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Etiqueta: CCSS

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

SIFUPCR- Mensaje a la población y trabajadores de la CCSS

En el video que compartimos a continuación, Juan Carlos Durán señaló que muchos de los votos que tuvo el PAC anteriormente, migraron hoy hacia el partido de Rodrigo Chaves, el partido de Eli Feinzaig y otros tantos al Frente Amplio, así como el partido de Fabricio Alvarado.  Afirma que “por sus frutos los conoceréis y ahora será importante ver qué sucede con esta Asamblea Legislativa que quedó muy repartida entre varios partidos que normalmente le han dado la espalda a los trabajadores de la Caja”.

Confirma que hubo un aumento del abstencionismo, pero que esto no es nuevo, pues según las encuesta del CIEP de hacía dos años, decían que no se sentían representados por ningún partido y que además un 40% afirmaba que no le gustaban los candidatos. Advierte que se debe tener cuidado como ciudadanía sobre aquellas personas que proponen legislar por referéndum, y que se espera que las fracciones legislativas alcen la voz y le digan a Rodrigo Chaves, quien tiene la tesis de gobernar con referéndum, que se confronte esto, pues es riesgosa la propuesta y la forma en que se está presentando.

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados solicita investigación a la CCSS por informe de auditoría usado por el periódico La Nación en sus publicaciones

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados, SIFUPCR, solicitó a la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social la valoración para una investigación administrativa en relación con el  informe ASF-163-2021, emitido el 17 de diciembre de 2021.

En dicha solicitud, el representante sindical de SIFUPCR, Juan Carlos Duran Castro, señala la hipótesis de que dicho informe se elaboró mediante “una gestión informativa posiblemente distorsionada y débil en sus argumentos, lo cual le resta confiabilidad a la misma y sin duda debilita al medio en cuestión, pero más allá de esto, en definitiva, un informe en principio deficitario en lo técnico, por la forma y por el fondo, elaborado por cuatro funcionarios del área de servicios financieros, generan una actividad periodística que expone a la Caja Costarricense de Seguro Social en general y al Fondo de Retiro en particular a un escarnio público posiblemente innecesario”.

Por tanto, el gremio sindical y su representante, solicitan a las autoridades auditoras de la CCSS, determinar si dicho informe cuenta con la rigurosidad técnica o por el contrario existen falencias de forma y de fondo. 

Aunado a esta solicitud, el SIFUPCR solicita a la Caja, determinar los posibles mecanismos formales o informales por los que obtuvo el periódico La Nación el informe ASF-163-2021 de la auditoría interna. Esto, porque dicho medio de prensa elaboró notas periodísticas “con posibles parcialidades informativas, que podrían estar surgiendo a partir de las presuntas falencias técnicas del informe de rito y que podrían, al final, distorsionar y causar como mencionamos, perjuicios reputacionales de diversa variedad jurídica a la auditoría, a la CCSS, al Fondo de Retiro y a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS”, según Duran Castro.

La Caja y el oro de Crucitas

Freddy Pacheco León

Para las finanzas de la CCSS, la cifra para atender a la población de Ciudadanos de Oro como lo merecen es devastadora, y como tal imposible de hacer frente con los ingresos actuales y proyectados.

Se vislumbra una catástrofe si no hacemos algo ya. Por ello insistimos en la propuesta de explotar nuestro oro del subsuelo de Crucitas, para dedicarlo exclusivamente al sistema integral que llamamos Hospital del Oro, para la atención de la población mayor de 65 años.

Más de ¢110.000 millones anuales en oro esperan ser aprovechados en un área de menos de 1 km2, y como no hay otra posible solución al déficit proyectado en la Caja, insistimos en tal idea, pues, aunque ya es tarde no vemos el interés razonablemente esperado.

DE MAL EN PEOR

Oscar Madrigal

En estas fiestas de fin de año no seguí el consejo de la película “No mirar arriba” cuando dice que hay que dejar de leer y ver “noticias de mierda” (el lenguaje es de la película).

