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Etiqueta: Chile

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

El centro se extinguió: Chile como advertencia para la región

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

El viejo centro no se agotó simplemente porque el mundo cambió; se agotó porque nunca entendió los cambios que él mismo ayudó a producir. Ese centro que durante décadas se creyó árbitro, moderador y conciencia tranquila de la política terminó convertido en un cascarón vacío, un lugar que nadie habita con convicción y que muy pocos reconocen como propio. Lo que hoy llamamos “centro” no es más que el eco fatigado de un consenso que dejó de responder a las preguntas reales de la gente. Por eso ya no representa moderación, sino desconexión.

La reciente elección chilena, que conduce hacia un balotaje entre Kast a la derecha y Jara a la izquierda, es un espejo de esta crisis más profunda. Allí no vemos solo dos extremos disputando un país dividido; vemos el fracaso de una élite centrista que, criticando a los extremos, terminó abriéndoles la puerta. La ironía es brutal: los mismos que se proclamaban guardianes de la moderación incubaron la polarización que ahora dicen temer. Su neutralidad devino indiferencia; su prudencia, ceguera; su sentido del equilibrio, una renuncia a comprender los dolores concretos de la sociedad. Los centristas no contuvieron la espiral: la aceleraron.

También nos equivocamos al imaginar la política actual como una simple lucha entre dos polos opuestos. En una sociedad hiperindividualista e hipersensible como la nuestra, cada postura es percibida como un extremo. No porque las ideas sean más radicales, sino porque nuestras percepciones están fragmentadas y cada grupo vive aislado en su propio sentido de urgencia. Los viejos moderados, la socialdemocracia progresista y el liberalismo tecnocrático, han pasado a ser vistos como un extremo más: el extremo del status quo, el extremo de la arrogancia ilustrada, el extremo que gobierna sin escuchar. No es que la derecha dura “gane” simplemente por sus méritos, gana porque los antiguos moderados dejaron de ser un punto de equilibrio y se volvieron, a ojos del pueblo, parte del problema.

Eso mismo asoma en Costa Rica. Lo que viene, probablemente no será un triunfo del centro, porque ese centro ya no existe. Lo que llamamos centro es un nombre sin contenido, un refugio discursivo para quienes no quieren admitir que han perdido la capacidad de interpretar su tiempo. En ese vacío, inevitablemente, se instalará algún extremo disfrazado de cambio o continuidad. Y no porque el pueblo ansíe radicalismos, sino porque el espacio que debía ocupar una visión equilibradora está abandonado.

Si elevamos un poco la mirada, la realidad política adquiere un tono casi metafísico. Como en la antigua Grecia, estamos atrapados entre Apolo, Dionisio y Cibeles: el orden que intenta imponerse, el caos que se desborda y la disolución que amenaza con tragarse todo. Son arquetipos eternos, pero hoy aparecen desbalanceados. Los proyectos políticos contemporáneos no sintetizan estas fuerzas: las exageran. La derecha ofrece un orden apolíneo llevado al límite; la izquierda un dionisismo expresivo que se deshace en contradicciones; y el establishment global, con su socialdemocracia procedural y su liberalismo desencantado, asume el papel de Cibeles, una fuerza de disolución que deshace identidades, certezas y vínculos sin ofrecer nada a cambio. Todo está fuera de eje, todo se vive como extremo.

Por eso no sorprende que las ideologías ya no alcancen ni enamoren. Son mapas viejos para territorios que cambiaron de forma. El pueblo lo sabe intuitivamente y pasa factura. No porque busque una revolución permanente, sino porque percibe, con brutal claridad, que nadie entiende lo que verdaderamente sucede bajo la superficie de nuestras democracias. El centro se perdió, no por falta de oferta, sino por falta de comprensión profunda. Los que se dicen centristas hoy no lo son: solo administran la inercia de un modelo agotado.

Lo decisivo, sin embargo, no es quién ocupará el poder en la próxima elección. Lo decisivo es si alguien será capaz de construir un orden distinto, no otro extremo disfrazado de salvación. Porque mientras ese vacío continúe, mientras el centro sea una sombra sin cuerpo, seguiremos oscilando entre los impulsos de Apolo, Dionisio y Cibeles, sin encontrar la armonía que permita a una sociedad reconocerse a sí misma. Hasta que eso no ocurra, todo volverá a repetirse, cíclico e inevitable, como en las tragedias que los griegos conocieron demasiado bien.

Chile y la OTAN: ¿Estamos más cerca de involucrarnos en un conflicto internacional?

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Félix Madariaga
Periodista

Como suele ocurrir en los informativos de televisión y radio, primero nos inundan con noticias sobre delincuencia e inseguridad, luego con deportes, y al final, muy al final y entre temas varios, se cuelan algunas informaciones que apenas alcanzan unos segundos de pantalla. Se mencionan casi de pasada, como si bastara titularlas para cumplir con la transparencia informativa. Pero detrás de esas notas breves, a menudo, se esconden decisiones trascendentales que afectan el rumbo del país.

