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Etiqueta: CCSS

Denuncia sobre posibles incumplimientos del Reglamento de IVM

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 4 de septiembre de 2021 el M.Sc. Rodrigo Arias López presentó una denuncia formal dirigida al auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, Lic. Olger Sánchez Carrillo, sobre los posibles incumplimientos del Reglamento de IVM.

En el documento que encuentran al final de la nota se plantean cuatro puntos importantes de denuncia:

  1. Primera denuncia. Posible incumplimiento del párrafo del artículo 29 del Reglamento del seguro de IVM que dice lo siguiente:

“La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento.”

  1. Segunda denuncia. El artículo 28 del Reglamento de IVM dispone:

“Artículo 28. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

  1. Tercera denuncia. El artículo 29 del Reglamento de IVM también dice lo siguiente:

“La cuantía mínima de pensión para cada beneficiario en caso de muerte estará determinada por la proporción que le corresponda según el artículo 27 de este Reglamento. En el caso de un solo beneficiario el monto de la pensión por otorgar no podrá ser inferior al 70% del tope mínimo vigente para pensión por vejez o invalidez. En el caso de dos beneficiarios, la suma de los montos por otorgar no podrá ser inferior al 100% de este tope mínimo.”

  1. Cuarta denuncia. El artículo 27 del mismo reglamento ordena lo siguiente:

“La pensión por viudez se incrementará en el porcentaje correspondiente, conforme

aumente la edad del beneficiario. Para los huérfanos de padre y madre el porcentaje de la pensión será del 60%. En el caso de que ambos padres fueran asegurados y fallecieran generando derechos, la pensión será del 60% de una de ellas, según sea lo más conveniente para estos huérfanos.

Si la suma total de las proporciones por viudez y orfandad que se concedan a los

sobrevivientes de un mismo fallecido excediera el 100%, todas serán proporcionalmente reducidas de modo que la suma sea igual a dicho porcentaje. Si posteriormente, un beneficiario que recibió pensión reducida dejará de percibirla por cualquier motivo, las pensiones de los demás beneficiarios se aumentarán proporcionalmente, sin que pudieran exceder los porcentajes fijados en este artículo.

Si la suma total de las proporciones por viudez y orfandad que se concedan a los

sobrevivientes de un mismo fallecido fuera o llegara a ser menor del 100%, podrá otorgarse o redistribuirse el remanente entre los padres del causante en partes iguales, sin que exceda el 20% por ascendiente. En ausencia de padres con derecho, podrá otorgarse o redistribuir el remanente entre los hermanos en partes iguales, sin que exceda el 20% por hermano.”

Adjuntamos el documento oficial para revisión de cada una de las denuncias: 

Seguridad social e informalidad laboral en Costa Rica, soluciones prácticas desde una visión alternativa / seminario web

El Observatorio Económico y Social en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung organizan el seminario web: “Seguridad social e informalidad laboral en Costa Rica, soluciones prácticas desde una visión alternativa”.

En este evento los panelistas expondrán propuestas viables para incluir personas trabajadoras en situación de informalidad en el sistema de protección social, asimismo, para fortalecer las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social y velar por los derechos laborales en Costa Rica.

El webinario será el 12 de octubre a las 5:00 p.m. Se transmitirá vía Zoom y Facebook Live 

El panel es conformado por:

  • Fernando Rodríguez
  • Gustavo Picado
  • Juliana Martínez 

Para inscripciones puede visitar el siguiente enlace: https://us06web.zoom.us/…/tZUkce6vqDgrGNdrTk1golxsdxhxn…

 

Información compartida con SURCOS por Henry Mora.

Informe sobre la aplicación de pago mensual con adelanto quincenal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

El 03 de septiembre de 2021 se presentó un informe por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se abordaba la situación sobre el pago mensual con adelanto quincenal, además planteaba cuestiones como la  modalidad de pago vigente en la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, además se muestran los resultados producto del análisis técnico relacionado con la implementación de la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal en la Caja Costarricense de Seguro Social y la metodología para trasformar el pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal descrito por el MIDEPLAN.

