Piñas tóxicas, trabajo precario y comunidades agredidas
El cultivo de la piña en Costa Rica debe regularse, tanto en relación al uso de agrotóxicos como para prevenir formas de explotación laboral a los trabajadores y sus familias, en su mayoría migrantes.
Frank Ulloa
A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.
Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.
Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.
El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.
Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.
Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.
Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.
Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.
Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.
El proyecto, seleccionado por el Micitt, pretende transformar un residuo contaminante de la agroindustria aceitera, como lo es el pinzote de palma, en biocarbón
La fibra de pinzote de palma aceitera es un residuo que, por su elevado volumen de producción, representa un contaminante importante en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Un grupo de científicos liderados por la Dra. Cristina Chinchilla Soto, directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, generarán el conocimiento para convertir el pinzote de palma aceitera en biocarbón, un material de alto valor y amigable con el ambiente.
En Costa Rica la producción de palma aceitera se desarrolla principalmente en la región Brunca y es una actividad que plantea un gran reto de manejo de residuos agroindustriales. Según datos del año 2012, por cada 100 toneladas de producto de palma, se generan 22 toneladas de fibra de pinzote. Esto equivale a 245 000 toneladas al año, que es el peso aproximado de unos 7500 contenedores llenos.
Ante esta problemática, los científicos presentaron un proyecto de investigación que permitiría aportar una solución viable para el manejo de este residuo, que sea rentable y además beneficie al medio ambiente, favoreciendo una economía circular.
El proyecto denominado “BIOECODES: El BIOcarbón como estrategia de ECOnomía circular: valorización de residuos agroindustriales para la DEScarbonización y la protección de los recursos” logró obtener fondos del Programa de Proyectos de Investigación Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el tema de Economía Circular y se extenderá por dos años.
Foto: UCR
¿Qué es el biocarbón o biochar?
El biocarbón o biochar es un material carbonáceo poroso, con propiedades físico-químicas adecuadas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de carbón en el ambiente (cuando se incorpora al suelo). Se produce mediante un tratamiento térmico de biomasa denominado pirólisis que se realiza en ausencia de oxígeno a 600 °C como mínimo.
Sus características dependen tanto del material utilizado como materia prima como de las condiciones de pirólisis, señaló el Dr. Juan Salvador Chin, investigador del CICA-UCR quien en los últimos años ha estudiado su elaboración a partir de rastrojo de piña y otros residuos, así como el efecto de su adición al suelo. Foto tomada de: https://horti-generation.com/
Biocarbón y su efecto en los cultivos
El biocarbón se ha asociado a propiedades benéficas en el suelo en cuanto a fertilidad, estructura del suelo y retención de nutrientes como enmienda. Además, al aplicarlo en los terrenos de uso agrícola se aumenta el contenido de carbono de los suelos y se favorece la descarbonización de la actividad económica, según detalló la Dra. Cristina Chinchilla Soto, investigadora principal del proyecto y directora del CICA.
Con esta investigación se evaluarán los beneficios de aplicar el biocarbón específicamente en los suelos de cultivos de importancia para la zona sur como el maíz y el frijol, y en plántulas de palma aceitera. “Una de las principales preguntas que más nos interesa responder es cuál es el efecto del biocarbón sobre el rendimiento de estos cultivos, si va a funcionar en los suelos de la zona sur”, acotó la investigadora.
También se determinará su efecto sobre la retención de nitrógeno, agua y plaguicidas, en mezcla con dos tipos de suelo (arenoso y arcilloso), tanto en los laboratorios del CICA, en invernaderos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como en fincas ubicadas en Pejibaye de Pérez Zeledón.
La Dra. Chinchilla Soto, quien tiene amplia experiencia en proyectos que buscan la mejora en la productividad y eco-competitividad de los cultivos, señala que además es importante aprender cómo aplicar el biocarbón (que es un polvo muy fino) en las fincas, entender cómo se puede comportar, qué beneficios puede traer en estos cultivos y cómo puede llegar a integrarse dentro del sistema de producción.
Hacia una economía circular
Actualmente, las empresas productoras de aceite de palma compostan una parte de sus residuos de pinzote para usarlos como abono, también como restaurador de suelo o simplemente lo acumulan en grandes pilas mientras se descompone.
Esta investigación busca ofrecerles una estrategia viable para reducir y aprovechar esos residuos en un proceso que utiliza los recursos de forma eficiente, favoreciendo una economía circular. Para ello, se determinarán las condiciones óptimas para la producción del biocarbón utilizando hornos de estañón de bajo costo y se analizará la factibilidad económica de procesar dicho residuo a escala industrial.