El diario La Nación publica en esos días dos artículos (iba a escribir informaciones, pero luego me arrepentí porque podría ser un atrevimiento). La primera es acerca de un estudio que realiza el economista Andrés Fernández, del grupo la Academia sobre la desigualdad en Costa Rica y el segundo una respuesta de la Caja al ministro de Hacienda. Ambos llaman la atención.

Sobre la desigualdad se recuerda que, según datos del Banco Mundial de 99 naciones, Costa Rica está entre los primeros 10 más desiguales y ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos de los países de la OCDE. No son informaciones que nos enorgullezca como país; es una vergüenza que señala el fracaso del modelo neoliberal.

El estudio del señor Fernández se reduce a estudiar la desigualdad únicamente entre los salarios de los trabajadores y concluye que la pandemia ha aumentado esa desigualdad, o sea, hizo más amplia la brecha salarial entre trabajadores. Pero lo interesante, dice el investigador, es que no fue porque los que ganaban más se hicieron más ricos y los que reciben salarios más bajos más pobres, sino que TODOS los trabajadores recibieron MENOS SALARIOS medios, sea todos se empobrecieron un poco; es decir, todos perdieron, solo que los más pobres perdieron más.

El estudio concluye, como era de esperar, que se debe reducir más los salarios de los empleados públicos, aprobar la ley de empleo público y reducir las cargas sociales. Por supuesto, no habla de un fuerte aumento salarial para todos los trabajadores y con mayor monto para los trabajadores más pobres, sino que la receta es nivelar para abajo, empobrecer más a las capas medias y con ello aumentar, de manera general, la desigualdad social. La medicina que sugieren es peor que la enfermedad porque las cargas sociales proponen quitarlas a los empresarios y fijar un impuesto general sobre toda la población, especialmente -con toda probabilidad- sobre los trabajadores. 

El ingreso por el trabajo, los salarios, son solo una parte de todo el problema de la desigualdad social que aqueja a nuestra sociedad de manera crítica. Pero como se observa, también en el campo salarial estamos retrocediendo en cuanto a disminuir la brecha. Si esta tendencia la ubicamos con relación a TODOS los ingresos (salarios, beneficios, ganancias de capital, renta, etc.), se llega a la conclusión de que el país camina a ser un país cada vez más desigualdad de que ya es y no hacia su reducción o acortamiento.

La lucha contra la desigualdad es muy diversa porque abarca desde la reforma de un sistema tributario regresivo, cerrar portillos legales a la evasión y elusión, reducir el papel monopólico de nuestra economía, eliminar subvenciones ocultas y exenciones odiosas, aumentar salarios y apoyar fuertemente a los sectores más desposeídos. Como se ve hay que tocar algunos puntales del actual régimen para redistribuir la riqueza. Y eso requiere voluntad política y decisión, difícil de encontrar en esta campaña electoral.

La otra noticia recoge la respuesta de la Caja al ministro de Hacienda, quien tiene una campaña para desmantelarla aduciendo cifras equivocadas. De la información se desprende que durante esta administración Alvarado, el Gobierno de lo que ha presupuestado como trasferencias corrientes a la Caja, solo ha cumplido con el 50%, es decir que la deuda del Gobierno con la Caja aumenta cada año en ¢250.000 millones. El menos indicado para criticar las finanzas de la Caja es Villegas porque no honra sus compromisos. Primero páguele a la Caja y después critíquela.

Pero La Nación como está en lo suyo, en no descansar ni en las fiestas de fin y principio de año en atacar a los empleados públicos titula: “Gobierno gasta más en pensiones de funcionarios públicos que en IVM…”, ignorando que esas pensiones salen del presupuesto nacional porque no crearon el fondo de pensiones que correspondía y como si los funcionarios públicos fueren los responsables de los impagos del Gobierno. La Caja simplemente le contesta a Villegas que el gobierno paga ¢900.000 millones en pensiones, pero ¢2,2 billones en intereses de la deuda.

Efectivamente dos noticias realmente de mierda: crece la desigualdad de los trabajadores porque todos se han hecho más pobres durante la pandemia y el Gobierno se escuda en los empleados públicos para no pagarle a la Caja.

