El señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), manifestó su preocupación sobre las declaraciones del señor diputado, Eliécer Feinzaig Mintz, con respecto al aumento salarial de los empleados de la CCSS.
Durán alegó que con respecto a este tema, el aumento salarial a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es más que merecido, pues los trabajadores de la institución son productivos en sus labores, lo cual se vio reflejado durante la crisis sanitaria por el COVID-19, además, defendió la autonomía de la CCSS para tomar decisiones en cuanto al salario de sus funcionarios, y aseguró que, en caso de ser necesario, se estará luchando por dicho aumento.
En días pasados, el señor diputado, durante una sesión del Plenario Legislativo, comentó que la decisión del Gerente General de la CCSS por aumentar el salario de los funcionarios de la institución es insostenible, pues ese aumento significa un costo más para los costarricenses y, a pesar de aumentar el gasto institucional, no se aumenta la eficiencia de los servicios que brinda la Caja.
El presidente de la República Rodrigo Chaves llamó a cuentas al presidente ejecutivo de CCSS, Álvaro Ramos, cuestionando el acuerdo de la Junta Directiva de esta institución, que instruyó que se cancelara a las personas trabajadoras, el ajuste salarial que pactó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a finales del año 2019, para todos los trabajadores del sector público y cuyo incumplimiento violentaría la negociación colectiva y los convenios internacionales de la OIT.
Por una parte, esta impropia conducta del presidente Rodrigo Chaves, constituye una abusiva intervención política, que vulnera la autonomía constitucional de la Caja.
Por otra parte, el presidente ignora que, en virtud de este acuerdo, aunque de manera muy tardía, la Caja está honrando una deuda que tenía pendiente con los trabajadores, desde hace más de dos años, así señalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, en el oficio MTSS-DMT-OF-429-2020/MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020, del 24 de abril de 2020, reiterado por Mideplan en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0811-2021 del 10 de agosto de 2021.
Conforme con el artículo 695 del Código de Trabajo los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público son vinculantes para todas las instituciones públicas, en este caso, desde el 2012 la Junta Directiva de la CCSS acordó aplicar los ajustes decretados para el sector público y debidamente ajustados a derecho.
Este acuerdo, adoptado en firme por la Junta Directiva, se fundamentó en sólidos criterios jurídicos y actuariales, que respaldan su legitimidad y garantizan la sostenibilidad financiera institucional.
El acuerdo tiene un carácter normativo, que da lugar a un derecho subjetivo, reconocido a favor de las personas trabajadoras, que jurídicamente no puede ser revocado por ese órgano supremo institucional, por más presión que ejerza el presidente de la República, su ministro de hacienda y algunos diputados.
Este acuerdo configura un derecho subjetivo pleno, amparado por el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración, de rango constitucional, que le impide a la Junta Directiva de la CCSS derogarlo o dejarlo sin efecto, en perjuicio de las personas trabajadoras que laboran al servicio de esa institución.
El ajuste salarial general, en el orden de 7.500 colones mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el propio presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la CCSS quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales.
Demandamos al gobierno y sector empresarial el pago de la deuda acumulada desde hace años y que ronda los tres billones de colones. Dinero que vendrían a garantizar a la CCSS los recursos financieros para cubrir las diferentes necesidades que tenga esta institución en beneficio de todos los costarricenses.
Las organizaciones sindicales presentes hacemos un llamado de unidad a los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales para hacer valer el pago del ajuste salarial. y, en consecuencia, se mantenga incólume ese justo pago, que más que merecido lo tienen las personas trabajadoras.
El Sindicato Nacional de Enfermería lo invita a inscribirse a la Carrera SINAE AFINES 2022, “Por una Salud de Alto Desempeño” y rinde homenaje a los trabajadores de la CCSS, que han combatido por más de 2 años y tres meses la pandemia por COVID-19. La carrera será de 5 y 10 km y es apto para cualquier persona que quiera practicar deporte y se tomarán todas las medidas de seguridad, la carrera contará con múltiples estaciones de hidratación en todo su recorrido
Con tu asistencia también brindas ayuda a las personas en situación de calle mediante la obra social que lleva a cabo el Hogar San José.