Eso pasó con la noticia de que Chile suscribió un nuevo convenio con Alemania, que nos acerca aún más a la OTAN, sí, esto fue el 29 de julio

Lo primero que uno se pregunta es si la mayoría de los chilenos sabe realmente lo que es la OTAN, o si están al tanto de que esa alianza militar está involucrada directamente en una guerra, apoyando abiertamente a Ucrania.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, nació con el argumento de detener la expansión de la URSS. Hoy, más de siete décadas después, su enemigo declarado es la Federación Rusa. En ese contexto, cualquier acercamiento o colaboración con la OTAN no es un acto neutro: significa posicionarse en un mapa geopolítico que está en plena confrontación.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2000, Chile firmó su primer acuerdo con la OTAN, que lo situó en el Nivel 1, un nivel inferior, que permitía el intercambio básico de datos militares. Lo que hoy se está firmando es distinto: Chile avanza al Nivel 2, lo que implica compatibilidad técnica, logística y doctrinaria con los estándares de la alianza, además de complicidad. En palabras simples, significa que el país adapta parte de su estructura militar a los parámetros de la OTAN.

El nuevo acuerdo fue firmado por la ministra de Defensa Adriana Delpiano y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier. Según información encontrada en la página web del Ministerio de Defensa, el objetivo es facilitar el intercambio de material militar. Pero, ¿qué tipo de armamento puede ofrecer Chile a la OTAN? ¿de qué manera nos beneficia integrarnos a una red militar liderada por potencias que hoy están directamente involucradas en conflictos armados?

Y no es un detalle menor que sea precisamente Alemania quien aparece como interlocutor. Un país que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue desmilitarizado y obligado a mantener límites estrictos en su desarrollo bélico, producto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el nazismo. Hoy, sin embargo, Alemania busca reposicionarse como potencia militar dentro de Europa, impulsada por el conflicto en Ucrania y su estrecha relación con Washington.

Frente a estos hechos, se solicitó más información oficial al Ministerio de Defensa de Chile, a través de su Oficina de Partes el pasado 3 de octubre. Además, contactamos por WhatsApp y correo electrónico a la ministra Delpiano, sin obtener respuesta. Del mismo modo, enviamos una consulta a la Embajada de Alemania en Chile, que tampoco respondió. Este silencio institucional no solo nos llama la atención: aumenta la desconfianza y el malestar ante decisiones que se toman sin rendición de cuentas al país.

No se trata de tecnicismos militares. Se trata de política exterior, de soberanía y de la posición que Chile adopta en sus relaciones bilaterales y multilaterales.
¿Queremos que Chile se acerque a alianzas militares que promueven guerras y bloqueos económicos? ¿Queremos condicionar nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con países que no son del agrado de la OTAN?

Chile ha tenido históricamente una vocación de neutralidad activa, de diálogo y de respeto al derecho internacional. Esa tradición, que nos dio reconocimiento en tiempos difíciles, hoy parece ser reemplazada por una política exterior complaciente con los intereses de las potencias occidentales.

Debemos mantener independencia y prudencia. Este tipo de convenios no fortalecen nuestra defensa, sino que nos subordinan a intereses ajenos. Si de verdad se trata solo de un acuerdo “logístico”, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué la falta de transparencia?

Más temprano que tarde, firmar este tipo de compromisos puede implicar comprometer algo más que la logística: puede comprometer la soberanía.

Ministra de Defensa, Señora Adriana Delpiano, el país merece una respuesta clara.
¿Cuál es el verdadero objetivo de este convenio con Alemania?
¿Es este el camino que Chile quiere seguir?

Fuentes:

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5381758/chile-firma-acuerdo-alemania-facilitara-acceso-catalogo-equipamiento-material-otan

https://www.defensa.cl/indexc3d9.html?p=6108

https://www.defensa.com/chile/chile-alemania-sellan-acuerdo-tecnico-militar-para-fortalecer

https://ucvradio.cl/news/nivel-2-en-la-otan-chile-asciende-en-sistema-de-catalogacion-para-intercambio-militar/

El pensador que enseñó a leer el poder en los medios

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

En la madrugada del 31 de octubre de 2025, en París, falleció Armand Mattelart, uno de los intelectuales más influyentes del pensamiento comunicacional contemporáneo. Con su partida se extingue una voz crítica que supo vincular la comunicación con la política, la economía y la cultura, desmontando las tramas ideológicas del poder mediático y el imperialismo cultural.

Nacido en Lieja (Bélgica) el 8 de enero de 1936, se graduó en Derecho en la Universidad de Lovaina y se especializó en demografía en La Sorbona. Su formación inicial, anclada en el estudio de las políticas de población, pronto lo llevó a cuestionar las estrategias de control demográfico impulsadas por la Alianza para el Progreso en los años sesenta, promovida por el gobierno de John F. Kennedy.

Un belga en América Latina: el despertar crítico en Chile

En 1962 llegó a Chile invitado por la Pontificia Universidad Católica, donde se integró como profesor de sociología de la población. En ese contexto fundó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y comenzó a articular su mirada crítica sobre los medios de comunicación masiva y su papel en la construcción del imaginario social.

Durante el gobierno de Salvador Allende, Mattelart participó activamente en los debates sobre la democratización de la comunicación y el rol de los medios en los procesos de cambio social. En 1971, junto a Ariel Dorfman, publicó el célebre Para leer al Pato Donald, texto pionero en la crítica al imperialismo cultural. En sus páginas reveló cómo los cómics de Disney difundían valores, jerarquías y modelos de vida funcionales a la dominación ideológica estadounidense.

El libro se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico latinoamericano, cuestionando lo que parecía inocente —el entretenimiento infantil— como un vehículo de colonización cultural.