Con respecto a este tema, el señor Juan Carlos Duran Castro, expresó su descontento, debido a que esta modalidad de pago se ganó el 14 de septiembre en 1988 por un fallo del Tribunal Superior de Trabajo por lo que tiene connotaciones históricas y de lucha sindical. Además, este estudio de administración sugiere que  se realiza de manera profunda para llegar a dos posibles propuestas que serán elevadas a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para valorar el modelo de desarrollo de pago bisemanal por el el modelo de desarrollo salarial mensual con adelanto quincenal establecido en la llamada: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sin embargo, este modelo según el dirigente sindical del sector salud no representa ningún beneficio, ni pérdida para la CCSS o el Estado.

Adjuntamos el audio con las declaraciones de Juan Carlos Durán Castro:

Adjuntamos el documento oficial del informe:

Requerimiento ante Ministerio de la Presidencia en defensa de las garantías sociales

SURCOS comparte el siguiente documento en el cual la señora Magalli de la Trinidad Acosta Garro, presentó un requerimiento en defensa de las garantías sociales. En el documento se realiza un análisis exponiendo las consecuencias que la crisis producida por la pandemia del COVID-19, ha generado al régimen de pensiones, a las garantías sociales de la clase trabajadora, además, se señala el debilitamiento que se ha producido, y cómo el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para responder a dicha problemática que ha afectado a tantas personas.

Se adjunta el documento, y se le invita a revisar el texto completo, con el fin de ampliar más la discusión sobre este tema.

Oficina de acceso a la Información 17 de septiembre de 2021

Ministerio de la Presidencia.

República de Costa Rica

La suscrita señora Magalli de la Trinidad Acosta Garro, identidad 107320686, domicilio en Alajuela, San Ramón, con correo electrónico facultado por el Poder Judicial como medio de notificaciones acostatrinidad@outlook.es con teléfono 88630725.

Quien en días anteriores y bajo el expediente número 21-017425-007-CO, con recurso de amparo en virtud de las garantías sociales de nuestro país, toda vez el principio de solidaridad y de reparto de las riquezas a cargo del Estado costarricense.

Señaló lo siguiente:

1-Pandemia Covid 19, produce en forma directa e indirecta en toda la población económicamente activa una seria crisis económica.

2-La Caja Costarricense de Seguro Social, hace esfuerzos no sólo en materia de todos los recursos humanos técnicos, administrativos, médicos, especialistas, para socorrer a la población de la República de Costa Rica.

3-La población menos afectada financieramente es la vinculada en forma directa, (empleados públicos) o indirecta todos sus proveedores. Ya que el presupuesto del Estado le hace frente a todos esos gastos mediante los presupuestos ordinarios y extraordinarios del país. 

4-Los diferentes regímenes de pensiones tanto privados como públicos, reciben rendimientos que no han sido tan afectados como sí lo son los regímenes de la Caja Costarricense del Seguro Social, toda vez la población más vulnerable, trabajos informales, independientes, empresas, fabricas, comercio, etc., ni hablar de lo sufrido en el régimen No Contributivo de la CCSS, mismo que en un período se determinó en forma inhumana no conceder este beneficio a las personas más necesitadas de nuestro país, ellos ; personas con discapacidad, ancianos (as) en abandono, condición de extrema pobreza que ha alcanzado límites insospechados en la nación, o sea nosotros como pueblo.

5-Las personas que desean y tienen derecho a una pensión por el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, no han podido acceder a su derecho legítimo porque la economía del estado, misma que está comprometida por la población económicamente activa, y que por la pandemia han visto su derecho violentado. Prueba de ello, la tienen los magistrados de la Sala Constitucional, el mismo Ministerio de Hacienda, la Dirección de pensiones de la CCSS, la Defensoría de los Habitantes, y yo también como afectada por no poder definir mi situación de traslado de cuotas obrero-patronales etc. de la JUPEMA de Contabilidad nacional al régimen de Invalidez Vejez y Muerte de CCSS. Son muchas las personas que han acudido a la Sala Constitucional para validar sus derechos sin embargo tengo pruebas escritas que no hay efectivo para hacerle frente a estos derechos legítimos de tantas personas, que no han podido pensionarse, o peor y más doloroso muchos según puedo probar por mis correos electrónicos 27 de esa lista de espera ya no están con nosotros, sí esos costarricenses murieron sin ver cumplidos sus derechos tan bien ganados.

