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Etiqueta: clase trabajadora

Costa Rica Covidiana: Pandemia politizada y desmantelamiento republicano

Iván Molina Jiménez presenta Costa Rica Covidiana. En este recorrido, Molina considera brevemente los estilos de desarrollo predominante de 1950 al 2018 y las modificaciones en el escenario político que posibilitaron la construcción de un nicho de poder oligárquico en ese último año.

Como punto de partida el autor toma a la Costa Rica previa a la pandemia por el Covid-19, donde según define se empezó a impulsar reformas profundamente regresivas en términos fiscales, sociales e institucionales. En vez de detener ese proceso, la pandemia lo profundizó.

La publicación se compone de lo que el autor toma como Momento Decisivo, el capítulo 1 que habla de la Costa Rica antes del Covid-19. El capítulo 2 habla sobre la Primera ola que se extendió entre marzo y mayo del 2020, el capítulo 3 de la Segunda ola considera los cierres masivos de actividades económicas en todo el país y los efectos de su flexibilización ser y un epílogo que expone el Distanciamiento histórico.

Molina expone que, de junio del 2020 a febrero del 2021, a medida que se responsabilizaba a la población de velar por su propia salud, el país experimentó una segunda ola de contagios. Al mantener neutralizada la protesta social, la expansión del Covid-19 fue aprovechada por las autoridades para impulsar nuevas iniciativas que, a la vez que protegen los intereses oligárquicos, elevan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios, precarizan sus condiciones laborales y reducen sus salarios.

Puede leer este documento completo en el archivo adjunto.

SINAE-AFINES: “Al gobierno le falta claridad y transparencia en las propuestas que harán al FMI”

SURCOS comparte el comunicado del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE):

Clase trabajadora está ansiosa, molesta y sin esperanza

“Una vez más el Gobierno muestra una falta de claridad y transparencia en las medidas que tomará para enfrentar el déficit fiscal y las propuestas que hará ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo lunes 11 de enero con el fin de obtener un préstamo por $1.750 millones”, afirma el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum), Lenin Hernández Navas.

De acuerdo con el representante de la CTRN la clase trabajadora está ansiosa, molesta y desesperanzada porque, no ve una ruta clara y concreta, de parte del Poder Ejecutivo, para salir adelante de esta crisis económica y social que atraviesa el país.

Unido a la falta de rumbo se suma las contradicciones en su propio equipo de trabajo, como por ejemplo, lo que las Ministras de Planificación y de la Presidencia dijeron a los Jefes de Fracción en una reunión sostenida, el martes 5 de enero, y luego lo que el Ministro de Hacienda Elián Villegas informó, en el sentido, de que no incluirían impuestos a las transacciones financieras, ni contemplaban aumentar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) como forma de recaudar nuevos ingresos.

“No es nuestro afán sólo señalar los errores del Gobierno, pero hay cosas, que no podemos callar, y por lo contrario, hay que denunciarlas porque el Poder Ejecutivo muestra una falta de transparencia y contradicción en sus posiciones que genera gran malestar, y falta de seguridad, entre los sectores, en especial, aquellos que la están pasando mal”, informó el representante de los trabajadores Lenin Hernández Navas.

Por otra parte el líder de la CTRN subrayó que las medidas de ajuste sólo se concentran en el recorte al gasto se afectarán programas sociales de niñez y adulto mayor que quedarán sin recursos al igual que la inversión en obra pública, educación y salud.

Agregó que la gran deuda de este Gobierno, es que en tres años, no ha enseñado la ruta de cómo mejorar el tejido productivo del país que es la reconstrucción que el país necesita, en estos momentos, para generar empleo.

El Presidente de la CTRN cuestionó que el Gobierno use ciertos datos estadísticos para mejorar su imagen señalando la leve disminución en la tasa de desempleo que pasó de 526 mil (21,9%) a 517 mil (21.3 %) mil, pero omite que la tasa de ocupación disminuyó significativamente en 7,2% con relación al mismo periodo que el año anterior. Es decir hay 259 mil personas que perdieron su condición de ocupados.

“Esos desocupados son quienes la están pasando mal porque no ingresan al mercado de trabajo y según una encuesta de la Universidad Nacional alrededor de un 50% de los consultados que tiene empleo dedica parte de su ingreso para ayudar a familiares afectados por la emergencia sanitaria y un 17% usa su tarjeta de crédito para hacer frente a gastos básicos como alimentación, transporte, alquiler y pago de servicios públicos”, aseveró el Presidente de la CTRN.