Exilio, pensamiento global y crítica del poder mediático

El golpe militar de 1973 interrumpió abruptamente ese ciclo. Mattelart fue expulsado de Chile y debió exiliarse en Francia. Desde allí, transformó la experiencia latinoamericana en un marco global de análisis: la comunicación entendida como campo de disputa política y estructural dentro del sistema-mundo.

Profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis), desarrolló una vasta producción académica que renovó la Economía Política de la Comunicación, incorporando la crítica de la mundialización y las redes transnacionales de poder mediático.

Entre sus obras más destacadas figuran La Comunicación-Mundo, Multinacionales de la Comunicación, La Invención de la Comunicación, Diversidad cultural y mundialización, Un mundo vigilado y, junto a Michèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación.
En todas ellas defendió una convicción: democratizar la información es democratizar la sociedad.

Legado intelectual y humano

Mattelart recibió doctorados honoris causa de universidades en Nuevo León, Córdoba, Málaga, La Habana y Valladolid, y junto a su esposa Michèle fue reconocido como Profesor Honorario por la Universidad de Chile durante la IX Bienal Iberoamericana de Comunicación en 2013.

También incursionó en el cine documental. En 1976 presentó en el Festival de Cannes La Spirale (La Espiral), codirigida con Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux, una mirada lúcida sobre el proceso chileno de la Unidad Popular y la ofensiva mediática que precedió al golpe.

Hasta sus últimos años, Mattelart siguió observando con atención las nuevas formas de concentración mediática, la lógica extractivista de las plataformas digitales y los riesgos de vigilancia global. Su lucidez seguía intacta: la comunicación no era para él un simple flujo de información, sino un terreno de batalla simbólica donde se juegan la libertad, la cultura y la soberanía.

Una luz crítica que no se apaga

Su pensamiento sigue marcando a generaciones de investigadores, periodistas y educadores. En América Latina, su paso por Chile dejó una huella indeleble: enseñó que leer los medios es leer el poder, que la comunicación no es neutral y que comprender sus mecanismos es condición de toda emancipación.

Armand Mattelart fue, ante todo, un intelectual comprometido con su tiempo, que convirtió la crítica en un acto de esperanza: entender el mundo para transformarlo.

Referencias

  • FELAFACS-Regional Brasil. (2025, 3 de noviembre). Murió Armand Mattelart: Pensar la comunicación como política del mundo.
  • Diario UChile. (2025, 3 de noviembre). Se apaga una luz crítica de la comunicación global: muere Armand Mattelart.
  • [Sin firma]. (2025, 31 de octubre). Fallece Armand Mattelart: Pensador mundial de la comunicación y la cultura de masas.

Resumen de Juan Carlos Cruz Barrientos. Para Surcos.

Armand Mattelart (1936–2025) Imagen: AFP

Estudio compara los gastos reales de estudiar educación superior en cuatro países de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.

El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:

  • En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.

  • Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.

  • La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.

  • Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.

  • Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.

El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.

Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/07/El-costo-de-estudiar-en-educacion-superior-y-los-programas-de-apoyo-financiero-a-estudiantes-en-America-Latina.pdf

¿Dónde está Chile? BRICS, Brasil y la estrategia fallida de Boric

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Félix Madariaga

Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.

En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?

Una oportunidad perdida

En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.

Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.

El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS

En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.

Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.

¿Por qué para Chile es importante el BRICS?

El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.

Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.

Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.

¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.

Conclusión

La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.

Fuentes:

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=301015

https://radio.uchile.cl/2025/06/20/chile-los-brics-y-la-autonomia-estrategica/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/07/07/la-oportunidad-de-lula-da-silva-en-la-cumbre-de-los-brics-naufrago-entre-criticas-externas-y-disenso-interno/

https://www.dw.com/es/arranca-la-cumbre-de-los-brics-en-brasil/a-73177492

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250708-economia-trump-aranceles-brics-tension

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/07/gobierno-de-lula-considera-que-amenazas-de-trump-refuerzan-posicion-del-brics-contra-tarifas.shtml

Llega “Espresso Americano”, una propuesta audiovisual sobre geopolítica latinoamericana

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Con una colaboración entre analistas de Chile y Costa Rica, se ha lanzado el programa Espresso Americano, una nueva iniciativa audiovisual que busca analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica e independiente. El espacio será transmitido cada quince días por YouTube y otras plataformas digitales.

La primera entrega de la serie se titula “Panamá: Si lo ves que viene, palo al tiburón”, y expone un análisis de la historia, economía y situación actual de este país centroamericano, marcado por su rol geoestratégico y las tensiones con potencias globales.

El episodio recupera la memoria del Canal de Panamá como enclave colonial de Estados Unidos, el despojo territorial a Colombia hace 122 años y la posterior ocupación militar estadounidense. También aborda las recientes protestas sociales contra reformas al sistema de pensiones, el proyecto de un embalse que afectaría territorios indígenas, la reapertura de la mina de cobre en Colón, y el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

En su análisis, los autores —Fernando Bermúdez Kuminev y Roberto Bermúdez Pellegrin, corresponsales del multimedio Muros y Resistencia— denuncian la falta de soberanía efectiva, los vínculos con intereses financieros internacionales, y las implicaciones geopolíticas del nuevo alineamiento estratégico del gobierno panameño, que incluye el abandono de la iniciativa china de la Ruta de la Seda y la sustitución de infraestructura de comunicaciones.

A lo largo del programa se destacan elementos históricos y simbólicos, como la referencia al general Omar Torrijos, quien defendió la recuperación del canal ante la comunidad internacional: “Nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, ni Estado ni Estado Asociado, ni Colonia o Protectorado”.

