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Etiqueta: CGR

CGR resuelve objeciones en licitación 5G

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La Contraloría General de la República (CGR) resolvió en primera ronda de objeciones ocho recursos presentados en contra del pliego de condiciones de la licitación pública No. 2025XE-000492-0000400001, para la adquisición de bienes y servicios para la implementación de redes móviles de última generación promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

De los ocho recursos recibidos, cuatro fueron rechazados de plano (Ericsson Costa Rica S.A., Samsung Electronics México S.A. de C.V., Datasys Group S.A. y One Way Technologies S.A.), mientras que los otros cuatro se declararon parcialmente con lugar (GBM de Costa Rica S.A., Huawei Technologies Costa Rica S.A., Samer Equipos R.S.C. S.A. y AFN Global S.R.L).

Principales cuestionamientos

Las recurrentes plantearon observaciones relacionadas con el reordenamiento de partidas y forma de cotización, justificación del procedimiento, arquitectura de redes móviles (D-RAN y OPEN RAN), requisitos de ciberseguridad, licenciamiento, entre otros aspectos técnicos y administrativos.

Lo que sigue

La resolución ya fue notificada al ICE, que deberá ajustar el pliego de condiciones conforme lo dispuesto por la CGR y establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas. La Contraloría no participa en etapas posteriores del procedimiento.

Le invitamos a consultar la resolución completa en el siguiente enlace: R-DCP-SICOP-01621-2025
Video de Roberto Rodríguez Araica, Gerente de la División de Contratación Pública de la CGR:

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

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La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.

CGR revela que 6 de cada 10 instituciones públicas no gestionan integralmente bienes y servicios

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La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad de gestión de bienes y servicios en 275 instituciones públicas, analizando la planificación, adquisición, administración, seguimiento y evaluación de los recursos requeridos para su operación.

Durante el 2024, se ejecutaron ₡6.490 millones en este ámbito, lo que evidencia la relevancia de contar con una gestión integral y estratégica que garantice servicios públicos de calidad, alineados con las necesidades reales de la población y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, emitido tras la revisión, muestra que seis de cada diez instituciones aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que requieren. El 68,4 % de las instituciones no cuenta con una política para la gestión de bienes y servicios, lo que afecta áreas clave como estrategia y planificación, adquisición, administración, y seguimiento y evaluación.

En cuanto a la protección de los recursos públicos, el 71,3 % de las instituciones no gestiona los riesgos asociados a los bienes y servicios, y un 54,2 % no aplica mecanismos de control para cumplir con la normativa de prevención contra la corrupción. Además, el 52,4 % de las entidades carece de un registro de control formal sobre los bienes adquiridos y servicios contratados.

Estas deficiencias incluyen la ausencia de estrategias que orienten las compras, generando adquisiciones fragmentadas y aumentando el riesgo de bienes o servicios innecesarios o mal definidos. La falta de controles expone a las instituciones a irregularidades y limita la capacidad para anticiparse a amenazas.

Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas entidades pierden trazabilidad, lo que incrementa la probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, incumplimiento de lo pactado y toma de decisiones sin información confiable.

Para leer el documento completo y conocer los resultados detallados, disponibles por institución, acceda al siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017279.pdf

CGR señala deficiencias en la gestión de Hacienda Digital

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La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión de proyectos tecnológicos relacionados con los sistemas de información aduaneros, tributarios, de administración financiera y servicios transversales, que forman parte del portafolio conocido como Hacienda Digital, cuya esencia es garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica, para facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la eficiencia de la administración financiera y asegurar una provisión oportuna de bienes y servicios públicos para la ciudadanía.

La ejecución de los proyectos del portafolio Hacienda Digital incumple en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico aplicable. Particularmente en lo referente a la gobernanza y la conducción estratégica de los proyectos, la planificación, su control y la implementación efectiva y sostenible de las soluciones tecnológicas. Lo cual afecta directamente la modernización de los sistemas y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Solo 23,6% de avance físico y 9,5% de desembolsos financieros al cierre de 2024. Pagos en comisiones de compromiso por más de US$2 millones. Falta de alineación estratégica y planificación técnica, lo que genera reprocesos y retrasos en la implementación de sistemas como TRIBU-CR, ATENA y CR-TEZA.

Gestión desarticulada de proyectos: No existe un listado actualizado de proyectos en curso, no se cuenta con reglas de priorización; tampoco se ejecuta un seguimiento sistemático del portafolio para identificar desviaciones en cronogramas, costos o riesgos.

Aplicación deficiente de controles: Ausencia de documentación esencial para formalizar el proyecto y asegurar su alineación con los objetivos. No hay documentación del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de los proyectos ni registro de lecciones aprendidas.

Debilidades de implementación: en la planificación del despliegue, migración de datos y gestión de riesgos. No se puede garantizar la transición efectiva de los sistemas actuales a los nuevos.

Se les invita a descargar el informe en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017121.pdf

Municipalidades continúan estancadas en gestión de servicios locales

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La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.

Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.

Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016850.pdf

Asentamientos informales y exclusión social: CGR revela impacto de su gestión en la Hacienda Pública

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.

El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.

Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.

En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.

Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.

Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.