Las expertas además analizarán los posibles efectos ambientales del uso del biocarbón elaborado a partir de pinzote, tales como el impacto sobre población microbiana, la ecotoxicidad (impacto en organismos vivos del suelo), la producción de lixiviados y la estimación de emisión de gases efecto invernadero, comparando el balance de emisiones de CO2 de la producción de biocarbón versus el manejo actual del residuo agroindustrial.
La producción de biocarbón ofrece otros beneficios ya que no solo permite secuestrar cantidades significativas de carbono a largo plazo en el suelo, sino que además puede aumentar la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, regular el pH, retener plaguicidas y mejorar la productividad de los suelos. Por ello, se considera una de las Tecnologías de Emisión Negativas con mayor potencial para que el sector agrícola haga frente al cambio climático.
Investigación conjunta
Para la implementación de este proyecto, se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario nacional e internacional, coordinado por el CICA-UCR, que incluye al TEC, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG), el Centro de Investigaciones en Ecología y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona (CREAF-UAB) y la Agencia Certificadora Eco-LÓGICA.
“Este proyecto de BIOECODES viene a unificar a diferentes sectores del país que estaban trabajando en biocarbón. Las alianzas estratégicas tienen mucho potencial de éxito, eso hace que sea una confluencia de saberes” señala la docente e investigadora de la Escuela de Agronomía, M. Sc. Gabriela Soto, quien previamente trabajó en el Catie realizando investigación y ensayos en campo con este material.
Finalmente, como parte del proyecto BIOECODES, se analizará la factibilidad económica y de gestión de la producción de biocarbón con talleres de productores y procesadores de residuos agroindustriales. Además, se capacitará a técnicos del sector agrícola, productores y tomadores de decisiones sobre las ventajas de la producción y uso del biocarbón.
Equipo de investigación
Cristina Chinchilla Soto. Directora, CICA-UCR.
Juan Salvador Chin Pampillo. Coordinador, Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes (Laimec), CICA-UCR.
Marta Eugenia Pérez Villanueva. Investigadora, Laimec-CICA.
Maria Gabriela Soto Muñoz. Docente, Escuela Agronomía e investigadora CICA-UCR. Agencia de Certificación Eco-LÓGICA.
Karolina Villagra Mendoza. Profesora, Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Laura María Brenes Alfaro. Coordinadora, Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)- CICA.
Marco Vinicio Corrales. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG)
Xavier Domene Casadesús. Investigador, CREAF-Universidad Autónoma de Barcelona.
Katzy O`neal Coto, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Laboratorio de Calidad de Aguas (LCA) del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR recibió un reconocimiento por la calidad de sus análisis de aguas residuales
El programa estadounidense “Fortalecimiento de Laboratorios de Aguas Residuales para CAFTA-DR” eligió entre 12 laboratorios de la región que participaron por sus análisis de aguas residuales. Foto: Karla Richmond.
Desde 1982, la Universidad de Costa Rica (UCR) alberga un laboratorio que realiza análisis fisicoquímicos para valorar la calidad del agua que se utiliza y desecha en el país. El pasado lunes 18 de marzo fue galardonado por su capacidad técnica en investigación y calificado como “Laboratorio referente nacional para análisis de aguas residuales 2018-2023”.
Se trata del Laboratorio de Calidad de Aguas (LCA), encabezado por científicos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR. Esta unidad de investigación se encarga de la detección de contaminantes que afectan la calidad del agua para consumo humano, las aguas residuales, los cuerpos de agua superficial y subterránea, y hasta el agua de mar.
El reconocimiento fue otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Ademas de su rol como unidad de investigación, al laboratorio se le reconoció su aporte al país por prestar servicios de análisis de contaminantes y caracterización de fuentes de agua a empresas públicas y privadas costarricenses.
Además, el Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos y Alcantarillados (AyA) también fue premiado por su competencia técnica en análisis de aguas residuales.
Investigación ardua, veraz y aplicable
Desde el año 2000, el CICA cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y actualmente varios de sus ensayos se encuentran acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025:2005, por lo cual el Laboratorio de Calidad de Aguas y los otros laboratorios, que funcionan dentro del SGC, garantizan la calidad y veracidad de los resultados generados en sus diferentes actividades de investigación y vinculación externa.