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

SURCOS comparte 

– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiendo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

ANEP – Declaración pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Declara ante sus miles de personas trabajadoras asalariadas afiliadas de los sectores Público y Privado, así como ante las personas y organizaciones socio-políticas que ven con simpatía y con esperanza nuestro quehacer; así como también ante la comunidad de los movimientos sociales y sindicales internacionales de los cuales formamos parte,

  1. Que mantendremos nuestra línea y posición política de total independencia con respecto a partidos políticos, gobiernos de turno y sector empleador.
  2. Que no somos organización sindical gobiernista ni pro-patronal, pues nos mantenemos con férrea lealtad a los principios universales y eternos de la clase trabajadora, teniendo claridad acerca de la serie de transformaciones y de amenazas que la asechan hoy en día; invocando los conceptos de la política de Trabajo Decente promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nuestro quehacer sindical de base de todos los días.
  3. Que poseemos un amplio ideario-país construido durante los últimos años, lo cual nos garantiza tener un criterio sólido sobre los problemas nacionales, gracias a una militancia sindical activa y propositiva; teniendo el honor de recibir los aportes de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses de sólida trayectoria moral y ética, con procedencias filosófico, ideológicas y políticas diversas; inspiradas todas en la promoción del bien común y la integración social.
  4. Que preferimos optar por la legitimidad y la legitimación que nos da una militancia leal y consecuente con nuestros objetivos estratégicos de total reivindicación obrera; mas no la procedente de las esferas político-ejecutivas de la hegemonía neoliberal dominante.
  5. Que optamos por ser parte de la construcción y del surgimiento de una nueva hegemonía, que emerja desde las bases y entrañas mismas del pueblo trabajador y productor, explotado y estrujado, por un modelo económico propiciador de la exclusión socioeconómica, de la concentración de la riqueza y de la desigualdad, con cuyos operadores político-ejecutivo no hay nada que negociar.
  6. Que, de cara a la llegada de la conmemoración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, nos proponemos propiciar el reforzamiento de los valores y principios que animan nuestro accionar socio-político, cimentando aún más la lucha sin cuartel por el pleno Humanismo, la verdadera Justicia Social y el total respeto a los Derechos Humanos.
  7. Que no compartimos que desde los sectores sociales y, específicamente, desde los sindicales, se legitimen las líneas político-ideológicas del fundamentalismo neoliberal anti-Estado, emitiendo “cheques en blanco” para avalar cruzadas extremistas recortistas irracionales del gasto y de la inversión públicas, cuando está sobradamente demostrado que el déficit tiene raíces estructurales que no son las del salario devengado por las personas trabajadoras estatales.
  8. Que reafirmamos nuestro compromiso de lucha inclaudicable en defensa de la institucionalidad pública que nos fuera heredada para la promoción del bien común y de la integridad social; institucionalidad pública que, mediando transformaciones necesarias, es hoy día mucho más vital y estratégica que nunca antes, ante el avance de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión y de la corrupción.
  9. Que, precisamente, alertamos a todas las personas trabajadoras estatales, así como a sus familias, que todos sus derechos seguirán bajo ataque artero, pues anunciado ha sido que las amenazas al empleo público, a la integridad salarial, a los derechos constitucionales a la Negociación Colectiva (Derecho Humano universalmente reconocido), están dentro de la “otra agenda”, pactada en la sombra por el gobierno de Alvarado con los sectores del alto corporativismo empresarial.
  10. Que las transformaciones estructurales que ocupa nuestro país para establecer una justicia social real y efectiva con democracia verdadera, solamente será posible si potenciamos la más amplia movilización popular bajo los conceptos socio-políticos de la Democracia de La Calle; mediando una organización local múltiple y activa que incline la balanza hacia el lado de la gente, no del capital financiero-neoliberal, controlador hoy en día de, prácticamente, todos los aspectos de nuestras propias vidas.

San José, lunes 23 de noviembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Ley de Empleo Público en Costa Rica y sus implicaciones para la clase trabajadora – foro virtual

El Sindicato Nacional de Periodistas, SNP, en conjunto con la Secretaría de Educación de la Confederación de Trabajadores de Rerum Novarum, CTRN le invitan al FORO virtual sobre: el proyecto de “Ley de Empleo Público en Costa Rica y sus implicaciones para la clase trabajadora”.

El mismo, está programado, para el próximo jueves 22 de octubre de 2020, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. por la plataforma Zoom siguiendo el enlace:

https://zoom.us/j/94061904682
ID de reunión: 940 6190 4682

Los panelistas son: Sergio Paixao, especialista en Normas Internacionales de la OIT; Mario Rojas Vílchez, secretario general CTRN; Rocío Alfaro, asesora legislativa y Luis Sáenz, asesor legal del SNP. Modera el Msc. Luis Fernando Villalobos.

