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Etiqueta: Colombia

Sobre el asesinato de un niño y otro joven que intentaban robar ropa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Lo sucedido el pasado viernes 08 de octubre, en el municipio colombiano de Tibú, zona fronteriza con Venezuela, en el que fueron asesinados un niño y un joven de nacionalidad venezolana y dejados sus cuerpos baleados en la cabeza, en la carretera de salida, en un barrio de esa localidad; fue un claro y escueto linchamiento, iniciado en un local comercial al que presuntamente entraron, el niño de 11 años y el joven de 17 años dizque para robar ropa.

Las secuencias fotográficas existentes registran que ambos salen de los vestuarios con ropa del almacén puestas y presumible iban a huir sin pagarlas. Así expuesto, se trataría de un intento de hurto, al no mediar violencia alguna. No de robo, en el que el elemento violencia es lo determinante. Impetuosamente, esa si en forma violenta y grave, el propietario o encargado del almacén, procede a retenerlos, impidiendo que huyan o se salgan. Se forma la trifulca y en medio del alboroto aparece un justiciero, quien con infundada autoridad los condena y con ayuda de un secuaz los filman con un celular y habla: “Vamos a entregar a estos muchachos a las autoridades, para que se hagan cargo de los individuos estos, lamentablemente son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera, bajo nuestra responsabilidad están”. Falso. El motivo o causa del suceso estaba determinado desde el momento en que inició la arbitraria retención. No digamos que se desvaneció la intención de entregarlos a las autoridades; sino que el sujeto incriminado relató el modus operandi de finalidad in si tu (en el lugar del hecho). En unos minutos, sujetos armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron al almacén y se llevaron -a ojos vista- a los dos jóvenes. Minutos más tarde, los jóvenes fueron encontrados asesinados, con disparos en la cabeza, en Barrio Largo, en la vía que conduce a El Tarra. Un oficial de la Policía explicó que en momento alguno recibió llamada del propietario o encargado del almacén de ropas, ni ningún reporte por parte de la comunidad, ni se enteró del tumulto ocasionado por lo que estaba ocurriendo a las dos víctimas, vilmente asesinadas.

Versiones publicadas relatan que en la retención de los jóvenes también acudieron algunos habitantes, comerciantes y mototaxistas, de esa población de El Catatumbo, que les ataron las manos y les colocaron carteles que decía “ladrones”. Dizque al parecer las autoridades policiales no se enteraron de tamañas violaciones a sus derechos y todo ese proceder reprochable.

Desde el primer momento el niño y el joven fueron objeto de un linchamiento, resultado de ejecución tumultuaria, con claros sujetos individualizados y reconocidos, con la intención de aplicar justicia por mano propia. Colocados en una situación de indefensos al que fueron sometidos; con desconocimiento total de su condición notoria de menores; descartando cualquier emulación a la protección especial conque cobija la ley a los menores de edad. Ya el que hayan aparecido asesinados, es una relación concomitante que acompaña la acción delictiva, desde el inicio mismo de la retención de los menores.

Destaca un factor de distracción en todo este entramado: un oficial de la Policía resaltó que no tuvo ningún reporte, por parte de la comunidad o interesados, sobre el hecho que estaba ocurriendo con las dos víctimas asesinadas.

Como sujetos activos del linchamiento y ejecución de los dos menores de edad, están involucrados: el propietario y /o empleados del almacén. El autor de los vídeos que graba a los niños y al justiciero que adelanta sentencia, ni siquiera sumaria, al hacer apología del delito y entregar al niño y al joven a la muerte segura. Quienes les ataron las manos y colocaron los letreros. A la Policía del lugar que no se hizo presente y que con su omisión permitió la incursión de los sujetos armados; en un acto de sinceridad narrativa, ante la protuberante pestilencia y corrupción por acusaciones de vínculos con el para militarismo que asiste a la institución de las fuerzas armadas en Colombia. Los mismos medios de difusión oligárquicos reseñan, que precisamente, el doble asesinato hoy tiene en apuros a los policías de Tibú, pues varias personas que estuvieron presentes cuando los jóvenes fueron atrapados, presuntamente, robando en un local de ropa, denunciaron que llamaron más de una docena de veces a las autoridades para que se hicieran cargo de ellos, pero que jamás les contestaron.

HIPÓTESIS: El Terrorismo de Estado imperante en Colombia, ha dado instrucciones a los colaboradores paramilitares, para mantener “el orden” y la “seguridad”. Resalta una permisividad de actuar manifiesta. El tratamiento contra insurgente dado a la protesta social ha agudizado el problema de inseguridad en el país. Se asiste a un Estado inviable. Difunden la especie que las insurgencias colombianas armadas impulsan la tal “limpieza social”, dizque para obtener adeptos o aceptación en las comunidades y dizque tal fenómeno se agudizara hasta después de las elecciones del año 2.022… Tamaño despropósito no tiene cabida. Solo a un montaje de la inteligencia militar se puede explicar el que en días pasados aparezca un panfleto atribuido al EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL) en el que anuncia que pondrá en práctica la tal “limpieza social” matando bazuqueros, traficantes, ladrones, en todo el país. Es decir, a un reducto que actúa principalmente en El Catatumbo, la Provincia de Ocaña y el Sur del Cesar, le dan a gratuito una cobertura nacional. Por el solo análisis de prensa de la región, inducen a que están siendo duramente golpeados y de buenas a primeras aparecen actuando con presencia en todo el país. De otro lado, la mediática falsaria difundió, de buenas a primeras, que los autores de los asesinatos del niño y el joven venezolanos, son las Nuevas Farc, que operan en Tibú, todo el Departamento de Norte de Santander y se a extienden al Magdalena Medio, bajo el mismo nombre de Frente 33 de las antiguas farc, como resultados de los incumplimientos oligárquicos a los Acuerdos de La Habana. De por sí, las guerrillas colombianas son anticapitalistas y no van a maquillar a una sociedad corrupta y en decadencia. Eso explica la no sintonía de la lucha armada con la solución inmediata a los graves problemas sociales y políticos, que genera el dominio de la corrupción y el destrozo de la cosa pública en Colombia. Ellos esperan que el Estado se auto destruya y en modo alguno contribuirán a que en forma alterna y sabia aplicación política, se pueda remediar el ejercicio del poder político en Colombia.

Que la opinión internacional y la comunidad mundial sepan de la grave situación y carencia de intervención estatal en Colombia, para recuperar el respeto a los Derechos Humanos en todos sus grados y generaciones. No se puede continuar con el solo registro de cifras.

Ahora aparece foto del joven asesinado en Tibú

Los nombres completos y verificación de nacionalidad y datos personales de los dos asesinados, pareciere un misterio. Esta clara la identidad del niño de 11 años, de origen indígena wayuu, y la penosa espera de su madre por recuperar su cadáver; pero del segundo, de cerca de 17 años- conforme a la denominada edad corporal, diferente a la edad real- no se sabe. Surgen especulaciones para deslustrar su minoría de edad. Entonces opera la mediática falsaria: difunden, según medios venezolanos de oposición, que la familia de Jackson Enrique-de quien informan es un desaparecido-vive en el sector Las Virtudes del municipio Tulio Febres Cordero, del Estado Mérida, en Venezuela; pero que no contarían con dinero para trasladarse a Cúcuta a identificarlo plenamente y solicitar la entrega del cuerpo para llevarlo y sepultarlo al otro lado de la frontera. Anuncian que Jackson Enrique Arriaga Parra, en medio del atroz hecho que se dio la mañana del viernes 08 de octubre y que ha causado rechazo, conmoción y la motivación del presente artículo, es un hombre, de 23 años, que al parecer es padre de una niña… Las fotografías lo muestran saliendo del vestidor con camisas que se estaba midiendo… No indica esto hasta ese momento acción delictiva. Así fueron apresados con las ropas puestas… Las mismas con las que fueron encontrados sus cuerpos acribillados… Un medio como el diario La Opinión, se presta al montaje. Da por cierta la identificación del “otro” asesinado, cuando corresponde es al forense venezolano identificarlo y que la inexistencia de unas relaciones exteriores, impiden que se aclare la identidad del occiso y por ende la carga de esa identidad la asuma el Estado colombiano.

Un análisis de las dos fotografías que aparecen en ese diario, en la edición del 14 de octubre, de la faz izquierda del occiso, atinente a la morfología de la oreja derecha, tanto la del joven encontrado asesinado como el del “desaparecido” Jackson Enrrique, permiten destacar y determinar: 1. El tuberciulo de hélice- elix- conocido como Pabellón de la oreja- no coinciden en absoluto, en las dos fotografías. La del asesinado es más protuberante y en modo alguno el pabellón de la oreja de Jakson esta aprisionado por la orilla de la gorra, conque aparece en la fotografía. La raíz de hélice que penetra al oído interno no logra preciarse en las dos tomas fotográficas; pero si por el trago (no trazo), que da al orificio auditivo, se puede apuntar una coincidencia; impera la guía de los expertos: “la naturaleza nunca se repite así misma” y es diferente hacia la concha, o parte interna del pabellón la figura, forma, hechura o configuración de esa dos orejas. Y en cuanto a la zona de la oreja llamado antitrago, que está al frente del trago, denota forma diferente, en ambas fotografías. Qué no resaltar del lóbulo de la oreja que son totalmente diferentes y que significan el elemento de mayor identificación forense. De manera, que, a simple vista, se trata de dos orejas diferentes y por ende de distintas personas… A la inteligencia popular no se le mete el dedo en la boca… El militarismo de derecha narco en el poder, quiere o aspira a confundir en la minoría de edad de los dos asesinados, por sus aliados paramilitares.

