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Etiqueta: comunidad

Este fin de semana Fundación Caminantes de Costa Rica invita a ¡De Cantón a Cantón caminando!

Una ruta histórica para disfrutar el paisaje urbano

La Fundación Caminantes de Costa Rica continúa promoviendo el turismo local y el ejercicio al aire libre con su Proyecto de Caminatas Urbano Históricas Cantonales. El proyecto de Caminatas Urbano Históricas Cantonales busca promover el conocimiento y valoración del patrimonio cultural e histórico de los cantones de Costa Rica a través de recorridos a pie. Estas caminatas buscan conectar a las personas con su entorno, fomentando la movilidad sostenible y la apropiación del espacio público.

Este fin de semana, los amantes de las caminatas podrán disfrutar de una nueva experiencia: «De Cantón a Cantón», un recorrido de 5 km que unirá Santa Bárbara y San Joaquín de Flores.

La actividad se llevará a cabo este sábado 19 de julio de 2025, iniciando a las 8:30 a.m. desde la Iglesia de Santa Bárbara hasta la Iglesia de San Joaquín de Flores. El recorrido urbano incluirá puntos emblemáticos como Las Rosas, San Juan Arriba, Barrantes y Santa Cecilia, ofreciendo a los participantes una mezcla de historia, cultura y paisaje.

Recomendaciones para los caminantes:

  • Usar ropa deportiva cómoda y zapatos adecuados.

  • Llevar agua o bebida hidratante.

  • El costo de participación es de ₡3.000 e incluye guía acreditado y merienda.

Las inscripciones están abiertas mediante pago previo por Sinpe móvil al 6226-2080 (Fundación Caminantes). Para más información, pueden contactar al 7189-4252.

¡No se pierdan esta oportunidad de explorar dos cantones heredianos mientras se disfruta de una mañana activa y entretenida!

Tejiendo comunidad desde los bienes comunes de Grecia

Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) nos comparten una valiosa producción fruto de un proceso colectivo que tuvo lugar entre marzo y mayo de este año en el cantón de Grecia. Se trata de un trabajo colaborativo con el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, que dio como resultado una serie de materiales que documentan una experiencia de diagnóstico participativo desde los vínculos comunitarios y el cuidado de los bienes comunes.

Más que una investigación convencional, este proceso fue una construcción profundamente arraigada en el territorio y en sus múltiples voces. A través de recorridos, encuentros y acciones conjuntas, se tejió una mirada compartida sobre la riqueza social, cultural y ambiental que habita en Grecia. Desde el Puente de Piedra hasta la ASADA de San Roque, pasando por ferias, talleres, limpiezas de río y espacios de reflexión, se pusieron en diálogo las memorias, los afectos y las formas de vida que sostienen el cotidiano de la comunidad.

El resultado es una colección de boletines, podcast y materiales audiovisuales que no solo documentan este proceso, sino que también se ofrecen como herramientas vivas para quienes sueñan y actúan por territorios más justos, participativos y sostenibles.

Esta propuesta destaca cómo los bienes comunes no son solo recursos, sino también relaciones, saberes, cuidados y resistencias que se cultivan desde abajo, desde la vida cotidiana de las comunidades.

Te invitamos a conocer y descargar los materiales completos en el siguiente enlace:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/tejiendo-comunidad-desde-los-bienes-comunes-de-grecia/

Emergencia en Mata Redonda: deslizamientos amenazan 25 familias por inacción municipal

Los vecinos de Barrio La Salle en Mata Redonda, San José, enfrentan una grave emergencia habitacional debido a deslizamientos de tierra y riesgo estructural en sus viviendas, situación que ha sido agravada por las recientes lluvias. Un total de 25 viviendas se encuentran en peligro. La comunidad ha convocado a la prensa para visibilizar esta problemática urgente.