El trabajo de los investigadores en territorio nacional ha sido exhaustivo, al punto de que han realizado monitoreos de cuerpos de agua en la Zona Norte, el Pacifico Central, Pacifico Norte, Vertiente del Caribe y el Valle Central. Además, el LCA también forma parte de la Red de Laboratorios de Aguas Residuales de Centroamérica y el Caribe (RELARECC), la cual existe gracias a la cooperación de EPA y USAID.
Los investigadores del laboratorio confirman que la calidad del agua del país es la adecuada, aunque en ocasiones los análisis de aguas pueden variar según la temporada en que se realicen: época seca o lluviosa.Foto: Karla Richmond.
Actualmente, el LCA junto con los colaboradores de la unidad de muestreo y del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas y Compuestos Orgánicos (LAPCO) del CICA trabaja en un proyecto que evalúa la calidad del agua de 15 cuencas hidrográficas de Costa Rica, considerando variables físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de aguas superficiales. El estudio se lleva a cabo en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Johan Molina Delgado, coordinador del LCA, afirma que una de las principales problemáticas que han detectado en los cuerpos de agua es la alta carga de contaminación orgánica y materia fecal. Pero, ¿de dónde provienen estos desechos?
En los hogares se producen por restos de alimentos, aceites de cocina, productos de limpieza como detergentes, y en actividades industriales por residuos de pinturas, metales y compuestos químicos, así como residuos de la actividad agrícola y ganadera. Para que los microorganismos presentes en el agua puedan descomponer estos materiales, es necesaria una gran cantidad de oxígeno. El problema es que este oxígeno también lo necesitan los animales que viven por estas aguas.
«El exceso de carga orgánica produce una proliferación de crecimiento bacteriano, que a su vez conlleva un consumo alto del oxígeno disuelto que hay en los cuerpos de agua», señaló el investigador. El químico explica que entre menos oxígeno tenga el agua, más se degrada el ecosistema de los peces y otras especies que habitan ahí, complicando su vida a largo plazo e incluso erradicándolas por completo.
Materia prima para toma de decisiones
Molina agrega que el trabajo que se realiza en el laboratorio es vital para la creación de políticas públicas que atiendan problemáticas del agua en el país. Acorde a esto, en el Foro por el Día Mundial del Agua que se realizó este 22 de marzo en la UCR, se detalló la importancia de la investigación y acción social que ejercen las universidades estatales con proyectos en este campo.
Haydée Rodríguez Romero, viceministra de Agua y Mares, fue una de las expositoras del foro que enfatizó en la necesidad de impulsar tecnología desde las universidades para contar con la información necesaria para tomar decisiones y atender problemáticas ambientales como la distribución y el saneamiento del agua.
«Ahora podemos conocer la calidad de los cuerpos de agua y cuánta cantidad de agua subterránea tenemos. Eso nos permite identificar cuáles van a ser las prioridades (dependiendo de la cantidad y calidad de agua) que existen en determinadas zonas y saber quién se va a beneficiar, asumiendo siempre que la principal prioridad es el abastecimiento para consumo humano», aseveró la viceministra.
Por su parte, el director de la Dirección de Aguas del MINAE, José Miguel Zeledón Calderón, recalcó la importancia de tener contacto directo con la investigación que se realiza en la academia. «Todo el programa de calidad que estamos levantando a nivel nacional lo hacemos con las universidades, ya que la dirección no está para hacer esa innovación. Hay que tener aliados», aseguró Zeledón.
El MINAE aporta recursos al laboratorio cuando se realizan proyectos en conjunto. Esto porque a final de cuentas, es un tema de salud pública, para beneficio de todo el país y sus ciudadanos. Foto: Karla Richmond.
Tecnología de punta al servicio del país
Con la reciente obtención de nuevas instalaciones y equipos de la más alta tecnología, el LCA ha fortalecido su labor como uno de los laboratorios, a nivel nacional y regional, con mayor capacidad analítica para determinar sustancias contaminantes que se encuentran en el agua, incluso a niveles mínimos.
Además de contar con el equipamiento básico de un laboratorio dedicado a este tipo de análisis, el LCA cuenta con diversos equipos de alta tecnología utilizados para la cuantificación de una gran cantidad de elementos de la tabla periódica (entre ellos metales) a niveles de concentración muy reducidos.