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Las condiciones objetivas son aquellas que están dadas por la naturaleza o la acción humana, como el frío o el calor en dos países distintos, por su cercanía a los polos o al ecuador, o el tamaño mismo de un país, en lo cual intervino la acción humana, o la pobreza o riqueza (no sus causas o explicaciones), por poner ejemplos muy básicos.
Las condiciones subjetivas, son aquellas que hacen parte del escenario para la marcha de procesos culturales, sociales, políticos, para lograr un propósito, sea este alcanzar un resultado en favor de una causa propia o desmantelar los propósitos de los que están o pueden estar en contra de la causa propia, o simplemente no son parte de ella.
En fin, será en función de los intereses de unos o, ir en contra de los intereses de otros.
En ese sentido, uno de los caminos es deslegitimar en sí mismos, a los actores contrarios como tales, o lo que promueven o sostienen, o sus condiciones de existencia.
Hacer ver los derechos, las conquistas logradas por medio de las luchas sociales, como privilegios, situaciones inmerecidas que van en contra de un conglomerado y que deben quitarse, es una táctica para generar condiciones de opinión, en ese conglomerado, en contra de esos derechos y conquistas.
Eso es lo que han venido haciendo, con maña y labor de zapa, los sectores conocidos como neoliberales y aunque sepa a amargura, hay que reconocer que lo han ido logrando, a tal punto, que muchos de aquellos a quienes les fueron heredados esos derechos y conquistas, están en contra de sus propias conveniencias (claro, no lucharon por ellos ni vivieron las condiciones de no tenerlos).
El desprestigio de la Caja Costarricense del Seguro Social se provoca para pasar a manos privadas, lo que ahí se convierte en beneficio de minorías y no en bienestar de mayorías.
¿Cómo lo han ido logrando? Difundiendo desinformación, discursos interesados por medio de los mal llamados medios de comunicación, que tienen presencia cotidiana en cantidades significativas de población. De manera que se hace creer que, si alguien viste con ropa limpia, “está mal” porque otros visten con ropa sucia, haciendo que se ignore las causas de ambas situaciones.
A menudo se oyen expresiones como “en las noticias dicen”.
En esta conformación de opinión pública, están coludidos personajes políticos, organizadores de espacios de confusión y de enturbiamiento del entendimiento, en canales televisivos, radio emisoras, así como púlpitos, micrófonos de pastores y hasta se crean “comisiones de notables”, para darles “la bendición” a decisiones tomadas o por tomar, en función de intereses de grupos o sectores.
Así, los y las trabajadoras del sector público, sus organizaciones, mensajes, acciones, medios de lucha, condiciones de vida, son desprestigiadas de manera sistemática, por medio de estos “medios”.
El propósito es su deslegitimación, “demonización”, para causar la desmovilización, paralización y desunión de los sectores populares y la generación en éstos, de opinión en contra de sus propios intereses.
La organización y su calidad movilizadora, es la condición principal y fundamental entre las condiciones subjetivas, entonces, mientras un actor político se organiza, debe velar, promover y provocar la desorganización del otro, de su contrario.
Otra condición subjetiva es el descontento, la desaprobación y hasta el enojo y la molestia con algo. El descontento se da por la vivencia, el contacto, la percepción original; o, debe provocarse, crear la idea de alguien, persona, grupo o institución, como el enemigo, como el que está en contra de la conveniencia de otro, por lo tanto, debe acabarse con alguna condición, laboral por ejemplo (ahora están proponiendo la jornada 4 x 3). Cuando esto se logra se tiene la disposición, por parte del “convencido”, de estar en contra o a favor de aquello que le interesa al actor específico que lo provocó.
Por eso es que se provoca que mucha gente piense que las condiciones de vida digna de unos, que han alcanzado con sus luchas y no por la divina providencia, van en detrimento de otros.
