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Etiqueta: CGR

CGR alerta sobre profundas desigualdades en el acceso ciudadano a créditos financiados con recursos públicos

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un análisis que revela fallas estructurales en el sistema de créditos para el desarrollo administrado por 17 entes y órganos públicos, entre ellos Conape, Inder, Infocoop, Fonafifo, Fonade, Fodemipyme, Conarroz, Corbana, Judesur, Fideicomisos N.°955 y fondos especiales del Banco Popular, entre otros.

Este sistema, cuya cartera total supera los ₡908 mil millones y que atiende a cerca de 77 mil personas, fue diseñado para ampliar la inclusión financiera y llevar recursos a sectores tradicionalmente excluidos de la banca. Sin embargo, los hallazgos de la CGR muestran que en la práctica opera como un sistema fragmentado, desigual y con importantes riesgos financieros.


Principales problemas detectados por la CGR

1. Recursos no llegan a quienes más los necesitan

El estudio muestra una profunda desigualdad en la distribución de estos créditos:

  • El 10% de los beneficiarios con más altos ingresos concentra 19,6% del dinero prestado.

  • Mientras tanto, el 40% de quienes tienen menores ingresos recibe apenas 21,3% del total.

La propia CGR resume esta contradicción con una “pirámide invertida”: las personas con ingresos bajos reciben proporcionalmente menos recursos que sectores con capacidad de acceder al sistema bancario tradicional.

2. Debilidad en los controles y alto nivel de informalidad

Los datos muestran una ausencia de mecanismos de debida diligencia:

  • El 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.

  • El 28,8% no aparece registrado en Hacienda.

Esto compromete la trazabilidad, fomenta la informalidad y genera riesgo de legitimación de capitales.

3. Créditos duplicados y concentración extrema

El sistema carece de una plataforma unificada de información crediticia, lo que favorece prácticas indebidas:

  • 693 personas recibieron dos o más créditos para el mismo fin, sumando ₡183.972 millones.

  • Solo 10 beneficiarios acumularon 684 operaciones crediticias, por ₡6.434 millones, en un patrón que la CGR califica como una severa distorsión del propósito social del sistema.

4. Morosidad elevada y riesgo financiero

La morosidad general del sistema es del 5,53%, casi el doble del estándar bancario (≈3%).

Pero la situación es mucho más grave en varios entes:

  • Judesur: morosidad de 56,9%.

  • Fideicomiso Palma Aceitera N.° 955: 34,66%.

  • Fonafifo: 16,33%.

  • Corbana: 15,29%.

  • Conarroz: 12,77%.

La CGR señala que esta condición se agrava con condonaciones de deuda recurrentes, que afectan la sostenibilidad financiera y distorsionan la verdadera situación del sistema.


Un sistema desarticulado que limita la inclusión financiera

El informe subraya que la estructura actual —un “archipiélago” de 17 entes que operan en silos— impide la eficiencia, genera duplicidad, promueve filtraciones y obstaculiza la llegada del crédito a quienes más lo necesitan: personas de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar, agricultores pequeños, emprendedores informales y población adulta mayor.

Incluso se documentan casos de créditos agrícolas otorgados a productores cuya actividad principal registrada no corresponde con el fin del préstamo, lo cual evidencia fallos en la verificación básica de elegibilidad.


Recomendaciones estructurales de la CGR

La Contraloría concluye que el sistema requiere una transformación profunda, basada en tres pilares:

1. Integración

  • Crear una Política Nacional de Inclusión Financiera.

  • Establecer una instancia rectora que articule a todas las instituciones.

2. Eficiencia

  • Implementar un sistema único de información crediticia para evitar duplicidades y filtraciones.

  • Reducir la fragmentación y reestructurar entes que duplican funciones.

3. Sostenibilidad

  • Incorporar supervisión financiera no prudencial a cargo de SUGEF.

  • Regular y limitar las condonaciones de deuda.

  • Fortalecer la gestión de riesgos y el seguimiento de cartera.

La CGR calcula un costo de oportunidad mínimo de ₡31.949 millones en 2024 derivado de filtraciones, morosidad y condonaciones, recursos que pudieron beneficiar a más de 1.390 personas adicionales.


Descargue el informe completo

SURCOS pone a disposición el documento íntegro publicado por la Contraloría General de la República para quienes deseen profundizar en los hallazgos y recomendaciones:

🔗 Descargar informe completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Desigualdad-acceso-credito.pdf

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.

CGR aprueba recursos para el pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.

El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025.
La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.

Fondos aprobados

De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:

  • ₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.

  • ₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.

  • ₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

  • ₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.

  • ₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.

Aprobación y fundamentos legales

La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.

Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.

La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.

Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.


📘 El informe completo puede descargarse en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/SIGYD_D_2025026401.pdf

CGR aclara situación sobre pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.

Puntos principales del pronunciamiento

  1. Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.

  2. Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.

  3. Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.

  4. Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.

  5. Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.

  6. Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.

El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.

Contraloría advierte debilidades en la gestión de riesgo de corrupción en la evaluación ambiental de la SETENA

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.

Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.

La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.

Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.

Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.

La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Acceda al informe completo haciendo click en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025025505.pdf

CGR resuelve objeciones en licitación 5G

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió en primera ronda de objeciones ocho recursos presentados en contra del pliego de condiciones de la licitación pública No. 2025XE-000492-0000400001, para la adquisición de bienes y servicios para la implementación de redes móviles de última generación promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

De los ocho recursos recibidos, cuatro fueron rechazados de plano (Ericsson Costa Rica S.A., Samsung Electronics México S.A. de C.V., Datasys Group S.A. y One Way Technologies S.A.), mientras que los otros cuatro se declararon parcialmente con lugar (GBM de Costa Rica S.A., Huawei Technologies Costa Rica S.A., Samer Equipos R.S.C. S.A. y AFN Global S.R.L).

Principales cuestionamientos

Las recurrentes plantearon observaciones relacionadas con el reordenamiento de partidas y forma de cotización, justificación del procedimiento, arquitectura de redes móviles (D-RAN y OPEN RAN), requisitos de ciberseguridad, licenciamiento, entre otros aspectos técnicos y administrativos.

Lo que sigue

La resolución ya fue notificada al ICE, que deberá ajustar el pliego de condiciones conforme lo dispuesto por la CGR y establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas. La Contraloría no participa en etapas posteriores del procedimiento.

Le invitamos a consultar la resolución completa en el siguiente enlace: R-DCP-SICOP-01621-2025
Video de Roberto Rodríguez Araica, Gerente de la División de Contratación Pública de la CGR:

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.

CGR revela que 6 de cada 10 instituciones públicas no gestionan integralmente bienes y servicios

La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad de gestión de bienes y servicios en 275 instituciones públicas, analizando la planificación, adquisición, administración, seguimiento y evaluación de los recursos requeridos para su operación.

Durante el 2024, se ejecutaron ₡6.490 millones en este ámbito, lo que evidencia la relevancia de contar con una gestión integral y estratégica que garantice servicios públicos de calidad, alineados con las necesidades reales de la población y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, emitido tras la revisión, muestra que seis de cada diez instituciones aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que requieren. El 68,4 % de las instituciones no cuenta con una política para la gestión de bienes y servicios, lo que afecta áreas clave como estrategia y planificación, adquisición, administración, y seguimiento y evaluación.

En cuanto a la protección de los recursos públicos, el 71,3 % de las instituciones no gestiona los riesgos asociados a los bienes y servicios, y un 54,2 % no aplica mecanismos de control para cumplir con la normativa de prevención contra la corrupción. Además, el 52,4 % de las entidades carece de un registro de control formal sobre los bienes adquiridos y servicios contratados.

Estas deficiencias incluyen la ausencia de estrategias que orienten las compras, generando adquisiciones fragmentadas y aumentando el riesgo de bienes o servicios innecesarios o mal definidos. La falta de controles expone a las instituciones a irregularidades y limita la capacidad para anticiparse a amenazas.

Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas entidades pierden trazabilidad, lo que incrementa la probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, incumplimiento de lo pactado y toma de decisiones sin información confiable.

Para leer el documento completo y conocer los resultados detallados, disponibles por institución, acceda al siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017279.pdf

CGR señala deficiencias en la gestión de Hacienda Digital

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión de proyectos tecnológicos relacionados con los sistemas de información aduaneros, tributarios, de administración financiera y servicios transversales, que forman parte del portafolio conocido como Hacienda Digital, cuya esencia es garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica, para facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la eficiencia de la administración financiera y asegurar una provisión oportuna de bienes y servicios públicos para la ciudadanía.

La ejecución de los proyectos del portafolio Hacienda Digital incumple en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico aplicable. Particularmente en lo referente a la gobernanza y la conducción estratégica de los proyectos, la planificación, su control y la implementación efectiva y sostenible de las soluciones tecnológicas. Lo cual afecta directamente la modernización de los sistemas y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Solo 23,6% de avance físico y 9,5% de desembolsos financieros al cierre de 2024. Pagos en comisiones de compromiso por más de US$2 millones. Falta de alineación estratégica y planificación técnica, lo que genera reprocesos y retrasos en la implementación de sistemas como TRIBU-CR, ATENA y CR-TEZA.

Gestión desarticulada de proyectos: No existe un listado actualizado de proyectos en curso, no se cuenta con reglas de priorización; tampoco se ejecuta un seguimiento sistemático del portafolio para identificar desviaciones en cronogramas, costos o riesgos.

Aplicación deficiente de controles: Ausencia de documentación esencial para formalizar el proyecto y asegurar su alineación con los objetivos. No hay documentación del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de los proyectos ni registro de lecciones aprendidas.

Debilidades de implementación: en la planificación del despliegue, migración de datos y gestión de riesgos. No se puede garantizar la transición efectiva de los sistemas actuales a los nuevos.

Se les invita a descargar el informe en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017121.pdf

Municipalidades continúan estancadas en gestión de servicios locales

La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.

Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.

Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016850.pdf