Dentro de pocos meses, el CICA recibirá un Espectrómetro de Masas de Relación Isotópica (IRMS por sus siglas en ingles), el cual permitirá incursionar en nuevos proyectos de investigación enfocados a la caracterización de puntos de recarga de acuíferos, y averiguar entre los posibles orígenes (actividad urbana, agricultura, ganadería, entre otros) de diversos contaminantes que estén afectando cuerpos de agua superficial y subterránea.
Análisis de nitritos en el LCA. Foto: Karla Richmond.
Desde hace 8 años el CICA ha evitado publicar datos sobre la contaminación de agua por agroquímicos usados por piñeras
FECON, 15 de junio 2018. La prestación de resultados por parte del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre contaminación de plaguicidas en agua de la Zona Norte de Costa Rica fue el resultado de un proceso de presión política para que salieran a la luz pública algunos de los datos que este centro aparentemente se negaba a publicar. Esto se dio como resultado de la presión ejercida sobre el CICA desde el despacho del diputado José María Villalta.
Esta información fue recabada desde 2015. Para ese momento el CICA ya tenía evidencia de que el agua de estas comunidades estaba contaminada no lo reportó hasta el 14 de junio de 2018. Este silencio de tres años puede estar costando a muchas personas su salud. Un centro de investigación financiado con fondos públicos tiene el compromiso ético-profesional de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas.
Desde 2015 el CICA tiene datos que confirman que alguno de los puntos de muestro están contaminados con bromacil (herbicida), ametrina (herbicida), diuron (herbicida), metalaxil (fungicida), carbendazim (fungicida) y hexazinona (heribicida) pero no los había hecho públicos. Lo más grave es que algunos de los 32 sitios maestreados son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Este centro de investigaciones no sólo ha ocultado información sobre contaminación de agua por agroquímicos en comunidades de la Zona Norte, sino que esta práctica es reiterada. El CICA también se ha negado a publicar otros datos sobre contaminación en una de las cuencas más importantes de nuestro país, el Río Grande Terraba y el Humedal Terraba-Sierpe. La FECON tiene conocimiento que esto datos han sido recopilados desde 2012 sin ver la luz pública. Uno de los ecosistemas de humedal protegidos por el Convenio RAMSAR.
Este tipo de prácticas es una grave falta moral y ética departe de funcionarios públicos que deciden engavetar información clave para el debate nacional sobre el fenómeno de expansión piñera que el país tiene a cuestas.
En FECON hemos sido enfáticos en denunciar en el pasado que existen 5.566 hectáreas deforestadas por las piñeras de forma ilegal, un área equivalente al Parque Nacional Carara. Además se reportan 74 piñeras identificadas por el Centro Nacional de Alta Tecnología de CONARE que desde 2015 por violar la Ley Forestal siguen impunes. También hemos reportado que existen más de 1.112 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.
Se debe señalar que las consecuencias económicas de la expansión descontrolada de la piña ya estan siendo pagadas por las comunidades y el Estado costarricense. Se calcula ₡2.500 millones de colones cuesta el acueducto nuevo de Milano de Siquierres ya que el viejo se los contaminó una piñera hace más de quince años. Por esta situación el AyA ha desembozado durante este tiempo alrededor de USD$5.000.000 para abastecer agua mediante cisterna a comunidades donde la Piña contaminó sus acueductos comunitarios.
La totalidad del costo social y ambiental de la expansión piñera se desconoce. El país está permitiendo que esta industria devaste gran parte de la riqueza natural y ahora incluso amenaza las fuentes de agua de las comunidades vecinas a sus plantaciones. Por eso se necesita una institucionalidad académica comprometida para investigar de forma responsable los impactos de la industria piñera.
Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Entre las buenas prácticas para la aplicación de plaguicidas se recomienda el uso de los implementos de seguridad para proteger la salud del agricultor (foto Archivo ODI).
Investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y estudiantes de la UCR capacitaron a productores de cebolla de Tierra Blanca de Cartagocon el fin de mejorar sus prácticas agrícolas y reducir la contaminación ambiental.
Este proceso forma parte de un proyecto de investigación que inició en el 2011 con el objetivo de determinar el nivel de residuos de plaguicidas presentes en las cebollas de esta localidad, los suelos donde se producen y las fuentes de agua cercanas de Tierra Blanca.
Según informó el coordinador del proyecto, M.Sc. Juan Salvador Chin Pampillo, en los análisis se encontraron residuos de plaguicidas en los sedimentos y el agua de los ríos.
