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Etiqueta: CIDH

Presentan informe urgente ante la CIDH para proteger a defensor indígena Brörán Pablo Sibar

Este lunes 11 se presentó ante la Corte una petición urgente para reforzar la protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud responde a un nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública, lo que configura un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física.

El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar —de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua— alegando respaldo de la ADI. Pese a que Sibar posee legítimamente esta tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán. Este documento ha sido denunciado como fraudulento.

En palabras de Sibar:

Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir.” [1].

Este incidente se suma a un patrón sostenido de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que en años anteriores ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación. En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de medidas cautelares.

La situación actual evidencia el beneplácito estatal ante violaciones de derechos humanos en territorios indígenas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. Ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Pablo Sibar o las personas defensoras que lo acompañan, quienes se mantienen en vigilia en el lugar de los hechos.

Antecedentes

Pablo Sibar, líder histórico del movimiento indígena Brörán, ha sido objeto de una serie de amenazas y actos de violencia:

  • 2012: sufrió dos ataques físicos. En el primero, fue golpeado, pateado y mordido; en el segundo, una semana después, fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.

  • 2021: fue amenazado en redes sociales con mensajes como: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces…” y “Hay que eliminar a Pablo Sibar… la muerte lo anda rondando muy cerca” (sic).

  • Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar escapó de una turba armada con machetes que le gritaba que lo iban a matar y “tasajear” [2].

  • Pocos días después, personas no identificadas incendiaron su finca. Semanas antes, había recibido amenazas sobre la contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas. Estas amenazas fueron reiteradas meses después por un desconocido que le aseguró que existía una recompensa por su muerte.

  • Ha sido blanco de campañas de difamación en medios locales y nacionales. Aunque ha interpuesto denuncias oficiales y cuenta con medidas cautelares vigentes, la protección policial es esporádica y su vida sigue en grave riesgo [3].

[1] https://surcosdigital.com/adi-de-terraba-de-nuevo-en-contra-de-los-indigenas-broran/
[2] https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose
[3] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social
Universidad de Costa Rica.

UNDECA recurrirá a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por listas de espera en la Caja

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anuncia que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, por violaciones graves, sistemáticas y sostenidas al derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Actualmente más de 1.300.000 personas se encuentran en listas de espera para citas y procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos especializados, mientras el Gobierno mantiene una deuda superior a los ₡4.4 billones con la institución, debilitando su operatividad y sostenibilidad.

Este incumplimiento pone en grave riesgo la gestión sanitaria que atenta contra el derecho a la vida y la salud de millones de personas.

El Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada que esta situación configura una violación sistemática a derechos fundamentales, se suma lo advertido por la Contraloría General de la República, sobre manipulación y ocultamiento de datos en las listas de espera, evidenciando una estrategia maliciosa de desinformación institucional que agrava aún más la emergencia sanitaria.

UNDECA tiene casos documentados que confirman que hay pacientes con citas que alcanzan casi 20 años, mientras que fraudulentamente se continúan “blanqueando” las listas, con personas que se omiten o a quienes solo les entregan una «boleta de espera de llamada», sin fecha, sin registro, y sin garantía alguna.

Algunos legisladores han denunciado el trágico deceso de al menos 5.000 personas, esperando atención médica.

El abandono de las obligaciones del gobierno de Chaves no puede seguir siendo normalizado. La negación del acceso a la salud en condiciones dignas y oportunas constituye una forma de violencia estructural contra la población, y particularmente contra los sectores más vulnerables.

UNDECA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la CCSS y el acceso a salud pública, solidaria y digna.

Por eso, recurriremos ante el sistema interamericano para exigir la justicia que las más altas autoridades jerárquicas de la Caja le están negando a 1 millón de personas”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! Con firmas

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos EXIGIENDO JUSTICIA ante la sistemática IMPUNIDAD frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas

a la justicia y a la verdad,

el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos

para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual

de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortíz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Firma responsable:
Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra
Colectivo de Apoyo a doña Digna

Adhesiones

Costa Rica

Alberto Lleras Coto

Alejandra Bonilla Leiva

Alejandra Ducca Durán

Allen Cordero Ulate

Amalia Vargas Rojas

Ana Cristina Mena Morelli

Ana Cecilia Escalante Herrera

Ana Franzen

Andrés David Román Sáenz

Andrés Rodríguez Gómez

Angélica Alvarado Barrantes

Asdrúbal Rivera Villanueva

Ati Sandí Peña

Brenda Briceño González

Bruno de Jesús Coto Barboza

Carmen Mena Mata

César Díaz Rojas

Cynthia Crespo Campos

Clarita Quiel Torres

Claudia

Damaris Badilla Vargas

David Contreras Moea

David Morera Herrera

Elides Rivera Navas

Erney Vargas Barboza

Fabiola Bernal

Félix López Zambrana

Fernando Rudín Vega

Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín

Haydee Nasira Segura Rivera

Isabel Ducca Durán

Isidro Ramírez Navea

Jeffery

John Ortiz

Jiri Spendlingwimmer

Juan Antonio Gutiérrez Slon

Kattia Isabel Castro Flores

Laura Marcela Arias Cabrera

Ligia Barrantes Cartín

Lorena Coghi Robleto

Lorenzo Ramírez C.