Una cosa es que en un país haya pobreza, esa es una condición objetiva; el descontento por esta situación es una condición subjetiva pasiva, la organización con miras a hacer algo, es una condición subjetiva activa. Se requiere trabajo para que la primera se transforme en la segunda.
En Ciencia Política, la visión y gestión conocida como “Suma Cero”, promueve que nada es neutro ni está “en el aire”, lo que no aprovecha un actor en contra de su enemigo, lo aprovechará el enemigo, todo, en su contra; lo que no toma un actor, lo tomará todo el contrario. Así, las riquezas del país, se las apropia determinado actor, porque si no, van a dar al pueblo.
Recuerdo el pensamiento del taxista: “Es que, si robaran, pero le dejaran algo a la gente.”
En cuanto al ejemplo de la ropa sucia, parece que la tendencia es a la baja: Todos con ropa sucia. Menos yo y los míos, por supuesto.
Una de las “armas” para crear condiciones subjetivas es la mentira goebeliana: “Miente, miente, miente hasta que te crean.”
Además, la demagogia no falta, por ejemplo, la directriz del Banco Mundial: “El combate a la pobreza”.
Una de las reflexiones del líder Mao Tse-Tung dice, “El pueblo es como el agua para el pez”. Lo que pasa es que las pirañas también son peces y lo devoran todo. Y en eso los sectores neoliberales van ganando, en el convencimiento de la opinión pública.
Martha Elena Rodríguez González Miembro de la Junta Directiva CCSS San José,29 de agosto 2022
Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.
La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.
La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.
Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.
Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.
Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.
Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.
En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, será recibida en Casa Presidencial, este martes 30 de agosto, para iniciar el diálogo sobre las reiteradas acciones que buscan privatizar servicios en los hospitales y centros de atención en la CCSS.
Esta reunión es producto de las manifestaciones realizadas los días 20 y 29 de julio anterior, en donde cientos de trabajadores y trabajadoras se manifestaron frente a Casa Presidencial contra las maniobras para privatizar los servicios de vigilancia, aseo y otros.
En esas oportunidades, los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los hospitales nacionales se manifestaron desde el Hospital Calderón Guardia hasta la Casa Presidencial, en donde entregaron documentos que contemplan, entre otros puntos, una rotunda oposición a la privatización, el incumplimiento reiterado a la Normativa que regula el carácter temporal y excepcional de estas contrataciones por la obligación de la CCSS, en la prestación de estos servicios con funcionarios institucionales; la objetividad y transparencia en los estudios de mercado, idoneidad del Recurso Humano de la Caja, actualización del estudio de la brecha de recurso humano, entre otros.
UNDECA ha liderado esta importante lucha que afecta directamente la calidad del servicio a los usuarios de la Caja en todo el país, con un alto y oneroso costo para el pueblo costarricense.
También, en este espacio, la dirigencia de UNDECA ha planteado la imperativa necesidad de poner al día y pagar oportuna y puntualmente el salario a los trabajadores.
Los dirigentes undequistas llegan con propuestas claras, objetivas y que buscan la defensa institucional de la salud pública de Costa Rica.
ASUNTO: Respaldo de UNDECA a las acciones del FRENASS en oposición a lareforma al Art. #63 del Reglamento del SEM oficio FRENASS-002-2022fechado 05 de agosto de 2022
Estimada señores, señoras:
Quien suscribe Luis Chavarría Vega Secretario General y Deivis Ovares Morales Secretario de Organización, ambos Directivos de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, en representación de nuestra organización, manifestamos nuestro apoyo a los planteamientos y observaciones realizados por los y las compañeras del FRENASS mediante el oficio indicado en el epígrafe, y que se refiere a la pretensión de ese órgano colegiado de reformar el artículo #63 del Reglamento del SEM, buscando la disminución de la base mínima contributiva, en favor de una parte del sector empresarial y poniendo en riesgo las finanzas institucionales por los recursos que se dejan de percibir.