Sin embargo, la Pandemia Covid 19 es a mi parecer y el del mundo que nos ha afectado en salud, educación, seguridad, aumento de delincuencia por hambre, desempleo, veamos los pescadores de Puntarenas, etc. Costa Rica no escapa a esto y por ser país tercer mundista, bueno es de esperar que las consecuencias se sigan sintiendo y aumentando en los próximos 4 o 5 años. No soy economista, pero soy ciudadana de este país y tengo derecho a manifestar mi simple opinión. Espero equivocarme.

6-La constitución Política de la República de Costa Rica, en forma visionaria tiene plasmado en su capítulo o título de las Garantías Sociales, el deber del Estado con el trabajo, sus empleados, sus pensiones, etc. 

Cito

Garantías Sociales

Se conoce como Garantías Sociales a una serie de reformas políticas progresistas realizadas en Costa Rica en los años 40, a raíz de la alianza entre diversas figuras políticas y religiosas, en beneficio de las clases trabajadoras. Si bien hubo diversos actores detrás de ellas, los tres principales dirigentes de las mismas fueron:

Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social,1​ que universalizaba los servicios médicos. Mediante la promulgación de la ley de la Caja todos los empleadores debían obligatoriamente asegurar a sus asalariados y realizar los pagos correspondientes a las cuota obrero-patronales, lo que permitía al asegurado, su cónyuge y su familia inmediata ascendente o descendente, recibir atención médica por medio de los servicios de la Caja. Todos los menores de 18 años residentes en el país indistintamente de la nacionalidad están automáticamente asegurados por el estado. Las personas no aseguradas (desempleados, por ejemplo) igualmente pueden recibir los servicios de la Caja a crédito y generalmente en costos menores que un servicio médico privado.2

Es sabido de todos la emergencia nacional y económica del sector de la población económicamente activa del país, estamos en crisis, una seria crisis, que si no se trata pronto nos va hundir en una depresión económica pocas veces vista. 

TITULO V

DERECHOS Y GARANTÍAS SOCIALES

Capítulo Único

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)

Como puede ver corresponde al estado en su figura máxima hacer cumplir estas garantías en plena pandemia Covid 19.

Cito: mi opinión. El régimen de pensiones que nos corresponde a la CCSS, poseen mayor rendimiento y no han tenido que reajustar sus planes debido a que sus economías así se los permiten, ese dinero acumulado y que ha ganado más interés incluso en tiempo de pandemia pues están cobijado en su gran mayoría por grupos de profesionales que han tenido su sustento del Estado costarricense, éste a su vez de la población activa y de leyes que les permiten recoger impuestos y etc. 

ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961) 

Cito:

Es tarea de la Junta Directiva de la CCSS, hacer valer el reparto de riquezas de los rendimientos en un porcentaje que acuerden en el tiempo que tarde en consolidarse nuevamente la economía del estado costarricense, mismo que mantiene la economía de estos regímenes de profesionales que sirven en la función pública. (sobre los rendimientos que ya tienen en conocimiento público) no afectados por la pandemia.

ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

Cito:

No es política, no es religión, no es economía capitalista, no es un gasto es un deber y derecho IRRENUNCIABLE. 

Es un principio cristiano de justicia social. Aplicables a todos por igual sector privado y público, el Covid nos dañó a todos. Afectando la salud, el empleo, la producción, etc.

Es la Solidaridad nacional la llave para hacer frente a todos los retos de nuestra querida República de Costa Rica.

Espero dejarle debidamente informado en espera de que contemos con una solución pronta y pacífica a nuestra crisis humanitaria.

Como es de esperar la misión legal, no me corresponde, soy una ciudadana, pero ustedes como presidencia de la República de Costa Rica, pueden hacer valer la Constitución Política y por ley la junta directiva de la benemérita Caja Costarricense del Seguro Social.