Luis Alberto Salas Sarkis

Luis Ángel Céspedes

Macarena Barahona Riet

Madeline Kiser

Marcela Zamora Cruz

María Laura Stephen Chaves

María Pérez Iglesias

María Trejos Montero

Melanie Quesada Molina

Miguel Barrios Gutiérrez

Nataly Segura Molina

Noah Alejandro Alfaro Arends

Nora Montero Quirós

Olivia Sylvester

Orlando Barrantes Cartín

Óscar Aguilar

Oscar Daniel Espinoza Ramos

Raquel Bolaños

Renier Canales Medina

Ronald Solís Alemán

Rosángela Cortés Barquero

Ruizdael Murillo Baltodano

Sileny Vásquez Orozco

Socorro Trejos Navarrete

Suy Wong

Valeria Sofía Ramírez

Victor Madrigal Sánchez

Wilson Arroyo Oconitrillo

Xinia Alejandra Vargas Durán

Yamileth Monterrey López

Yanko

Zeidy Brukwä Rodríguez

Chile Pablo Ruiz

Colombia Alexandra Henao

Ecuador Sisa Pacari

España Pedro Polo Fernández

Ricard Sánchez Andrés

Estados Unidos Ivonne García Bueso

Guatemala Laura Rojas

Honduras Hedme Castro

México

Daniela González López

David Jiménez

Laura

León Mayorga

Lucía Morales Celestino

Soledad Ortiz Vázquez

Panamá

Luzmila Sánchez

Suiza

Irene

Venezuela

Maira Mora

Organizaciones

Costa Rica

Acueducto Longo Mai

Asociación Casa del Indio

Asociación de Estudiantes de Antropología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (UCR)

Asociación de Estudiantes de Sociología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (UCR)

Asociación de Mujeres Alza tu Voz

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)

Asociación Solidaria Comparte

Asociación Unaproa

Asociación Voces Nuestras

Casa El Migrante

Ditsö

Downpour Studio

Centro de Amigos para la Paz

Club de Exocet

Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)

Consejo de Mayores Bröran

Federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Ecologista (FECON)

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Fundación Red de Vida

GEO-GRAFÍAS COMUNITARIAS

Huellas Verdes SJY

Juventud Vanguardia Popular (JVC-JPV)

Lauicom

Longo Mai: Casamadre

Metamorfosis

Movimiento Ríos Vivos

Mujeres Mano de Tigre Örcuo Dubön

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Organización Iriria Satkok de Yamavidi, Cabagra

Organización Regenerativa Matzú Insigne

Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)

Partido Pueblo Unido

Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

Red de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

Red de Solidaridad con Palestina

Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

SOS Ribagorza

Tinamaste

Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Universidad Ibero

Universidad para la Paz

Voces Nuestras

Chile

Observatorio por Cierre de la Escuela de las Américas-Chile

Ecuador

Organización del pueblo Saraguro. SAKIA T

España

Ensenyants Solidaris

Guatemala

Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA

México

Colectivo Totlahtol Yoltok “Nuestra Palabra Vive”

Panamá

Frente Reformista de Educadores Panameños

Suiza

FIST y RADIO LORA www.lora.ch

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Red Académica de Solidaridad con Palestina – México (RASPAM), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

28 de abril, 2025

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! – Para firmar

SURCOS recibió el siguiente comunicado del Comité de Apoyo a doña Digna Rivera:

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos exigiendo justicia ante la sistemática impunidad frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas a la justicia y a la verdad, el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Para firmar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRc7uSJd7DaHq70ePS9WoP_sT7DuLjk6Hcd_DMcZsU068hvw/viewform?usp=header

CIDH conocerá sobre situación general de los derechos humanos en Costa Rica

El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica.

Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial.  El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH),  Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)  y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).

Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.

Para seguir la Audiencia:

DÍA:  miércoles 5 de marzo

HORA: 1:00 (CR) /2:00 pm (Washington DC).

TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_GOXVRXDUQyehgA5Wrzl32w#/registration

CIDH conocerá sobre impunidad y obstáculos para la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala

El martes 4 de marzo de 2025 a la 3:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la impunidad y los obstáculos a los que se enfrenta la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala. El Estado deberá responder a las denuncias hechas y atender las recomendaciones que haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, la Guatemala Human Rigths Comissión y representantes de los casos Mujeres Achi y Masacre de la cumbre de Alaska.