Al momento de concluir la redacción de este artículo, el diario La Opinión de Cúcuta en edición de domingo 17 de octubre de 2021, anuncia que la Familia del joven asesinado en Tibú llegó a Cúcuta. En tanto, la fallida política e inexistente diplomacia del gobierno títere colombiano, para con la soberana República Bolivariana de Venezuela, le da plena jurisdicción a la Justicia Internacional, en este aberrante caso.

Colombia. Sentencia histórica: la CIDH responsabiliza al estado por secuestro y torturas contra la periodista Jineth Bedoya

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021.

El organismo dictó sentencia en un caso que inició hace más de dos décadas.

En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó este lunes que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión que la periodista Jineth Bedoya Lima sufrió el 25 de mayo de 2000.

En la esperada sentencia, el organismo recordó que ese día un grupo de paramilitares interceptó y secuestró a la periodista a las puertas de la Cárcel La Modelo, y después la sometió a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales.

También advirtió sobre la existencia de «indicios graves, precisos y concordantes» acerca de la participación estatal en estos hechos, lo que había sido un reclamo permanente de Bedoya en las últimas dos décadas.

«Se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable», explicó la Corte en un comunicado.

Agregó que los derechos de la víctima fueron violentados al igual que los de su madre, Luz Nelly Lima, ya que el Estado no les otorgó garantías ni protección judicial a pesar de las amenazas sufridas antes y después del secuestro.

Reparación

Cuando ocurrieron los hechos, Bedoya cubría en el diario El Espectador la guerra que libraban el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo. Las agresiones en su contra permanecieron impunes hasta que en mayo de 2019 fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, Alejandro Cárdenas, y Mario Jaimes Mejía.

Sin embargo, la periodista siempre denunció que ellos no habían sido los únicos culpables y que más de 20 personas se habían organizado para atacarla, entre ellas agentes del Estado que nunca fueron llamados a comparecer por la justicia.

Además de darle la razón, la Corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas la de promover y continuar las investigaciones para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista.

Además, conminó a crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia a fin de que aprendan a identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las periodistas.

La sentencia incluye la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las periodistas, así como el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia que padecen.

Por otra parte, apunta a crear un Fondo que financie programas de prevención y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.

 

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Los talibanes colombianos (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Caracterización de los talibanes y cómo asimilarlos con sus pares colombianos.

Se trata de resaltar elementos básicos para comprender por qué los talibanes reciben la venia de quienes los atacaban y buscaban desaparecer.

Cuando se conoció la decisión del presidente Baden de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y de la colaboración con los Talibanes en la evacuación, salida del país y control del neurálgico aeropuerto de Kabul, le preguntaron al jefe del Estado Mayor de EE UU, el general Mark Milley, por la colaboración con los talibanes en la evacuación y contestó: “En la guerra, para reducir riesgos haces lo que tienes que hacer, no necesariamente lo que quieres”. Toda una lección y preocupante plantear que los estrategas del imperio gringo se vieron obligados a escoger como aliados a los menos malos y refractarios, así como a su vez, si se equivocaron en escoger como aliados afganos a los políticos más corruptos y en contraria a los intereses de esa población. Comprender si aquí jugó o de “aliarse hasta con el diablo” con tal de hacerle daño a su contra parte o contrario u odiado contradictor. Conviene partir del enfoque que una cosa son los Talibanes y otra el islamismo. Que con la salida de las tropas USA de Afganistán, ni el islamismo, como tampoco los Talibanes, fueron derrotados. ¿Entonces qué queda?

En lo concerniente al tema de los talibanes y sus pares colombianos, precisemos

En Colombia, como resultado del prolongado conflicto armado interno, se ha llegado a la bajeza de unión y armonía de lo institucional, bajo un estado de cosas inconstitucional (eci), con lo ilegal. Pero esto no se supera con el carácter de supremacía de lo legal frente a lo ilegal. Se requiere asumir la labor de un vuelco total, radical, en lo institucional. Cuando se afirma que no existe gobernabilidad en Colombia y que rige un mandato sub presidencial, se está ante un sistema político que rige a la nación en forma irregular e inconstitucional. Al calificarse al Estado colombiano como un Narco Estado, redunda en que su origen, funcionamiento y efectividad, tenga como antecedente el apoyo directo del narcotráfico. A l afirmarse la ilegitimidad del gobierno colombiano, por estar inmerso en el resultado electoral por intervención de la llamada “ñeñe política”, la impunidad al respecto genera peso político especifico de afrenta, descrédito y deshonor, en cabeza del gobernante aludido. Por ello incursionar en un parangón, en el estado actual de cosas en Afganistán y en Colombia, no resulta un desacierto.

En Afganistán rige un poder teocrático emanado cual forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Al afirmarse, en Colombia, que el Centro Democrático- que no partido-actúa como una secta; centra en un funcionamiento de colectividad cerrada, en los que aparenta proveer fines de carácter político; pero que en la práctica funciona bajo la égida de un mesías, que ejerce un poder absoluto sobre sus adeptos.

Si conforme a lo analizado en el presente articulo los Talibanes reconfortan un Narco Estado en la actualidad; el fuero político atribuye en Colombia que la entredicha legitimidad del gobierno de turno en Colombia asimila a un desgobierno producto del narcotráfico y por ende existen presupuestos que lo califican como un caracterizado Narco Estado.

Así, puntualmente tenemos: – Se acusa en Afganistán que a las mujeres se les impone la burka. En Barranquilla se denuncia que a una acudiente le negaron el ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir (se presentó con pantalones ceñidos, tacones sin medias y una blusa escotada, por encima del ombligo). La reacción de ella fue: “visto moderna y gracias a dios Alá, nada me quita ni me pone”.

– Comprendamos y asimilemos que el sistema colombiano (no solo en lo electoral) está amenazado por las economías ilegales. Esas mismas fuentes poderosas que le dieron capacidad de negociación con el imperio a los talibanes.

– En Afganistán penalizan a la homosexualidad y la escogencia o elección de genero públicamente.

Desde el púlpito de una iglesia en el Departamento del Tolima, un cura católico, reprochó el hecho que feligreses no asistieran a misa por asistir a un evento LGTBI. Arengó: “En tanto que los maricas asisten a un Festival, al que nos obligan…”

– Denuncian en Bogotá. DC, que a dos jóvenes de sexo femenino no les arrendaron un apartamento, cuando indicaron que eran pareja…

– A la directora del Festival de Poesía en Cali, poeta, escritora y fotógrafa, Betsimar Sepúlveda, la discriminaron y fue objeto de vejámenes porque no era oriunda de Cali. ¿Qué entenderán, por poesía, esos guaches talibanes criollos?

– Con relación al aborto, según la opinión de un congresista de la secta de gobierno CD (que no partido) aludir a “el falaz argumento de que (sic) la mujer es dueña de su cuerpo”. Este talibán criollo argumenta la doble moral del discurso provida en Colombia. Desconoce los avances sobre el tema en diferentes países y el más reciente de la Corte mexicana que despenaliza el aborto. Desconoce las luchas de la mujer y la reivindicación bajo su lema: “Ni presas por abortar; ni muertas por intentar”.

– La columnista Olga Gayón, señala que Colombia impone la Burka institucional a su mejores escritores en la Feria Internacional del Libro en Madrid. Como país invitado elaboró una Lista Negra de escritores colombianos que no sean “neutros”; es decir, que opinen en oposición al gobierno narco paramilitar del sub presidente Duque.

Lo falsario de la guerra contra los narcóticos

Para comprender la situación del Afganistán de hoy, corresponde acudir a las llamadas guerras contra el narcotráfico o narcóticos. El escenario de guerra de esa región del oriente obedece a la dinámica de las economías ilegales y su pertenencia en cuanto a la multiplicación de sus brazos armados.

Al exponer elementos para comprender la situación de Afganistán y de Colombia ante el mundo, resalta la consideración de abordar la influencia de la lucha contra el narcotráfico y contra los narcóticos, en ambos países y en relación con el escenario geopolítico de sus actuaciones.

En relación con Afganistán atisbar que, en el periodo anterior a la guerra de invasión estadounidense, el cultivo del opio estaba prácticamente, controlado, extinguido o erradicado. Con posterioridad a esa guerra, o sea actualmente, el 80% de la heroína en el mundo se produce en Afganistán.

En relación con Colombia, la llamada guerra contra el narcotráfico ha incidido en el crecimiento, la comercialización y agudizado el factor interno del conflicto armado colombiano.

En lugar de una lucha para acabar con el narcotráfico y erradicarlo, la guerra contra el mismo no ha hecho más que alimentarlo, nutrirlo; aplicando a la extensión del intervencionismo en los asuntos internos de ambos países, conforme a sus caracterizadoras: con invasión directa en Afganistán y con invasión vedada- hasta ahora- en Colombia.

De manera que la lucha contra los narcóticos en Afganistán fue otro proyecto fallido de los Estados Unidos de América. Resultó inocultable el aumento y crecimiento del cultivo de la adormidera, base para la producción del opio y otros derivados estupefacientes. Una inversión de 8.000 millones de dólares, prácticamente botados al cesto, al igual que ocurrió con los fondos destinados al Plan Colombia, que no fue otro que la concepción de un plan de invasión e involucramiento en el conflicto armado interno colombiano.

Señalan que el principal objetivo del imperio estadounidense para invadir a Afganistán fue el petróleo, como un territorio álgido en el paso de hidrocarburos y comercialización del gas a Asia. Conocían del enorme potencial en yacimientos de hierro cobre y oro y sobre todo de litio, que, con probabilidades estudiadas durante el periodo de invasión, confirman a Afganistán, como el país de mayores reservas de litio en el mundo y estiman sus yacimientos de oro en un valor de 1.000 billones de dólares. En cuanto a control geopolítico habían logrado introducir “un Vietnam” en el ámbito de manejo de la antigua unión soviética y que concluyo con la caída de la llamada República Democrática Popular de Afganistán (RDPA), periodo de mayor logro de conquistas políticas, sociales, culturales, en ganancias hacia preferencias a la mujer y en el plano económico al pueblo afgano.