Antecedentes y situación actual

Desde 2019, los vecinos han presentado denuncias formales ante la Municipalidad de San José sobre los deslizamientos y el incumplimiento en los trámites por parte de la constructora del proyecto «Torres de Valencia». A pesar de que las denuncias fueron entregadas y selladas, no han recibido respuesta, lo que ha empeorado la situación. Entre los puntos denunciados se encuentra la eliminación de gaviones en el lado este del barrio, cerca de la entrada de la torre del ICE, donde se realizaron movimientos de tierra fuera del tiempo autorizado.

Actualmente, 25 viviendas están en riesgo por el constante socavamiento y los deslizamientos que afectan el talud sur de sus propiedades. Se observa un deterioro visible en las casas, colapso parcial de estructuras, deficiencias en los muros de contención y desplazamiento de materiales.

Acciones y omisiones institucionales

Las acciones municipales han sido consideradas insuficientes y fragmentadas. Una inspección del Comité Municipal de Emergencias valoró únicamente hasta la vivienda número 11, negándose a continuar por otra entrada que daba acceso al resto de las propiedades afectadas.

Los informes municipales han omitido información crucial, como la existencia de la avenida 24A, una calle pública detrás de las viviendas cuya canalización y mantenimiento son responsabilidad de la Municipalidad de San José. Esta omisión ha contribuido al deterioro y deslizamiento del terreno, y la Municipalidad ha intentado trasladar la responsabilidad a los vecinos. Además, no ha habido comunicación oficial ni seguimiento por parte de la encargada de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, Lorena Romero Vargas, a pesar de múltiples solicitudes y denuncias.

El Ministerio de Salud, en su informe técnico MS-DRRSCS-DARSHMR-EZA-IT-145-2025, con fecha 16 de junio de 2025, atendió la denuncia 116-2025 relacionada con problemas de desplazamiento de terreno y la inestabilidad en varias viviendas en Sabana Sur, Barrio La Salle, Avenida 16B. La inspección realizada el 12 de junio de 2025 encontró que el terreno inestable se orienta hacia el Río María Aguilar, causando daños estructurales en las viviendas. Se constató que la mayoría de las casas tienen tuberías que vierten aguas pluviales hacia un potrero en la parte trasera, debido a que la pendiente del techo no permite el drenaje hacia la Avenida 16B. Además, se identificaron episodios de deslizamiento en el terreno que se dirige al Río María Aguilar, lo que indica una alta saturación del suelo. También se confirmó la existencia de una naciente de agua en la zona del potrero.

El informe del Ministerio de Salud menciona que un proyecto constructivo denominado «Torres de Valencia» no pudo concretarse en el terreno propenso a deslizamientos (Plano Catastro SJ-638519-2000) debido a rechazos de instituciones pertinentes. Sin embargo, los vecinos afirman que se realizaron trabajos de movilización de tierras en esa zona.

Llamado urgente

Los vecinos requieren una intervención inmediata en las viviendas más afectadas, una inspección técnica integral de toda la zona, la inclusión de la avenida 24A en las soluciones técnicas, la asunción de responsabilidad institucional por parte de la Municipalidad, y una investigación de las omisiones de los funcionarios municipales.

Tribunal acoge medida cautelar y ordena restablecer abastecimiento de agua potable en comunidades de Oreamuno ante contaminación con clorotalonil

El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió parcialmente una medida cautelar provisionalísima solicitada por el abogado ambiental Álvaro Sagot Rodríguez y el ecologista Fabián Pacheco Rodríguez, en defensa del derecho humano al agua potable, la salud y la vida de poblaciones afectadas por la contaminación con metabolitos de clorotalonil en el cantón de Oreamuno, Cartago.

La acción legal, presentada contra el Estado costarricense y el Ministerio de Salud, cuestiona la resolución MS-DM-2187-2025, mediante la cual la ministra de Salud autorizó la suspensión de forma unilateral y arbitraria el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo N.º 38924-S), permitiendo niveles más altos de contaminación sin una reforma reglamentaria debidamente oficializada.

En su resolución de este 18 de junio, el Tribunal ordenó al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que restablezcan el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna a las comunidades abastecidas por las ASADAS de Santa Rosa, San Pablo y Cipreses, todas ubicadas en Oreamuno de Cartago.