También se identificaron otras variables alteradas como contenidos altos de materia orgánica, coliformes fecales y e-coli, relacionadas con el mal manejo de las aguas residuales y aguas negras.
Iniciativa
Uno de los factores que afecta la calidad ambiental en la zona son las prácticas inadecuadas en la aplicación de insecticidas nematicidas, productos my tóxicos, que se utilizan como parte del control químico de plagas en el cultivo de la cebolla.
Tierra Blanca de Cartago se caracteriza por ser una zona agrícola en la que destaca el cultivo de la cebolla (foto Archivo ODI).
Según detalló Juan Salavador Chin, una de las prácticas comunes es que no se utiliza el equipo de seguridad para aplicar los químicos y en algunas ocasiones se aplican plaguicidas que no están registrados para los cultivos.
Por eso, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) desarrolló durante el 2014 capacitaciones para contribuir con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de cebolla en la zona norte de Cartago.
Los investigadores ofrecieron las capacitaciones en conjunto con estudiantes carreras como Economía Agrícola, Trabajo Social e Historia inscritos en el Trabajo Comunal Universitario 573 de la Escuela de Trabajo Social.
De esta forma incentivaron a los agricultores para que programen las aplicaciones de una manera adecuada, que respeten los periodos de carencia, que utilicen los equipos de seguridad y la dosis correcta de los productos químicos y hagan una disposición final adecuada de los desechos.
Una de las recomendaciones para los agricultores es realizar el triple lavado con agua a los envases vacíos de plaguicidas, una técnica que ha probado ser efectiva para eliminar los residuos en los envases y así poder desecharlos de forma segura.
Los hermanos Joaquín y José Manuel Brenes Ramírez visitaron la Universidad de Costa Rica para continuar capacitándose en Buenas Prácticas Agrícolas (foto Archivo ODI).
Beneficiados
Los hermanos Joaquín y José Manuel Brenes Ramírez forman parte del grupo de agricultores de Tierra Blanca de Cartago que se ha visto beneficiado desde el 2009 por el proyecto que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA).
Allí los pequeños y medianos agricultores como ellos, aprovechan al máximo las tierras que tienen para producir durante todo el año: “en estos momentos como la demanda es tan fuerte si un terreno puede producir los 365 días al año, la gente los pone a producir” señaló Joaquín.
No obstante, Joaquín es consciente del deterioro que los agricultores han causado a los suelos debido a esta sobrexplotación y abuso de químicos.
Para José Manuel, hace un tiempo atrás la palabra BPA (buenas prácticas agrícolas) no era conocida pero poco a poco se han ido formando al respecto; “Ya cuando la Universidad llegó a Tierra Blanca se fue fortaleciendo más y por lo menos los que estamos metidos en este proyecto con la Universidad pues se ha visto un cambio de formación e información”.
Además de la capacitación, los investigadores del CICA propusieron el diseño de sistemas para darle un destino final adecuado a los desechos químicos mediante sistemas de biopurificación o camas biológicas.
Este proyecto además abarcó otras áreas de trabajo con la comunidad como información sobre la calidad de los ríos de Tierra Blanca, investigación histórica de la comunidad, capacitación en temas como incidencia política, estudio de la política agrícola del país, exportación y tratados de libre comercio.
La UCR, por medio de sus expertos, ofrece al Gobierno criterio técnico para resolver conflictos y para la protección de especies marinas (foto con fines ilustrativos Anel Kenjekeeva).
Los científicos de la UCR han producido gran parte de la información científica disponible sobre la biodiversidad acuática existente en nuestros mares y costas. En sus 590 mil km2 de superficie marítima Costa Rica alberga el 3.5% de la biodiversidad marina del planeta y cuenta con más de 7.000 especies conocidas hasta la fecha.
El trabajo en este campo es liderado desde hace 35 años por los científicos del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR), donde trabajan profesionales en biología, microbiología, química, física, geología y estadística, entre otras disciplinas.
Sus expertos han estudiado a profundidad el Golfo de Papagayo, especialmente Bahía Culebra, el Golfo de Nicoya, el Golfo Dulce, el sur del Caribe, y más recientemente la Isla del Coco, que es el punto de mayor diversidad marina del país y uno de los más importantes del mundo.
También investigan los procesos oceanográficos y la contaminación que afectan a los ambientes marino-costeros como playas, arrecifes coralinos, manglares y esteros a lo largo de todo el país.