Hacemos una exhortación a los integrantes de la Junta Directiva de la Caja de forma que este asunto se discuta de la manera más amplia con todos los sectores sociales que con acciones concretas y propuesta hemos demostrado nuestro interés por defender y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, en particular a los representantes laborales del Sector Cooperativo y Solidarista en la Junta, de forma que según el compromiso asumido con el sector al que representan, promuevan la búsqueda de amplios espacios de concertación social, sobre todo ante decisiones que atentan contra estabilidad económica de la benemérita CCSS, en tiempos en los que se ha mantenido una sostenida confrontación social, no se puede seguir posponiendo, ni soslayando la participación activa y proactiva de los sectores sociales, en la discusión y propuesta para la toma de decisiones trascendentales, máxime cuando se trata de la Institución que el pueblo reconoce como una herencia, un bien histórico de la reforma social de los años 40, lo cual además es consecuente con el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra Carta Magna.
Apelamos a la sensatez y buen juicio de quienes integran el órgano de máxima autoridad en la Caja, de forma que no se continúe con la práctica de obviar el sentir social expresado en manifestaciones, documentación con propuesta y pronunciamientos los cuales al día de hoy no han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones, lo que se percibe negativamente en quienes creemos en la participación democrática de estos procesos.
Señores (as) Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social
…/2/…
Respetuosos les instamos a recoger todas las inquietudes y planteamientos hechos por el FRENASS y reiteramos que es en la verdadera participación ciudadana y en la concertación social, de donde surgirán las verdaderas soluciones y las mejores decisiones para que la Caja pueda cumplir otros 80 años al servicio del pueblo de Costa Rica con sus principios de universalidad, solidaridad, vocación y espíritu de servicio, calidad en la atención, entrega, compromiso social, altruismo y empatía.
En espera de su atención y respuesta al amparo de los Derechos establecidos en el numeral 27 de nuestra Constitución Política y con la finalidad de hacer efectivos los preceptos constitucionales aquí invocados y sin otro particular, suscriben
Atentamente, Junta Directiva Nacional UNDECA
Luis Chavarría Vega, Secretario General y Deivis Ovares Morales, Secretario de Organización.
C: Compañeras y compañeros FRENASS. Compañeros y compañeras Foro Mario Devandas Brenes.
100 pasos hacia la prolongación del nefasto modelo neoliberal en Costa Rica
El discurso de Rodrigo Chaves Robles, la noche del martes 16 de agosto de 2022, confirma la intensión de continuidad de este depredador modelo político económico ¡Chaves se quitó la máscara!
Lo más “destacado” y que la clase política neoliberal esperaba, se oficializó, la venta del Banco de Costa RICA, BICSA, 49% del INS, la tercerización de servicios en la CCSS y otras instituciones públicas.
Su discurso “endulzante” caracterizado por “darle a los corruptos y a la corrupción” contrasta con su postura de la venta o concesión de activos estatales, practica neoliberal que bien sabemos ha fomentado la corrupción y el enriquecimiento ilícito del sector financiero y económico empresarial dominante.
Pueblo Unido lo ha denunciado desde su resurgimiento en la pasada campaña electoral, la Administración Chaves Robles es una continuidad de un modelo Político-Económico que está siendo desechado en la mayor parte de nuestro continente y que en Costa Rica ha venido a ubicarnos deshonrosamente en el ranquin entre los 5 países a nivel mundial con mayor crecimiento de desigualdad social.
Se develan las verdaderas intenciones, distintas a las demagógicas promesas de campaña. Muestra el lobo su verdadero rostro mientras el pueblo sigue sin soluciones concretas, afrontando el deteriorado costo de vida, poder adquisitivo, paupérrimos salarios, insostenible inflación, acelerado índice de pobreza, el creciente precio de los combustibles, tarifas, entre otros, teniendo la agobiante tarea de afrontar cada día, en esa maraña de dificultades, el permanente desafío de lograr sobrevivir.