Una segunda razón importante es el ascenso de China, tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética.

Como tercera razón para invadir destacan la existencia de más de 20 millones de uigures,

perteneciente al grupo túrquico de las lenguas altaicas, de concepción filo conservadora.

Hoy en día, existe incluso la amenaza de un nuevo e importante frente: una nueva Guerra Fría contra China, alentado por Pakistán, los Emiratos del Golfo Pérsico, el régimen misógino y represivo de Arabia Saudita. Los intereses de Rusia y Turquía, por otro lado. En el caso de Pakistán, todo gira en torno a la imposibilidad de cerrar una frontera, tan activa como la existente con Afganistán.

No obstante, el desarrollo de los acontecimientos, luego de la salida de USA, apunta a una estabilidad política de acuerdos con los Talibanes interna e internacionalmente, sin que por debajo de la mesa se incite a una nueva guerra civil que mantendría el control geopolítico de Pakistán, Israel y sus aliados de los emiratos árabes y los estadounidenses.

Afganistán vivió un momento de gran esperanza con el gobierno del Partido Democrático Popular de orientación comunista y tendencia soviética, que sí hizo grandes esfuerzos por hacer avanzar los derechos democráticos de toda la población, incluyendo los de las mujeres. Desde entonces tropezó con los intereses de los traficantes de opio y con sectores retardatorios en el seno mismo del pueblo, que no alcanzaron a comprender, ni a estar preparados para asimilar las ventajas de un Estado democrático y laico radical. No asimilaron lo de estadio cultural ante la concepción sobre la mujer, como tampoco el deslinde laico de lo religioso, que finalmente concluyó en la trágica, equivoca y contraproducente invasión soviética. Esta invasión trajo consigo la llamada Segunda Guerra y el afianzamiento del uso del tráfico de narcóticos. La actividad de la CIA resultó desenfrenada. Luego de la salida de los soviéticos, surgen los Talibanes, como lo hemos reseñado, que como amos y señores del control del opio y narcóticos acumulan control político y toman el poder en el transcurso de los años de 1.996 a 2.001, cuando son desalojados por las tropas invasoras yanquis y su aliados de occidente. Se da inicio así a la Tercera Guerra en suelo afgano. Los Talibanes fueron derrotados; pero no acabados. Imprescindibles en encauzar el negocio de los narcóticos, también se fortalecieron en lo económico. Tuvieron fábricas de heroína para el consumo y comercialización; de tal manera que pasaron del 10% del control del mercado de narcóticos durante su primer periodo de gobierno al control del 100% de lo mismo, al día de hoy.

El Pentágono organizó el traslado de miles de combatientes de Al Qaeda, con juego de los talibanes, a Bosnia, para intervenir a favor de los musulmanes en ese país, en 1999. Este es uno de los peligros latentes que asoma la llegada de africanos migrantes a Colombia, con pasaporte USA.

Las tres guerras citadas de Afganistán han sido guerras por y contra el opio. Fueron los Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de Pakistán, quienes para esos años patrocinaron la creación de bandas de extremistas religiosos que el resto de la población afgana denominó muyahidines, término similar a bandidos.

Durante el desarrollo de la tercera guerra de invasión, en el años 2.014, el Daesh, creo la conformación del Califato Islámico. En Irak apareció el Estado Islámico (EI o ISIS), que destruyó valiosos monumentos budistas en Palmira. Hacia el año de 2.015, se fundó el llamado Estado Islámico de Afganistán o ISK, obviamente apoyado, entre otras fuerzas, por los Al Qaeda y por los Talibanes. En su control territorial se dedicaron la prostitución y trata de blancas, al tráfico de órganos y al comercio del opio. Aquí desplazaron los ideales de milicia islamita y centraron en lo de narcotraficantes. Esto ratifica que el escenario de guerra en Afganistán ha sido el escenario de una guerra del opio. Al igual que en Colombia, ha sido una guerra de intervención. El 90% de la heroína mundial ha sido producida en Afganistán. Esto conlleva a la lectura que los Talibanes hoy en el poder, con el control de 100% de narcóticos, son frente a los narcotraficantes latinoamericanos, incluidos los de Colombia (en el poder) los narcotraficantes más potentes del mundo. Ambos países, a hoy, califican como Narco Estados. En el caso de Colombia, se estima que los narco paramilitares en el poder, representan el mayor productor y exportador de cocaína del mundo.

Al igual que durante la guerra de invasión, las tropas yanquis se congraciaban con los “señores del opio” para mantenerlos enfrentados con las guerrillas islamitas; los Talibanes pasaron a reclamar un 10% de impuesto sobre la producción del opio, a controlar ellos mismos el 100% de la totalidad de cultivos, producción y tráfico. Los intereses de las multinacionales de la guerra, entre ellas las farmacéuticas, requieren de la materia prima del opio para elaborar múltiples fármacos, como la morfina y la codeína. Allí radica la explicación. Se afirma que, gracias a los Talibanes, occidente cuenta con anestésicos y sicofármacos.

Resumiendo, recordemos, que en 1978 en Afganistán tuvo lugar una revolución socialista, conocida como Revolución Saur o Revolución de Abril. La revolución promovió una importante reforma agraria, distribuyendo las tierras confiscadas a los oligarcas que huyeron entre los campesinos sin tierra; legalizó los sindicatos, estableció un salario mínimo; fijó un impuesto progresivo a la renta; redujo el precio de alimentos de primera necesidad; prohibió el cultivo del opio (materia prima para elaborar heroína, de la que es principal consumidor mundial Estados Unidos): promovió cooperativas campesinas, inició una campaña de alfabetización proyectando desarrollar las industrias pesada y ligera. En ese marco se creó el Consejo de Mujeres Afganas, emitiéndose un decreto para “garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito del derecho civil y eliminar las injustas relaciones feudales patriarcales entre esposa y marido”. Este gobierno socialista criminalizó los matrimonios por dinero o forzados, permitiendo que las mujeres eligieran libremente su esposo y su profesión, y de ningún modo, nunca jamás obligó al burka. Por el contrario, elevó considerablemente la situación de las mujeres, ayudando a su desarrollo personal y social, tal como hace siempre el socialismo en cualquier país. Teniendo como consecuencia el final del proceso socialista y el retroceso de los derechos de las mujeres, en Afganistán, será hora de replantearlo.

Llegan los afganos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Si hay algo de escaso merito, por parte de ejecutorias gubernamentales del sub presidente colombiano, significa la fallida política exterior y por ende la carencia de una acertada visión de relación con los Estados, en cuanto al tema migratorio acaece.

Lo migratorio clasifica como álgido en la agenda internacional de cualquier país. Subsume diagnósticos tempranos y problemas de afrontar como la salud, educación, seguridad; acorde con el panorama geopolítico, el tránsito, recepción y destino, de esa población, que afecta el tejido social y de entorno.

Tal cual ha sucedido con la concentración de migrantes (la mayoría haitianos y de otros países) en Necloquí, la improvisación y la desidia, redundan en característica y el trato dado a la población migrante venezolana, aupada y soliviantada por motivaciones de injerencias extranjeras y manejo maquiavelista de obtusa oposición al reconocimiento de un gobierno constitucionalmente establecido, conllevan al diagnóstico que en materia de relaciones exteriores y comportamiento migratorio nacional, se está ante una verdadera pifiada

En el presente mes entró en vigencia una nueva Ley de Fronteras, por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política. La norma fue impulsada por el Gobierno Nacional para regular lo relacionado con las zonas fronterizas de los países vecinos. Al igual que todas las leyes en Colombia, se hacen de espaldas a un debate nacional y a auscultar las necesidades recientes locales. Un ingente esfuerzo, que en nada compensó situaciones nuevas suscitadas en el escenario internacional; precisamente por falta de una perspectiva funcional de las relaciones exteriores aplicada, o sin aplicar, debido al desconocimiento y lo sujeto a la improvisación. Es así, como se estrena esa ley, que plasma situaciones de hecho acomodadas y que ante lo inusitado que ha resultado, el paso por el territorio nacional y permanencia de población migrante haitiana y de otros países, concentrados en zonas no fronterizas, nos damos el lujo de estrenar nueva ley, que no contempla la situación de hecho planteada.

Para el próximo mes de octubre, queda definida la legalización de más de 1.700.000 venezolanos de ambos sexos, que permanecían en el país, a partir del 31 de enero de 2.021.

La carencia de una política consecuente con las actividades e intereses de relaciones de poder y de grupo de los migrantes en Colombia, explica por qué ahora, salta la liebre en un mundo tan distante como el lejano oriente y nos vemos avocados a la orden imperial de tener que aceptar la permanencia y hospitalidad de población afgana, resultado de la debacle producida en ese país invadido por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

El Estatuto de Permanencia Permanente en el Territorio para venezolanos, conocido como Estatuto Temporal de Protección (ETP), está compuesto por tres fases, a partir del Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV). En USA se denomina Estatuto de Protección Personal (TPS). ¡Tamaña coincidencia! La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre e incluye la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico; la tercera fase, concluye hasta octubre de 2.021. A partir del mes de octubre de 2.021 los venezolanos obtendrán la decisión de recibir el certificado de permanencia, como documento permanente, en el plazo de treinta días. Desde ya indicar que esa permanencia se otorga gratuitamente por el plazo de 10 años, como algo que no ajusta realidades cambiantes en la situación venezolana interna. En tanto, ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto, sin cambiar su condición migratoria, que es lo indispensable para poderse beneficiar del Sisben, por ejemplo. Están como en el limbo, sin cédula, pasaporte, opciones; algo cohonestado por el sistema migratorio inoperante y que laxa el control de comportamiento social de esta población migrante. Es de enterarse que el actual éxodo de población venezolana no había tenido parangón de proporción, por su cantidad, en América Latina. Ha venido siendo resuelto en otros países y Colombia, la mayor receptora de ese fenómeno no ha logrado dar las pautas de ejemplo a seguirse.

