que se indican en el artículo 2 de esa misma ley.
Encargarse de la APS conforme lo ordenan los artículos 7 y 8 de la Ley “Préstamo BID Programa Servicios Salud y Construcción Hospital Alajuela N° 7374” del 03/12/1993. Su costo total se financiaría mensualmente conforme se ordena en los artículos 5 y 9 de esa misma ley.
Universalizar las coberturas de salud y pensiones a los trabajadores independientes de conformidad con los transitorios XII y XVIII de la “Ley de Protección al Trabajador No 7983” del 16/02/2000. Su costo total se financiaría con los fondos indicados en el artículo 78 de esa Ley, con los fondos específicos dispuestos en la Ley No 17 incluyendo los nuevos recursos que fueran necesarios de conformidad con el texto que se agregó al artículo 74 de esta ley.
Dar la cobertura de salud al resto de la población nacional no cubierta por el SEM bajo ninguna modalidad de aseguramiento, conforme al Decreto Ejecutivo “Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad N° 22139-J” del 26/02/1993, la “Ley General de Protección a la Madre Adolescente N° 7735” del 19/12/1997, el “Código de la Niñez y la Adolescencia No N° 7739” del 6/01/1998, la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935” del 25/10/1999 y múltiples sentencias de la Sala Constitucional amparadas en el artículo 21 de la Constitución Política y convenios internacionales suscritos por Costa Rica. A pesar de que en estos casos no se indica la fuente de financiamiento, por disposición del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política y sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo, ratificada por sentencia Nº 00197-2018 del 08/04/2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (expediente 13-006261-1027-CA), la CCSS no está autorizad para utilizar los fondos, ni las reservas del Seguro Social de los trabajadores asalariados, para financiar estos programas de salud; por lo cual, su costo es por cuenta del Estado.
La cobertura según modalidad de aseguramiento en el SEM de los años 2020 y 2021, se muestra en el Cuadro No 1.
Cuadro No 1. Población nacional según la cobertura en el SEM
Condición de aseguramiento
Año 2020
Año 2020 %
Año 2021
Año 2021 %
Seguro Social (asalariados y convenios, Ley 17)
2.444.163
47,8%
2.436.816
47,2%
Cuenta propia (Independientes y voluntarios, Ley 7983)
740.556
14,5%
722.145
14,0%
Pensionados (Ley 5905)
604.970
11,8%
616.407
11,9%
Estado (Otras leyes especiales y estudiantes)
902.577
17,7%
918.174
17,8%
No asegurados (Art. 21 constitucional)
419.139
8,2%
469.871
9,1%
Población total
5.111.405
100,0%
5.163.413
100,0%
Fuente: Elaborado con datos del Cuadro 11 del Estudio Actuarial del SEM al 31/12/2021, CCSS.
TERCERO. No obstante lo anterior y a pesar de que las leyes antes citadas y sentencias judiciales siguen vigentes, en cuanto a los ingresos y al financiamiento del IVM y las diversas modalidades de aseguramiento en el SEM, ocurrieron los siguientes hechos:
Se incumplió el ordenamiento dispuesto por leyes especiales para el financiamiento de las diversas formas de aseguramiento en el SEM, incluyendo el de la APS.
La CCSS tomó fondos del Seguro Social para financiar los faltantes de recursos dispuestos por esas leyes especiales, a pesar de la prohibición constitucional.
Se violentaron los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, principalmente debido a los siguientes hechos:
1-. A pesar de los siguientes hechos, los fondos asignados al IVM se mantuvieron constantes en 7,5% sobre los salarios, desde 1947 hasta el año 2009.
1.1 La advertencia que le hizo el actuario Cecilio Nesbit a la Junta Directiva de la CCSS en el año 1950, sobre la insuficiencia de la tarifa del 7,5% sobre los salarios para financiar el IVM.
1.2 El aumento acelerado de la esperanza de vida en todas las edades que hubo en el período de 1950 a 1980.
1.3 La obligación de que IVM incluyera como beneficio de pensión el pago del aguinaldo a partir del año 1967.
1.4 La obligación impuesta a IVM de pagar el costo de atención de la salud de los pensionados, que hoy es el 13,75% de la planilla del gasto en pensiones.
1.5 La reducción de las edades de retiro por vejez de los 65 años hasta los 55 años de edad para las mujeres y 57 años de edad para los varones, que se hizo en las décadas de 1970 y 1980.
1.6 La reducción de las tasas de fecundidad y de natalidad.
2-. Se usaron fondos del Seguro Social para financiar los costos de las nuevas obligaciones que le fueron trasladas a la CCSS, que en actualmente rondan ¢1 billón por año o el 8% sobre la masa salarial.
La cobertura contributiva de IVM en el año 2021 fue de un 57,1% sobre la Población Económicamente Activa, distribuida según el Cuadro No 2.