Es importante señalar que estas comunidades no son las únicas que están consumiendo agua con niveles por encima de los límites establecidos en el reglamento. En todos los muestreos realizados por el Estado, las fuentes de agua que abastecen a toda la zona norte de Cartago incumplen la normativa de calidad del agua potable. Ante esta emergencia ambiental, el Ministerio de Salud optó, de forma transitoria, por aplicar valores máximos permisibles más altos para los metabolitos del pesticida clorotalonil, a pesar de su reconocida toxicidad, incumpliendo así el reglamento vigente.

Se acoge parcialmente la medida cautelar bajo la modalidad provisionalísima, considerando el bien jurídico salud y vida, además de la importancia del abastecimiento de agua potable en las comunidades (…) toda vez que se configura el presupuesto de extrema urgencia conforme el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo”, resolvió la jueza Ana Katarina Apú Hidalgo.

Los demandantes alegaron que la resolución ministerial vulnera principios fundamentales del derecho público y ambiental, como el principio de legalidad, el derecho a un ambiente sano, y especialmente el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al permitir —sin sustento legal ni procedimiento reglamentario— que se apliquen “valores máximos admisibles ajustados” para los metabolitos del agroquímico clorotalonil.

A su vez, la medida judicial responde a la revocación previa de tres órdenes sanitarias que desde octubre de 2024 obligaban al abastecimiento de agua potable segura en estas comunidades. Según el recurso presentado, levantar tales órdenes sin garantizar agua apta para el consumo humano expone a la población a daños irreparables en su salud y vida.

Los ecologistas solicitaron que, además de la medida provisional, se declare nulo el acto administrativo MS-DM-2187-2025 por ser una conducta abiertamente ilegal e inconstitucional, y se restituya la vigencia plena del Reglamento de Calidad del Agua Potable hasta que exista una reforma debidamente emitida por el Poder Ejecutivo.

La acción legal invoca también el principio in dubio pro aqua, que ordena priorizar siempre la protección de los recursos hídricos en contextos de incertidumbre, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, que respaldan el derecho al agua segura como condición esencial para una vida digna.

“Esta es una victoria parcial, pero urgente. La vida y la salud de cientos de personas no pueden quedar al arbitrio de una interpretación administrativa que relativiza el derecho humano al agua”, señalaron los demandantes.

El acto es absolutamente nulo por violar el principio de inderogabilidad singular del reglamento, al pretender modificar de facto una norma vigente sin pasar por el debido proceso del Poder Ejecutivo. Es un claro abuso de poder y una transgresión de derechos fundamentales”, declaró el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

Este caso demuestra cómo se sacrifican los derechos humanos y ambientales bajo argumentos administrativos e irregulares. Lo que está en juego es la vida y salud de cientos de personas que están recibiendo agua contaminada”, sostuvo Fabián Pacheco.

El proceso continuará en sede judicial mientras se analiza el fondo del asunto. Mientras tanto, se espera que las autoridades cumplan de inmediato la orden del Tribunal, garantizando el suministro seguro de agua potable a las comunidades afectadas.

Recurso interpuesto: https://drive.google.com/file/d/1n3m-Mh2Jbwx1ZjypggW8tPWHawiBocoP/view?usp=drive_link

Resolución cautelar: https://drive.google.com/file/d/1czVp16yUUDDQXvu6HnCzhL2K5wnpYf5q/view?usp=drive_link

Video Álvaro Sagot: https://drive.google.com/file/d/1tTRARi2_lr67wtEl4haOfcuFtEJ6e75e/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Alcalde de Montes de Oca declina participación en evento en Israel tras escuchar al Concejo Municipal y a la Comunidad

Por Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.

La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.

En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»

La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.

En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.

Montes de Oca, 5 de junio de 2025

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La globalización y la izquierda perdida: El giro inesperado de la rebeldía

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Durante gran parte del siglo XX, el internacionalismo fue uno de los ideales más nobles del pensamiento marxista. La utopía de una humanidad obrera solidaria, sin fronteras ni explotadores, luchando por la emancipación común, inspiró revoluciones, guerrillas, movimientos sociales y sindicales en todo el mundo. Sin embargo, la historia tiene sus ironías brutales: fue el capitalismo quien logró materializar un tipo de “internacionalismo”, pero completamente desvirtuado de su espíritu original. No unió a los trabajadores del mundo; unió al capital.

