Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.
El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.
Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.
A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.
Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.
Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.
Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.
Recomendaciones a CONAPDIS
Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.
Recomendaciones a CONAPAM
Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.
La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En el programa «Desde la Otra Acera» de la APSE, Flora Fernández expone su situación en relación con el caso Aldesa. Durante su intervención, se mencionan casos similares que no recibieron la atención adecuada. También se espera que Rocío Aguilar, en el mismo programa, haga comentarios sobre la percepción de que «en Costa Rica en ninguna parte la plata está segura».
Entre las críticas expresadas, se destaca la falta de regulación efectiva en el sistema financiero. Además, se menciona la existencia de nepotismo y la protección de grupos dentro de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y posiblemente también en el ámbito de relaciones exteriores. Se sugiere que los nombramientos en estas áreas a menudo se basan en favores políticos, lo que resulta en la permanencia de funcionarios considerados inconvenientes pero vinculados a círculos políticos.
Se critica también la falta de intervención efectiva por parte de CONAPAM en asuntos relacionados con adultos mayores afectados por el caso Aldesa. Se menciona específicamente que en la semana anterior al programa, falleció la víctima número 101 relacionada con este caso, destacando el impacto severo que ha tenido en esta población durante los últimos cinco años.
Realizó seguimiento con el CONAPAM en visita a centro diurno de la Asociación de la Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM)
En el mes de abril 2024 se tuvo conocimiento de denuncias por presuntas agresiones (maltratos psicológicos, emocionales y tratos discriminatorios) en contra de personas adultas mayores en el centro diurno de cuido Asociación Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM).
La información recibida por CONAPAM refiere que realizarán labores de observación y trabajo de campo para verificar la atención que se brinda a las personas adultas mayores que continúan asistiendo al lugar. La Asociación mantiene suscrito y en vigencia, el convenio de transferencia de recursos púbicos del CONAPAM para el año 2024.
La Municipalidad de Moravia informó que las siete denuncias recibidas fueron trasladas a la Junta Directiva para un abordaje en coordinación con la psicóloga del centro diurno para los procesos de contención de las personas denunciantes y refiere la creación de una Comisión Especial para la evaluación operativa del Centro Diurno del Adulto Mayor del Concejo Municipal y una revisión de los registros contables, sobre lo cual se ha solicitado mayor información.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al CONAPAM ampliar información sobre las coordinaciones interinstitucionales que se realizan para contar con un diagnóstico integral de la condición de las personas adultas mayores usuarias del servicio, por lo que la Unidad de Gestión Social de esa institución realiza un proceso de observación, realizándose entrevistas a cada una de las personas adultas mayores que acuden al centro, así como su personal.
Esta semana, la Defensoría de los Habitantes en acompañamiento al CONAPAM, realizó una inspección en el centro diurno, donde se llevó a cabo un encuentro con representantes de la Municipalidad local y la administración del centro diurno.
CONAPAM informó que la actual intervención de la entidad se da a fin de identificar si hay situaciones de abuso, posibles usuarios agredidos y posibles responsables de las agresiones, así como, corroborar la prestación del servicio a favor de la población adulta mayor y desescalar las situaciones de conflicto que se han presentado. Asimismo, efectuar una verificación de la información financiera referente a la utilización de los recursos y efectuar un informe contable.
Desde la Municipalidad de Moravia, manifiestan se han efectuado algunas visitas, se ha intentado un acercamiento con la población adulta mayor y las personas funcionarias. Se ha detectado una mejora significativa en el trato, los horarios y la alimentación. Se prevé mayor contacto con el centro, más visitas periódicas, y mayor fiscalización. Desde la oficina de la Persona Adulta se les da seguimiento a los casos denunciados, se conversa con las personas usuarias para constatar cómo se sienten y tratar de darles contención ante las preocupaciones suscitadas con ocasión de las denuncias. Se procura trabajar en la modificación del reglamento y del convenio que se tiene con la Asociación el cual vence en el 2025.
La actual administradora del centro informó que continúa recibiendo un promedio de 34 personas usuarias diarias, a quienes intenta unirlos y siempre estar pendiente de sus necesidades y su estado general. Se compromete a realizar una depuración de los usuarios activos, a intentar un acercamiento con la comunidad y con quienes fueron usuarios y se hayan retirado.