Sin otro particular se despide de usted; atenta servidora

Magalli de la Trinidad Acosta Garro

Identidad 107320686

Correo: acostatrinidad@outlook.es / 8863 0725

Lenin Hernandez denuncia afectación salarial a personal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

“Las y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social nos sentimos heridos, maltratados y traicionados por parte del gobierno de Carlos Alvarado, específicamente con el Ministerio de Planificación Económica, quien le está exigiendo a la institución la eliminación del pago bisemanal a sus trabajadores para implementar la modalidad del pago mensual con eventuales adelantos quincenales”, esas fueron las palabras del secretario general del SINAE Lenin Hernandez, con respecto a la modalidad de pago que el gobierno pretende implementar para las y los trabajadores de la CCSS.

La oposición a esta medida radica en que realmente no genera ningún cambio sustancial en la economía del país, ya que los problemas estructurales son en gran medida por la crisis fiscal que arrastra el país desde hace muchos años y que en esta coyuntura es más evidente. Además, se expone que por el lado de los trabajadores, estos planteamientos de pagos mensuales generan una contrariedad en la economía familiar de estas personas. Lenin rescata el gran desempeño que tienen las personas que trabajan para la CCSS en este contexto tan peculiar de pandemia y la labor tan destacable que desarrollan, es por ello que se envía este mensaje con respeto, pero con vehemencia sobre el rechazo a esta medida. 

Le invitamos a conocer los aportes del señor Lenin Hernández:

Carta del doctor Juan Jaramillo Antillón sobre los increíbles problemas de las personas con discapacidad del país – la desaparición del CENARE

SURCOS comparte la siguiente carta que el doctor Juan Jaramillo Antillón, exministro de Salud envió a la Academia Nacional de Medicina y Cirugía:

Sobre los increíbles problemas de los enfermos discapacitados del país – la desaparición del CENARE

Señores miembros de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía

Considero necesario hacer las siguientes anotaciones en relación al grave problema que los jefes de servicio del CENARE, nos presentan a través del Dr. Federico Montero. Tal vez ustedes con mayor conocimiento del problema se pronuncian. Se muy bien que muchos distinguidos miembros de la Academia trabajan en la CCSS, sería interesante escuchar su opinión.

LA CCSS, NO ES, SOLO LA PRESIDENCIA EJECUTIVA O LAS GERENCIAS O A LA ADMINISTRACIÓN, O INCLUSO LOS JEFES, O SUS MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, O SUS PLANTAS FÍSICAS. LA CAJA SOMOS TODOS, EN ESPECIAL, LOS QUE DE ALGUNA MANERA CONTRIBUYEN A SOSTENERLA COMO SON LOS TRABAJADORES Y SUS PATRONOS, Y LOS PACIENTES A LOS QUE SE LES BRINDAN SERVICIOS. Por esa razón debemos opinar sobre los problemas de la institución buscando mejorarla si tenemos la razón. Por ello las autoridades de la Caja deben escuchar a quienes presentan objeciones por sus servicios.

1-Como señalaron, el CENARE fue convertido en un hospital para atender enfermos de la pandemia viral. Se canceló toda actividad de su área, incluyendo no solo a los discapacitados que requerían consulta o rehabilitación, sino algo más grave e injusto, la atención muy especializada de cientos de enfermos con patologías neuro-musculo-esquelético, que urgían ser internados y operados. O sea, la Institución prefirió atender a unos pacientes con una enfermedad, pero a otros no. el CENARE prácticamente desapareció.

2-Se muy bien que esto fue al principio un problema hospitalario no solo para Costa Rica, sino mundial. Pero, después, se debió realizar una buena organización con división de áreas, en todos los hospitales del país para atender, por un lado, a los enfermos contagiados por este virus y por otro lado continuar atendiendo a los enfermos usuales. Pero esto no parece haber sucedido “rápida y adecuadamente” en la CCSS.

3-El mejor ejemplo de este problema nos lo reportan los jefes del CENARE. El país tiene en el año 2021 (INEC) 5,183.038 habitantes y el sistema hospitalario de la CCSS posee únicamente 5.446 camas, cifra parecida a la que tenía cuando el país solamente tenía 3 millones de habitante. El número de camas hospitalarias de Costa Rica 1.2 camas/1000/h es apenas ligeramente superior a la que tiene Bolivia y Nicaragua y estamos por debajo de México, Colombia y Chile, y ni que decir de Canadá, Uruguay, Argentina, Estados Unidos o Cuba. Lo anterior deja ver que arrastramos un tremendo déficit de camas.