Este proceso, que tomó fuerza con el avance neoliberal en los años ochenta y noventa, fue bautizado como globalización. En su núcleo no había una humanidad compartida, sino una élite desarraigada que fluía sin obstáculos por el mundo: sin nación, sin dios, sin comunidad, sin límites. El capital se hizo verdaderamente libre, mientras los trabajadores se quedaron más atados que nunca. Para las élites globalistas, la patria dejó de tener sentido; para los trabajadores del mundo, la patria fue lo único que les quedó.

La globalización cosmopolita impuso un modelo cultural y económico único que se identificó con un orden mundial unipolar dirigido desde Washington y Londres. Lo hizo con un lenguaje seductor: “libertad”, “diversidad”, “progreso”. Pero esa libertad no era para todos. Era la libertad del capital para devorar el mundo, no la del obrero, el campesino e incluso la misma clase media, para conservar su dignidad. El liberalismo anglosajón, con su idea absolutista del individuo como entidad soberana, desgajada de toda comunidad, tradición o vínculo, se volvió dominante. Así, el individualismo no sólo reemplazó a la clase como sujeto político, sino que también vació de contenido a la nación, a la cultura y hasta a la espiritualidad.

Lo que Zygmunt Bauman llamó las consecuencias humanas de la globalización no fue más que el rastro de ruina y desarraigo que dejó ese nuevo (des)orden. Franz Hinkelammert, con mayor profundidad, denunció cómo ese huracán neoliberal se presentaba como progreso mientras aniquilaba toda resistencia real: familia, comunidad, religión, patria, incluso la propia realidad. El capitalismo no busca sólo dominar, sino disimular, desviar, negar.

En ese contexto, la izquierda se perdió. Se enamoró de los cantos de sirena del progresismo posmoderno, creyendo que abolir las fronteras, las naciones y los vínculos tradicionales era un gesto revolucionario. Abrazó un discurso anti-identitario que, en lugar de confrontar al capital, lo liberó de los pocos límites que aún tenía. En su afán de parecer moderna y correcta, la izquierda dejó de hablarle al pueblo real: el que trabaja, el que cree, el que pertenece.

Trató a ese pueblo como ignorante, retrógrado, discriminador. Le dio la espalda justo cuando más lo necesitaba. Y entonces ocurrió lo impensado: la rebeldía viró hacia la derecha. No hacia la derecha liberal del libre mercado, sino hacia una derecha conservadora, populista, incluso radical en algunos casos, que supo leer el malestar de los pueblos y apropiarse del relato de la defensa del arraigo, de la soberanía, de la identidad.

Una derecha que, paradójicamente, se ha comportado en muchos casos de forma más “marxista”, en el sentido de comprender la lucha de clases y oponerse al poder global del capital, que los autoproclamados marxistas del presente. Esta derecha, aunque llena de contradicciones internas (pues algunas de estas derechas siguen siendo fanáticas del mercado en lo económico y liberales en lo social), las hace hoy más cercanas a las masas que cualquier izquierda académica, elitista y desarraigada.

Esta es la gran paradoja de nuestra era: el capitalismo global hizo de la izquierda su aliada cultural, mientras la derecha recogió el hartazgo de los de abajo. Así, el espacio de la resistencia cambió de lugar. Pero este nuevo bloque conservador no ofrece un proyecto alternativo real: su retorno a la tradición muchas veces es superficial, y su crítica al capital no es estructural, como muchos deseáramos.

Por eso, si desde los pueblos se quiere disputar en serio el poder a esta derecha en ascenso, no se puede volver a la lógica liberal que ha dominado la izquierda posmoderna. No se puede seguir absolutizando al individuo por encima de la sociedad, negando los vínculos colectivos, las raíces culturales, las tradiciones, las espiritualidades, la nación. Esa lógica liberal-individualista es la verdadera aliada del capital global.