La Defensoría de los Habitantes continuará dando un estricto seguimiento a este trabajo de campo realizado por la CONAPAM a diferentes centros, en aras de la protección de los derechos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
Vista de Mar de Goicoechea 20 de marzo del 2023
Comunicado de Prensa.
Ante las noticias de que nuestros usuarios serán reubicados por el CONAPAM, manifestamos lo siguiente: no es de recibo decir que nuestros usuarios sufren desatención. Siempre buscamos ante CONAPAM la firma de un convenio directo, para atender sin tercerización, a los residentes que nos fueron confiados por medio de la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, que es quién nos ha venido contratando desde el año 2020, cuando muchas alternativas residenciales para Personas Adultas Mayores se negaron a recibir Adultos Mayores en condición de abandono, alguno de los que recibimos incluso con COVID.
Es de conocimiento, mediante las actas del CONAPAM, que la mencionada Asociación ha venido siendo objeto de discusión por tener asignados Adultos Mayores que no atiende de manera directa, si no que los transfiere a Alternativas como la nuestra, asignándonos ellos un pago no así CONAPAM.
En el año 2020, las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia, nos buscaron. Nos visitaron para que recibiéramos Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Abandono, muchos en hospitales, nos solicitaron remodelar las instalaciones para recibir esos usuarios. Nos hablaron de contratarnos para atender una cantidad de 200, tenemos la evidencia de esa negociación, que no se concretó. Eso nos dejó una grave crisis en nuestras finanzas que arrastramos hasta el día de hoy, aun así, aunque con atrasos, hemos venido pagando nuestras obligaciones, las personas que se tuvieron que despedir, algunas por la situación económica, otras por faltas y no cumplir el periodo de prueba. En Costa Rica todas las Alternativas que atendemos estas poblaciones somos entes privados, algunas al tener la certificación de Organización de Bienestar Social (OBS), firman convenios directos con CONAPAM. Incluso actualmente CONAPAM, mantiene convenios con algunas organizaciones que tienen vencida esa condición de OBS que otorga el IMAS.
Nuestro representante legal, presento un recurso de revocatoria ante la medida dictada por CONAPAM, que nunca nos fue comunicado como corresponde, es importante señalar que nuestra organización es la única Alternativa residencial para personas sexualmente diversas, personas en condición de VIH – SIDA, que no son recibidas en otras alternativas que cuentan con la certificación de OBS.
De persistir la medida dictada por CONAPAM, de trasladar a nuestros residentes, esto obliga a un cierre técnico, ya que no tendremos recursos para cancelar salarios, para pagar alquiler y proveedores y estarán dejando sin empleo a más de 25 personas que trabajan en nuestra ONG. De persistir la medida acudiremos a todas las vías legales disponibles en un estado de Derecho como el nuestro.
En relación a los usuarios de CONAPDIS, que de igual manera les recibimos los usuarios que nadie quiso atenderles en la grave crisis del COVID, el mes de octubre nos reubicaron algunos Adultos Mayores, por los que no quisieron pagar. Nos obligaron a atenderlos de gratis sin tener nuestra organización un subsidio estatal para ese efecto, al iniciar el proceso de cobro que aún se mantiene, las autoridades de CONAPDIS trasladen esos Adultos Mayores a otras Alternativas, donde están pagando por su atención.
Esto se les comunicó a los funcionarios, que ante la crisis que tenemos al no recibir el pago de CONAPDIS, por la atención de estos usuarios solicitaríamos a CONAPDIS, trasladar a los usuarios que teníamos asignados ya que estamos en un proceso de cobro con esa institución que se resolverá en vía judicial.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), somete a conocimiento de las instituciones y público en general el proyecto: “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2032” y el plan de acción de esta política.
Publicado en La Gaceta el 27 de setiembre de 2022 y a partir de este, cuenta con 10 días hábiles para presentar observaciones, comentarios y propuestas, de conformidad con el artículo 361 de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública.
Para el período 2011-2021, el CONAPAM elaboró la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Sin embargo, al consumar su período de acción debió modificar la misma y considerar nuevos elementos.
Por lo tanto, recibió el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con el fin de iniciar la formulación de la nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez para el período 2022-2032.