Mientras en sus 100 días el Ejecutivo no ha dado muestras concretas de atender los frecuentes reclamos del pueblo, no ha presentado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para sancionar con la severidad que demanda el pueblo la institucionalizada corrupción, para combatir con verdadera fortaleza los mecanismos legales e ilegítimos de defraudación al Fisco. Tampoco ha dicho o hecho nada con respecto a la concesión de los espectros radioeléctricos, frecuencias de radio y la concentración de estas y otras concesiones como las de transporte público en pocas manos, parar y resarcir todo el saqueo que por décadas se le ha hecho a los costarricenses con sus bienes públicos.
Las puertas de Casa Presidencial en Zapote siguen abiertas de par en par, pero para las cámaras empresariales y los financistas de campañas electorales que con frecuencia visitan el domicilio presidencial en búsqueda de recuperar con creces lo invertido. Con seguridad, con el discurso de ayer del presidente, quedan más que satisfechos.
Entre algunas de las cuestionables y desafortunadas decisiones políticas de este gobierno, Pueblo Unido señala como desaciertos en este segmento de periodo innumerables contradicciones. Se quejan de la inflación, el endeudamiento, la crisis y los esfuerzos que deben sortear para cumplir con la regla fiscal. Aducen imposibilidad para mejorar los decaídos salarios de los costarricenses, pero duplican, eso sí, el de los ministros y viceministros. También beneficia con subsidios y privilegios a los importadores “arroceros” y “autobuseros” financistas de su campaña, mientras los productores agrícolas nacionales son llevados a la quiebra.
Pueblo Unido condena la propuesta gubernamental de seguir “vendiendo” la institucionalidad pública y acrecentar la desigualdad. Llamamos al pueblo costarricense a cerrar filas contra la pretensión de seguir la piñata del club de amigos de las élites político empresariales y prepararse para que, con fervor y un verdadero espíritu patriota, fortalezcamos la organización y tejido social para recuperar a nuestra patria de las manos de la muerte neoliberal, en las calles, la Costa Rica que deseamos heredar a nuestros hijos.
El derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.
Lamentablemente, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años, y que alcanzan los ₡3.000 millones de millones (₡3 billones) y por otra, un problema de gestión de recursos institucionales.
El tiempo de utilización de sala de operaciones, TUSH, indicador de rendimiento utilizado por la institución, por ejemplo, en varios centros de salud es bajo o ni siquiera se registra; y una buena parte de las salas de operaciones de los hospitales nacionales están desocupadas en horario vespertino, pero estos aspectos no fueron mencionados a la Sala Constitucional durante la comparecencia, en seguimiento de la sentencia estructural N20190005560 dictada por la Sala Constitucional, el 29 de marzo de 2019.
La “mágica” solución del Presidente Ejecutivo, Álvaro Ramos Chaves, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.
La CCSS cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense, pero mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna y el tiempo extraordinario ha sido satanizado, por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa, hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.
UNDECA exige que el gobierno le pague a la Caja, para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica, que demanda la población.
UNDECA rechaza las excusas, acciones y omisiones que promueven la privatización y demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.
La privatización de servicios de salud en otros países ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizado durante la pandemia. El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud.
SURCOS comparte la siguiente información enviada por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López.
«Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos«.
Lic. Gilberth Alfaro Morales; Director Dirección Jurídica Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Asunto: Entrega y solicitud de información
Estimado señor:
Muy respetuosamente lo saludo y le hago llegar los siguientes documentos, a fin de que sean considerados en el análisis jurídico que solicita la Gerencia de Pensiones a esa Dirección para atender requerimiento de la Defensoría de los Habitantes de la República (Registro de intervención No 379306-2022-RI).
El oficio No 06800-2022-DRH del 11 de julio de 2022, suscrito por el Lic. Geovanny Barboza Director a.i. de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes de la República.
El oficio GP-1106-2022 del 6 de julio de 2022 indicado en el oficio No 06800-2022-DRH anterior.
Oficio DAPE-479 del 29 de octubre de 2004 suscrito por el Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, Director de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la CCSS. En caso de duda esa Dirección puede solicitar dicho documento a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, o a las unidades que se indican en los sellos de recibido que aparecen en el mismo.