La verdadera emancipación y la construcción de un futuro justo no pueden construirse sin identidad, sin comunidad, sin soberanía, ni sin un profundo sentido de pertenencia que devuelva a los pueblos su lugar central en la historia. Sobre estos pilares se asienta la apuesta por un mundo multipolar, en el plano de las relaciones internacionales y el nuevo orden global. La disputa que se avecina ya no será entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, sino entre quienes defienden la vida con dignidad desde abajo, enraizados en sus pueblos, y quienes la convierten en mercancía, negociándola desde arriba en los fríos altares del mercado sin alma.

Expertos advierten sobre efectos del Poás en la salud de comunidades cercanas

La ceniza volcánica puede afectar significativamente la salud de las personas, sobre todo cuando hay una exposición prolongada o intensa a este material. El pasado 2 de mayo los investigadores Geoffroy Avard, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA), y José Pablo Sibaja Brenes, del Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Escuela de Química, de la Universidad Nacional (LAQAT-UNA), visitaron las instalaciones de la Cruz Roja Costarricense en Poás, con el fin de brindar un informe actualizado sobre la actividad del volcán y su impacto potencial en la salud pública.

Durante la reunión, se abordó el comportamiento reciente del cráter activo y se discutieron los efectos que la emisión de gases volcánicos y de ceniza de varios tamaños puede estar teniendo sobre las poblaciones aledañas al Parque Nacional, particularmente en lo que respecta a alergias, afecciones respiratorias y problemas gástricos reportados por vecinos.

“El volcán continúa emitiendo gases como dióxido de azufre y otros compuestos que pueden afectar a personas con sistemas respiratorios sensibles, especialmente si las condiciones meteorológicas favorecen su desplazamiento hacia zonas pobladas”, explicó Sibaja Brenes.

La inhalación de partículas finas presentes en la ceniza puede provocar irritación en la nariz, garganta y pulmones, lo que se manifiesta en forma de tos, estornudos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Quienes padecen enfermedades respiratorias como asma, bronquitis son especialmente vulnerables, ya que la ceniza puede provocar broncoespasmos o crisis asmáticas.

Además del sistema respiratorio, los ojos también sufren los efectos de la ceniza volcánica. Las partículas pueden causar enrojecimiento, ardor, lagrimeo constante y sensación de cuerpo extraño. La ceniza también puede causar resequedad, picazón e irritación en la piel, sobre todo en personas con condiciones dérmicas previas o sensibilidad. Asimismo, las mucosas de la nariz y la boca pueden resecarse o irritarse al estar expuestas al polvo fino.

En la actividad participaron representantes de la Cruz Roja de los comités de Grecia, Poás, Naranjo, Alajuela, así como del equipo de la Dirección Nacional de Respuesta (DINARE), quienes manifestaron su preocupación por la salud de los voluntarios y de los pobladores que podrían estar expuestos a estos agentes, como sucedió en las comunidades Cajón, San Luis y Cabuyal.

“Agradecemos a los investigadores de la UNA que han compartido su conocimiento y experiencia con los miembros de la Cruz Roja Costarricense, mediante las capacitaciones. Las cuales son fundamentales para fortalecer nuestras habilidades y prepararnos ante situaciones de emergencia relacionadas con fenómenos volcánicos y químicos. Su compromiso y dedicación no solo enriquecen nuestro trabajo, sino que también contribuyen a la seguridad y bienestar de nuestras comunidades”, agregó el paramédico Yeison Murillo Ulloa, coordinador de la actividad.

“Es importante que podamos venir a la comunidad para informar de primera mano el estado actual del volcán y las afectaciones que puede provocar. Agradecemos a Yeison por organizar este encuentro y toda la logística que requiere”.