El texto y el cuestionario para observaciones, comentarios y propuestas están disponible en el siguiente enlace:
El Centro Centroamericano de Población de la UCR y el Conapam unen esfuerzos para dimensionar la situación actual de una población que crece aceleradamente
Para el 2050, un cuarto de la población costarricense tendrá 65 años y más. Por ello, el Centro Centroamericano de Población de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, el Conapam y el PIAM profundizan en los principales desafíos que enfrenta este sector de la población, con el fin de que las instituciones públicas y privadas tomen las decisiones adecuadas para mejorar su calidad de vida. Foto: Anel Kenjekeeva.
La población mundial está envejeciendo a un ritmo muy acelerado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que para el 2050, el 22% de la población serán adultos mayores y además, el número de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones.
Costa Rica no es la excepción a este fenómeno, pues en 30 años el país tendrá alrededor de 1 262 000 personas mayores de 65 años, prácticamente tres veces más de las que se registraron en el 2019.
Así lo establece el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica realizado por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Programa Integral para la Atención de la Persona Adulta Mayor (PIAM-UCR).
En este informe se dimensionan las necesidades y condiciones de las personas adultas mayores en la actualidad, a la vez que, concreta en un solo documento los datos que permitirán abordar el tema de manera holística.
“Con este informe se brinda información actualizada a instituciones públicas y privadas, con el fin de fortalecer la toma decisiones en sus estrategias ante la necesidad de atención de las personas adultas mayores. Además, de potenciar en todo momento la complementariedad de las modalidades de atención y requerimientos de este grupo de la población”, señaló Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam.
Uno de los factores expuestos en el informe, es el de la densidad demográfica.
Al ser la región Central la que presenta mayor densidad poblacional en el país, consecuentemente, también es en la que habita la mayor cantidad de adultos mayores, un 9,2 % exactamente, que equivale a 288 000 personas. Dicho porcentaje aumentará para el 2050, año en el que esta población representará un 23 % de la región.
Sin embargo, la península de Nicoya es la zona donde hay más personas con edades muy avanzadas, pero son los cantones de Belén y Escazú, los más envejecidos según la razón de envejecimiento (la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años).
Por otro lado, son las regiones Pacifico Central y la Brunca las que tienen un envejecimiento más acelerado y las regiones Norte y Caribe las que poseen un ritmo más lento.
Estabilidad económica
Según el criterio de pobreza multidimensional, un 18 % de los hogares con adultos mayores son pobres. La incidencia de pobreza y vulnerabilidad aumenta cuando en un hogar hay menores de edad quienes dependen del ingreso de la persona mayor, situación conocida como hogar multigeneracional.
Asimismo, un 13 % de las personas jubiladas siguen laborando. Según Gilbert Brenes, director del CCP, uno de los factores para que los pensionados tomen esa decisión, es que requieran de un mayor ingreso y más beneficios de la seguridad social.
“Por otro lado, están las personas que se encuentran en perfectas condiciones de salud y que consideran que pueden seguir trabajando. Entre ese porcentaje de personas ocupadas, el 59 % son trabajadores independientes, el 26 % lo hace desde su casa y el 13 % labora en actividades agrícolas”, comentó.
Cabe recalcar que, en comparación con el primer informe publicado en el 2008, hay cada vez más personas mayores con la segundaria completa, que son separadas, divorciadas o están viviendo en unión libre.
“Existe mayor prevalencia de discapacidad entre las mujeres mayores, siendo las enfermedades crónicas lo que más se padecen y las psiquiátricas las que menos, pero son estas las que están asociadas a una mayor discapacidad y peor estado de salud. Esta situación representa un gran reto para el sistema de salud costarricense, pues se debe hacer el esfuerzo de ampliar los servicios psiquiátricos que atienden a esta población”, señaló Gilbert Brenes, director del CCP-UCR.
Convivencia y acompañamiento
De acuerdo con lo recapitulado en el informe, San José cuenta con un total de 46 centros de atención para adultos mayores. No obstante, se indica que la cantidad de este tipo de instituciones sigue siendo escasa frente a la demanda y el crecimiento poblacional. En el país hay un total de 135 de hogares, centros diurnos y fundaciones dirigidas a las personas de 65 años y más.
Por otro lado, han habido avances en cuanto a la atención que se brinda en estos espacios, pues pasó de una atención estrictamente asistencial a un enfoque mucho más integral que involucra lo social, lo emocional y lo cultural, y que también enfatizan en la promoción de la salud. Estas características son albergadas por el concepto de “cuido” y bajo este abordaje es que las “Red de Cuido” se han ido desarrollando y esparciendo por todo el país. De manera que, se ha atendido a 15 mil personas en 52 redes en funcionamiento, según datos del 2020.