4-De todos es conocido el grave problema que tiene la Institución desde hace muchos años en relación, a la tardanza de meses o años para ser visto por diferentes especialistas, o para un estudio radiológico, endoscópico, biopsia, etc., y lo más grave, para ser internado y operado de diversos padecimientos, que le provocan a los asegurados sufrimientos o incluso la agravación de sus patologías por la tardanza. Hecho que la propia Institución incluso públicamente ha reconocido. Problema que se ha agravado con la aparición de la pandemia viral de la Covid-19, a la que por necesidad se le ha dado prioridad. Esto coloca en muchos aspectos a nuestro Sistema de Salud como los que tienen países del tercer mundo, al contrario de lo que nos jactábamos antes del año 1990., de poseer un país en vías de desarrollo y sin embargo un sistema de salud de país desarrollado.

5-Por la información que tengo muchos servicios están trabajando a media capacidad. Y los retrasos de cientos de miles de enfermos con problemas en diferentes especialidades continúan agravándose. La fuente de esto es la propia Caja.

6-No entiendo cómo, teniendo el sistema hospitalario del Seguro Social 5.446 camas y estando utilizando únicamente un promedio diario de 1300 camas para enfermos de la Covid-19, se le quitan ya no inicialmente sino por espacio de muchos meses las 88 camas que posee al CENARE, 68 para internamientos, lo que, solamente representa el 1.25% de las camas de la CCSS, y lo más graves, estas no le han sido devueltas al único hospital de rehabilitación que la CCSS posee, a sabiendas que en el país hay 670 mil personas mayores de 18 años con algún grado de discapacidad (INEC 2019) y que, solamente, tienen al CENARE como hospital de apoyo y sin siquiera una consulta externa a donde acudir, dejando así por meses de meses, a una grupo de enfermos abandonados a su suerte, ya que solo en el año 2021 han recibido 488 referencias de enfermos para ser hospitalizadas y operados, sin que eso sucediera y sin saber que le pasó a dichos enfermos. Y lo mismo sucede con los pacientes discapacitados con problemas odontológicos, muchos de ellos con dolores, que tienen 70 semanas sin que se les pueda dar atención.

Siendo yo un discapacitado que por varios años recibí una maravillosa atención en el CENARE (después de tener que dejar de recibir la misma por su elevado costo, en uno de los mejores hospitales de rehabilitación de USA), esa es una de las razones por lo que lo defiendo, aparte de ponerme en el lugar de los enfermos que requieren tratamiento ahí.

Con saludos cordiales.

Dr. Juan Jaramillo Antillón

Solicitud de documentación pública de estudios relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS

Propuestas técnicas de reforma y certificaciones

SURCOS comparte la siguiente carta de solicitud:

Doctor
Roberto Cervantes Barrantes
Gerente General
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente

Asunto: Solicitud de documentación pública de estudios o similares relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS, propuestas técnicas de reforma y certificaciones.

Estimado doctor:

Reciba nuestro saludo respetuoso y aprovechamos de paso enviarle nuestra gratitud y felicidad manifiesta, en razón de haber recibido noticias extraoficiales, pero positivas relativas a la mejoría de su salud.

Entendemos y hemos sido informados de manera extraoficial que el máximo órgano institucional tenía en su agenda para el día de ayer 23 de setiembre 2021, el tema del cambio de modelo salarial de pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal según lo establece la ley 9635 y que además por razones que desconocemos este tema no se abordó y quedó agendado para el martes 28 de septiembre del año en curso.

Expuestos los dos párrafos anteriores, es menester previo dejar manifiesto que tal debate nos genera una diversidad de pensamientos, pero sobre todo nos provoca altos niveles de enervación en razón de saber que mientras el personal de la CCSS, a lo largo y ancho del país se suda la camiseta y expone su vida en la atención de la pandemia, el órgano superior avanza posiblemente en asestarle otro golpe.