Los especialistas recomendaron a la comunidad extremar precauciones, evitar la exposición prolongada a los gases y a la ceniza, llamar al 911 y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas persistentes. Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier cambio en la actividad volcánica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Quién cuida la tierra cuando el Estado no se queda? Rotan los fiscales, resiste la comunidad

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Una visita que revela lo que aún falta

Continuamos con los recorridos que realiza Philippe, una voz clave en la vigilancia comunitaria del Caribe Sur. En esta ocasión, regresó a la loma donde semanas atrás operaba una draga, removiendo tierra y abriendo zanjos en una zona de gran sensibilidad ecológica. Las imágenes recientes muestran que los zanjos han sido rellenados, como parte de acciones de contención impulsadas por la fiscalía tras las denuncias comunitarias. No obstante, Philippe advierte que aún queda pendiente intervenir el otro lado del terreno: “ya no es una quebrada, es un río; eso lo tienes que tapar también”, señala con preocupación. Esta observación pone de manifiesto cómo las intervenciones ilegales siguen generando transformaciones profundas en el paisaje, alterando el curso natural del agua y afectando el equilibrio ecológico.

La vigilancia comunitaria como barrera contra la impunidad

Estas acciones reflejan intentos importantes, aunque insuficientes, por frenar el avance de actividades que violentan los territorios del Caribe Sur. La respuesta ha sido posible gracias a la organización de comunidades y personas defensoras que, ante la inacción o lentitud de las instituciones, han asumido la labor de documentar, alertar y exigir respuestas. En este contexto, el control y la vigilancia comunitaria no solo son estrategias de resistencia, sino una forma concreta de ejercer derechos y proteger bienes comunes que están siendo erosionados. Sin estas acciones colectivas, muchos de estos daños quedarían invisibilizados y avanzarían con total impunidad.

Alta rotación institucional: una amenaza silenciosa

Una de las principales amenazas para la efectividad de las medidas de protección es la discontinuidad en el accionar institucional. Philippe subraya con preocupación la alta rotación del personal fiscal, especialmente de quienes tienen a cargo casos ambientales. Esta inestabilidad compromete el seguimiento de los procesos y genera vacíos de información: los fiscales recién llegados desconocen el contexto, los actores involucrados y el historial de intervenciones. Como consecuencia, los casos se dilatan, las medidas cautelares se debilitan o incluso se desestiman, lo cual beneficia directamente a quienes buscan explotar el territorio al margen de la ley.

Permanencia y especialización: claves para una justicia ambiental efectiva

La permanencia y especialización del personal judicial es clave para garantizar que las normas ambientales se apliquen de manera oportuna y eficaz. Cuando un fiscal permanece en su puesto, puede construir un conocimiento profundo del territorio, establecer relaciones de confianza con las comunidades y acumular experiencia sobre los patrones de afectación ambiental. Esta continuidad es indispensable para emitir criterios técnicos sólidos, sostener acusaciones ante los tribunales y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares. La alta rotación, en cambio, desarticula procesos, debilita la institucionalidad y, en muchos casos, neutraliza los esfuerzos de defensa comunitaria.

Un llamado urgente a fortalecer el rol del Estado

En este escenario, es urgente repensar la gestión institucional en materia ambiental. No basta con tener leyes y fiscalías especializadas si no se garantiza la estabilidad, formación y presencia territorial del personal responsable. La defensa del ambiente no puede depender únicamente de la voluntad y sacrificio de las comunidades; requiere también un Estado coherente, comprometido y con capacidad sostenida para actuar. La experiencia del Caribe Sur deja una lección clara: sin continuidad en la acción judicial, la impunidad se fortalece, y los ecosistemas —ya vulnerables— corren un riesgo aún mayor.

Galería situación actual

Alianzas necesarias: defensores ambientales y fiscalía, una relación clave

La relación entre las comunidades defensoras del ambiente y la fiscalía ambiental no es solo estratégica, sino esencial para una protección efectiva del territorio. Las personas defensoras son quienes habitan, recorren y conocen profundamente los ecosistemas; son las primeras en detectar cambios, denunciar afectaciones y documentar pruebas. Su conocimiento empírico y su compromiso sostenido aportan información valiosa que puede ser utilizada en procesos judiciales, siempre que exista un canal de comunicación abierto, respetuoso y continuo con las autoridades.