La propuesta audiovisual busca, según sus realizadores, “recorrer América estación por estación”, para brindar una lectura regional de las disputas actuales y reavivar la conciencia histórica y emancipadora de los pueblos latinoamericanos.

Se puede ver el primer episodio completo en:

Lula: reconstruyendo la voz de Latinoamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Félix Madariaga
Periodista

En los últimos meses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado un discurso cada vez más distante de Estados Unidos, particularmente como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Frente al anuncio de aranceles universales de entre un 10% y 20% (incluyendo un 10% adicional para Brasil), Lula declaró: “Responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y anunció que Brasil adoptará “todas las medidas posibles” en defensa de sus trabajadores y empresas.

Posteriormente, durante la Cumbre de la CELAC en Tegucigalpa (abril 2025), Lula instó a los países de América Latina y el Caribe a unirse “para enfrentar aranceles arbitrarios” y recuperar el espíritu de integración regional a través de un mecanismo común. También subrayó que Brasil buscará negociar primero con el objetivo de priorizar el diálogo, pero reiteró que respondería con reciprocidad si no se alcanzaban acuerdos, esperamos justos y ecuánimes.

Apoyos regionales y marco institucional

En Tegucigalpa, líderes como la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia Gustavo Petro, respaldaron públicamente la propuesta de Lula. De hecho, Sheinbaum propuso una “Cumbre por el Bienestar Económico Regional” y llamó a reforzar el comercio intrarregional. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración como respuesta estratégica al proteccionismo global y a las decisiones unilaterales de Estados Unidos que podrían desestabilizar la economía y la política internacional.

Además, Lula presentó la idea de colaborar en una candidatura conjunta latinoamericana para la Secretaría General de la ONU, usando la diplomacia multilateral como palanca para elevar la influencia regional conjunta.

La agenda BRICS: invitación a Chile

En paralelo, Lula extendió también una invitación directa al presidente de Chile Gabriel Boric para participar en la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en Brasil el 6 y 7 de julio de 2025. Este llamado viene acompañado de la intención de que Chile, bajo el liderazgo de Boric, se incorpore oficialmente al bloque, lo que implicaría un desafío a la hegemonía norteamericana.

Los BRICS están compuestos actualmente por once países: sus 5 miembros originales – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – y seis 9 miembros admitidos en 2024-2025: Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Boric ha aceptado asistir como invitado, lo que generó una inmediata respuesta negativa, tanto en la oposición como en algunas fuerzas oficialistas. A pesar de que los BRICS son un foro de carácter económico, la crítica a la participación de Chile en la reunión se centró en razones políticas, como la participación de Rusia e Irán en el encuentro. Sin embargo, lo más probable es que a la base de tanta reticencia se encuentre el temor de hacer enojar a nuestro gran hermano del norte.

¿Qué podría haber de malo en tratar de integrar una organización que busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y promover un orden mundial multipolar? Para nosotros claramente nada, considerando que hoy los países de los BRICS representan a unos 3.300 millones de personas, más del 40% de la población mundial y que juntas, las economías alcanzan aproximadamente el 37% del producto interior bruto mundial y que ahí participa uno de nuestros principales socios comerciales como los es China.

En los últimos años los BRICS han ampliados sus esfuerzos de cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales hasta proyectos humanitarios, gracias también a la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) como alternativa al Banco Mundial.

Como señalaba en su columna en El Mostrador Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, “La pertenencia a los BRICS no debe ser interpretada como una renuncia a nuestras alianzas tradicionales, sino como una expansión necesaria de nuestros horizontes estratégicos. Es el paso lógico para una nación que aspira a ser un actor relevante en la construcción de un mundo más equitativo y próspero. Es imperativo que abracemos esta oportunidad con visión y determinación” y frente a las dudas por la participación de Chile en un foro en que hay una diversidad de regímenes políticos, afirma que “nuestra Constitución, al igual que la brasileña, establece la defensa de la paz y la solución pacífica de conflictos como principios rectores de nuestra política exterior. Al promover la cooperación económica y la búsqueda de un orden multipolar, estamos contribuyendo a un ambiente internacional menos propenso a conflictos, lo que, indirectamente, redunda en beneficios para la situación de los derechos humanos a nivel mundial”.

Creemos que ese debería ser el camino que debemos recorrer. Por qué cerrarnos una puerta que podría abrirnos nuevos espacios para fortalecer la voz del Sur Global, por qué cerrarnos una puerta que podría permitirnos un crecimiento más equilibrado y justo, menos dependiente de un socio, tantas veces caprichoso.

El ascenso del proteccionismo estadounidense, bajo el argumento de “hacer a América grande otra vez”, ha derivado en medidas arancelarias que amenazan las cadenas de valor globales. La reacción de gobiernos como el de Lula muestra que el unilateralismo de Washington puede ser percibido como una amenaza a la paz económica global: “La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores”

Estas políticas son vistas también como un vestigio de una mentalidad bélica —“un país promotor de la guerra mundial” en términos simbólicos—, donde la imposición comercial refleja un retorno a disputas de poder no solo económicas, sino geopolíticas. Frente a ello, la respuesta latinoamericana se enmarca en una estrategia de defensa colectiva, reafirmación soberana y construcción de espacios de diálogo multilateral, justamente para resguardar la estabilidad y autonomía regional. Por eso esperamos que Chile aproveche esta oportunidad, y no cierre sus puertas antes presiones y opiniones que parecen no tener en cuenta los desafíos globales que estamos enfrentando.