Para confirmación de asistencia: sindicatoperiodistcr@gmail.com

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Para no caer en la trampa de quienes han quebrado nuestras finanzas, el SEC aclara al pueblo costarricense

No cabe duda que estamos en medio de una nueva tormenta, en la cual la clase trabajadora sigue siendo el blanco del ataque incongruente e insensato de las clases económicamente poderosas dominantes quienes han sabido manejar sus piezas, teniendo la complicidad de grupos políticos que durante muchos años han sido actores y cómplices del saqueo a las finanzas estatales.

En el SEC entendemos la importancia y urgencia de salir adelante con esta crisis y tenemos claro que los impuestos son una de muchas herramientas para construir ese panorama esperanzador que como país todas y todos queremos porque con ellos fortalecemos los programas sociales y todo el funcionamiento del Estado. Sin embargo, para resolver esta la situación debe existir justicia, equidad y voluntad política.

Cuando hemos dicho no más impuestos, es no más asfixia contra la clase trabajadora y las familias en general que han visto afectada su estabilidad laboral y familiar por esta pandemia del COVID-19 y pandemia económica.

Que los sectores retrógrados conservadores de la Derecha de este país no se valgan de la inocencia de este pueblo para escudarse y apartarse de sus responsabilidades, porque sí debe haber impuestos para los que eluden y evaden, que graben las grandes empresas nacionales y transnacionales, al sector financiero entre otros, todo en su proporción.

Como SEC tenemos bien interpretado el fino discurso de la derecha neoliberal, cuando exige contención del gasto para que no se les toque sus capitales, para ellos acabar con lo que nos queda del ESTADO SOCIAL DE DERECHO, les vale un comino y eso se evidencia cuando proponen vender nuestras instituciones públicas. ¡No queremos eso para este pueblo!

Esta derecha neoliberal que evade y elude descaradamente mientras el pueblo es desangrado y miles de familias son confinadas a la miseria, tiene que entender que este país es de todos no de unos cuantos.

Juntemos las voluntades para que el barco no se hunda con todas y todos nosotros, salga a flote y se dirija a buen puerto.

Llamamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que asuman de una vez por todas, esa función que el pueblo espera y que les ha demandado durante muchas décadas. Ustedes tienen en sus manos el destino del país, queremos justicia, no ocupamos endeudarnos más ni entregar nuestra soberanía al FMI.

Pueblo de Costa Rica valoren, escuchen y analicen quiénes son esos que se aferran y se oponen totalmente a los impuestos. Agudicen su visión y aprecien la diferencia de quiénes son los que deben pagar los impuestos.

Ya la clase trabajadora y sus familias no aguantan más esta carga injusta.

Llegó la hora de un Pacto Social que reinvente la Costa Rica del futuro, más justa, equitativa e inclusiva, en la que la riqueza no se concentre en un pequeño grupo de poder.

 

Imagen ilustrativa.

SEC: el Gobierno nos mintió

No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.

El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.

Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.

Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.

El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.

Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.

¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!

¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!

Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.

La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.

También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA.  ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!

¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.

No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?

Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?

Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.

Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.

Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?

Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.

Lic. Gilberth Díaz Vázquez,
Presidente del SEC

 

Imagen ilustrativa.

Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica – SINDEU

El comité de lucha y propaganda del SINDEU realizó cuatro comunicados, en los cuales se expone “Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica” y “los enemigos del pueblo”.

Se explica que hay “políticos que se resguardan” en la Asamblea Legislativa y se encargan de destrozar los logros de la clase trabajadora, de este modo, se busca silenciar el pensamiento crítico y la resistencia por medio de la precarización, con el objetivo de desmoralizar la conciencia de lucha y derrotar por el hambre cualquier acción ofensiva contra este enemigo del pueblo. El SINDEU inicia explícitamente, y proseguirá sin límite, “un llamado a toda la clase trabajadora para enfrentar unidos al verdugo”.

Se menciona que el brazo político de los intereses del Capital trabaja desde la Asamblea Legislativa, al servicio del mantenimiento y el incremento de los beneficios del empresariado y no del pueblo.

Estas personas con poder lideran la batalla ideológica, y la infiltración de la conciencia de clase, la realizan valiéndose a diario de una gran parte de los medios de comunicación financiados y al servicio de sus intereses de clase, para el mantenimiento de los beneficios del empresariado gobernante y haciendo más difícil la vida del pueblo.

Otros dos de los comunicados hablan sobre los “enemigos del pueblo”. Se expone los movimientos que se realizan en salvaguarda de los intereses del empresariado y de los grandes evasores.