Golpe, que más allá de lo meramente salarial, que podríamos calificar en principio de accesorio, pero relevante, también se inscribe en una modalidad deficiente de abordaje de la defensa de la autonomía constitucional especial otorgada a la CCSS por el constituyente primario, ya que cede a la lógica fetichista de la mirada neoliberal que dinamita cada vez más la institucionalidad patria y que en lo estructural nos parece conduce a escenarios claros de debilitamiento de la seguridad social en su conjunto y en particular de la CCSS.

Dicho lo anterior entendiendo que estamos ante información de carácter eminentemente pública, que no compromete ningún derecho de terceros en su intimidad y de conformidad con nuestro bloque de legalidad y con carácter de URGENCIA PRIORITARIA, le estamos solicitando formalmente que dentro del plazo de ley, se nos remita en formato digital:

1- Toda la información pública relativa a lo indicado en el epígrafe

2- Las propuestas de acuerdo elaboradas por el órgano técnico adscrito a su dependencia y que se estila presentar a Junta Directiva para su aprobación.

3- Una certificación del acuerdo de la Junta Directiva mediante el cual se hace nacer a la vida jurídica el cambio del modelo salarial en la CCSS.

4- Certificación que establezca la no existencia de perjuicios económicos en materia salarial y en ningún extremo laboral que ostenta la familia trabajadora de la institución.

Sin otro particular se suscribe, Juan Carlos Durán Castro, Dirigente Sindical SIFUPCR-CMTC.

Adjuntamos documento oficial:

Proponen idea para acelerar la vacunación contra el COVID-19

De acuerdo con los datos de la CCSS. 63.42% de la población total ya recibió la primera dosis y tan solo un 38.81 % ha recibido la segunda. Es importante que el proceso de vacunación se acelere, pues de esa manera, se puede reducir el contagio y las muertes causadas por el Covid-19. Con el fin de incentivar a las personas a vacunarse, es que surge la propuesta de que las empresas hagan descuentos importantes por cada compra al presentar el carnet de vacunados.

La propuesta pretende que todas aquellas empresas que tengan interés en acelerar la vacunación, incentiven a las personas a acercarse a los vacunatorios, con el incentivo de descuentos en sus comercios.

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones

M.Sc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones. CCSS se ahorra anualmente hasta ₡145 mil millones entregando pensiones devaluadas.

Comentaba en un artículo anterior que el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) debería tener una reserva de ₡55 billones (Artículos 32 y 34 de la Ley No 17); pero que maquillistas y desviadores de fondos que ocupan altos cargos políticos y administrativos en la CCSS solo le permitieron acumular ₡2.3 billones (ver https://wp.me/p6rfbZ-fUA).  Con estos mega desvíos, que tienen al IVM peor que perro callejero sin dueño, los maquillistas justifican que las pensiones no se pueden revaluar, que hay que aumentar las edades de retito y reducir los beneficios, pero que según ellos y doña Rocío Aguilar Montoya, las pulgas de IVM se deben al envejecimiento de la población, a la informalidad del empleo y al Covid-19. ¿Quién les creerá tan colosal mentira?

La última revaluación de las pensiones la hicieron en mayo de 2019; ni siquiera durante la pandemia los maquillistas han mostrado misericordia, menos por quienes tienen una pensión mínima que Aguilar y Cía. desean desaparecer, pues quienes la disfrutan son algo así como un parásito que “reciben una pensión mayor a la que contribuyeron” (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459664/supen-propone-eliminar-pensi-n-m-nima-de-la-ccss). Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que dirigen al clan de maquilladores, creen que ellos son los dueños de los pocos fondos que aún no le han desviado a IVM y que pueden decidir cuándo hacer o no hacer los reajustes por pérdida de valor de los montos de las pensiones. Solo en los últimos 21 meses los desviadores de fondos han dejado de entregar a los pensionados casi ₡30 mil millones, como muestro en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Reajustes por costo de vida no realizados por la Junta Directiva de la CCSS en 2019-2021

Dicha suma escamoteada a los pensionados en menos de dos años es pequeña si analizamos la pérdida de valor que han sufrido las pensiones desde la fecha de vigencia, muchas de las cuales hoy son pensiones mínimas porque los maquillistas no les reponen el costo de vida de manera adecuada. Usando datos suministrados por la misma CCSS con corte a noviembre de 2020 actualicé el monto de la pensión inicial en fecha de vigencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin superar el tope máximo de pensión y lo comparé con el monto de la pensión vigente en la fecha de corte o actual. Si la pensión actualizada es inferior a la pensión actual, entonces el pensionado se considera “favorecido”, caso contrario “perjudicado”.  Esto lo hice preliminarmente para las pensiones otorgadas en caso de vejez e invalidez, ya que en el caso de muerte no cuento con suficiente información.

