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Etiqueta: coeficiente de Gini

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.