Suscita debate e interpretaciones diversas la permanencia de venezolanos en el país. Expertos los califican de mitos y los reducen a grupos o temas como el que los migrantes salen de su país porque quieren. Generaran inseguridad. Representan peligro para la cultura del país. Afectan la capacidad laboral y de trabajo a la población colombiana. Discriminan a la mujer venezolana situándola en que vienen a embarazarse a Colombia y tener a sus hijos, en garantía a una permanencia.

Naturaleza de la población migrante venezolana en Colombia

A Colombia arriban venezolanos y venezolanas migrantes, motivados por situaciones económicas, sociales, de subsistencia. Se trata de desplazados laborales, emigrantes económicos. Buscan mejorar sus calidades de vida; o salir, puesto que lo hicieron sus familiares; también, para reunificarse. Buscar otros horizontes, etc. Etc. En modo alguno son perseguidos políticos. Huyen por las condiciones económico, sociales y de desventaja, producto de las medias coercitivas y de embargos contra las divisas internacionales del país bolivariano; bloqueos y sanciones impuestos por decenas de países, incluidos los Estados Unidos y la UE, como agentes instigadores principales. Buscan la caída no solo del presidente N. Maduro, sino de todo el sistema imperante de la Revolución Bolivariana. Y esto no es simple afirmación, sino punto de vista escueto. Obedece a la característica de esa población, a la luz del Derecho Internacional Público. Por el contrario, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados y de persecución directa. Por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de libre determinación de sexo. Califican como personas en quienes penden amenazas, procesos y/o sentencias adocenadas de parcialidad política, persecución y sobre quienes pesa grave riesgo de perder la vida y por ende a quienes resulta peligroso negar el refugio o el asilo. En esto del estatus de refugio y asilo impera es el estado de conciencia subjetivo del perseguido y/o solicitante. Algo que la regularización del tal Estatuto de personas migrantes venezolanas no califica, para permanecer como refugiados en Colombia.

El régimen de refugiados está claramente normado en lo internacional. Los países respetan y aplican esa normativa que sustenta el principio de legalidad interna. De manera que el tratamiento dado a la población migrante venezolana no admite discusión y es en ocasiones, contenido de acciones y conductas prevaricadoras. Cada país tiene soberanamente procedimientos especializados para conceder o negar un estatutos de refugiados y o asilados; así como para declarar personas no gratas y hasta permitirse el no ingreso o expulsar a extranjeros. Eso concierne al poder de discrecionalidad. En Colombia el invento del Estatuto Provisional de Permanencia por más de diez años, da al traste con esos principios de aplicación universal del debido proceso. Es claramente inconstitucional.

De la naturaleza de los migrantes afganos

Al respecto hablemos de una caja de Pandora. El gobierno narco paramilitar, cipayo, pro imperio y los medios de alienación masiva (MAM), mantienen en vilo a la opinión pública nacional acerca de la llegada de más de 4.000 afganos, que huyen de su país de origen. Se anticipan a calificarlos de refugiados. Tamaña tropelía. El solo hecho de acatar la propuesta unilateral, inconsulta, de orden y mando del gobierno norteamericano, para que sean recibidos un numero de afganos que han salido de su país y ellos han evacuado, previamente, representa el asomo de un flagrante delito de abuso de poder, en un país bajo un supuesto régimen de Estado de Derecho. ¿Qué conlleva esa aceleración confusa?: a una flagrante violación de la soberanía nacional. El trasfondo de supuestos ciudadanos, mujeres, familias y niños perseguidos abrirá la patente de corso para que los efectivos para invasores afganos, actores de crímenes de guerra y de alistamiento militar, traídos, al servicio de las tropas invasoras del pueblo afgano, llegaren a las fértiles tierras del narco para militarismo estatal colombiano. ¿Cuántos de ellos mercenarios y sicarios, en listados de aprobación del Pentágono y de la CIA? Anuncian además, que USA costeará todo, cual prebendas, de por sí denigrantes; lo cual de por si es manifiestamente inconstitucional y craso delito a lesa soberanía (me abstengo de mencionar lesa “patria”, que la bota militarista del ejército made in Usa, ha pisoteado).

Todo pareciere indicar que la llegada de los tales afganos fracasará. ¡De lo contrario, es porque hay Troya!

Un 07 de agosto también sitiado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Con la aplicación de una estrategia de manipulación mediática, la dictadura narco paramilitar, preparó las efemérides de los notables sucesos ocurridos el 07 de agosto de 1.819, en la vía Bogotá – Tunja, en el sitio conocido como el Puente de Boyacá. Ese día, las tropas independentistas, al mando de Simón Bolívar, vencieron a las tropas realistas, dirigidas por el comandante español José María Berreiro Manjón. Lo así referido, quedó plasmado en el suceso notable de participación de un adolescente de escasos 12 años, alistado en las tropas libertadoras en labores de cuido y atención de los caballos, Pedro Pascasio Martínez Rojas, quien, en el arrojo del combate y fusil en mano, detuvo y conminó a rendirse al comandante español, quien trémulo y acobardado se escondía debajo del pequeño puente para huir. Lo capturó y lo entregó a Bolívar. Cerca de 200 años después, el fariseísmo pretende ocultar la cruda realidad de la vinculación de cientos de adolescentes y menores de 15 años en las filas guerrilleras de liberación nacional; en la cruenta y prolongada historia del conflicto armado interno en Colombia.

Bajo una estrategia de distracción, se difundió la segura alteración del “orden público” y ataques a monumentos de valor histórico. Sin ocultar los prolongados efectos del Paro Político Nacional (PPN), al no asumir la responsabilidad gubernamental por las consecuencias al desconocimiento de la expresión popular en las múltiples protestas acaecidas y que aún no cesan. Centrando el problema en ese acontecer, ligaron el decomiso de unos kilos de explosivos de pentolita; la captura de una alias “flaca”, sumada a la de 165 personas más, luego de los disturbios acaecidos durante tres meses; la de un denominado “19” de las investigadas 1A Línea; dizque el acompañamiento- sin pruebas- de efectivos de las FARC y del ELN y el llamado a movilización, en el sitio del Pantano de Vargas y el puente de Boyacá. Creando así el problema, difundido por la dictadura mediática en un lenguaje escueto, sin adornos y con presentación sencilla; generaron una generalizada intimidación y miedo, sin cuidarse de ocultar el Terrorismo de Estado, ocasionado conforme a ocurrencia practica constante.

A Colombia se le ha sometido así, a un cerco y asedio, en base a un determinado momento histórico de recordación. Definen, determinan y sacan conclusiones en busca de efectos predeterminados. Algo así como un juego o disfrute a la otredad u otra edad. Algunos le llaman el uso del espacio del silencio, y que lo oído o de oídas (solo) merece atención para decidir, cuando ese “algo” o run run vale la pena.

Obedece al aporte de vigilancia y control de la sociedad. Lo dispositivo como mecanismo para obtener un logro, resulta en la exaltación del engaño (silencio dispositivo), en aplicación de una teoría de la dominación a través del consumo, como utilización o desgaste. Aplican lo de los medios de comunicación hacia “logros” de sensación de libertad y el individuo receptor pronto cae en el circulo absorbente de la enajenación, bajo distracción, falto de juicio. Con ese logro de reacción afinan en poner a tono la justificación del uso y desplazamiento de fuerza, sin mediar en el costoso derroche de recursos públicos. Pero esa cadena de efectos-en lo del símil del consumo- no concluye ahí, si no que apetecen a un nuevo producto, puesto que el sujeto o individuo deja de ser “libre” y apetecen a una nueva situación, como si se tratare de un nuevo producto, recurriendo y volviendo a un nuevo producto, rehaciendo al punto de partida, en consecuencia, al montaje de otra edad, en el efecto de control de las sociedad sumida en represión.

Pero resulta que el efecto es diametralmente opuesto a lo deseado por la reacción represiva estatal. Acuden, en consecuencia, a lo distractivo, que en el uso de la la alienación masiva de los medios se ubica, por Chomsky, en el factor de Distracción: dar pan y circo.

Resuelto que hoy en Colombia, la cualificación del movimiento popular permite afirmar que, ante la existencia de millones de inconformes, paralelo a millones de manifestantes que han perdido el miedo y se rebelan ante las mentiras y la manipulación, el escenario de las luchas populares callejeras recobra la vivencia y experiencia multiplicadora de la democracia directa, en contraposición a la democracia indirecta o representativa, generadora de innumerables males a la nación colombiana. En ese orden de exposición y para salir de la frase de cliché de búsqueda de la segunda y definitiva independencia, está a la orden del día, la revocatoria del mandato de todo el poder legislativo (nacional, departamental, municipal). Identificado ese poder legislativo actual como el enemigo principal del movimiento popular y ante la realidad palpable de un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino, que los atornilla, se resuelve esa contradicción principal, con la salida a un gobierno de transacción de vocación democrática y popular. Aspiración esa debilitada o anulada por el juego a la ilusión del cretinismo parlamentario, ante cuyo efecto todo queda reducido al gatopardismo: “cambiar todo para no cambiar nada”.