Fuentes:

https://es.weforum.org/stories/2024/11/que-son-y-para-que-sirven-los-brics-esto-es-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-bloque-internacional/

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/06/20/por-que-la-plena-integracion-a-los-brics-constituye-un-camino-fundamental-para-el-futuro-de-chile/

https://www.dw.com/es/lula-retoma-la-batuta-de-la-integraci%C3%B3n-sudamericana/a-65746035

https://www.elpais.cr/2025/04/22/presidentes-de-brasil-y-chile-reafirman-compromiso-con-multilateralismo-y-su-rechazo-a-una-guerra-comercial/

https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/05/16/1166543/chile-brics-cancilleria.html

https://www.prensa-latina.cu/2025/04/09/chile-expresa-compromiso-con-la-integracion-en-cita-de-celac/

Obligaciones en materia de derechos humanos y cambio climático: algunos apuntes con relación a la opinión consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Este 3 de julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer su opinión consultiva (la OC/32) con relación a una serie de preguntas que le formularon Chile y Colombia en el mes de enero del 2023 (véase texto integral de la solicitud): se trataba de preguntas relacionadas al alcance de las obligaciones que en materia de derechos humanos derivan del cambio climático, en las que una y otra vez ambos Estados referían tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 como al Acuerdo de Escazú adoptado en el 2018.

Es de notar que otra opinión consultiva fue solicitada en materia de cambio climático a otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: véanse las preguntas formuladas al final de la solicitud hecha en marzo del 2023, y el comunicado oficial  de la CIJ sobre la finalización de las audiencias orales de diciembre del 2024. Se calcula que en próximos meses la CIJ debería de estar dando a conocer su opinión consultiva, y que es muy probable que integre en ella el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El 21 de mayo del 2024, fue el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (más conocido por sus siglas en inglés de ITLOS) el que dió a conocer su opinión consultiva, solicitada por un grupo de Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, siempre relacionada a los efectos del cambio climático (véase texto en francés y en inglés).

Como se puede observar, la justicia internacional está siendo solicitada por Estados en aras de clarificar los alcances de las obligaciones internacionales existentes en materia de lucha contra el cambio climático, dada la emergencia en la que se encuentra el planeta.

Chile y Colombia: una valiosa iniciativa conjunta

Esta opinión consultiva permite en particular ayudar a quienes denuncian, desde muchos años, la inacción de sus autoridades estatales para proteger a comunidades de los efectos del cambio climático, efectos que han sido advertidos y modelizados desde mucho tiempo por la comunidad científica: desde la autorización y los permisos otorgados en zonas inundables, o propensas a derrumbes, pasando por permisos para megaproyectos en zonas en las que se prevé una sequía acentuada o que impactarán negativamente las fuentes de agua de una comunidad y la biodiversidad circundante, hasta la inacción a nivel estatal (y municipal) ante la elevación del nivel del mar en ciertas costas particularmente vulnerables o la falta de regulaciones para limitar sustancialmente el uso de sustancias contaminantes que acentúan el cambio climático y contribuyen al calentamiento global. 

Son reiteradas éstas y muchas otras más, las situaciones que a menudo terminan en manos de la justicia nacional con datos e informes técnicos sobre los efectos del cambio climático ignorados por las autoridades estatales.

Desde este y otros puntos de vista, hay que agradecer la iniciativa conjunta que tuvieran Chile y Colombia en aras de consolidar el régimen de la protección del ambiente y de los derechos humanos, mediante el procedimiento consultivo previsto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No cabe duda que esta gestión conjunta y varias otras más recientes, realzan su liderazgo en la región en materia ambiental: su comunicado oficial conjunto al conocerse la opinión consultiva de este 3 de julio así lo refleja (véase texto).

Las preguntas en breve

Algunas de las preguntas formuladas de manera conjunta por Chile y Colombia al juez interamericano de derechos humanos se leen de la siguiente manera:

» 1. ¿Cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los Estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, incluyendo eventos extremos y eventos de desarrollo lento, de conformidad con las obligaciones convencionales interamericanas a la luz del Acuerdo de Paris y el consenso científico que alienta a no aumentar la temperatura global más allá de 1,5°C40? 

2. En particular, ¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana? Frente a ello, ¿qué medidas diferenciadas deben tomarse respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad o consideraciones interseccionales? 

2.A. ¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación     de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de             impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar      las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la             emergencia climática? 

    2.B. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación, adaptación y        respuestas a las pérdidas y daños generados por la emergencia climática en las    comunidades afectadas?

Teniendo en cuenta el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia, recogidas en el artículo 13 y derivadas de las obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, a la luz de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): 

1. ¿Cuál es el alcance que deben dar los Estados a sus obligaciones convencionales frente a la emergencia climática, en lo que refiere a: 

i) la información ambiental para que todas las personas y comunidades, incluida la vinculada a la emergencia climática;

ii) las medidas de mitigación y adaptación climática a ser adoptadas para atender la emergencia climática y los impactos de dichas medidas, incluyendo políticas específicas de transición justa para los grupos y personas particularmente vulnerables al calentamiento global; 

iii) las respuestas para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático. 

iv) la producción de información y el acceso a información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, deforestación y forzadores climáticos de vida corta, análisis sobre los sectores o actividades que contribuyen a las emisiones u otros; y 

v) la determinación de impactos sobre las personas, tales como, la movilidad humana -migración y desplazamiento forzado-, afectaciones a la salud y la vida, perdida de no económicas, etc.? 