“El desarrollo de estas organizaciones surge en un contexto de reconocimiento e institucionalización de los derechos de las personas adultas mayores”, comentó Marisol Rapso Brenes, trabajadora social e investigadora de este proyecto.
Si bien es cierto, la mayoría de las personas adultas mayores vive en hogares familiares, muchas de ellas lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. Por esta razón, el Conapam hace un llamado a la promoción de las organizaciones de bienestar social.
“Estas son sostenibles si existe una integración entre las instituciones públicas y las iniciativas privadas, que muchas veces surgen de las comunidades o sea un trabajo en conjunto para fortalecer la cantidad y calidad de servicio”, señaló.
Discrimincación y violencia
Lastimosamente, el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores señala que los abusos y la discriminación hacia este sector de la población persiste. De manera que, un 43 % de los costarricenses de 65 años y más reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018), entre el 2014 y el 2018, la manifestación de abuso más frecuente fue el abandono y la negligencia, seguido del abuso institucional, que se caracteriza por ser la negación de seguridad social y servicios de salud.
En la Enadis se tomaron en cuenta los registros administrativos sobre consultas y denuncias en las distintas instancias y fue en ese análisis en el que se evidenciaron las agresiones psicológicas, físicas, hurtos, agresiones con arma.
Además, el 10 % de las personas encuestadas perciben algún tipo de discriminacion, sobre todo en espacios como el hogar, el barrio, el transporte público y los centros de salud.
Por su parte, el informe del CCP y el Conapam muestra las percepciones de los distintos grupos de edad relacionados a la vejez. En general, esta etapa se asocia con aspectos negativos como la pérdida del respeto, el deterioro de la salud, aislamiento social, la dependencia y la depresión.
“Es importante señalar que sin la academia involucrada de lleno en estos esfuerzos nos quedamos con rezagos importantes que hay que atender. Ya que, si no tenemos la información se complica tomar decisiones, pero este informe nos permite hacerlo con mayor precisión porque nos permite ubicarnos donde están los verdaderos desafíos”.
Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Específicamente, las mujeres tienen una perspectiva más temerosa, pues ellas el envejecimiento lo relacionan con el miedo a lo desconocido y con pérdidas de la salud o la belleza.
En cambio los hombres, si integran aspectos positivos, aunque siempre vinculados con un estereotipo como en la madurez, el conocimiento y la experiencia que aportan los años. No obstante, ambos grupos identifican la violencia como un elemento siempre presente. El abandono es el tipo de violencia más mencionado.
De igual forma, las personas adultas mayores se autoperciben como “nada respetadas” (68 %), muy integradas en espacios familiares (56 %), pero indican poca integración en espacios de decisión (73 %), según el estudio del 2016 del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) citado en el informe.
De acuerdo con Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam, uno de los objetivos de este informe es evidenciar la obligación de todos los costarricenses para brindar a las personas de 65 años y más, un país en donde se viva con dignidad y se respeten los Derechos Humanos. Foto: Anel Kenjekeeva.
Es por estas razones, que el Conapam, el CCP y el PIAM establecen la educación para el envejecimiento como un pilar para el cambio de perspectiva sobre la vejez, en la construcción de relaciones intergeneracionales, respetuosas y en la promoción de estilos de vida saludable, que tendrá como consecuencia una vejez activa y segura.
“Mucho de lo que nos revela este informe nos obliga a dar un mayor esfuerzo para todas las personas que creemos que los derechos de las personas adultas mayores deben ser respetados al igual que los derechos de todas las demás personas sin ninguna distinción”, comentó Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Rodríguez asistió a la presentación del II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica el pasado 1 de octubre, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor.
Este documento deja claro que existen diferencias sociales, económicas y culturales en la población adulta mayor en Costa Rica y las características de algunos de los sugrupos es de vulnerabilidad y pobreza, lo que requiere atención del Estado y la sociedad en general, de acuerdo con Karen Masis, investigadora de la UCR.
Sin embargo, también se evidencia que hay cada vez más personas adultas mayores conscientes de sus derechos y que buscan activamente protegerlos y demandarlos.
Valeria García Bravo Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información