Está demostrado que la concentración de esfuerzos tiende al desarrollo y logros de los comicios electorales del próximo año 2.022. De ser el resultado- que es lo más probable- contrario al movimiento popular, continuara el camino expedito de la insurgencia armada en Colombia. Aquí no se trata de pedir la desmovilización de los rebeldes. Tampoco de sesgar la iniciativa de lucha popular en la confrontación callejera y de veredas. Los caminos serán otros que no podrán ir, en paralelo, a invocar y predicar el cambio político y social y de superación de los conflictos, manteniendo sin lesión o daño, el asentamiento del narco Estado, nido de las barbaries aplicadas por las oligarquías y el imperio. Resulta imposible convivir, permanecer en convivencia, con ese poder dominante y un modelo económico asfixiante. Aquí no hay espacio para reprobar los medios de lucha del pueblo, en momentos en que, sobre todo, en el escenario latinoamericano, la izquierda coaliciona en la reprobación de un orden público bélico, policivo y que en Colombia reside en la existencia de un Narco Estado militarista, bajo la dirección de un gobierno narco paramilitar, capturado por la corrupción y las mafias y que tiene como secta, que no partido, un colectivo político en el que recaen múltiples crímenes.

El caso del asesinato del presidente de Haití

El pasado 07 de julio, fue asesinado en su casa de habitación el presidente de Haití, Jovenel Moise, resultando herida su esposa, quien se hizo la muerta, logrando salvar su vida. La única y consistente versión que circuló desde el inicio de las investigaciones, centraron en que el hecho fue perpetrado por un comando de exmilitares colombianos, previamente contratados, por firmas dedicadas al reclutamiento de mercenarios y que operan con oficinas en varios pises, incluida Colombia.

La materia prima se obtiene del cuerpo de exmilitares colombianos que han cumplido un tiempo de 20 años de servicios, sin importar la edad, en el conflicto armado interno colombiano. Cada año, salen centenares de militares en retiro, sin que se controle, por parte del ejercito expansionista, ni por el Estado, el uso de sus experimentadas capacidades de guerra adquiridas. En más de cinco décadas, entrenados por las fuerzas armadas de Estados Unidos, socio estratégico en la guerra contra insurgente y en la llamada guerra contra las drogas y el narcotráfico; los militares colombianos disfrutan de una aureola de reconocimiento, en escenarios de guerra en el mundo. Son expertos en manejos de explosivos y supervivencia. Su accionar es de validez tanto en combate en la selva como en cualquier accidente geográfico (paramos, desierto, marítimo, fluvial, zonas rurales y semiurbanas). Muchos especializados como franco tiradores, manejo de helicóptero artillados, aviones de combate, lanchas torpederas. Asoman como integrantes potenciales de fuerzas preventivas, para la seguridad interna, en cualquier país. Se conocen como los mercenarios colombianos: bien entrenados, muy baratos, en un mercado de más de 7.000 millones de euros anuales. El mercado de la seguridad en Colombia no se queda atrás y factura más de 7 billones de pesos anuales. Son máquinas de guerra y muerte, destinados al mejor postor. Expertos en actividades de comando especial, capacidad de infiltración. Asunción de acciones de alto riesgo y de valor estratégico. “Van los que tengan pasaporte al día, curso de comando, de lancero o de Fuerzas Especiales”, se lee en uno de los mensajes enviados a los exmilitares colombianos.

Salen, porque se les venció el tiempo de servicio y no logran continuar en ascenso en un ejército exclusivista, racista, discriminador, que funciona como pirámide; o por que los retiraron por fallas disciplinarias; o por dudas en sus actuaciones; o por haber cumplido condenas; o estar procesados, disciplinaria y en ocasiones penalmente.

Han pasado parte de sus vidas en función de combate. Salen con una pensión “decente” ante la miseria de sueldos y pensionados del grueso de la población colombiana…Pero su mente metalizada y distorsionada, sucumbe, cual imán, ante oferta aun inferiores a US$ 5.000 dólares mensuales.

Lo de “contratistas” obedece a la “contratación” de un objeto ilícito y de carácter inconstitucional, tanto en Haití, como en el ordenamiento jurídico en el país contratista. Lo escabroso de todo esto, es que los tentáculos de los paramilitares en Colombia se hacen evidentes con estas acciones de mercenarios, que es sinónimo de actividad criminal desempeñada por sicarios.

Vínculos y negocios

Quedaron identificadas las firmas CTU Security y Worlwide Capital Lending Group, como las que dirigieron el reclutamiento y la acción criminal.

El conocido reclutador de los exmilitares colombianos, Tony Intriago, es un venezolano, antichavista, residenciado en Miami y preside la compañía CTU Segurity y también posee un club de tiro del mismo nombre. Fue activo en Colombia en el año 2.012, haciendo campaña para que no votaran por Chávez. Informes de prensa lo ubican como conocido en trato y comunicación con el sub presidente Duque y participó, el 23 de febrero de 2019(23F) en la organización del Concierto en Cúcuta, en donde asistió junto con el presidente Piñera. Otro involucrado en los reclutamientos de sicarios es Alfredo Santamaria, empresario y político estadounidense, residente en Miami, conocido del sub presidente y del innombrable en el poder. Existen fotografías que circulan, cual testimonio gráficos de esos vínculos…

Hacia el 16 de julio se difundió noticia sobre el policía mencionado en el magnicidio: Ronal Ramírez, un curtido ex oficial, de 35 años, se acaba de presentar a una sede de la Policía, luego de que su nombre y foto aparecieron vinculados a la investigación por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio. Se trata del piloto Ronal Ramírez. El exoficial policial, admitió reuniones con emisarios de firma CTU Security y explicó viajes a Puerto. Príncipe. Ramírez tiene al menos dos ingresos recientes a Haití y se habría desplazado a Panamá con Duberney Capador.

El consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín Cotrino, confirmó que el exsargento, Mauricio o Manuel Antonio Grosso Guarín, entrenado en fuerzas especiales y contraguerrilla, uno de los 13 colombianos capturados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, es su primo.

Es de resaltar la columna de opinión, de Olga Gallón, quien propone la muy sensata posibilidad de que los tales «muchachos» e «idiotas» sean miembros de las Águilas Negras, que han empezado a volar a otros países de América Latina a hacer lo mismo que vienen haciendo en Colombia desde hace doce años.

Para la política liberal Piedad Córdoba: la novedad se da por la ofensiva continental de la derecha, la degradación intervencionista de la DEA norteamericana y el mercenarismo de exportación, en el que lastimosamente nuestro país juega un papel protagónico.

Para Héctor Abad Facio Lince en El Espectador, acusa a las Fuerzas Militares de ser un “costal lleno de manzanas podridas”. De manera, que han quedado al descubierto todos los niveles de compartimiento que conllevaron al asesinato del presidente haitiano.

Analistas resaltan que el sub presidente Duque y su ministro Molano están en mora de asumir las responsabilidades por acción y por omisión del Estado colombiano en la operación mercenaria en Haití que involucra a ex militares y 6 militares activos, así como por las actividades en Colombia y sus relaciones con funcionarios del gobierno de la compañía mercenaria CTU Security, del venezolano miamero Tony Intriago quien posa orgulloso en plena campaña presidencial uribista en la Florida y compartió tarima con toda la derecha continental en el concierto de Cúcuta. Se habla de Colombia como una cantera de mercenarios, residuos del conflicto armado interno.

ACORE – Asociación Colombiana de Reservistas- el pasado 9 de julio, en la emisión del mediodía de Noticias Caracol, su presidente, John Marulanda, se refirió a los mercenarios colombianos que participaron en el asesinato del presidente de Haití como unos «muchachos engañados» y como unos «idiotas útiles». Daba grima verlo pronunciar estas palabras. – ¿Muchachos? Los más jóvenes tienen cuarenta años. Sus afirmaciones generaron controversia. Acore registra 420.000 afiliados en uso de retiro impune, la mayoría. Ello unido a 500 mil efectivos activos de la fuerzas armadas, demuestra el potencial electoral de derecha, cual corriente partidista reaccionaria a cualquier cambio político, social, económico y de búsqueda de salida política, al fin del conflicto armado interno que padece Colombia.

Este pasaje de Haití explica el origen de las Águilas Negras, en Colombia. Si hubiere una Fiscalía consecuente a sus funciones, auscultaría en la tesitura de la responsabilidad con causal del hecho punitivo, de las masacres y asesinato a líderes sociales, por el aspecto teleológico de beneficio a la persona jurídica partidaria en el poder, registrada como Centro Democrático.

Lo de Haití continuara siendo una cantera en que aparecen múltiples consecuencias e implicaciones.

Desplazados y terrorismo de Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Eso de considerar que el gobierno de turno no preveía una escalada social de la protesta política en Colombia, incurriendo en des gobernabilidad, no es de por sí cierta; como quiera que obedece a la tozuda posición de la oligarquía colombiana, en su infinito poder de dominio, de no aceptar que los métodos de domesticación social aupadas con las prácticas sangrientas de Terrorismo de Estado aplicadas, desbordaron en ineficaces; demostrando cuan equivocadas están al pretender desconocer la fuerza arrolladora de un pueblo organizado.

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta publica es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares. La verdad de Perogrullo en Colombia es que las fuerzas militares aplican mano dura a la protesta política. Asocian la violencia desatada durante la protesta política y social, con sinónimo de vandalismo. Siempre argumentarán el libre tránsito de calles y vías; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ese el escenario natural de las protestas. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el Terrorismo de Estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y para estatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contra insurgencia a uno de supuesta legalidad. Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana, aplica practicas militares.