2. ¿En qué medida el acceso a la información ambiental constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático, en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana?» 

Con relación a la situación de los niños/niñas en el hemisferio americano, Colombia y Chile formularon las dos siguientes preguntas:

«1. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de adoptar medidas oportunas y efectivas frente a la emergencia climática para garantizar la protección de los derechos de los-las niños y niñas derivadas de sus obligaciones bajo los Artículos 1, 4, 5, 11 y 19 de la Convención Americana? 

2. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de brindar a los niños y niñas los medios significativos y eficaces para expresar libre y plenamente sus opiniones, incluyendo la oportunidad de iniciar, o de otra manera participar, de cualquier procedimiento judicial o administrativo concerniente a la prevención del cambio climático que constituye una amenaza a sus vidas?»

Con relación a los defensores del ambiente, y a la crítica situación que muchos sufren por levantar la voz en defensa de la protección del ambiente, ambos Estados formularon las siguientes preguntas al juez interamericano:

«De conformidad con las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú: 

1. ¿Qué medidas y políticas deben adoptar los Estados a fin de facilitar la labor de personas defensoras del medio ambiente? 

2. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática? 

3. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio en virtud de factores interseccionales e impactos diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes ante la emergencia climática?

4. Frente a la emergencia climática, ¿qué información debe producir y publicar el Estado a fin de determinar la capacidad de investigar diversos delitos cometidos contra personas defensoras, entre otros, denuncias de amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados, violencia de género, discriminación, etc.? 

5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?»

De algunas de las observaciones remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como se puede observar, la formulación de estas y varias otras preguntas debió permitir al juez interamericano precisar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia ambiental de cara a las obligaciones que derivan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del mismo Acuerdo de Escazú.

Con relación a este último instrumento, es de notar que desde el 5 de junio pasado (Día Internacional del Ambiente), el Acuerdo de Escazú registró la adhesión de Bahamas, con los cual son 18 Estados del hemisferio americano los que son Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firmas y ratificaciones entre las que se contabilizan las de Chile y Colombia). Al respecto, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior (véase enlace), editada en junio del 2025, y titulada precisamente: «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«.

De las distintas observaciones (opiniones jurídicas) recibidas por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de este procedimiento consultivo, resultan de particular interés las que fueron remitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase documento), así como por la REDESCA de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase extenso  documento de 119 páginas). 

De interés más limitado resultan las observaciones enviadas por Costa Rica (véase documento) al provenir de un Poder Ejecutivo que se opone a la aprobación del Acuerdo de Escazú desde su entrada en funciones en el mes de mayo del 2022: nótese que lo remitido al juez interamericano por Costa Rica no incluye el criterio de entidades del Estado costarricense a cargo del cambio climático, del ambiente o de los derechos humanos, sino que remite a opiniones de las autoridades migratorias y autoridades a cargo de la niñez e incluyen las de su Poder Judicial. Resulta oportuno recordar que este último procedió a una interpretación totalmente inédita de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para dificultar innecesariamente su trámite de aprobación, en marzo del 2020: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la subsección «El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones» de nuestra nota editada en abril del 2022, y titulada: «Acuerdo de Escazú. Breves apuntes sobre su primera COP (Conferencia de Estados Parte) y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)». También remitimos a la subsección «La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros poderes judiciales en América Latina » contenida en esta nota publicada en el portal de la UCR en junio del 2022, titulada «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile«.

El extraño texto compuesto enviado por Costa Rica puede ser comparado a las extensas obervaciones elaboradas por el aparato diplomático de Colombia (véase documento), así como por el de Chile (véase documento), o bien por el de México (véase documento). Además de Costa Rica, en América Central, envió sus observaciones El Salvador (véase documento): se trata de uno de los Estados que, al igual que Honduras, no ha tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú.

De las pocas entidades costarricenses que remitieron observaciones, podemos citar a la Universidad Nacional / UNA) (véase escueto documento).

La opinion consultiva en breve

El comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de junio del 2025 (véase texto) refiere a las principales conclusiones de la Corte, que se encuentran en la página 232 de la OC/32. 

Es de notar que en varios de los puntos resolutivos (véase texto completo, página 232), la jueza costarricense, la jueza chilena y el juez colombiano se apartaron del criterio de sus homólogos.

Es de indicar, antes de entrar a detallar parte de su contenido que, en vez de responder a cada una de las preguntas solicitadas por Chile y por Colombia, el juez interamericano procedió a una total «reformulación» (párrafo 28) con lo cual, las preguntas quedaron reducidas a la siguiente formulación:

«1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?

2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?

3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?«

Un lector familiarizado con las preguntas hechas por Colombia y Chile notará inmediatamente la ausencia de toda referencia al Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«, lo cual debería poder ser explicado en algún momento al no serlo del todo en el texto de la opinión consultiva. 

Es de notar que al contestar a Colombia a una solicitud de opinión consultiva en el 2017 sobre daño ambiental transfronterizo y los derechos de las comunidades afectadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no «reformuló» las preguntas colombianas, sino que más bien, fue mucho más allá de lo que le solicitaba expresamente Colombia: véase texto completo de la OC/23 (Nota 1).  