Puede conocer algunos datos puntuales en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7e7a0dfe-fe2e-4f70-a9f6-8198c7fea75d/page/p_hksiqvx9rd?s=t4-5uemMsho

Los informes completos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Informe n.° DFOE-CIU-SGP-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011604.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011605.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00002-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011606.pdf

Fuente de la imagen: Semanario Universidad

La Contraloría señala deficiencias en el cobro de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría dirigido al Ministerio de Hacienda en el que advierte graves deficiencias en la gestión del cobro de impuestos a cargo de la Dirección General de Tributación (DGT). La revisión, que evaluó las etapas de planificación, ejecución y rendición de cuentas de esta gestión, concluye que el proceso es ineficaz, carece de planificación estratégica actualizada y falla en asegurar la recuperación efectiva de los impuestos en condición de morosidad.

Falencias detectadas

  • Planificación desactualizada: La DGT carece de un plan estratégico vigente, siendo el último correspondiente al periodo 2019-2023. Esta ausencia limita la posibilidad de alinear la gestión con metas claras y mecanismos de evaluación.
  • Falta de control sobre declaraciones rectificadas: Se identificaron 74.531 declaraciones rectificadas sobre las cuales no consta evidencia de verificación posterior, lo que representa un vacío en el control fiscal.
  • Inacción en la gestión de cobro: De una muestra de 102 expedientes revisados, no se halló documentación que acreditara acciones básicas de cobro como llamadas, notificaciones u oficios dirigidos a los contribuyentes.
  • Deficiente seguimiento a metas: Solo 3 de las 11 administraciones tributarias del país realizaron un seguimiento al cumplimiento de metas de cobro al cierre de 2023, y ninguna lo hizo durante el primer semestre de 2024.
  • Diferencias en reportes: El informe también identificó inconsistencias millonarias en los datos reportados por la DGT. Gracias a la auditoría, se corrigieron diferencias de ₡2.318 millones (2023) y ₡2.797 millones (2024), lo que evidencia la poca confiabilidad de los registros contables.

Implicaciones institucionales

Estas omisiones impactan directamente la recaudación tributaria, la equidad fiscal y el financiamiento de los servicios públicos. La CGR insiste en que la mejora en los procesos de cobro no solo exige cambios operativos, sino una transformación estratégica que garantice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para leer el informe completo, acceda aquí:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016102.pdf

Nota elaborada con base en el informe DFOE-FIP-IAD-00003-2025 de la Contraloría General de la República.

Imagen: Semanario universidad

Desorden territorial y descontrol en licencias de construcción en la Municipalidad de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.

El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.

Falta de planificación territorial

Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.

Permisos sin verificación de requisitos legales

La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:

  • Certificado de uso de suelo.
  • Disponibilidad de agua potable.
  • Plano catastrado visado por la Municipalidad.
  • Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Supervisión deficiente y evasión tributaria

No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.

Datos del informe

1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.

405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.

En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.

Lea el informe completo “DFOE-LOC-IAD-00007-2025” aquí: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025015272.pdf

CGR advierte deficiencias en el cálculo del canon de telecomunicaciones de SUTEL

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La Contraloría General de la República (CGR) identificó deficiencias en el sistema de costeo que utiliza la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para determinar el canon de regulación del sector. En su auditoría, la CGR concluyó que la metodología vigente no se ajusta a los principios de servicio al costo ni de administración eficiente, tal como exige la Ley N.° 7593.

El informe señala que el canon de regulación representa la fuente principal de financiamiento de SUTEL para ejercer sus funciones de supervisión del mercado abierto de telecomunicaciones. Para garantizar la transparencia y la razonabilidad de este aporte, el cálculo debe basarse únicamente en los costos indispensables para una regulación eficaz. No obstante, la CGR advirtió que SUTEL carece de un sistema que desglose el costo por actividad regulatoria, lo cual obstaculiza la evaluación de la eficiencia y limita la rendición de cuentas.

Además, se observó que los controles se sustentan en términos genéricos de partidas presupuestarias, sin asociar de forma directa cada gasto con la tarea regulatoria correspondiente. Esta práctica impide verificar si los recursos del canon se destinan de manera óptima y a un costo justificado.

La auditoría concluye que la falta de un mecanismo detallado de costeo podría derivar en un uso irracional de fondos públicos y reducir la eficacia de la supervisión del sector telecomunicaciones.

Para consultar el informe completo, ingrese a: DFOE CIU IAD 00004-2025
Video de la vocera, Marcela Aragón Sandoval, Gerente del área de fiscalización del Desarrollo de Ciudades de la CGR:

ANEP celebra acción de la CGR sobre el sistema ERR-SAP en la CCSS

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) celebra que la Contraloría General de la República (CGR) dio curso interno a una denuncia que plantearon acerca de la implementación del sistema ERP-SAP, por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

A medios del mes de junio, ANEP había denunciado que inconsistencias en los saldos de las farmacias debido a irregularidades del sistema ERP-SAP, amenazaban con el desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, y deudas a proveedores $24,038,989.43 (veinticuatro millones de dólares).

Debido a lo anterior, ANEP exigió a la Junta Directiva de la CCSS detener la implementación del sistema, y además de esto, Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP, asegura que se presentaron 45 documentos entre informes y notas de delitos ante la CGR, la cual fue acogida y trasladada al área de Fiscalización para el Bienestar Social (BIS) y se está valorando la ejecución de una acción de fiscalización.