Cuadro No 2. Cobertura contributiva de IVM año 2021
Modalidad de seguro
Cotizantes
Cobertura sobre PEA
Seguro Social
1.220.251
48,2%
Empresa privada
973.688
38,4%
Servicio doméstico
15.680
0,6%
Convenios
34.785
1,4%
Sector público
196.098
7,7%
Trabajadores independientes
148.412
5,9%
Asegurados voluntarios
78.517
3,1%
Total IVM
1.447.180
57,1%
No cotizaron
1.086.551
42,9%
PEA total (CCP)
2.533.731
100,0%
Fuente: Cuenta individual al 31/12/2021, Gerencia de Pensiones, CCSS.
La planilla de beneficiarios pensionados de IVM al 31/12/2022 se presenta en el Cuadro N° 3, en el que se observa que la mitad de las pensiones son inferiores a ₡150.000 y un 5,5% son superiores a ₡1.050.000.
Cuadro No 3. Planilla de pensiones de beneficiarios de IVM al 31/12/2022
Fuente: Elaborado con datos de la planilla de pensiones de diciembre de 2022, Gerencia de Pensiones, CCSS.
El gasto estimado del SEM en el año 2022 según modalidad de aseguramiento se presenta en el Cuadro No 4. En él se observa que solamente los seguros de los asalariados e independientes tendrían un superávit.
Cuadro No 4. Costos del SEM según modalidad de aseguramiento año 2022
Millones de colones
Fuente: Elaborado usando los datos de los Cuadros 32, 35 y 43 de la valuación actuarial del SEM al 31/12/2021, CCSS.
En particular, vemos en el Cuadro No 4 que la cuota del seguro de los asalariados (Seguro Social) es 7,0%, por lo que como la contribución que la CCSS recauda para este seguro es 26,16%, aplicando los artículos 32 y 43 de la Ley 17, el excedente 25,16% – 7,0% = 19,16% debería destinarse al financiamiento de IVM; esto desde hace varias décadas. Sin embargo, lo que se traslada al IVM es solamente un 11,16% sobre los salarios.
En el Cuadro No 5 se presenta la distribución de la cuota del Seguro Social que aplica la CCSS, la cual vulnera los artículos 32 y 43 de la Ley 17 y el artículo 73 de la Constitución. Así mismo, se incluye una alternativa que corregiría esa situación; pero requiere el financiamiento de las otras modalidades de seguro en el SEM, creadas por leyes especiales.
Cuadro N° 5. Distribución de la cuota del Seguro Social y otra alternativa
Sector
Distribución usada por la CCSS
Una distribución posible
IVM
SEM
Total
IVM
SEM
Total
Trabajador
4,17%
5,50%
9,67%
8,22%
2,77%
10,99%
Patrono
5,42%
9,25%
14,67%
10,69%
3,98%
14,67%
Estado como tal
1,57%
0,25%
1,82%
0,25%
0,25%
0,50%
Total
11,16%
15,00%
26,16%
19,16%
7,00%
26,16%
CUARTO. Para paliar momentáneamente el déficit de IVM, la Junta Directiva de laCCSS tomó las siguientes medidas:
Aumentó la cuota del Estado un 0,66% sobre los salarios a partir del año 2015.
Aumentó la cuota de los trabajadores un 1% sobre los salarios en 2017 y 2018.
Detuvo la Base Mínima Contributiva en un 87% del salario mínimo, con el fin de no aumentar la pensión mínima.
Redujo de cinco a tres años el aumento programado de la cuota de un 0,5% sobre los salarios.
Dejó de aplicar los reajustes semestrales por inflación de los precios y los que hace, los paga tardíamente.
No obstante lo anterior, aún con esas medidas, la reserva actual de IVM es apenas un 4% de la reserva necesaria, conforme a los artículos 32 y 34 de la Ley 17 y el estudio actuarial con corte al 31/12/2017 realizado por la CCSS. Si se hicieran las revaluaciones de las pensiones de IVM conforme a la inflación de los precios, entre 2024 y 2025 se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría entre el 2030 y el 2032, según sea el caso, con evasión o sin evasión, respectivamente. Para financiar el faltante de fondos se ocuparía una prima nivelada sobre los salarios de un 24% a partir de hoy, o bien tener una reserva actual entre ₡60 billones y ₡100 billones, dependiendo de la tasa de descuento que se utilice.
QUINTO. En el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024. Los acuerdos son los siguientes:
Dicho proceso de reforma y el acuerdo en sí mismo, contienen las siguientes deficiencias técnicas y legales:
No se convocó a una mesa de diálogo nacional; sino que se sacó a consulta una propuesta unilateral de la CCSS, sin considerar iniciativas y propuestas de los diferentes actores sociales, para finalmente imponer la propuesta unilateral de la CCSS.
Así las cosas la CCSS omitió, ignoró y violento el convenio N°. 102 de la OIT ratificado por nuestro país relativo al derecho de residencia en regímenes de pensiones.