Además, se investiga ambientes de agua dulce como lagos, lagunas y ríos. Se han realizado estudios de los principales lagos volcánicos ubicados dentro de parques nacionales como el Poas, el Barva y Cerro Chato en el Volcán Arenal, con el apoyo de otras unidades académicas como la Escuela de Biología.
Científicos del CIMAR han estudiado las especies marinas de aguas profundas, los sedimentos, arrecifes de coral y las características físico-químicas del Golfo Dulce (foto Laura Rodríguez).
Beneficios para el país
En los últimos años, la UCR ha aportado conocimiento en problemáticas fundamentales como el cambio climático y sus efectos en los océanos, se ha documentado el ascenso en el nivel del mar y fenómenos extremos como los fuertes oleajes que afectan a las comunidades costeras y la actividad de los pescadores.
Ante estos fenómenos, la Universidad ofrece a las comunidades y al gobierno estrategias de adaptación y mitigación para proteger la vida humana y la economía en las zonas costeras. Asimismo, contribuye con comunidades, organizaciones y gobiernos locales en la gestión integrada de estas zonas para garantizar un uso sustentable de los recursos marino-costeros, entre los que se encuentran los manglares.
Actualmente, el CIMAR incursiona en otros campos de estudio como la bioprospección, genética y biología molecular de organismos marinos, la microbiología estuarina y el estudio de especies marinas de profundidad.
También realizan investigación de contaminantes emergentes presentes en los cuerpos de agua dulce y en el mar. En este campo de estudio, han encontrado residuos de 90 especies químicas de antibióticos en las zonas costeras, cuyos efectos en los ecosistemas marinos aún se están investigando.
Constantemente los científicos de la UCR descubren y describen nuevas especies de organismos marinos y acuáticos como peces, crustáceos, moluscos y corales (foto Laura Rodríguez).
Información vital
El conocimiento generado por los científicos de la UCR también permite a los diputados de la Asamblea Legislativa y a las instituciones como el Instituto de Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tomar decisiones con fundamento científico relacionadas con la pesca y los recursos pesqueros. Ellos atienden consultas y participan activamente en comités técnicos para la elaboración y revisión de diversos reglamentos, decretos y leyes que tienen que ver con esta temática.
El Dr. Álvaro Morales Ramírez, director del CIMAR, asegura que dar a conocer el patrimonio natural del país es fundamental para la toma de decisiones para la conservación, por otro lado, al conocer mejor lo que tenemos se puede investigar otros servicios de la diversidad marina como la bioprospección, que es el estudio de organismos marinos con posibles usos para beneficio del ser humano en áreas como la farmaceútica o la medicina.
En este sentido, la Escuela de Biología también aporta en la generación de claves de identificación, guías de campos ilustrados para la identificación de especies acuáticas e información sobre la distribución y ecología de estas especies. Esta información es primordial en Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y Programas de Biomonitoreo para evaluar el impacto de diversas actividades, como la construcción de represas hidroeléctricas, minería metálica y no-metálica (extracción de material pedregoso), distintas actividades de agricultura, entre otras.
En la investigación de los recursos marinos y costeros también se involucran otros centros e institutos de la UCR como el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), el Centro de Investigación en Bilogía Celular y Molecular (CIBCM), el Centro de Investigación en Productos Naturales (CIPRONA) y el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC).
La UCR investiga y promueve soluciones a los problemas ambientales, económicos y sociales asociados a los cuerpos de agua y cuencas en diversas zonas del país (foto Anel Kenjekeeva).
La Universidad de Costa Rica (UCR) trabaja mano a mano con la ciudadanía, instituciones y organizaciones para la protección de los cuerpos de agua de importancia en diversas zonas del país, mediante proyectos de investigación y acción social.
Por medio de las iniciativas que desarrollan distintas unidades académicas, centros e institutos de investigación donde se involucran docentes, investigadores y estudiantes, se han beneficiado muchas comunidades como Monteverde, Barranca, Batán, Abangares, Aguas Zarcas, Cañas, Bagaces y La Cruz.
En Guanacaste, ingenieros ambientales, hidráulicos y estudiantes de Ingeniería Civil han realizado gran cantidad de estudios sobre los componentes y caudal del río Abangares en los últimos 14 años. Todos los resultados se han entregado a la comunidad por medio de reuniones con las autoridades municipales y con los vecinos.