Como resultado de la intensificación de la lucha armada en el país y en consecuencia, la generalización del conflicto armado interno en diversas áreas de la geografía colombiana; en este año de 2.021, se han multiplicado los desplazamientos de población campesina e indígena, hacia zonas urbanas. Ello obedece al favorecimiento de la expansión paramilitar en los territorios más altamente militarizados. Demostrado está que las zonas y áreas de influencia de las antiguas FARC, fueron copadas con efectivos militares. Debieron, pero no lo hicieron, aplicar los lineamentos de un Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, tal como lo contemplaron los Acuerdos de La Habana, para lograr el ingrediente de la No Repetición. Pero esos Acuerdos no fueron implementados por la derecha militarista en el poder. Por el contrario, haciendo uso de una política contra insurgente, sembraron el campo de bandas criminales- las bacrim- y en cínica alianza de ayuda colaborativa, del elemento y recurso paramilitar, intensificaron los enfrentamientos de esas estructuras, con las fuerzas insurgentes, en tanto la oficialidad y el generalato “se lavan la cara” ante el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

El desplazamiento forzado afectó a 32.217 personas en 106 eventos masivos (Cohodes 2020.). En Nariño: 11.470 personas desplazadas, siendo la población afrodescendiente, la mayor afectada con número de 9.150 personas; mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas. Es el Pacifico colombiano, el de mayor número de personas desplazadas: 21.932. En Ituango un número superior a 5.000 desplazados, que se resisten a regresar a sus parcelas, por carencia de condiciones y permanencia de los enfrentamientos armados. Eso sí, sin cansar de repetirlo: son enfrentamientos y combates entre grupos paramilitares y las guerrillas insurgentes, sin pasar la hoja del sainete montado por la inteligencia militar y la política de contra insurgencia narco paramilitar en el poder, de ser enfrentamientos entre las distintas huestes insurgentes colombianas.

Para este año 2.021, la espiral de desplazamiento interno de población afectada por el conflicto armado es del 103%. Tanto en el Norte caribeño y el nororiente, en el sur del Departamento de Bolívar, en el occidente antioqueño y chocoano; en el la región occidental; el Arauca y el Catatumbo, el cuadro de afectación a los derechos humanos es dramático.

Hoy se está en una situación de desplazamientos y enfrentamientos armados, superior al previo escenario del proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas insurgencias de las FARC-EP- que en modo alguno puede calificarse como un “proceso de paz”.

La permanencia narco paramilitar

La oligarquía militarista vende la idea que existe un “nuevo” paramilitarismo. Falso. Es el mismo paramilitarismo, develado, denunciado y condenado, el que actualmente funciona en Colombia. Siempre como recurso, imposible de prescindir, del ejército made in Usa, que opera en territorio colombiano. En la medida en que persiste el conflicto armado interno en Colombia, el para militarismo continua con soporte institucional, de terceros empresarios y vehículo del lavado de activos, tal cual es su naturaleza: un instrumento contra insurgente de dominación, control y miseria contra el pueblo colombiano.

El resultado de la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, y la hechura en trizas de su contenido documentario, ha cumplido el interés de la derecha militarista: la intensificación del conflicto interno armado. Logrado que, en vez de unas FARC, existan “tres en una”. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); tanto por su inclaudicable consecuencia política, en una desgastante permanencia de sus negociadores plenipotenciarios en Cuba; como la no suplencia de la lucha armada en Colombia. Ello implica reiterar su vigencia, trayendo consigo el caracterizar como fuerza insurgente, a los antiguos reductos del Ejército Popular de Liberación (E.P.L), conforme a su sello de vocación de poder popular e insistencia de una salida política negociada al conflicto interno armado colombiano. De igual manera y así sea de soslayo, adelantar, que consecuencia a la no solución a los reclamos populares en la calle y el tratamiento contra insurgente dado a la protesta social en Colombia, ha traído, ello consigo, la inevitable irrupción de la guerrilla urbana en Colombia.

La opinión pública internacional ha asimilado esta constante de situación en Colombia. Comprendido que la llamada guerra contra los drogas, continúa siendo un instrumento imperial de domino geopolítico. Que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en la instalación y perfil de un Narco Estado en Colombia; precisamente porque el negocio consiste en que el narcotráfico no se extinga y variantes como la legalización de la marihuana, se imponga.

Así le llamen eufemísticamente “cannabis” y su uso medicinal; está demostrado que solo la legalización universal de las drogas narcóticas es lo procedente y la sola legalización en un solo país, no ha traído solución definitiva al problema, de por si capitalista, como lo es el narcotráfico y su incidencia económica mundial.

Propio para el programa de matarife

La Confesión explícita del ex presidente innombrable, en el año de 2.006, en una entrevista en la W Radio, sobre la desmedida y concebida retórica presidencial, buscando desdibujar su activo papel paramilitar desde su paso por la Gobernación de Antioquia; el señalamiento en el número 82 como entre los 100 narcotraficantes buscados por la DEA; su confesión en esa entrevista difundida, de haber actuado armado, enmascarando o encubriendo actuación directa suya en operativo contra insurgente, de la fuerza pública contra un grupo de supuestos guerrilleros, que amenazaban la sagrada propiedad de sus tierras Ubérrimas, en Córdoba. Así aludido, trajo consigo, conforme a su relato, un golpe al Ejército Popular de Liberación (E.P.L), veinte años atrás; o sea hacia 1.986 y que, conforme a juristas populares, procede la acusación penal en su contra.

Esto, sumado a la distracción por las grandes contradicciones que generan sus acciones en las alturas del poder; ocultar el desgaste político que le ha representado su errada y asnal actitud frente al reclamo nacional de las Madres de Soacha y de reclamos de desaparecidos durante sus dos periodos de gobierno; perpetuando la dictadura civil de Terrorismo de Estado en Colombia; serían estos algunos del largo enunciado de situaciones que la desmedida escena de un ex presidente, fuera de sus cabales, denota.

Esa confesión paramilitar del innombrable y el mutismo del generalato de la época, se registró para entonces, en la entrevista a a él hecha, que publicaron los medios de alienación masiva (M.A.M). Demuestran su concepción paramilitar y de “justicia” por su propia mano. Relata como hace más de 20 años, con pistola en mano, participó en un operativo de la Fuerza pública (Policía y D.A.S) y se enfrentó a un grupo o cuadrilla de supuestos integrantes del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.); obteniendo como resultado ocho bajas de los subversivos. Todo sucedió en predios de su Hacienda ganadera La Ubérrima en el Departamento de Córdoba, donde aún hoy afirman los uribeños: “todos somos paramilitares”.

(En Semana, Texto completo de la entrevista del presidente Uribe en la W Radio

3/12/2006): Dice: “Yo he tenido que enfrentar muchas situaciones de intento de secuestro a mí, a mi familia. Recuerdo que una vez casi me secuestran en el Ubérrimo, el EPL. Todo terminó porque yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la Policía a enfrentar esos tipos, capturaron 8, ahí mismo fui donde los jueces de la República y les dije: espero que los traten con todo el respeto a los Derechos Humanos. Por ahí debe estar eso en los expedientes, como ha habido tanta leyenda de la oposición –me gustan estas entrevistas para poder enfrentar eso- y los tuvieron en la cárcel. Vino la amnistía al EPL, los soltaron y lo primero que hicieron fue que llegaron a la finca y se robaron 178 novillos”.

De manera que lo presento como propio para investigador, cuál fue la verdad sobre esa acción justiciera. Y lo traigo a colación, por encajar como anillo al dedo, a la vituperable practica de la “gente de bien” con camisas blancas, dispuestas a continuar actuando como sujetos de contra insurgencia en las ciudades.

PARADOJAS DE PARADOJAS: LO PARADÓJICO Y ALGO MÁS

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Columna Libertarios y liberticidas (3).
Tercera época.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Cuando un lector no tan desaprensivo, y con una cierta dosis de agresividad indisimulada me dice, con respecto a algunas afirmaciones mías, que formulé hace poco tiempo, acerca del desdichado caso de Colombia, una nación donde el valor de la vida humana no existe o no tiene el relieve que debería tener, que si yo he vivido en ese país (o si lo he visitado alguna vez) para hacer las afirmaciones que hice o cualesquiera otras me digo a mí mismo, sólo me queda responderle por reducción al absurdo que, por mi parte he conocido a innumerables gentes que han vivido buena parte de su vida en el territorio colombiano, las que de manera paradójica se caracterizan por un desconocimiento oceánico acerca de lo que ocurre en ese país en los órdenes de lo social, político, económico y cultural. Es más, ni siquiera han abierto un libro referido a la historia reciente de dicha nación, o al menos sobre algunos aspectos de la increíble geografía de un inmenso país atravesado de norte a sur o viceversa por tres ramas de la cordillera de los Andes, entre las cuales corren dos gigantescos ríos: el Cauca y el Magdalena que se unen ya en las tierras bajas para formar un inmenso caudal de aguas que va a desembocar en el Mar Caribe, a un costado de la populosa ciudad de Santa Marta, y con un inmenso puente que permite atravesarlo de oeste a este y viceversa…”por el puente Pumarejo, tu nunca te pones viejo… Río Magdalena, de mi Colombia querida” como dice una canción popular del Caribe colombiano, esa exuberante tierra de “corronchos”, alegres y parranderos, bailadores y bebedores de anisados. En mi caso, mi interés por ese país es ya muy viejo, no diré cuanto, pero es anterior a mi primera llegada a Bogotá, hace ya más de cincuenta años, la que no he dejado de visitar en distintas épocas, desde entonces no he dejado de leer, conversar y preguntar (y preguntarme) sobre los más diversos temas que atañen a ese país y a sus gentes, lo que tal vez hubiera hecho aún sin haber puesto nunca un pie en esa urbe que parece una enredadera pegada al brazo oriental de la cordillera de los Andes, ese donde todavía en tiempos del libertador Bolívar caía nieve, y algunos autores afirman que tenía en sus cumbres un glaciar que desapareció ¿cosas del calentamiento global acaso?. El conocer sobre un país, una sociedad y sus gentes no incluye como condición sine qua non el haber vivido en sus tierras, ni sólo entre cachacos, no importa si rolos, santanderianos, boyacenses o paisas… como así, mis amigos… ¿O será que mi interés inconsciente viene de haber sabido, durante mi niñez, que mi abuelo chiricano peleó en la guerra colombiana de los mil días (1899-1902), en las filas del Partido Conservador o sea el bando equivocado para mí, cuando era un joven campesino, y fue instigado por los curas y los terratenientes para que expusiera su vida para defender sus intereses?, para después una vez derrotados los godos, atravesar la frontera hacia el oeste, o más bien sur costarricense, y no regresar jamás a esa tierra raptada por el imperio norteamericano para hacer un canal, la que después pasó a llamarse Panamá, una nación hija en principio de un despojo a Colombia, y una oscura negociación entre franceses y estadounidenses.