Para seguir la Audiencia:
DÍA: martes 4 de marzo
HORA: 15:00 (GT) /16:00 pm (Washington DC).
TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_zJGUS-GEQYCcY0AU_H4_hQ#/registration

CIDH conocerá sobre situación general de los derechos humanos en Costa Rica

El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica. Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial. El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres Costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).

Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.

Para seguir la Audiencia:

DÍA: miércoles 5 de marzo

HORA: 1:00 (CR) /2:00 pm (Washington DC).

TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_GOXVRXDUQyehgA5Wrzl32w#/registration

Día Mundial del Medio Ambiente – CEJIL

La crisis climática que atraviesa nuestro planeta y sus enormes consecuencias son una realidad innegable que afecta de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables del planeta. Las inundaciones en Río Grande do Sul (Brasil), los incendios forestales en Corrientes (Argentina) y la intensificación de eventos climáticos extremos en el Corredor Seco de Centroamérica (que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) son ejemplos claros de cómo el cambio climático nos desafía.

Desde CEJIL, hemos estado impulsando iniciativas para abordar la crisis climática global desde una perspectiva de derechos humanos. En este Día Mundial del Ambiente, queremos compartir contigo nuestra contribución durante las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

¡Gracias por acompañarnos!

En enero de 2023, los gobiernos de Chile y de Colombia enviaron una solicitud de opinión consultiva a la Corte IDH con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En abril de este año, en Barbados comenzaron las audiencias públicas, las cuales concluyeron a fines de mayo en las ciudades de Brasilia y Manaos (Brasil). Durante estas audiencias la Corte escuchó a cientos de organizaciones, activistas, comunidades indígenas, personas expertas y de la academia y jóvenes de todo el mundo sobre el impacto de la crisis climática.

Durante las audiencias se trataron temas desde las políticas para mitigar los efectos causados por la emergencia climática, las obligaciones de los Estados para enfrentar la crisis, los impactos diferenciales en distintas poblaciones como niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades indígenas y el trabajo de personas defensoras del medio ambiente y los riesgos a los que se enfrentan en su trabajo. En estos días de trabajo, la Corte pudo escuchar los testimonios de activistas jóvenes como Francisco Vera, de Colombia e integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyAs) y el Movimiento Latinoamericano de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como también las experiencias de integrantes de comunidades indígenas como Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa, de Ecuador y Darío Mejía Montalvo, integrante y ex presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, entre muchos otros.

El Máximo Tribunal regional de derechos humanos escuchó a más de 170 organizaciones, expertos y expertas, comunidades afectadas y activistas sobre el impacto de la emergencia climática.

Desde CEJIL, fue una de nuestras prioridades colaborar en la diversificación de voces, opiniones y conocimientos. Es por eso que a lo largo de este proceso trabajamos con más de 1500 personas, entre científicos, niños, niñas y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos. Este trabajo derivó en la creación de cinco escritos que presentamos ante la Corte y en el apoyo a diversas presentaciones realizadas por otros expertos y expertas en la materia.

En estos escritos nos centramos en las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos frente a la emergencia climática; el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia; las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de las niñas, niños y las nuevas generaciones; las obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio; y las obligaciones estatales emergentes de los procedimientos de consulta y acceso a la justicia frente a la emergencia climática. “Desde CEJIL, llevamos adelante una iniciativa amplia para poder hacer y apoyar la participación de voces de una diversidad de organizaciones y personas expertas de la región, celebramos este poderoso espacio de escucha que brindó la Corte en Barbados y Brasil”, indicó Florencia Reggiardo de CEJIL.

La CorteIDH es el único tribunal regional de derechos humanos que recibe una solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática. Su respuesta podría una guía a los Estados de la región para el desarrollo de políticas y programas a nivel local, nacional e internacional en concordancia con los compromisos asumidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos y ambientales.

A 40 años del atentado de la Penca en Nicaragua: con muchas preguntas sin responder en Costa Rica

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.

Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).

El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.

En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.

Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.

El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.

En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:

«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.

En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:

«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«

Cronología de una larga batalla legal

En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.

En este enlace de Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.

En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.

En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental «Good Bye Nicaragua«).

Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:

«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.

En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:

«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría

Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:

«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice: in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.

Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.

En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).

Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia

Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).

El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Claro de Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Voz de Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.

Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase nota del Semanario Universidad de Costa Rica).

Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).

También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).

En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.

Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?

En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:

«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.

Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.

Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.

No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:

«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.

However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.

Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.

A modo de conclusión

A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.

Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.

Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.

Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).

En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).

Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).

Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.

A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.

– -Notas – –

Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.

Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.