Los estudios contemplan información sobre la capacidad de los acueductos, las alternativas para que los vecinos de la zona baja: Peñas Blancas, Colorado, San Buena puedan tener agua todo el año, la condición de salinidad de los pozos, la capacidad de los caudales en época seca, la sedimentación que provoca la actividad minera hacia el afluente Boston, entre otras.
En Monteverde, investigadores del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) han estado ofreciendo capacitación y han hecho visitas mensuales a esa comunidad para realizar análisis de potabilidad del agua del acueducto y dar recomendaciones para lograr un mejor manejo hídrico.
En Puntarenas, la UCR facilita y brinda el acompañamiento técnico y académico para la toma de decisiones de las instituciones involucradas en un plan de manejo integral de la cuenca del río Barranca. Con este fin, el 29 de mayo pasado se creó una red en la Sede del Pacíficode la Universidad de Costa Rica (UCR).
Cerca de 65.000 habitantes de cinco cantones del Pacífico Central se beneficiarán con esta iniciativa que impulsa la UCR junto con instituciones públicas y organizaciones comunales ante los crecientes problemas ambientales, económicos y sociales en esta cuenca.
Investigadores del Laboratorio de Aguas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) en conjunto con el AyA trabajan en la identificación de las fuentes de origen del arsénico en las zonas de Aguas Zarcas, Cañas, Bagaces, La Cruz y Batán, lo cual afecta a unas 80.000 personas.
En este caso, con la información generada por este proyecto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha trabajado en diversas estrategias para eliminar o disminuir el contenido de esta sustancia tóxica en el agua de consumo humano.
Al respecto, Víctor Arias Mora, coordinador del Laboratorio de Aguas del CICA, señaló que la información que genera la UCR permite a diversas instituciones tomar decisiones en cuanto a la gestión del recurso hídrico. La UCR invierte en la capacitación de su personal, el desarrollo de nuevas técnicas para determinar la calidad del agua y en equipo con tecnología de punta, lo cual garantiza que los datos que aquí se generan sean de muy alta calidad.
El Laboratorio de Calidad de Aguas del CICA desarrolla proyectos de caracterización de cuerpos de agua superficial y subterránea con SENARA en su sede de San José y de riego en su sede de Cañas. También desarrolla este tipo de proyectos con el Ministerio de Ambiente y Energía y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
La UCR capacita a agricultores en buenas prácticas para la aplicación de plaguicidas y la posterior limpieza de sus equipos y desecho de residuos (foto Archivo ODI).
Investigadores de diferentes centros e institutos de la UCR aportan conocimientos y nuevas alternativas para reducir el uso de pesticidas y plaguicidas en el sector agrícola, los cuales afectan la salud humana y el ambiente.
En Costa Rica el uso de estos productos químicos para el control de plagas en los cultivos está bastante extendido. Son utilizados, tanto por los grandes productores de frutas para exportación como la piña y el banano, como entre los pequeños productores de hortalizas y tubérculos como la papa, zanahoria y cebolla, entre muchos otros.
En el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se estudia y determinan los residuos de más de 150 plaguicidas de distintas familias presentes en el agua, frutas, vegetales, granos, suelos y sedimentos, gracias a que cuentan con equipo de alta tecnología, capaz de detectar concentraciones muy bajas de estos productos.
En el país los plaguicidas son un mal necesario, asegura el químico Mario Masís Mora, coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. En su opinión, el mayor problema es que persisten prácticas inadecuadas en su aplicación y en el desecho de residuos que generan contaminación ambiental al acumularse en los suelos y en los ríos.
Con el propósito de aportar una alternativa para degradar los sobrantes de plaguicidas, los investigadores del Laboratorio de Biorremediación del CICA trabajan en el establecimiento de un método completamente natural que consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Este método conocido como biobeds utiliza una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados como plaguicidas.
En todos los proyectos que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se incluyen capacitaciones orientadas a la promoción de buenas prácticas agrícolas y reducción de la contaminación, en las que participan agricultores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
En la UCR otros centros de investigación y unidades también trabajan en el tema de los plaguicidas, aportando alternativas desde diferentes áreas del conocimiento.
En el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) formularon productos de base natural para el control de plagas como una alternativa a los agroquímicos. Este Laboratorio desarrolla biofertilizantes, además de una amplia gama de microorganismos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Además, han establecido alianzas con el sector empresarial para distribuir estos productos entre los agricultores de todo el país.