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:

El regalo navideño de la Junta Directiva de la CCSS

Reforma de pensiones empobrecerá familias trabajadoras

La propuesta de reforma del sistema de IVM, está en la agenda de hoy, para ser aprobada por la Junta Directiva, aprovechando las celebraciones navideñas y político electorales. 

La consulta pareciera en un mero trámite, un requisito obligatorio, sin ningún proceso social participativo, manteniendo su carácter antidemocrático, su absoluta regresividad, recurriendo a la salida fácil, aumentar la edad de retiro y disminuir el monto de las pensiones. Reforzando, además, la deuda histórica, los obstáculos y discriminaciones en el acceso a sistemas de seguridad social para las mujeres. 

Mientras la ilegítima deuda del gobierno con el régimen aumenta exponencialmente, las pensiones de las personas no han sido revaloradas por muchos años, ni siquiera las pensiones mínimas, lo que produce pensionados del régimen de la CCSS cada día más pobres. 

El derecho a la seguridad social, así como el derecho a las pensiones, no son temas filosóficos, son derechos fundamentales, reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y en múltiples instrumentos internacionales, que deben ser inclusivos, progresivos y legítimos jurídica y socialmente. Esta neoliberal reforma, que se impone de manera autoritaria, carece totalmente de legitimidad democrática y desconoce principios fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la equidad y la justicia social. 

¡Con este acuerdo pierde la clase trabajadora y pierde el país! 

Martha E.  Rodríguez G. Representante sector sindical, CCSS.

San José, 14 diciembre de 2021.

UNDECA: ¡Ni vergüenza les da! El desastre hacendario no se puede ocultar atacando a la Caja

No hemos terminado con la pandemia de COVID-19, y de nuevo arremeten, con todo, contra el sistema público de salud y seguridad social de nuestro país.

Esta vez, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas,es el abanderado, quien se lució lanzando sus dardos más venenosos contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Ministro de Hacienda, proclamó la más aviesa afrenta contra esta institución. Declaró que su presupuesto erosiona la estabilidad fiscal, criticó las facturas que le pasa la Caja, por el perro tan amarrado y rabioso que le tiene el Gobiemo, y como si lo anterior fuera poco, censuró el costo de la atención médica que se le brinda a la población.

Las declaraciones del Ministro desprestigian esta institución, favoreciendo la privatización de los servicios de salud pública. No tenemos ninguna duda que los mercaderes de la salud estarán aplaudiendo, estas desastrosas manifestaciones, de un fiel escudero de los más opacos intereses.

¡Cuando el ministro hace una frívola comparación entre los presupuestos de Gobiemo Central y el de la Caja, tratando de manipular la verdad, no dice, que desde luego no ignora, que la causa principal del deterioro de las finanzas del Gobierno es producto de la enorme corrupción, de la evasión, elusión y el contrabando fiscal; además,de los privilegios fiscales que disfruta el poderoso sector empresarial y financiero, nacional y transnacional.

Detrás de esa cortina de humo, el Ministro no pretende otra cosa que no sea seguir eludiendo el pago de la deuda que tiene el Gobiemo, que asciende a la cantidad de 2.300.000 millones de colones, incítando públicamente a los diputados y diputadas a violentar el artículo 177 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asumir el pago de la deuda, que el inflamable discurso del ministro pretende que se le escamoteé a los asegurados y a la población en general

Don Elian, en lugar de fustigar a nuestra emblemática institución, constituida por más de 60.000 personas trabajadoras, que le han puesto el pecho a la pandemia, debería honrar esa vergonzosa deuda.

El Ministro de Hacienda lanzó una proclama nada velada, de guerra contra la institución, la cual resulta totalmente inaceptable proviniendo de un Ministro de Estado.

UNDECA exige que se le pague a la Caja, lo que se le debe.

Llamamos a todas las fuerzas sociales a reforzar la lucha en defensa de la Caja y la salud pública

Las organizaciones sindicales y la clase trabajadora debemos cerrar filas en esta defensa.

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.