Con relación al cambio climático, la innovación jurisprudencial a la que procede la Corte en los párrafos 299-300 en su texto dado a conocer este 3 de julio merece mención (las negritas son nuestras):

«299. El sistema climático hace parte de ese conjunto y, por ende, aunque está indefectiblemente ligado a otros componentes del ambiente, su protección debe ser entendida como un objetivo específico en el marco de la protección del ambiente. En efecto, la protección del sistema climático adquiere rasgos específicos y diferenciales en atención a las funciones que éste cumple a nivel global, a los elementos que lo componen y a las dinámicas necesarias para asegurar su equilibro. La Corte resalta, en ese sentido, que la afectación del sistema climático constituye una forma de daño ambiental que, aunque relacionada, puede y debe distinguirse de otras formas de daño ambiental como aquellas resultantes de la contaminación o de la afectación de la biodiversidad.

 300. La distinción señalada adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, habida cuenta de la urgencia, especificidad y complejidad de las acciones requeridas para proteger el sistema climático global. Ante esta situación, la Corte considera que el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas«.

«566. En el mismo sentido, este Tribunal destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoce la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Este “deber especial de protección” derivado de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a defender los derechos humanos impone al Estado los deberes de:

(i) reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras, afirmando la relevancia de su papel en una sociedad democrática y procurando proveerles de los medios necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Esto conlleva la necesidad de abstenerse de imponer a las personas defensoras obstáculos que dificulten la efectiva realización de sus actividades, estigmatizarlas o cuestionar la legitimidad de su labor, hostigarlas o, de cualquier forma, propiciar, tolerar o consentir su estigmatización, persecución u hostigamiento;

(ii) garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras puedan actuar libremente, sin amenazas, restricciones o riesgos para su vida, para su integridad o para la labor que desarrollan. Lo anterior entraña la obligación reforzada de prevenir ataques, agresiones o intimidaciones en su contra, de mitigar los riesgos existentes, y de adoptar y proveer medidas de protección idóneas y efectivas ante tales situaciones de riesgo[2], y

(iii) investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras puedan sufrir en el ejercicio de sus labores y, eventualmente, reparar los daños que podrían haberse ocasionado. Ello se traduce en un deber reforzado de debida diligencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que les afecten, que en el caso de las mujeres defensoras repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia, en virtud de su doble condición, de mujeres y de personas defensoras.

567.  A la postre, ese deber especial de protección impone a las autoridades, además de abstenerse de imponer límites o restricciones ilegítimas a la labor de las personas defensoras, una obligación reforzada de formular e implementar instrumentos de política pública adecuados, y de adoptar las disposiciones de derecho interno y las prácticas pertinentes para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos.

568. Este Tribunal advierte que las personas defensoras de derechos ambientales corren un riesgo acentuado de sufrir violaciones a sus derechos en razón de las actividades que desempeñan en el marco de la emergencia climática. Este riesgo se manifiesta a través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés)».

Este 3 de julio del 2025, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron a conocer su respuesta a Chile y a  Colombia, y en realidad a gran cantidad de Estados y de organizaciones que, en el hemisferio americano, observan los efectos devastadores causados por la inacción climática. 

En el caso de varias organizaciones de la sociedad civil, esta inacción se debe a sus mismas instituciones públicas: en muchos casos, estas organizaciones intentan, ante los tribunales nacionales de justicia, obtener decisiones en favor del ambiente y de las personas que lo defienden, y que se condene a sus autoridades por no querer tomar decisiones urgentes que derivan del cambio climático.

A partir de este 3 de julio, estas organizaciones cuentan con una opinión consutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirá sin lugar a dudas confortar sus posiciones en la defensa del ambiente y en defensa de los derechos de las comunidades más impactadas por el cambio climático. 

Pese a una clara omisión con respecto a las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«,  y a referencias esporádicas al mismo en el texto, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico. En cuanto a los Estados, cuentan desde esta fecha con una guía que puede servirles de base para elaborar políticas públicas mucho más acordes con la situación de emergencia climática, en particular para los Estados, como Costa Rica, que persisten en no aprobar el Acuerdo de Escazú, exhibiendo de paso su total inconsistencia en materia ambiental ante el mundo (Nota 2). 

–Notas–

Nota 1: Con relación a la OC 23 del 2017, véase: BOEGLIN N., «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«, publicado en DebateGlobal (Colombia), 26 de febrero del 2018. Texto disponible aquí;  PEÑA CHACÓN M., «Desafíos y oportunidades de la Sala Constitucional de cara a la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos», publicado en Derechoaldia (Costa Rica), 17 de febrero del 2018. Texto disponible aquí. Así como el programa Era Verde (Programa semanal del canal de televisión Canal 15, UCR), «Corte IDH nos jala el mecate en materia ambiental«, Emisión completa disponible en Youtube en este enlace.

Nota 2: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).  De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Foro Globsec 2025 – Chile y Ucrania: un encuentro cuestionable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Félix Madariaga

Como lo anticipamos hace un tiempo, los cancilleres de Chile y Ucrania se reunieron entre el 12 y 14 de junio pasado durante el Foro Globsec 2025 en Praga. Este foro, organizado por una institución privada conocida por sus labores de lobby (Think Tank), convocó y reunió a políticos de todo el mundo.

En este marco, el canciller chileno Alberto van Klaveren se reunió con su par ucraniano, Andrii Sybiga, instancia en que van Klaveren reafirmó el compromiso de Chile con la paz y el respeto al derecho internacional, afirmación cuestionable si revisamos las posturas cambiantes de nuestra política exterior.