En conjunto, el CICA y el Centro de Investigaciones Agronómicas desarrollaron un proyecto para contribuir al manejo y uso adecuado de los insecticidas nematicidas en la agricultura en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Corbana. El proyecto busca entender las implicaciones que conlleva la pérdida de eficacia de los insecticidas nematicidas, que los vuelve incapaces de controlar las plagas de nemátodos, lo cual genera importantes pérdidas en las cosechas y empuja a los productores a aplicar mayores dosis provocando una mayor contaminación del ambiente.
En el proyecto se determinó el tipo y tamaño de las poblaciones de nemátodos presentes en fincas productoras de papa en Cartago y de banano en Limón, se analizaron los residuos de plaguicidas en los suelos y se capacitó a agricultores y personal del MAG sobre el uso y manejo adecuado de estos productos para el control de plagas.
Por otra parte, desde el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) se promueve una red de investigación sobre la toxicidad acumulativa de plaguicidas insecticidas y otros agroquímicos que afectan la salud humana y animal. Esta iniciativa responde a la preocupación por el aumento en el número de casos de enfermedad renal crónica en el país, que podrían estar relacionados con la acumulación de plaguicidas.
El químico del CICA, Juan Salvador Chin, muestra uno de los sistemas usados en el laboratorio para facilitar la degradación de los pesticidas. Foto: Pablo Mora / Rectoría.
El “Diseño e Implementación de Sistemas de Biodegradación de Plaguicidas y Otros Contaminantes” consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Está inscrito como un Proyecto Nacional de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (adscrito a las Naciones Unidas) y es cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La idea proviene de Suecia, aunque la desarrolló en Costa Rica el microbiólogo del CICA, Dr. Carlos Rodríguez, durante su doctorado en Barcelona, España. Ahí realizó un trabajo similar de “biorremediación” (un proceso biológico para reducir contaminantes en el ambiente). A su regreso a Costa Rica, desde inicios del 2013, tanto él como otros siete investigadores buscaron los componentes naturales más adecuados para crear una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados en los plaguicidas de Costa Rica.
Finalmente, consiguieron diferentes biomezclas, que constan de un material con alto contenido de humus, un suelo preexpuesto a plaguicidas y un sustrato ligno-celulósico compuesto de papel periódico, burucha de madera, bagazo de caña, cáscara de arroz o fibra de coco. Este último ha resultado ser el componente vegetal más útil en la descomposición de los químicos del estudio.
Después de realizar varios de estos experimentos, los investigadores del CICA determinaron que la mezcla de suelo (25%), humus (25%) y fibra de coco (50%) era la más efectiva para degradar el plaguicida en estudio, aunque los otros componentes vegetales también son eficaces.
Cada uno de esos elementos tiene por fin propiciar el establecimiento de una flora bacteriana degradadora y enzimas oxidantes diferentes que permiten desintegrar a los plaguicidas y convertirlos en inofensivos. Algunos microorganismos incluso convierten ese material en dióxido de carbono y agua, algo que no siempre se consigue.
“En este sistema de biodegradación, después de lavar las máquinas de aplicación, los agricultores vierten los restos de los plaguicidas en grandes estañones plásticos o superficies contenidas por cemento o arcilla, los cuales contienen la mezcla para neutralizarlos, de modo que el líquido no se filtre al exterior y no contamine elementos acuíferos, pero que tampoco les ocupe un gran espacio en su finca”, explicó Rodríguez.
Para medir el grado de efectividad de este sistema, se hicieron 10 biomezclas para desintegrar un plaguicida llamado carbofurán, muy tóxico y por ello recientemente prohibido en el país, pero de uso común hasta hace poco tiempo. Finalmente, se hicieron pruebas analíticas y toxicológicas para comprobar cuánto carbofurán quedaba en la mezcla, con la ayuda de poblaciones de “pulgas de agua”, un microcrustáceo muy sensible a la toxicidad. Dependiendo de la cantidad de estos pequeños organismos que morían se sabe cuán contaminante y tóxica es la mezcla.
Ahora, los científicos trabajan para mejorar y optimizar esa composición con otros tipos de plaguicidas utilizados actualmente en los sembradíos, o incluso mezclas de ellos, para analizar la efectividad de la biomezcla.
Los investigadores del CICA esperan llevar este sistema a la práctica para el mes de setiembre, en las fincas de agricultores de Tierra Blanca. También trabajarán con ellos para analizar otras formas de desecho de plaguicidas, de modo que la propuesta sea lo más sostenible e integral posible.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
Enviado a SURCOS Digital por Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