Ya pasaron más de 16 años desde que los Estados Unidos y Francia, diz que con el apoyo de la ONU, sacaron del poder al presidente Jean Bertrand Aristide por haberle exigido a Francia la devolución de los 21 mil millones de dólares (a valores actuales), esa desmesurada suma que los haitianos debieron de pagar durante más de un siglo por haber sacudido, en 1804, las cadenas del colonialismo y la esclavitud. Desde entonces, nadie o casi nadie habla de Haití, de esa nación que es el pariente pobre y olvidado de la francofonía, de esa nación que se cae a pedazos, donde unos mercenarios colombianos acaban de asesinar a uno de sus presidentes, mientras tanto en el parisino Palacio del Elíseo los presidentes guardan silencio, tanto como lo hacen en el Quai de Orsay los encargados de las relaciones exteriores de Francia… silence on ne écoute rien….desolés mes amis haïtiens la France n´a pas aucune responsabilité a cet égard.

Más allá de las vicisitudes del régimen revolucionario surgido en 1959 en Cuba, con el que podemos estar o no en desacuerdo, tener una visión, más o menos crítica o no, de la trayectoria histórica seguida por éste, lo cierto es que estamos seguros de los que los piratas de la Casa Blanca jamás indemnizarán al pueblo y a la nación cubana por los graves daños causados a su economía, tanto como a sus ciudadanos, los que han sufrido incontables pérdidas en todos los órdenes. Esos miles de millones de dólares escamoteados por los sucesivos gobiernos estadounidenses, a través del embargo, las sanciones y las leyes Helms Burton y Torricelli jamás serán devueltos al pueblo cubano. El colmo es que mucha gente piensa que debemos aplaudir semejante felonía.

Dentro de lo que debería ser visto como el colmo de la estulticia y de la maldad, tenemos que el grado de crueldad e insensibilidad de buena parte de la migración cubana (en especial el liderazgo de la ultraderecha que vive en La Florida, a la que hay que distinguir del exilio cubano democrático, o simplemente económico proveniente de toda América Latina) hacia los sufrimientos de sus compatriotas que habitan en la isla y fuera de ella (al no poder ayudar a sus familiares), en medio de la pandemia, y de innumerables carencias que se han visto agravadas por innumerables medidas que imposibilitan a Cuba hasta para adquirir respiradores, jeringas y medicamentos, un país al que luego atacan en términos de lo que llaman, con cinismo, en las redes sociales las “deficiencias” de la medicina cubana, lo que resulta ser una profecía autocumplida, al ser ellos los victimarios que actúan para que las cosas desmejoren, dentro de un continuo accionar despiadado del lobby cubano de La Florida, que raya en la maldad y la locura homicida, además de que asume, de manera ilegítima, la voz de todos los cubanos del exterior. Como apreciarán los lectores, estamos en un universo de innumerables paradojas y mucho más.

Un 20 de julio sitiado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.

Informe: “Avances y retrocesos de los ODS en Colombia” Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

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Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Desde la iniciativa Despertando al Gigante, Niñez Ya, la Plataforma Interreligiosa Fe y Desarrollo y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, como World Vision y del sector interreligioso, alertan y hacen un llamado prioritario durante el lanzamiento de los informes, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se han visto seriamente retrasados por causas estructurales a nivel nacional, agudizadas por los efectos devastadores de la pandemia.

Acorde al informe de la Iniciativa Despertando al Gigante, ¿Cómo vamos en los ODS en Colombia hasta el 2020?, Colombia atraviesa por la peor crisis económica en su historia desde 1975. Si bien los efectos de la pandemia sobre la economía han agudizado la pobreza y el hambre en el país (ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 2: Hambre Cero), es cierto que las causas de ambos fenómenos son de naturaleza estructural. Esto se sustenta en el hecho de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.

Según las cifras oficiales del DANE, la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel nacional ha incrementado significativamente según el coeficiente Gini al pasar de 0,526 en 2019 a 0,544 en 2020, alejándose de la meta que tenía el gobierno nacional de reducir este indicador a 0,470 para el 2022. Además, se ha incrementado el nivel de pobreza, evidenciando que 21 millones de colombianos viven en pobreza monetaria al tiempo que 7,5 millones viven en pobreza extrema; antes de la pandemia el 90,9% de los hogares colombianos consumían tres comidas al día, para el 2020 este porcentaje se redujo y la cifra de hogares que sólo pueden consumir una comida al día ascendió a 137.000.

Una preocupante realidad que se ve reafirmada por el informe de Niñez Ya, Los ODS están en riesgo, el cual revela que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria y el 10,8% de los menores de 5 años de edad padecen de desnutrición crónica, 1,6% desnutrición aguda y 6,4%, sobrepeso.

Problemas socioeconómicos que impulsan el trabajo infantil e incrementan los matrimonios tempranos. Situaciones que, antes de la pandemia, ya permitían proyectar que para el 2030 no se lograría cumplir con la meta de reducción del hambre en el país, posibilidad que ahora se aplaza al año 2040 por retroceso en el crecimiento económico.

Por otro lado, Colombia cerró el 2020 con cifras preocupantes frente al ODS 3: Salud y Bienestar, por ejemplo, en salud materna infantil y muertes no fetales. Una alarmante realidad que se complementa con el incremento de la no asistencia de niñas, niños y adolescentes a centros clínicos y hospitalarios para sus controles de desarrollo y atenciones en salud, lo cual se agrava en el caso de las personas con discapacidad, cuyas cifras de inasistencia son mayores al 76,6%.

También incrementaron los problemas emocionales; las encuestas registran entre niñas, niños, adolescentes y adultos síntomas recurrentes como preocupación, tristeza, dificultades para dormir, aburrimiento y cansancio, lo que denota presencia de enfermedad mental.

Adicional a lo anterior, acorde a los informes, en Colombia, las niñas y niños menores de 5 años de edad mueren, entre otras razones, por trastornos respiratorios e infecciones respiratorias agudas. Cifras que hacen parte de los hallazgos del Acción por el Clima (ODS 13), donde además se resalta de manera positiva el incremento en el uso de la bicicleta para la movilidad en Bogotá, la ciudad capital, que logró disponer de 84 kilómetros adicionales a los 550 kilómetros preexistentes de carriles para las bicicletas en tiempos de pandemia.

Frente al ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, si bien para el 2020 el índice de homicidios presentó una mejora respecto a años anteriores, es preocupante que se sigue ejerciendo violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (DD.HH). Sumado a ello, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una de las tensiones que tiene Colombia sin resolver para lograr la paz sostenible y duradera, evidenciando que entre enero y diciembre de 2020 se registraron 79 eventos que afectaron a por lo menos a 222 niñas/os y adolescentes.

Llamados a la acción efectiva y concreta

Desde la iniciativa Despertando al Gigante, Niñez Ya, la Plataforma Interreligiosa Fe y Desarrollo y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, como World Vision y del sector interreligioso se hace llamado, especialmente al Gobierno de Colombia a:

– Establecer como política del Estado colombiano una renta básica incondicional para los hogares en situación de pobreza monetaria y pobreza extrema, incluidas las familias de los migrantes.

– Avanzar con mayor celeridad en la implementación de las políticas públicas que protegen de manera integral a las familias y la niñez.

– Dar un enfoque territorial a los planes de desarrollo nacionales y territoriales a fin de superar la brecha existente entre las zonas urbanas y rurales.

– El monitoreo permanente y el acompañamiento en situaciones de violencia ejercida en contra de los líderes sociales y los defensores de DDHH.

– Priorizar la intervención efectiva en los departamentos donde se conjugan las mayores prevalencias de desnutrición y niveles de afectación por el COVID-19, incluyendo a los territorios con mayores probabilidades de inseguridad alimentaria por falta de producción o incapacidad de adquisición de alimentos. Para ello se deben tener en cuenta las necesidades particulares por edades y sectores poblacionales como los grupos étnicos y las personas con discapacidad.

Adjuntamos el enlace al documento oficial:

https://drive.google.com/file/d/1Zso1FVXdm5eqdPM3III1d61Nd0CdLjPz/view?usp=sharing

Análisis del estallido político

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Por Carlos Meneses Reyes

 I.-Tras dos meses de manifiesta actividad popular en el desarrollo del Paro Nacional, corresponde ubicar los derroteros tomados por el movimiento de protesta, resaltando los virajes del mismo, en los objetivos de un fin propuesto.

Cual doloroso trámite de un parto para la sociedad colombiana, el resultado de las situaciones y efectos producidos son múltiples. Comenzando que por la injerencia de una magistrada de pretender condicionar la realización de manifestaciones y protestas, propios de un Paro Nacional a “permisos” por conceder; la decisión de la Alcaldía de Bogotá de revocar la autorización a los organizadores o Comité Nacional de Paro (CNP), de instalación de tarimas de oradores en la plaza de Bolívar; la actitud de dilación en el reconocimiento y trato de representatividad del Comité de Paro Nacional (CPN); designaron, desde el primer día, el propósito de darle a la protesta social, un tratamiento contra insurgente.

Blandieron el uso y aplicación constitucional, de dientes para afuera, como lo asimila la jerga popular, de protección y defensa de los derechos humanos y del derecho a la protesta y el condicionamiento de las armas oficiales, al uso de la fuerza a manera de distinción, proporcionalidad y el no uso de armas letales.