Si los datos proporcionados por la CCSS son correctos, el resultado indica que, del total de 215,740 pensiones por invalidez y vejez vigentes en la fecha de corte, un 65.5% resulta perjudicado; es decir, el monto de la pensión de 141,410 pensionados ha sufrido pérdida de valor adquisitivo, frente a 74,330 que se han visto favorecidas. Por ejemplo, un total de 7,486 pensiones otorgadas antes de 1992 han sufrido una pérdida de valor superior a un 50%, o sea que hoy deberían estar recibiendo más del doble de lo que reciben; todo por obra de los desviadores de fondos que gestionan al régimen, que lo manejan como si fuera propiedad de ellos.

El grupo que se ha visto favorecido recibe en promedio un 4% más del monto actualizado con el IPC (Ver el Cuadro 2).  Este beneficio “adicional” es por la garantía de la pensión mínima que doña Rocío Aguilar propone eliminar y porque cuando se calculó la pensión inicial se hizo con una fórmula que solo consideraba 48 salarios sin indexar, lo que ocasionó grandes injusticias. Estimo que este grupo “favorecido” requiere un gasto o beneficio adicional de unos ₡35 mil millones anuales, sobre lo cual me referiré en otra oportunidad.

Cuadro No 2. Pensiones de IVM favorecidas y perjudicadas a noviembre de 2020

El grupo que se ha visto “perjudicado” ha perdido en promedio un 11% de valor adquisitivo en el monto de la pensión, aunque podría ser superior. Si se considera a todo el grupo la pérdida promedio de valor es de un 7% (Ver el Cuadro 2). No obstante, de este lado de los perjudicados opera el riesgo moral de recibir una pensión mayor inflando los salarios en años próximos al retiro, cuando se usaban solo 48 salarios no indexados para calcular el salario de referencia, sobre lo que opinaré en otro artículo.

El gasto que llamo “adicional” en el grupo favorecido, asciende a ₡14,304 millones anuales y el ahorro o escamoteo que han sufrido los perjudicados llega a ₡91 mil millones anuales y alcanzaría los ₡110 mil millones si se agregan los casos de muerte, suponiendo que han sido afectados con mayor intensidad, pues la fecha de vigencia de la pensión del causante es más antigua. Esto sin descontar el posible riesgo moral no estimado. Entonces el desvío de fondos de IVM no es solamente el monto de ₡800 mil millones de cuotas que anualmente no son ingresadas a su contabilidad, sino que hay que agregar los ₡110 mil millones que anualmente le sacan de la bolsa a los pensionados en forma de alimentos, vestido, etc. que ya no podrán adquirir con pensiones devaluadas. Incluso los ₡35 mil millones que los “beneficiados” podrían requerir para corregir sus pensiones iniciales. ¡Se imaginan el mastodonte de billones de colones que le han escamoteado a los pensionados durante todos los años que los han estado sangrando o bolseando!  No obstante, el tema no es solo inflacionario, sino que depende de otras variables, entre ellas la cantidad de cuotas y los salarios cotizados, lo cual analizaré en otra oportunidad.