La propuesta sacada a consulta fue modificada por la Junta Directiva de la CCSS sin convocar a los sectores sociales. Entre las modificaciones y adiciones están las siguientes:
Eliminaron el transitorio de hasta cinco años que tenía la propuesta original. Al no existir un transitorio, el faltante de una cuota o de un mes para que un trabajador cumpla los requisitos, se convierte hasta en tres años de retraso en la edad de retiro. Esto no es razonable ni proporcional y quebranta el principio de seguridad jurídica.
Derogaron varios transitorios del reglamento de IVM, lo cual no fue puesto a discusión en la propuesta original.
Aumentaron las edades mínimas de retiro en contra de uno de los acuerdos de la mesa de diálogo creada en el año 2017, a pesar de que dicho acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en el año 2019.
Se engañó a la población informando por los medios de comunicación que con la reforma se le daría financiamiento al IVM hasta el año 2052. No obstante lo anterior, aún con esa reforma, entre 2025 y 2032 se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría entre el 2032 y el 2036, según sea el caso, con evasión o sin evasión, respectivamente.
El aumento de las edades de retiro incrementa los gastos de la planilla de salarios del Estado y reduce las posibilidades de que los trabajadores jóvenes se incorporen al mercado laboral, afectando el ciclo de reemplazo.
Se plantean las siguientes opciones de enmienda a la reforma de IVM aprobada en orden de preferencia
OPCIÓN 1. Mantener las actuales edades de retiro, tanto para hombres como para mujeres.
OPCIÓN 2. De no aceptar la opción anterior, instamos a agregar un transitorio único que indique que la reforma conforme el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS que aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024, no aplica para las personas que en fecha 11 de enero de 2022, tuvieran 55 o más años de edad. Para las personas con menos de 55 años de edad en esa misma fecha, los requisitos mínimos de cuotas mensuales según edad y sexo para el retiro con pensión completa por vejez, serán los siguientes para edades enteras, disminuyendo las cuotas mensuales proporcionalmente a la edad en caso de edades no enteras:
OPCIÓN 3. De no aceptar la opción anterior, instamos a mantener en 61 años la edad mínima de retiro para las mujeres y en 63 años la de los hombres; con los requisitos de edad y de cotización que están vigentes en la actualidad.
OPCIÓN 4. De no aceptar la opción anterior, agregar el transitorio de incremento gradual de la edad mínima de retiro que fue sacado a consulta a los sectores sociales.
OPCIÓN 5. De no aceptar la opción anterior, agregar un TRANSITORIO UNICO:
Agregar al acuerdo de reforma un transitorio, que indique que la reforma conforme el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS que aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024, no aplica para las personas que en la fecha que se publicó el acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta, tuvieran 55 o más años de edad.
Sitio web de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) https://cmtccr.org/
SURCOS comparte el documento que nos remitió el doctor Juan Jaramillo Antillón, exministro de Salud y constante estudioso de temas sociales, sanitarios y filosóficos.
En el prólogo, el autor expresa:
“Los atrasos en los tiempos de espera para recibir atención médica general o especializada en los sistemas de Salud Púbica Mundial o en los Seguros Médicos Universales, constituyen un desafío muy serio y difícil de cumplir. De hecho, en muchos países en desarrollo o ricos ya existe este problema, Inglaterra y España entre otros son ejemplo de estas fallas.
Deseo eso sí aclarar que las personas y las sociedades logran superarse y cumplir metas muy deseables cuando tienen buena salud y reciben educación. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución DEL ESTADO indispensable para la vida de los costarricenses.
Y valga de ejemplo para ver su valor, la reciente epidemia viral por la Covid 19, que afectó gravemente al mundo provocando millones de muertes, incapacidades y causando serios problemas a los servicios de salud hospitalarios del país.
“No fue la empresa privada” la que se hizo cargo de esta grave y costosa situación; fue el sistema de servicios médicos universales del Seguro Social de Costa Rica. Sus clínicas y hospitales sirvieron a todos, con consultas e internamientos sin costo alguno durante esta crisis”.
Le invitamos a descargar aquí el documento completo para su estudio.
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.
Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.
Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).
Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.
Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle ₡1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.
Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.
San José, 16 de octubre de 2023
Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
El compañero Josué Fernández, estudiante de Trabajo Social de la UCR, institución hermana de la reforma social que fundó la CCSS, nos expresa su agradecimiento a la Caja por ser una institución solidaria, que atiende a todos sin distinguir la clase, posición económica y sin discriminación. Josué nos indica la importancia de que la CCSS sea del pueblo, para que realmente sea de todos y todas.
En FRENASS decimos:
¡Un gobierno que no le paga a la CCSS, no defiende esta gran Institución!
UNDECA en el marco del Día del Trabajador de la CCSS y 80 años de autonomía de la CCSS, invita al foro: “80 años de Autonomía y sostenibilidad financiera de la CCSS”. Este se llevará a cabo el día miércoles 18 de octubre, en el Auditorio Hospital México, a la 1:00p.m. Se contará con la participación de:
Luis Chavarría Vega Secretario General UNDECA Coordinador BUSSCO
Martha E. Rodríguez González representante, trabajadores Junta Directiva CCSS
