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Etiqueta: complicidad

Racismo, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina

Reseña del programa, Conversando sobre el racismo, con la participación de los profesores Jorge Barrientos y Nicolas Boeglin en Radio 870 UCR

¿Hay racismo en el genocidio en Palestina? Para responder adecuadamente a tal pregunta, es necesaria una contextualización sobre el conflicto. Se puede hacer énfasis en los eventos ocurridos a partir del siglo XIX, entre los que destacan las corrientes nacionalistas que tomaron auge en Europa y entraron en tensión, entre ellas el nacionalismo judío y el movimiento sionista en 1897, como una repercusión al odio ideológico que existía contra los judíos en Europa. De tal manera, y en busca de un territorio donde vivir, la población judía se organizó puesto a que están dispersos en diferentes lugares de Europa al ser una nacion sin tierra y esto se logra con ayuda del movimiento sionista.

Ahora bien, esta idea empieza a reforzarse desde 1910-1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco Otomano era el que tenía  posesión sobre Medio Oriente, de manera que administraba la región de Palestina. El movimiento sionista tenía la intención de asentarse en esta región que contaba con las tres religiones reveladas, además de ser una región estratégica de recursos naturales y rutas comerciales, por lo que la región siempre se ha visto involucrada en diferentes tipos de conflictos incluso desde tiempos del Imperio Romano.

Después de la Primera Guerra Mundial, la religión de Medio Oriente es repartida entre el imperialismo británico y francés, de manera que los británicos tenían acuerdos con los movimientos sionistas para propiciar la llegada de población judía a Palestina. Sin embargo, incluso durante estas situaciones, ya existía población judía en Palestina y convivían sanamente. Es después de la Segunda Guerra Mundial que se fomentan mucho las migraciones y la toma o la compra ilegal de las tierras de parte de la población judía hacia la población campesina y empobrecida de Palestina. Sin embargo, anterior a esto, es importante recalcar cómo el movimiento nazi-facista se encargó de expulsar a la población judía de toda Europa. El problema que esto representa es que tanto el movimiento sionista así como el movimiento nazista buscaba colocar a la población judía en Medio Oriente y es a partir de aquí, después del Holocausto, que se hace necesario colocar a la población judía en un territorio estable, libres de la violación de derechis humanos de los que fueron víctimas.

Con la polémica distribución territorial de la ONU en 1948, en la que se parte a Palestina en dos fracciones, en la que se le da un 56,88% al nuevo Estado de Israel y aproximadamente el 42, 50% al territorio palestino, es cómo empieza la primera guerra entre arabes-judíos, en la que se empezó a expulsar por la fuerza a los palestinos de sus casas, trabajos o actividades.

Un aspecto fundamental es el Derecho Internacional Público. Este existe a partir de 1945 en semejanza a la creación de las Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Además, a partir de 1958 se crea la Corte Penal Internacional que no juzga Estados, sino que juzga a indivivduos que en el ejercicio de su funciones no sancionan a sus subalternos que cometen actos repudiables tales como el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Esta función del Derecho Internacional Público se está cerrando frente al Estado de Israel, el cual está totalmente descarrilado y  que a modo de venganza, la emprenden contra la población civil palestina en Gaza. Con declaraciones oficiales del Primer Ministro así como del Ministro de Defensa, hay toda una narrativa para deshumanizar a los palestinos, con el objetivo de hacer creer que el grupo Hamas es una organización militar terrorista y que toda la poblacion civil palestina apoya el terrorismo, buscando así la justificación de sus actos, de manera reiterada.

Se han asesinado incluso 100 periodistas, de manera que el Estado de Israel busca que no exista evidencia alguna que pueda contradecir lo que realmente sucede en Gaza, lo que lleva a que Israel viola completamente las normas del Derecho Público Internacional también irrespeta  que la población civil no puede ser considerada un objetivo militar. Por otro lado, el Derecho Internacional Humanitario es esa pequeña parte del Derecho Público Internacional que busca hacer un poco más humano lo que por definición es inhumano que es la guerra. Protege a la población civil, las ambulancias, los hospitales, las que Israel está destruyendo además de la infraestructura pública como las universidades, mezquitas, iglesias y bibliotecas. 

Hamás, fundado en 1987, reaccionó al extremismo y violencia del ejército israelí, considerado por algunos como el primer perpetrador de terrorismo al atacar civiles. Israel controla Gaza, comparada a un campo de concentración, afectando severamente la vida de los palestinos.

Israel recibe apoyo significativo de potencias occidentales, como EE.UU., que proveen armas. Costa Rica, aunque se presenta como una nación pacífica, ha mostrado complicidad con Israel, priorizando relaciones comerciales sobre los derechos humanos palestinos. Los ciudadanos costarricenses deberían exigir una postura más crítica y solidaria. El genocidio en Palestina plantea una pregunta crucial: ¿cómo reaccionarían los costarricenses si enfrentaran una situación tan inhumana y aterradora?

Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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