En el Cuadro 3 presento al agrupo perjudicado, distribuido según rangos de monto de pensión actual, por quinquenios de años de vigencia de la pensión. Contrario a lo que uno podría esperar, la mayor proporción de las pensiones que se han visto perjudicadas son hoy pensiones mínimas; pero no eran pensiones mínimas en la fecha de vigencia. Es decir, muchas de ellas se han devaluado hasta llegar a convertirse en pensiones mínimas. Para doña Rocío Aguilar es que “no contribuyeron para ella”, emulando a José Piñera, exministro de Pinochet, quien atribuye el fracaso del modelo chileno de cuentas individuales a que los trabajadores “no llenaron el tanque” del Mercedes Benz (Ver https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/11/guillier-defiende-reforma-de-pensiones-de-bachelet-parafraseando-a-jose-pinera-quieren-mas-gasolina-para-el-mercedes-benz/). De lejos se nota que Aguilar Montoya está buscando gasolina para el “pichirilo” tico, es decir, para el negocio privado de los neoliberales criollos.

Cuadro 3. Cantidad de pensiones perjudicadas según rango de pensión y quinquenio de vigencia

Por ejemplo, casi 8 mil pensiones concedidas antes del año 1995 son hoy pensiones mínimas de ₡137,000 que han perdido un 39% o más de valor; es decir, hoy deberían ser mayores a ₡225,000.  Otras 1,376 pensiones concedidas en el mismo período han tenido una pérdida de un 49%; hoy son de un monto promedio de ₡174,000; pero deberían ser de ₡340,000 (Ver los Cuadros 3 y 4). No obstante, no hay que olvidar el posible riesgo moral antes indicado.

Cuadro 4. Pérdida de valor de las pensiones del grupo afectado

¿Qué dirán o pensarán sobre estos desvíos de fondos y devaluaciones de los montos de las pensiones nuestro presidente Carlos Alvarado y los candidatos al puesto? Posiblemente estarán felices de que existan en la CCSS suficientes maquillistas en los puestos claves que manejan los fondos del seguro social de los trabajadores asalariados. Los empresarios neoliberales y doña Rocío Aguilar hacen porras, piden a voces bajar los aportes patronales, aumentar edades de retiro, bajar beneficios y eliminar las pensiones mínimas, para poder echarle gasolina al “pichirilo” que quieren convertir en un negocio que será un Mercedes Benz para unos cuantos. Los diputados neoliberales les harán el favor de servirles en bandeja lo que queda del pulguiento IVM que produjeron los directivos de la Caja y los gobiernos de turno. ¡El festín neoliberal está más cercano cada día!

UNDECA demanda priorizar derecho a la salud y la vida de la población

COMUNICADO DE PRENSA UNDECA

Ante la gravedad de la saturación que afecta una vez más a los hospitales y otros centros de salud de la CCSS, por el aumento exponencial de contagios por COVID-19, que ha puesto en riesgo la atención oportuna y de calidad de los pacientes enfermos por esta enfermedad y otras patologías, donde se hospitaliza una persona por esta enfermedad cada 10 minutos y se han contagiado miles de trabajadores de la CCSS, poniendo en condición de vulnerabilidad a toda la población, UNDECA demanda al presidente de la República, al Ministro de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias, tomar las medidas y acciones para proteger el derecho a la salud y la vida de todos los ciudadanos. 

La CCSS está al borde del colapso, cada día hay menos disponibilidad de recursos humanos, insumos, equipos y capacidad operativa, como lo han advertido el propio presidente ejecutivo Macaya Hayes, al Gerente Médico, Dr. Mario Ruiz y los directores de centros médicos, en oficio enviado a las altas autoridades sanitarias y de la CCSS, cuyas proyecciones en el corto plazo son alarmantes. 

Denunciamos, que a pesar de los esfuerzos que realiza cada persona trabajadora por brindar los servicios, la fatiga por las extenuantes y exigentes jornadas laborales, el estrés, el desgaste emocional, los recargos laborales, la incertidumbre respecto al nombramiento de los interinos, los retrasos en los pagos de salario y los tiempos extraordinarios, unido a la angustia de sus familias, entre otros desafíos, repercuten en la vida laboral y la eficacia en la atención de la salud. 

El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente al ser humano que el Estado debe tutelar, peño que, el señor presidente de la República y demás jerarcas ejecutivos y sanitarios deben anteponer los intereses de la colectividad, sobre las presiones internas y externas que persiguen el lucro, evitando más muertes, discapacidades y otros costos humanos, que afectan la estabilidad de la CCSS y la calidad de vida de las familias y comunidades.

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría Vega.