El informe de la Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 del 6/10/2017, sin detrimento de que esa unidad lo solicite a ese órgano auditor, incluyendo que pida los siguientes si esa Dirección no los tiene: ASF-084-2014 del 27/6/2014; ASF-065-2011 del 17/2/2011; ASF-321-2012 del 15/11/2012; ASF-009-2014 del 13/2/2014; ASAAI-210-2013 del 25/11/2013; ASF-019-2012 del 6/2/2012 y ASF-151-2013 del 13/9/2013.
La “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, sin detrimento de que esa Dirección la requiera de dicha unidad.
Nota de la edición: Puede consultar los documentos al final
Dicha información es fundamental para el análisis requerido para atender lo requerido por la Defensoría de los Habitantes, en particular, para cumplir con lo ordenado en los artículos 1, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 del 22/10/1943, en concordancia con los artículos 9, 11, 73 y 177 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública No 6227 del 2/5/1978, la sentencia No 115-2015 del Tribunal Contencioso y Administrativo de Hacienda del 4/12/2015 ratificada por la Sala Primera de la Corte mediante resolución No 00197-2018 del 8/3/2018 y los artículos1° al 6 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 del 6/10/2004.
Para una mayor comprensión por la Dirección a su cargo sobre lo indicado en los ítems a) y b) de la página 2 del oficio DAPE-479, véase el Cuadro 51 de la página 54 de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017 que se adjunta y que se transcribe a continuación:
Al usar los datos de las figuras 42 y 43 de las páginas 102 y 103 de ese mismo informe, junto con los datos sobre ingresos y gastos del Cuadro 49 de la página 100 de ese mismo informe, se obtienen los siguientes resultados:
Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos. Véase el criterio legal de esa Dirección No D.J.3519-08 del 7 de mayo de 2008.
Lo anterior significa que la división actual de la prima del 25,66% sobre los salarios que pagan patronos, trabajadores y el Estado para el Seguro Social (artículo 22 de Ley 17) infringe los artículos 1, 32 y 43 de la Ley No 17 y el párrafo tercero de la Constitución Política, pues no se distribuye conforme lo ordena el artículo 32 de la Ley 17, lo cual significa un desvío de fondos públicos de un 7,89% (15% – 7,11%) sobre los salarios, conforme al cuadro siguiente que muestra la situación actual:
Para que dicha situación sea corregida jurídica y actuarialmente, conforme al Cuadro 51 antes mostrado, se requiere que el 25,66% sobre los salarios se distribuya de la siguiente manera, según los artículos 32 y 43 de la Ley No 17:
Así mismo, le solicito respetuosamente la siguiente información de interés público de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097.
Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad interna de la CCSS le ha solicitado a esa Dirección Jurídica algún criterio legal sobre la forma como deben distribuirse los “capitales y rentas” que se obtienen de acuerdo con la Ley No 17, al aplicar los artículos 32 y 43 de esa ley. En caso afirmativo solicito una copia del criterio legal emitido por esa Dirección.
Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad o Gerencia de la CCSS le ha comunicado a la Dirección Jurídica bajo su cargo los resultados que aparecen en la sección “9.4 Balance de Ingresos y Gastos“ y “9.5 Balance por modalidad de aseguramiento” del documento “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019”.
Me informe si esa Dirección bajo su cargo y/o usted tenía conocimiento de la existencia y el contenido de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” que le estoy aportando en este acto.
En el caso de que exista algún criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica bajo su cargo, en el cual se avale que los fondos y reservas del seguro social obligatorio de los trabajadores asalariados, creado por la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 y el artículo 73 de la Constitución Política, puedan ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su creación, solicito el suministro de una copia en formato digital.
Me suministre una copia en formato digital de todos los criterios jurídicos que esa Dirección haya emitido para atender recomendaciones de la Auditoría Interna de la CCSS contenidos en los informes de ese órgano auditor que se mencionan en el ítem cuarto de este oficio, ya sea que se los haya enviado a la Auditoría Interna o a otra unidad interna de la CCSS.