En total impunidad y mentira, han galopado sobre un estado de cosas inconstitucional (eci) y aplicado, con toda clase de calificaciones, estigmas, a cada una de las novedosas formas y contenido de las protestas que las jornadas callejeras han suscitado.

Se aplicó la más feroz arbitrariedad de las fuerzas armadas y el uso desmedido de la fuerza policial, sin distinción y con aplicación de salvaje insidia contra la juventud, en primera línea, en valeroso ejemplo de contención a los instrumentos de una dictadura en ejercicio.

Demasiados hechos políticos se han sucedido, que resumen toda la actividad del Paro Nacional. La constante manifiesta de la contra parte gubernamental ha sido: la de no conversar, de no dialogar, con los organizadores del Paro; como tampoco con los actores de concentraciones, manifestaciones y bloqueos.

Sin voluntad política para escuchar y reconocer las reclamaciones populares, primó la respuesta oficial y el uso de los efectos mediáticos. En respuesta, sobrevinieron las acciones de bloqueo, como expresión de la protesta popular. Estos bloqueos se generalizaron hacia las vías de acceso a las ciudades y carreteras de transito nacional, como resultado de la vinculación al Paro del sector de transportistas. En sucesión inusitada, las movilizaciones programadas resultaron superadas por las acciones de emprender de hecho, en las vías públicas; demostrándose la falta de capacidad y carencia de dirección del CNP ante la fuerza de los acontecimientos masivos que deparaba el accionar de las masas en el Paro Nacional.

La cadena de sucesos en el desenvolvimiento del Paro Nacional superó las figuras de estereotipos que sobre la protesta se tenía en Colombia. Pronto afloró que no se centraba en el contenido de pliegos de peticiones, reivindicaciones no cumplidas, o propuestas de carácter gremial o sindical y por ello la iniciativa del movimiento sindical colombiano, en ruta a niveles de escaños alcanzados, quedó superada por la exigencia de los sectores populares, palmariamente difundidas, lo cual conllevó a la connotación de carácter político del Paro; con el ítem, que su no reconocimiento político e intervención, en el caudal de la lucha popular, por parte de los movimientos políticos de oposición y del no rechazo de estas colectividades a las políticas de hegemonía oligárquica contra insurgentes aplicadas, ha derivado en un divorcio de lo programático partidario con lo coyuntural expuesto.

Las organizaciones políticas y partidos de oposición, por lo coyuntural de lo inmediato del debate y aspiraciones electorales, relegaron los vínculos que tienen con la lucha política por opción o vocación de poder, apartando o dejando a un lado la respuesta a los conflictos que agobian al movimiento popular colombiano, en lo económico, político, social, ecológico, con agenda propia y contradicciones subsistentes, hacia alcances de transformación estructurales.

Hablar de divorcio de las colectividades políticas de oposición, centra la discusión en la supremacía de la suerte de la vía electoral, cuando ello en modo alguno estaba en juego. Esto redunda en la resonancia al espíritu político de la dirigencia sindical, gremial, de organizaciones sociales; lo cual trajo como resultado la capitulación al leguleyismo santandereano, por parte de la Dirección del Comité de Paro. Se reemplazó así, la dinámica de la lucha y resistencia popular contra las medidas fascistas y dictatoriales, por la presentación de proyectos de ley, ante el corruptivo Congreso de la república y en momentos en que este asomó, como el principal enemigo de las luchas populares en Colombia y generador de tantos males.

El carácter comúnmente conocido o tradicional de Paro Cívico Nacional Indefinido, derivó en la huelga política, en el Paro Político Nacional (PPN). Ello explica la cortedad de manejo de la dirección del CNP, al aceptar la no capacidad representativa nacional de la mayoría de los sectores afectados, protestantes y manifestantes. Pero los cuadros sindicales no tuvieron la capacidad de dar el salto cualitativo a la caracterización política de la protesta y no quedarse en el mero calificativo de “estallido social”. Por ello la Dirección del Paro, se plegó a las estrategias de dilación y desconocimiento de la contra parte gubernamental. La contradicción suscitada en el seno de las organizaciones, movimientos, partidos y sectores sociales de la Asamblea de Delegados, no fue suficiente para otorgar una línea de trabajo a aplicar a la Dirección Nacional de Paro (DNP), con miras a superar las limitables de participación y asistencia, ante los efectos del rebrote político efervescente popular; manifestado en multiplicables sectores, de fuerzas regionales y de la sociedad civil, ante los cuales no tenía ni cubría alcance direccional.

 II.- En cuanto a los movimientos y/o partidos de oposición, no cualificaron con su soporte y participación de dirección y asistencia política al movimiento sindical en Paro Nacional; centrando todo su esfuerzo en lo participativo electoral. Ni siquiera asumieron el ejercicio “De la participación democrática de los partidos políticos”; desde el punto de vista de tema o asunto de recurrir a el cabildo abierto en los municipios; para en la práctica, superar las talanqueras o reparos impuestas a las expresiones de democracia directa participativa o “democracia de las calles”.

Se conoce que la reglamentación de lo constitucional, por parte de los hacedores de leyes narco para estatales, han relegado y desechado la naturaleza y eficacia practica de esos mecanismos de participación directa. Obvio que pesa la existencia de un congreso mayoritario narco oligárquico paramilitar, en el manejo estatal y gubernamental y en el recorte de inspiraciones del constituyente primario. No obstante, ello no es óbice para que sea la conducción política la que asume la superación de esos entuertos, de desconocer la cumplimentación y uso de participación de todos esos mecanismos constitucionales de democracia directa y no representativa. Comenzando por el voto mismo, en franca y total degradación, con un sistema electoral corrupto y de casino que aún a costa del desarme y desmovilización de una fuerza insurgente, lo mantienen sin asomo de implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. Todo por el culto al electorerismo, también conocido como “cretinismo parlamentario”; cuando la esencia de la participación electoral en Colombia incluye el elemento material de superar la corrupción, clientelismo, compra venta de votos; el terror y el engaño, ínsito, propio y connatural del sistema electoral corrupto, que atornilla a todo lo espurio y falso de la llamada “democracia” colombiana.

 III.- La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. El número de reivindicaciones y cambios estructurales que fueron surgiendo durante el trazado y desarrollo del Paro Nacional, demostró la dinámica del mismo y la ausencia confusionista de objetivos.

Con militarización y violencia el gobierno nacional obstaculizó la negociación.

El gobierno desvirtuó el carácter pacífico de la protesta. Demostró que al sistema nada le importa eso. Arremetió en forma salvaje y desmedida. La acometida con el uso indiscriminado de disparos a los manifestantes, apoyados de civiles armados, resaltó en lo desigual del conflicto en escena; evidenciando la aplicación y el uso del paramilitarismo en lo urbano. Por ello se plantea que el tratamiento dado a la protesta fue contra insurgente.

A lo gubernamental afectó la irrupción de descontento, cual expresión política, sin depender de movimiento político orientador. Tanto el origen del conflicto actual como su no solución, implica que el único responsable de los efectos, en todos los planos, por resultado del Paro Nacional, es el actual gobierno del sub presidente Duque. La protesta generalizada y radicalizada surgió, por incompetencia e ineficacia gubernamental, en lo conocido como desgobierno, cual estallido de resistencia al régimen imperante y al modelo económico neoliberal. Allí radica la esencia de la protesta y el meollo del asunto a resolverse.

A la fecha se puede afirmar que el asunto, como materia y motivo a resolverse es de resultado y esencia originaria de motivación política, como protesta interminable y en escala, que suscitó el Paro Nacional desde el 28A, en forma creciente, ascendentes, de espiral imparable. No se registra antecedente que la represión policial-militar pueda dar al traste con esta clase de protesta política.

Por el contrario, se ha demostrado que aún sin un organismo de dirección activo, los enfrentamientos continúan en muchas ciudades capitales de departamento y la lluvia de reclamaciones y exigencias regionales, aumentan.

El gobierno le apuntó al desgaste de las dirigencias y de los manifestantes. Al enfrentamiento de estos con los sectores sociales en receso y población afectada por las acciones y movimientos de protesta. Descargó toda su culpa e ineficacia en la conducción gubernamental de solución al asunto, bajo la premisa de la dilación, la negación a la violación de los derechos humanos, la no condena a la violencia policial, lo cual redundaba en el camino explicito para el desmonte del Escuadrón de la Muerte Policial-Esmad, la reforma y cambio estructural de la actual policía militarizada y la apertura a un Nuevo Pacto social en Colombia.

 IV.- Los fines esenciales constitucionales del Estado han sido colocados en entredicho. El ejercicio de la soberanía popular en forma directa, vilipendiada. Violado el derecho a la vida y aplicado de facto el recurso de la muerte, con el asesinato, el desaparecimiento físico y tortura a los jóvenes. El trato y protección a ciudadanos, sin discriminación a marginados, minorías, pueblos autóctonos, fue desconocido. Los derechos sociales, económicos y culturales, mancillados; así como no reconocer, el carácter inalienable de los bienes y servicios públicos, a ojos vista privatizados y objeto de la furia inclemente de la indignación generadora de repulsa colectiva, en una acción que podría considerarse- en el imaginario popular- de descalificación y no empoderamiento de protección, como propio, hacia la cosa pública.

Así la situación, transcurridos dos meses de protestas no reconocidas e imparables; todo en Colombia está por darse. La Resistencia, continúa. No se requiere de una inteligencia preventiva para que el establecimiento acepte que días de mayor radicalización se darán y en vísperas del festejo de la primera independencia nacional y la lucha por la segunda independencia definitiva se está abriendo con mayor intensidad. Transitamos por la segunda oportunidad y bajo la premisa que “no hay mal que dure cien años, ni país que lo resista”.