Se hace mención que para arrebatar derechos humanos y laborales desmantelan las estructuras e instituciones “que han garantizado históricamente el progreso de la clase trabajadora y la protección de la población en nuestro país”. El brazo ejecutor de los intereses del Capital se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Utilizando múltiples ataques cotidianos al pueblo como distractores, pero manteniendo la vista fija en los intereses del Capital, y cumpliendo uno a uno sus objetivos, “siguen adelante a pasos de gigante, agotando a la clase trabajadora en mil luchas diarias con la complicidad de una gran parte de los medios de comunicación”, pero manteniéndose ellos mismos a salvo, así como al “empresariado que mece la cuna”.

Compartimos los cuatro textos que fueron enviados a SURCOS:

COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU –
Comunicado 1 (23/07/20)
Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica (I)

Aniquilada estructuralmente toda posibilidad de defensa de las personas trabajadoras de la empresa privada, desunida y perseguida la izquierda históricamente, desprestigiados por años los sindicatos a través de los medios de comunicación al servicio del Gran Capital, el último reducto de resistencia a la arremetida neoliberal en el país lo constituye la clase trabajadora del sector público, y el pensamiento crítico localizado en las instituciones educativas públicas.

Un grupo de políticos, al servicio del Gran Capital, se ha hecho fuerte en las instituciones del país… Ese grupo de siervos del Capital, atrincherado en la Asamblea Legislativa, destroza aceleradamente los logros de la clase trabajadora, intentando someterla por medio de la necesidad de sustento de sus familias, pretendiendo silenciar el pensamiento crítico y la Resistencia por medio de la precarización, con el objetivo de desmoralizar la conciencia de lucha y derrotar por el hambre cualquier acción ofensiva contra este enemigo del pueblo.

Perdida la representación popular, el pueblo debe recuperar ahora la soberanía secuestrada por estos vasallos, al servicio de los intereses de la Explotación. El SINDEU inicia explícitamente, y proseguirá sin límite, un llamado a toda la clase trabajadora para enfrentar unidos al verdugo.

¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –


COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU –
Comunicado 2 (24/07/20)
Objetivos y estrategias del Capital en Costa Rica (II)

El brazo político de los intereses del Capital trabaja desde la Asamblea Legislativa, al servicio del mantenimiento y el incremento de los beneficios del empresariado.

Antes que ver disminuidos sus beneficios, los intereses de clase del Gran Capital unirán sus fuerzas a través de la unidad de su instrumento y agente político, los partidos políticos que defienden y protegen sus beneficios.

La batalla ideológica y la infiltración de la conciencia de clase la realizan valiéndose a diario de una gran parte de los medios de comunicación, financiados y al servicio de sus intereses de clase, para el mantenimiento de los beneficios del empresariado gobernante.

¡Señalemos al enemigo!
¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –


COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU –
Comunicado 3 (1/08/20)
ENEMIGOS DEL PUEBLO

Salarios millonarios pagados con el sudor de la clase trabajadora no son suficientes para estimular a favor del pueblo la imaginación de los vasallos del Capital atrincherados en la Asamblea Legislativa.

Por el contrario, convertidos en saqueadores de lo público, se reparten diariamente el botín para intentar cubrir la ruina a la que han llevado al Estado y al pueblo costarricense, pero salvaguardando en todo momento los intereses del empresariado y de los grandes evasores.

Empobreciendo diariamente al pueblo, lo condenan a la miseria y a las luchas radicales. Para arrebatarle aceleradamente sus derechos humanos y laborales, desmantelan las estructuras e instituciones que han garantizado históricamente el progreso de la clase trabajadora y la protección de la población en nuestro país.

¡Señalemos al enemigo!
¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU –


COMITÉ DE LUCHA Y PROPAGANDA – SINDEU –
Comunicado 4 (2/08/20)
ENEMIGOS DEL PUEBLO (2)

El brazo ejecutor de los intereses del Capital se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Una asociación de políticos deslegitimados por su violencia contra la clase trabajadora se ha hecho fuerte en la Asamblea.

Utilizando múltiples ataques cotidianos al pueblo como distractores, pero manteniendo la vista fija en los intereses del Capital, y cumpliendo uno a uno sus objetivos, siguen adelante a pasos de gigante, agotando a la clase trabajadora en mil luchas diarias con la complicidad de una gran parte de los medios de comunicación, pero manteniéndose ellos mismos a salvo, así como al empresariado que mece la cuna.

El pueblo sabe quién ejecuta las políticas del Capital.
¡Señalemos al enemigo!
¡¡¡Recuperemos la soberanía popular!!! – SINDEU

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.