Cuando esta relación se fortalece —basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad—, se generan condiciones para que la fiscalía actúe con mayor precisión, rapidez y pertinencia. Sin embargo, la alta rotación del personal fiscal interrumpe estos vínculos, obliga a reiniciar procesos de sensibilización y formación, y debilita la cooperación institucional con los territorios. Esto no solo ralentiza la justicia, sino que puede poner en riesgo a las personas defensoras, al exponerlas nuevamente sin respuesta institucional clara.

Construir y sostener alianzas entre defensoras/es ambientales y fiscalías especializadas es un paso indispensable para enfrentar de manera estructural los delitos ambientales. No se trata solo de intercambiar información, sino de reconocer a las comunidades como actores legítimos en la defensa del bien común y asegurar que las instituciones del Estado actúen en sintonía con esa legitimidad. En territorios amenazados por extractivismos ilegales, esa relación puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.

La UCR transforma comunidades por medio de la ciencia y la acción social para recuperar los ríos

Fuerzas vivas del cantón de Grecia se unen a la jornada de limpieza del río Agualote, Grecia.

La Universidad de Costa Rica, en su Recinto de Grecia, lidera una estrategia innovadora para restaurar ecosistemas hídricos y fortalecer la conciencia ambiental en la región

Desde el Recinto de Grecia de la UCR se impulsa un esfuerzo integral que combina la docencia, por medio de la carrera de Gestión del Recurso Hídrico, investigación científica, la acción social y la participación comunitaria para enfrentar el grave deterioro de los ecosistemas hídricos en ese cantón alajuelense.

En el marco del proyecto Calidad de Aguas Superficiales en los Ríos del Cantón de Grecia (C3095) y la iniciativa Sistematización de la gestión comunitaria y territorial del Río Agualote (Pry01-65-2026), la universidad ha implementado acciones innovadoras como el uso de esferas de barro con microorganismos (Bokashi), que funcionan como sistemas naturales de descontaminación del agua. 

Esta tecnología, sencilla pero poderosa, permite oxigenar los ríos y fomentar el crecimiento de bacterias benéficas que degradan contaminantes, involucrando a la comunidad en su producción y aplicación.

Las esferas de barro con microorganismos (bokashi) son una tecnología sencilla que permite oxigenar los ríos y fomentar el crecimiento de bacterias benéficas que degradan contaminantes.

Un proyecto vivo y en crecimiento

La reciente jornada de limpieza del río Agualote forma parte de las acciones que se desarrollan en busca de la restauración del ecosistema y el empoderamiento de las comunidades locales en su cuidado y defensa. Esta estrategia ha permitido que estudiantes y docentes trabajen hombro a hombro con organizaciones como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y diversas asociaciones de corredores biológicos, como el proyecto Observatorios Ciudadanos del Agua (OCA) y el de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica (ANRCCR).

«Queremos que los ríos sean parte del imaginario local», enfatiza la docente Rocío Chamorro, al explicar acciones como la rotulación de ríos y la generación de conocimiento para comunidades y empresas.

Estudiantes participantes, como Leonardo Barrantes y Yendri Salazar, destacan que el crecimiento urbano e industrial en Grecia plantea nuevos retos para el recurso hídrico, por lo que el involucramiento genuino del sector empresarial y de los nuevos habitantes resulta crucial.

La UCR, mediante esta visión de trabajo integral, contribuye a anticiparse a problemas mayores de contaminación, fortaleciendo la conciencia social y ambiental de manera proactiva.

El docente de la carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico, John Diego Bolaños destaca que las iniciativas responden a una necesidad de generar conocimiento científico y trabajo en acción social para dar visibilidad a los retos ambientales del cuidado y calidad del recurso hídrico.

A través de sus proyectos en el Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de las regiones, demostrando que la ciencia, la educación y la acción social, juntas, son fuerzas capaces de transformar positivamente los territorios y asegurar un futuro más limpio y justo para todos.

Nodo de Comunicación Sede de Occidente, con la colaboración de William Vargas

comunicacion.so@ucr.ac.cr