¿Un apoyo real a la paz o un alineamiento político?

Este encuentro, que parece más un acto político planificado, que una casualidad, permitió que nuestro representante – que a muchos no nos representa – expresara abiertamente su apoyo a un país en guerra que, lejos de buscar la paz, ha fortalecido alianzas con la OTAN y asesores del Reino Unido.

Pero ¿por qué Chile apoya a Ucrania en estas circunstancias? Un país que, más allá de la justificación de la guerra, comete actos terroristas contra la población civil. Sí, apenas unos días antes del encuentro, al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas tras el derrumbe de un puente en la región rusa de Briansk, acto atribuido a sabotajes.

Además, tras la reunión, al menos 14 civiles resultaron heridos en un bombardeo ucraniano contra zonas residenciales de Donetsk, utilizando lanzamisiles múltiples de origen estadounidense HIMARS. Quizás estas informaciones sorprendan porque no suelen aparecer en los noticieros nacionales, claramente sesgados e inclinados hacia una mirada del conflicto.

Contradicciones evidentes

Estas acciones no concuerdan con las declaraciones públicas de Andrii Sybiga, quien señaló que “Informé a mi colega (van Klaveren) sobre la situación actual en el frente y los esfuerzos diplomáticos internacionales dirigidos a acercar una paz justa”. Sin embargo, los ataques a la población civil rusa revelan una realidad contraria a esas declaraciones.

Por su parte, van Klaveren, en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, condenó la agresión de Rusia contra Ucrania y expresó profunda preocupación por la violación de la soberanía e integridad territorial ucraniana.

¿Y dónde quedó la neutralidad de Chile?

Y cómo siempre tenemos más preguntas que respuestas: ¿desde cuándo Chile adoptó una postura no neutral en este conflicto?, ¿por qué el comunicado oficial no aclara los motivos y objetivos de la invitación al Foro Globsec?, ¿por qué el Estado chileno destina recursos a eventos de fundaciones privadas que, en muchas ocasiones, forman parte de redes de influencia global?, ¿fue una reunión casual o planificada para apoyar a una de las partes?, ¿cuántos representantes chilenos asistieron?

Son preguntas que el Gobierno debe responder con transparencia, la política exterior de un país debería ser reflejo de lo que un pueblo quiere y no sólo de los intereses de un gobierno. Chile quiere paz, Chile quiere contribuir a la paz mundial porque de guerra interna, represión, tortura, desapariciones, ya tuvimos demasiado durante los oscuros años de la dictadura civil-militar.

Tenemos muchas dudas, más aún cuando estas fundaciones y Think Tank parecen tener un rol clave detrás de estos encuentros, que afectan la seguridad y estabilidad mundial.

Nos resulta especialmente preocupante el actuar del Gobierno de Gabriel Boric, quien, lejos de los ideales que enarboló en su ascenso político, hoy aparece abrazando posturas alineadas con intereses geopolíticos que históricamente han subordinado a los pueblos del sur global.

¿Dónde quedó aquel joven sin corbata, con chaqueta de chiporro, que alzaba la voz contra las injusticias desde la presidencia de la FECH?, ¿qué fue del rebelde de Plaza Dignidad, que, conmovido por la violencia militar, interpeló en tono encendido a los uniformados en pleno 2018? ¿En qué momento se diluyó aquel gesto de respeto hacia la familia de Mauricio Hernández Norambuena, cuando dijo que «el legado del Frente y del Frente Autónomo es algo que tenemos que defender”?

Pareciera que el Boric de entonces se fue desdibujando entre cócteles diplomáticos, foros privados y alianzas de ocasión. Hoy, el presidente de Chile, en lugar de tender puentes para una paz genuina, parece subirse al tren de una narrativa belicista impulsada por actores externos como el Reino Unido – antiguo poder colonial y hoy aliado estratégico de Ucrania – cuyo rol en la prolongación del conflicto ha sido clave, pero cuidadosamente invisibilizado en los comunicados oficiales.

Por eso hoy aplaudimos la llegada a Chile de RT, que esperamos rompa el cerco informativo en que se encuentra nuestro País, no somos “chusma inconsciente”, tenemos el deber y el derecho de informamos, y desde ahí sacar nuestras propias conclusiones. Tal vez por eso están tan nerviosos los representantes de la derecha local y los dueños de una conocida radio, porque otra mirada podría dejar en evidencia la hegemonía comunicacional y el casi nulo interés en la libertad de expresión.

https://www.dw.com/es/rusia-investiga-derrumbe-de-dos-puentes-en-zona-fronteriza/a72748770#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20de%20Instrucci%C3%B3n%20de,Otras%2047%20personas%20fueron%20hospitalizadas

https://www.bbc.com/mundo/articles/c331jz5kj82o

https://www.youtube.com/watch?v=WiIxtmN5LuM

https://actualidad.rt.com/video/552524-cronica-atentados-letales-kiev-transporte

https://actualidad.rt.com/video/554265-heridos-ataque-ucraniano-civiles-himars

https://chile.mfa.gov.ua/es/news/andrii-sybiha-se-reunio-con-el-ministro-de-relaciones-exteriores-de-chile-alberto-van-klaveren

https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/canciller-van-klaveren-se-reune-con-el-ministro-de-relaciones-exteriores

https://forum2025.globsec.org/

https://www.pressenza.com/es/2025/05/posible-visita-del-canciller-de-ucrania-a-chile-un-llamado-a-la-responsabilidad-diplomatica/